Persisten con el actual gobierno las violaciones a derechos humanos: ONG.

Persisten con el actual gobierno las violaciones a derechos humanos: ONG.

-Falta interés en generar un cambio sustancial, acusan.


Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Jueves 21 de marzo de 2013, p. 13

En los primeros cien días de la administración federal, el clima de violencia y las agresiones contra los derechos humanos no han disminuido, ya que los lineamientos básicos de la política económica son los mismos, advirtieron integrantes de organizaciones sociales.

"Llevamos casi cuatro meses del gobierno de Enrique Peña Nieto y no hay el mínimo interés en implementar políticas adecuadas y generar un cambio sustancial en las condiciones que dificultan nuestra labor", señaló el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín.

Durante la presentación de la campaña nacional Defendamos la esperanza, mediante la cual se busca visibilizar el trabajo de los defensores de derechos humanos, indicó que la administración actual ha repetido la misma política de otros gobiernos en materia de migración y de apoyo a los megaproyectos, por sólo mencionar dos ejemplos.

"Mientras eso persista, la labor de derechos humanos seguirá siendo vista como un obstáculo. Las condiciones están puestas para que todo siga igual", lamentó el activista.

Señaló que los responsables de los abusos no son únicamente los grupos criminales, sino el propio Estado, por lo que los colectivos civiles no deben asumir una postura "neutral", sino comprometerse con las víctimas del despojo y la violencia.

En el mismo sentido, Alejandro Solalinde, director del albergue para migrantes Hermanos en el Camino, destacó que los defensores de derechos humanos "estamos y estaremos al lado de la gente, no de la acumulación y los privilegios de unos cuantos. Hay que tener claros los riesgos y romper esquemas".

El sacerdote enfatizó que en las circunstancias actuales los activistas deben asumirse entre sí como compañeros de camino, pues "no somos siervos o lacayos de una estructura, sino colegas en la transformación de México. Tenemos dos caminos: el del protagonismo y el martirio de unos pocos o el de la resurrección nacional con la participación de todos".

Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, deploró que muchas personas reproduzcan el discurso oficial de que este trabajo sólo sirve para "defender delincuentes", lo cual termina por hacer aun más vulnerables a quienes se dedican a él.

Valeria Escorza, directora de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, advirtió que en la actualidad los defensores de derechos humanos corren más peligro que en años anteriores, porque son agredidos y difamados no únicamente por los delincuentes o el Estado, sino también por otros actores sociales, como los empresarios, las guardias privadas de los grupos poderosos o los sindicatos corruptos.

Con Peña Nieto siguen impunes delitos de lesa humanidad, deplora WOLA

Critica a EU por continuar con el suministro de fondos de la Iniciativa Mérida

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Viernes 22 de marzo de 2013, p. 16

A pesar de que la administración federal de México no ha hecho esfuerzos suficientes para prevenir o erradicar crímenes de lesa humanidad ni ha castigado a quienes los cometen, su contraparte de Estados Unidos sigue otorgándole fondos millonarios de la Iniciativa Mérida, afirmó Maureen Meyer, encargada principal del programa para México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

Lo anterior deja la impresión de que el único objetivo de ambos países es justificar el uso de dichos recursos, sin importar la situación de los derechos humanos, sostuvo.

Lamentó la falta de compromiso del gobierno de Enrique Peña Nieto, cuyos representantes tuvieron ayer su primer encuentro con funcionarios del Departamento de Estado estadunidense en el contexto del diálogo bilateral sobre derechos humanos.

"Lo que hemos visto del nuevo gobierno mexicano es un discurso muy favorable sobre las garantías básicas de los ciudadanos, así como la aprobación de medidas legislativas como la Ley General de Víctimas, pero para medir su compromiso real tendría que haber avances en el tema de las sanciones a los responsables de delitos como la desaparición forzada, y no ha habido ninguna persona castigada por ellos", indicó la especialista.

Aunque admitió que cien días es un plazo insuficiente para notar algún cambio significativo en ese sentido, Meyer enfatizó que no basta con tener un buen marco legal de derechos humanos si no hay al mismo tiempo otros indicadores claves que demuestren la voluntad de cambio de las autoridades nacionales.

La reunión de ayer, consideró, "es una buena oportunidad para que el Departamento de Estado haga un diagnóstico real de lo que sucede, porque cuando mandan informes al Congreso diciendo que México cumple con lo que en realidad no está cumpliendo, da la imagen de que sólo lo hace como un requisito para justificar los fondos de la Iniciativa Mérida. Es una muy mala señal".

De acuerdo con el reglamento de dicho esquema de seguridad, si el gobierno que recibe ayuda económica no cumple con ciertos requisitos en materia de derechos humanos, es posible retener una parte de los fondos hasta que haya avances satisfactorios.

En el informe del año pasado, recordó Meyer, se condicionó el uso de 18 millones de dólares a que las autoridades mexicanas diseñaran un plan de trabajo en derechos humanos, impulsaran reformas legales en ese sentido, investigaran a fondo los abusos y castigaran a los responsables, y aunque no hubo avances suficientes, los fondos de todas maneras son autorizados por Washington.