Crean seguro contra el crimen organizado y terrorismo

Aumenta el uso de seguros antiplagio; PGR detecta mayor riesgo para víctimas

Empresas extranjeras ofrecen pólizas que cubren el pago de rescate y negociaciones
Aurora Vega

2012-12-29 02:27:00

CIUDAD DE MÉXICO, 29 de diciembre.- La adquisición de seguros en México contra secuestro ha crecido de 2004 a la fecha, según datos proporcionados por la Procuraduría General de la República (PGR). Este tipo de coberturas son adquiridas principalmente en Estados Unidos.

La PGR atendió en 2005 tres casos de secuestros que estaban relacionados con personas que habían adquirido en el extranjero un seguro para casos de plagio o privación ilegal de la libertad. Para 2008, la cifra de casos había aumentado a 11 y en 2011 ascendió a 23.

La dependencia atendió de 2010 a 2011 un promedio de 30 averiguaciones mensuales por secuestro; en 2012 las denuncias aumentaron a 80 casos al mes.

De acuerdo con datos de la dependencia federal, la actuación de la autoridad se ve limitada con este tipo de pólizas, debido a que son los propios familiares de la víctima los que privilegian la intervención de los negociadores de la aseguradora, poniendo en riesgo al secuestrado lo que, en algunas ocasiones, ha provocado la pérdida de vidas.

Algunas empresas extranjeras han instalado en México despachos para la venta de este tipo de seguros. Sin embargo, continuamente se mudan de domicilio y sólo proporcionan números telefónicos que cambian continuamente al no estar contemplada esta figura en la legislación federal.

Las empresas extranjeras tienen tablas para el costo de las pólizas de acuerdo con el “riesgo-país”.

Reportan incremento en seguros por plagio

La mayoría de los clientes mexicanos consiguen estos productos en el extranjero, principalmente en EU.

La Procuraduría General de la República (PGR) tiene evidencia de que en México la adquisición de seguros contra secuestro se ha incrementado desde el año 2004 a la fecha, por lo que éstos son adquiridos principalmente en Estados Unidos.

De acuerdo con una información pública de la dependencia federal, se precisa que la actuación de la autoridad debe iniciarse en cuanto se conoce que existe un delito como es el caso de secuestro, independientemente de que la situación esté siendo manejada por particulares o por algún convenio de tipo empresarial.

Sin embargo, son las familias las que en ocasiones impiden a la PGR efectuar las negociaciones ante la intervención de presuntos negociadores por haber adquirido una póliza de secuestro. Los negociadores de las aseguradoras muchas veces han fallado y la víctima pierde la vida.

En México, ante el incremento de casos de secuestro, la venta de seguros en caso de plagio o privación ilegal de la libertad por grupos del crimen organizado han alcanzado un gran auge, por lo que, a pesar de su alto costo, los servicios son adquiridos por empresarios, políticos, y artistas, principalmente, aseguran funcionarios de la Procuraduría General de la República.

La PGR en el año 2005 atendió tres casos de secuestros que estaban relacionados con personas que habían adquirido en el extranjero un seguro para casos de plagio o privación ilegal de la libertad, para el 2008 la cifra había aumentado a 11 y para 2011 los casos habían subido a 23, en la misma circunstancia.

Cabe destacar que la PGR entre el año 2010 a 2011 se iniciaban en promedio 30 averiguaciones mensuales por el delito de secuestro y para 2012 la denuncia se incrementó a 80 casos mensualmente.

La mayoría de los casos los mexicanos que adquieren estos seguros en el extranjero lo hace en Estados Unidos.

El servicio de este tipo de aseguradoras que se vende a “clientes distinguidos” incluye que las empresas negocien y paguen el rescate a los delincuentes.

Algunas empresas extranjeras han instalado en México despachos para la venta de este tipo de seguros, sin embargo, continuamente se cambian de domicilio y sólo otorgan números telefónicos que cambian continuamente al no estar contemplado en nuestra legislación federal, sin embargo la llamada “ley antisecuestro” abrió la puerta no sólo para que se puedan emplear a negociadores privados que estaban prohibidos por la ley, sino a las aseguradoras que venden sus servicios contra secuestro, rescate y extorsión.

Para la PGR, en muchos de los casos en los que intervienen las compañías aseguradoras que negocian la liberación de víctimas, estas han perdido la negociación provocando aún más dolor en las familias y en algunos casos la muerte de las víctimas.

Las pólizas por venta de seguros para secuestro varían su precio de acuerdo con el personaje que lo solicita y se toma en cuenta su nivel socioeconómico, social y su desempeño profesional, por lo que se pueden pagar primas que van desde los 500 mil hasta los dos millones de pesos de manera anual.

Sin embargo, las empresas extranjeras tienen tablas para el costo de las pólizas, de acuerdo con el “riesgo país”, es decir, según funcionarios de la PGR, en el mundo se cometen entre 15 mil y 20 mil secuestros anuales, de los cuales entre 35 y 40 por ciento se cometen en América Latina, ubicándose México en el tercer lugar, y como primer y segundo lugar es Venezuela y Brasil, respectivamente.

Este tipo de contratos es criticado por las organizaciones no gubernamentales, pues consideran que en estas situaciones se desconoce a la autoridad y nunca se le informa del delito, lo que provoca que se incremente la llamada “cifra negra”.

La venta de seguros contra secuestros no sólo es un trato comercial que no debería de existir, al presentarse un vacío de autoridad, sino porque provoca el riesgo de que la persona pueda perder la vida al no reportarse un delito que debe ser combatido por una autoridad, lo que causa que se incremente la impunidad.

Para la PGR el aumento en las denuncias por secuestro indica que la ciudadanía tiene mayor confianza en las autoridades federales para denunciar y que con ello se aminora la denominada cifra negra que existe en este delito considerado como de alto impacto y calcula que por cada denuncia de secuestro existen en promedio tres plagios más que no se denuncian.