Encubre el Ejército a culpables de ejecuciones extrajudiciales

Encubre el Ejército a culpables de ejecuciones extrajudiciales

Sin concluir, investigaciones de casos ocurridos este sexenio

“El gobierno les otorgó permiso para matar”, lamento de deudos


Periódico La Jornada
Domingo 26 de mayo de 2013, p. 9
Nuevo Laredo, Tamps., 25 de mayo.

Kevin Dander Ruiz Anzures tiene 4 años y cuando le preguntan que es lo que quiere de regalo de cumpleaños, sin dudarlo contesta: “una pistola para matar guachos (militares), porque ellos mataron a mi papá”.

En esta ciudad, la presencia militar durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se ha incrementado en labores de seguridad pública. También la violencia y las violaciones a los derechos humanos del Ejército Mexicano.

La casa de Kevin Dander es de madera con piso de tierra. La pobreza extrema lo acompaña desde su nacimiento en la colonia La Joya, un asentamiento lleno de chabolas. El niño, a pesar de su corta edad fue entendiendo lo que pasó aquel 18 de marzo cuando su padre, Alfredo Ruiz Rojas, de 23 años, albañil y plomero, se dirigía a trabajar, acompañado de Héctor Alexis Moreno Valdivia de 15 años.

Ambos circulaban en un Ford Mustang color rojo con placas de Texas cuando varias unidades del Ejército los detuvieron a la altura del kilómetro 14 de la Carretera Nacional en el fraccionamiento Valles Elizondo. La versión oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue que ocurrió un enfrentamiento “con delincuentes”.

Pero en ese lugar, como cada mañana, Gabriel cortaba nopales para venderlos. El joven, cuya identidad se reserva, se ha convertido en el testigo principal del caso, porque observó como los militares empezaron a torturar a los dos muchachos a un costado del vehículo estacionado en un terreno baldío: “Alrededor de las nueve de la mañana salí de mi casa para ir a cortar nopales en el monte para vender, pues por el momento no tengo trabajo y necesitaba ayudar a mi mamá con los gastos de la casa.

“Caminé varias cuadras y al llegar al fraccionamiento Valles Elizondo observé que varias camionetas del Ejército habían parado a dos muchachos para hacer una revisión. Después seguí caminando hacia el monte y vi que los soldados se llevaron a los dos muchachos detenidos, los subieron a una de las camionetas y otro soldado iba manejando el carro rojo que tenían parado durante la revisión”.

Gabriel pensó que había terminado la escena hasta que empezó a escuchar gritos de auxilio y relata: “Como a 80 o 100 metros vi que los soldados estaban golpeando a los dos muchachos que habían detenido minutos antes. Eran como 30 soldados. Los tenían hincados y les pegaban con armas, cascos y una tabla de madera”.

El testigo vio la tortura de los dos jóvenes vecinos desde hacía años. Pero cuando se iba a retirar del lugar, un militar se detuvo a sus espaldas: “¿Qué andas haciendo en el monte?”, le dijo. Luego empezó a golpearlo. “Me tomo de la nuca y me llevó hacia el carro rojo donde estaban golpeando a los muchachos, me preguntó que si los conocía y le dije que no, después me hizo caminar hacia el monte y en eso escuché muchos disparos, pensé que me iban a matar, pero le estaban disparando a los muchachos. Luego el soldado me agarró la cara y me obligó a voltear hacia el carro, uno de los muchachos estaba muerto sobre la puerta del chofer, con medio cuerpo hacia afuera y el soldado me dijo: ‘Así vas a quedar tu si dices algo de lo que viste. Más te vale que no digas nada o te va a llevar la c******a. ¡Correrle para el monte y no voltees’”.

Aún con miedo por aquella experiencia Gabriel recuerda: “Pensé que también me iban a matar, pero me dejaron ir. Después corrí entre el monte pensando que los soldados me iban a matar, me escondí varios minutos y después salí otra vez hacia la colonia. Como a la hora llegaron varias personas, que eran familiares de uno de los muchachos y varios periodistas, entonces me acerque al papá y le conté lo que había pasado. Los muchachos no traían armas, andaban bien, no se por que motivo los mataron los soldados”.

Buscando justicia

Alfredo Ruiz Galarza tiene 44 años y es velador. Una hora antes de la ejecución extrajudicial de su hijo estaba en su casa: “Mi hijo se acababa de ir y me dijo: ‘Papá, voy a comprar unos fierros para hacer un trabajo de plomería’. Un rato después vi que andaba el helicóptero de los soldados, yo le marcaba a mi hijo y no me contestaba. Fui a ver lo que pasaba. Había muchos soldados y no dejaban pasar a nadie. Me regresé a la casa y le hablé a mi esposa: Dicen que los soldados se llevaron a Fredy”.

Fue al lugar de los hechos y se encontró con Gabriel, quien lo llevó al lugar donde los soldados habían torturado a Alfredo y a Héctor Alexis. Allí encontró 20 casquillos entre la tierra y los matorrales. Luego fue al Servicio Médico Forense: “Ahí estaba mi hijo. Traía golpes muy feos, le quemaron cigarros en la cara y traía un ojo sumido por los golpes. Tenía los dedos quemados con ácido y todo el brazo morado. Le reventaron sus partes nobles, las sentaderas. Lo torturaron mucho. Fue mucho abuso. Me lo mataron los soldados con mucha saña. ¿Para qué?... Lo sueño todos los días y me grita: ‘papá, ayúdame, ayúdame’”.
El caso fue denunciado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y otras organizaciones no gubernamentales que lo señalaron como la primera ejecución extrajudicial del sexenio.

Fueron detenidos 15 militares y luego liberados algunos. Ahora hay supuestamente 7 detenidos, pero los padres de las víctimas ni siquiera saben el nombre ni el número exacto de los inculpados: “Se supone que el Ejército es gente entrenada, capacitada. Dicen que fue enfrentamiento, entonces por qué estaban torturados los muchachos. ¿De dónde íbamos a sacar para tener armas? Muy apenas tenemos para comer. Todo fue un montaje, los soldados querían cubrir su ‘hazaña’. Yo ando muy sentido con el Ejército, nunca pensé que fueran a tener tanta saña. Aquí la gente le tiene más miedo a los soldados que a los malos”.

Su esposa, Raquel Rojas Muñiz, suspira, llora e implora: “Queremos que se haga justicia. Y que mi nieto reciba apoyo. Necesita de todo. Su padre era su sustento. Ahora esta desamparado”.

Matar, luego preguntar

Isabel Celestino Villanueva Jiménez tiene 49 años y 8 hijos. Es guía de turistas en esta ciudad, pero últimamente el turismo ha desaparecido por tantas matanzas y balaceras. Su condición de ciudadano estadunidense le sirve para ir a trabajar por temporadas al vecino país.

“Le dispararon a quemarropa. Estaba parado aquí afuera de la casa pidiendo auxilio a las 7 de la tarde. Ya con los brazos levantados le dispararon. Le venían tirando. Él tenía miedo que le fueran a hacer algo malo, por eso se vino hasta su casa para pedir auxilio.”

Habla mostrando el muro aún con los agujeros de las balas de su vivienda ubicada en la colonia Loma Bonita donde vivía su yerno Rubén Gámez Valdez de 26 años y su hija Karina Villanueva Herrera, también ciudadana estadunidense.

Aquel 27 de marzo, varias camionetas del Ejército venían persiguiendo a Rubén, quien viajaba en un coche acompañado por un amigo al que permitieron irse, no sin antes robarle sus pertenencias y amenazarlo de muerte si los denunciaba. Luego de ejecutarlo, los soldados “le sembraron” una arma al joven tendido en la banqueta, según testimonios de los vecinos.

“El Ejército está actuando mal con la comunidad. Ya no se portan de una manera respetuosa. Están haciendo justicia por su propia mano. El gobierno les otorgó permiso para matar a cualquier persona. Es muy lamentable lo que andan haciendo. Queremos que se haga justicia. Se quedaron huérfanos dos niños y uno que viene en camino. No nos consta que tengan detenidos. No hemos visto nada. No nos pagaron ni lo del panteón”.

Herido abandonado

A José Ángel Perseo Romero Vedia se le corta la respiración. No puede hablar. Intenta evitar las lágrimas, pero le gana la emoción cada vez que recuerda la forma en que su hermano, Raúl Eduardo, fue ejecutado por soldados del Ejército Mexicano.

Agente del Instituto Nacional de Migración (INM) y antes de la Policía Federal de Caminos, conducía una camioneta Toyota Tacoma, acompañado de sus amigos Jorge Rogelio Rosas Cardona y Luis Alberto Mendoza López, cuando empezaron a escuchar disparos y golpes en un costado del vehículo. Uno de los balazos le dio en la cabeza a Raúl Eduardo.

“Mi hermano venía manejando, soltó los brazos. La camioneta quedó en la lateral y llegaron los soldados: ‘¡Bájense, hijos de su p$#@ madre. Ya están torcidos! ¿Con quién jalas?’ Los tiraron de panza y no querían que voltearan a verlos. Uno de ellos dijo: ‘Ya la cagamos, vámonos a la v&#!@, estos batos ni andan armados. Ustedes, no levanten la cabeza en cinco minutos’”.

Los hechos fueron denunciados e inmediatamente se detuvo a 23 militares, de los cuales, quedan 10 en la cárcel: “El proceso se desarrolla con mucho miedo. El juez me dijo que los van a soltar a casi todos, que a los únicos que van a consignar es a los que dispararon. Pero aquí delinquieron los 23 militares. No se comportaron como humanos. Hubo abandono de persona, tipificado como delito. Mi hermano estaba herido y si hubiera recibido atención medica probablemente se hubiera salvado”.

Raúl Romero Vedia deja 3 huérfanos. Perseo insiste: “Yo lo que quiero es justicia. Quiero que se hagan públicos los nombres de los militares. Y con los papeles de la sentencia que a los 23 militares los saquen de las calles, que los separen de su cargo y que paguen su culpa en la cárcel. Si cometieron un delito son delincuentes y como delincuentes se les debe de tratar. Como país estamos hechos garras.”

Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo no tiene duda que el Ejército sigue alterando las escenas de los crímenes: “Es una forma de operar de la autoridad. Falsean información. Y aquí no es delito cuando se trata de militares.