En Guerrero: muerte, miedo, éxodo, pueblos fantasmas

En Guerrero: muerte, miedo, éxodo, pueblos fantasmas

Gloria Leticia Díaz
12 de enero de 2013 · 1 Comentario
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Ejecutados en la sierra de Guerrero. El pan de cada día Foto: Claudio Vargas

Tecpan de Galeana, municipio de la Costa Grande de Guerrero, es otra de las regiones del país incendiadas por la violencia del narcotráfico. Sicarios al servicio de los hermanos Beltrán Leyva o de la Familia Michoacana, de Los Caballeros Templarios o del Cártel del Golfo, tienen sometidos y aterrados a los habitantes de varias comunidades y pueblos, muchos de ellos abandonados ya y reducidos a cenizas. Pero el problema se agrava porque, según constató Proceso en un recorrido por la zona, a las agresiones del crimen organizado se suman las del Ejército…

TECPAN DE GALEANA, Gro. (Proceso).- La violencia desatada por grupos del crimen organizado que pretenden el control de la Costa Grande y la Tierra Caliente de Guerrero –zonas estratégicas para la producción y trasiego de estupefacientes– cobró al menos 925 vidas en esta entidad durante 2012, según un recuento del diario Reforma.

De acuerdo con fuentes policiales, el cártel de los Beltrán Leyva tendría el control de cinco de las siete regiones en que se divide Guerrero por conducto de grupos más pequeños, como el Cártel Independiente de Acapulco, los Rojos y Guerreros Unidos. En la Tierra Caliente y la Costa Grande los Beltrán se aliaron con Los Zetas para disputarse el territorio con La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el cártel del Golfo.

Sólo en el tramo carretero que va de Coyuca de Benítez a Zihuatanejo, el semanario El Sur, en su edición del pasado 31 de diciembre, contabilizó 56 ejecutados, muchos de ellos con narcomensajes.

Sobre esa carretera, según el recuento de El Sur, entre otros hechos violentos en 2012 fueron levantadas seis personas originarias de Zapopan, Jalisco, que aún siguen desaparecidas, así como los alcaldes Rafael Ariza, de Coyuca de Benítez, y Nadín Torralba, de Tecpan de Galeana, de quienes hasta la fecha se desconoce el paradero; además fue bloqueado el tramo carretero Feliciano-Lázaro Cárdenas con cuatro camiones incendiados el 10 de agosto, fecha en la que hubo bloqueos similares en Apatzingán y Nueva Italia, Michoacán.

En la región de la sierra, donde muchos crímenes no se reportan, se generalizó el desplazamiento de comunidades amenazadas por grupos de la delincuencia organizada.

En Tecpan de Galeana al menos 20 comunidades han sido abandonadas, según informa el activista Leopoldo Soberanis, quien guía a Proceso en un recorrido por seis pueblos abandonados: La Palapa, Huamilito, Cuaulotal, El Banco, Ojo de Agua y La Ciénaga.

El camino de terracería por el que se llega a los caseríos abandonados está bordeado de pastizales de más de un metro de altura. “Es la prueba del abandono. Hasta hace dos años por aquí pastaba ganado fino; cada día se recolectaban hasta diez mil litros de leche y a la semana unos 300 becerros de engorda se trasportaban hasta Tecpan para su venta”, recuerda Soberanis.

El éxodo estuvo precedido de una docena de asesinatos y éstos a su vez de apariciones esporádicas de cuando menos 60 hombres encapuchados, vestidos con trajes de corte militar o de color negro y provistos de armas de grueso calibre, que se paseaban amenazantes por los pueblos.

“Al principio invitaban a la gente a que se fueran con ellos, y cuando vieron que nadie quería, comenzaron a amenazar. Le pedían a la gente que se saliera de los pueblos, y empezaron a matar gente”, narra uno de los guías del recorrido.

Soberanis logró reunir los nombres y algunas fotografías de más de cien presuntos gatilleros –datos que pudieron ser consultados por Proceso– que tienen presencia en 20 comunidades de Tecpan y Petatlán y tienen aterrada a la población serrana.

Según la información recabada por Soberanis los pistoleros “son gente de Crescenciano Chano Arreola Salto, y son Caballeros Templarios” que operan con Alberto Bravo, El Gavilán, y son financiados “con dinero del narcotráfico, secuestros y extorsiones”.

Cuenta el activista que los sicarios suelen llegar de improviso a las comunidades, reúnen a los habitantes y les exigen un pago mensual de 200 pesos por casa y mil por comercio.

Les piden además que se unan a su grupo delictivo “o de lo contrario tienen que abandonar sus casas y propiedades, incluyendo ganado; a los pobladores no los dejan sacar nada, ni siquiera sus documentos personales”.

(Extracto del reportaje que se publica en Proceso 1889, ya en circulación)