Publica el Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas

Espera el Senado que Peña promulgue la ley de víctimas

Ya no hay ningún impedimento legal, afirma Alejandro Encinas

Confía el priísta Arturo Zamora que se publique antes de fin de año

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 11

El presidente Enrique Peña Nieto está obligado a promulgar la Ley General de Víctimas, toda vez que no hay ya ningún impedimento legal o jurídico para que ese ordenamiento, que obliga al Estado Mexicano a proteger a quienes han sufrido el embate del crimen organizado, entre en vigor, advirtió Alejandro Encinas, senador del PRD.

El pasado 28 de mayo, cuando era candidato a la Presidencia, Peña Nieto dijo que si para finales de diciembre la ley no estaba publicada, él lo haría y el primer paso que dio fue retirar la controversia constitucional que en julio pasado presentó ante la Suprema Corte el entonces mandatario, Felipe Calderón, comentó por su parte el legislador priísta Arturo Zamora.

La Suprema Corte de Justicia sobreseyó la controversia, el pasado 10 de diciembre, y pasaron también ya los cinco días hábiles que establece la Ley Reglamentaria del artículo 102 constitucional para que se pueda impugnar esa decisión.

"Aquí hay una omisión, porque no existe ya ningún impedimento legal o jurídico para que el Ejecutivo federal publique esa Ley General de Víctimas. Espero que lo haga en estos días, antes de que termine el año. Esperamos que no sea un cálculo político lo que la detenga".

La ley fue aprobada por ambas cámaras del Congreso el pasado 30 de abril y el 10 de mayo se depositó el decreto respectivo en la Secretaría de Gobernación, para que fuera promulgado. Sin embargo, una maniobra del entonces presidente de la Cámara de Diputados, el panista Óscar Arce, regresó la documentación a ese órgano y estuvo ahí congelada 20 días.

Debido a ello, el Congreso y Calderón entendieron diferido en el vencimiento del plazo legal que éste tenía para vetar esa legislación. Lo hizo el primero de julio por la noche, después del cierre de las casillas en la jornada electoral para renovar los poderes federales. Argumentó estar dentro del tiempo establecido por la Constitución –30 días–, ya que tomó como base el primero de junio, en que la Secretaría de Gobernación recibió por segunda ocasión el proyecto de decreto de la Ley General de Víctimas.

El entonces presidente del Senado, José González Morfín, en cambio, dejó claro que la fecha de entrega fue el 10 de mayo en que las cámaras depositaron el decreto en la Secretaría de Gobernación y mostró el acuse de recibo. El 10 de julio ordenó publicar la ley, decisión que Calderón impugnó mediante una controversia constitucional.

A casi seis meses de aquellos hechos y ya en un nuevo sexenio, la Ley General de Víctimas, que obliga a la reparación integral de daño, está a punto de promulgarse. Con esto se cumpliría el compromiso que el Congreso adquirió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en julio de 2011.

La Ley de Víctimas todavía se tambalea

Marcela Turati
1 de enero de 2013 · Sin comentarios
Reportaje Especial
Familiares de desaparecidos repudian la guerra de Calderón. Foto: Miguel Dimayuga

La Ley General de Víctimas, una de las más avanzadas de su tipo en el mundo, fue aprobada por el Poder Legislativo mexicano el pasado abril. Pero nunca entró en vigor. Como presidente, Felipe Calderón interpuso una controversia constitucional para detenerla. El gobierno federal que asumió el 1 de diciembre retiró la controversia y todo indica que el ordenamiento se publicará en el Diario Oficial en los próximos días. Se trata, dicen sus promotores, de una ley inmejorable… en el papel. Falta reglamentarla y hacerla aterrizar.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En México las víctimas de un delito grave que hayan sufrido incapacidad mental o física o la privación de la libertad, o los deudos de quienes hayan perdido la vida, recibirán por ley una “compensación subsidiaria” tasada en una cifra máxima de un millón de pesos. El Estado se hará responsable de pagarla sin importar quiénes fueran los delincuentes ni cuándo hubiera ocurrido la agresión.

Cualquier víctima o familiar de una víctima de la delincuencia común, del crimen organizado, de funcionarios públicos o fuerzas de seguridad, tendrá representación de abogados capacitados en el tema, recibirá el pago por los gastos de alojamiento, comida o traslados que haya hecho para llevar su caso ante tribunales y tendrá servicios médicos, becas educativas y oportunidades de desarrollo.

Estos son algunos de los beneficios de la Ley General de Víctimas cuya publicación es inminente y que es un triunfo político del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) que desde abril de 2011 sacó a las calles a las víctimas de la violencia del sexenio calderonista y las acercó a la clase política para que sus demandas fueran escuchadas. Es también un reflejo de la “crisis humanitaria” que dejó la estrategia de seguridad de Felipe Calderón y del colapso del sistema judicial que mantiene casi asegurada la impunidad.

A partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación y de su posterior reglamentación, las personas que hayan sido víctimas de ese tipo de abusos en algún momento de la historia de México –incluidas las de la Guerra Sucia– tendrán derecho a la verdad, la justicia, la reparación integral y garantías de no repetición.

Se formará una Comisión Ejecutiva nacional con cinco expertos propuestos por universidades públicas y cuatro candidatos ciudadanos con experiencia en defensa de los derechos humanos, y se crearán comisiones equivalentes en cada entidad federativa. Éstas decidirán las medidas de apoyo que se otorgarán a cada víctima.

Según el centro de análisis México Evalúa, en el sexenio anterior al menos 101 mil personas fueron asesinadas y más de 344 mil quedaron huérfanas, viudas o sin sostén económico. A su vez la Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias por la desaparición de 24 mil personas en el mismo periodo.

El Estado mexicano tendrá que someterse a una reingeniería para la creación de un Sistema Nacional de Atención a Víctimas (SNAV) en el que los gobiernos federal, estatales y municipales asumirán los costos por los daños físicos, mentales, materiales, pérdida de oportunidades, perjuicios morales y gastos de asistencia de las víctimas, y en el que todas las dependencias de gobierno asumen responsabilidades.

O al menos eso quedó en el papel firmado por el Poder Legislativo y avalado por el Ejecutivo.

La creación del nuevo sistema implica la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), creada por Calderón a fines de 2011.

“Es un parteaguas en la historia de este país. Es una ley inédita. Sólo hay dos en el mundo: en Filipinas para desastres naturales y en Colombia. Pero ésta es más avanzada. Es la primera que compendia lo que se ha estado construyendo los últimos 25 o 30 años en justicia restaurativa”, dice Eliana García, exdiputada perredista que dio apoyo técnico al MPJD en la creación y cabildeo de la ley.

La siguiente etapa será reformar la Ley General de Víctimas aprobada en abril de este año e introducirle las modificaciones negociadas principalmente con la Secretaría de Gobernación calderonista y la fracción parlamentaria del PRI en los encuentros entre el equipo jurídico del Movimiento durante el tiempo en el que el documento estuvo congelado por la controversia constitucional interpuesta por Calderón.

El Movimiento creado por Javier Sicilia no cantará victoria sino hasta el momento en el que la ley sea reglamentada y el sistema de atención reciba presupuesto.

“Nos congratulamos por la Ley de Víctimas, pero no nos chupamos el dedo porque falta reglamentación, que se le dote de fondos y porque implica responsabilidades para casi todo el gabinete: Hacienda, Gobernación, Salud, Educación. Hay mucho trabajo por hacer y suena demasiado bonito para ser cierto, porque sabemos que hay intereses de los criminales y de sus cómplices dentro del gobierno, porque el crimen es un negocio millonario”, dice el vocero del movimiento, el poeta Jorge González de León.

“En la lógica del triunfalismo del ‘ya llegó papá-gobierno’ no queremos ser coro de apoyo; sabemos que el problema de la violencia en México va a costar al menos una generación y mucho trabajo para cambiarlo”, indica en entrevista con Proceso.

El estira y afloja

La ley fue creada a principios de 2012 y perfeccionada hasta abril por diferentes actores en distintos momentos. Surgió de la fusión de una propuesta de expertos del Instituto Nacional de Ciencias Penales y de la UNAM, y aderezada con proyectos del PRI, PAN y PRD, usando como modelo la ley colombiana respectiva.

En diferentes tramos participaron –algunos a título personal, otros institucional– asesores de la oficina en México de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Cencos, el Centro de Colaboración Cívica, Serapaz y la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.

Fue impulsada por las víctimas que con sus testimonios, su presencia en las cámaras de diputados y senadores, su participación activa en foros con legisladores y sus encuentros con los candidatos presidenciales y sus movilizaciones callejeras, presionaron hasta obtenerla. La mayoría de las organizaciones de derechos humanos del país se mantuvieron ajenas.

A partir del veto técnico aplicado por Calderón, el MPJD encontró en los asesores jurídicos y técnicos de los grupos parlamentarios del PRD y del PRI a sus principales aliados.

“El apoyo fue muy fuerte en la Cámara de Senadores por parte de Murillo Karam; él impulsó muchísimo y abrió muchas puertas, tuvimos no menos de 15 reuniones con él desde abril, y en la Cámara de Diputados apoyó Manlio Fabio Beltrones”, informa González de León. Otra impulsora fue Claudia Ruiz Massieu, encargada del área de derechos humanos en el equipo de transición.

Eliana García –quien militó en grupos de izquierda en los setenta y fue presa política– y González de León detallaron la ruta que siguió la ley desde su creación y las reformas que sufrirá después de que se publique para atender las preocupaciones planteadas en la controversia constitucional por el gobierno de Calderón y por los cabilderos de Enrique Peña Nieto que –insistieron– no deforman el espíritu de la ley.

“No fueron cambios sustantivos”, señala González.

Una de las modificaciones a la versión original es que se acotará que sólo reciban pago de “compensación subsidiaria” –una especie de indemnización– las víctimas de delitos graves que afectan a la vida y la libertad y ya no a cualquier delito.

También incluirá responsabilidades para los gobiernos estatales y municipales hacia las víctimas y ya no únicamente del federal.

Se darán facultades al presidente para que reciba las candidaturas de las universidades y de las organizaciones sociales de los nueve miembros de la Comisión Ejecutiva –ciudadana y autónoma– que regirá el Sistema Nacional de Víctimas para que arme las ternas con base en las cuales el Senado elegirá a sus integrantes.

Otro punto espinoso que en la etapa del estira y afloje pudieron sortear fue el de la definición de víctima.

“Ellos (el equipo de Gobernación) quería dejar sólo a las víctimas de derechos humanos. Decían: ‘¿Por qué va el Estado a pagar y apoyar estudios, medicinas, trasporte, atención psicológica y salud a los delincuentes o a sus víctimas si el Estado no era responsable?’ Pero no lo quitamos: Así sean hijos o familias de delincuentes o víctimas de ellos, también tienen derechos por ser víctimas”, explica García en la entrevista realizada a mediados de diciembre.

González de León aclara: “Si en un plazo determinado el gobierno no tiene a los criminales capturados (a los que se les puedan decomisar bienes), debe pagar. Es un incentivo para que cumpla su trabajo. Es como si tuviera una multa, así que tiene que empezar a detener gente si no quiere pagar reparaciones”.

El artículo citado quedará así: “El monto de la subsidiariedad a la que se podrá obligar al Estado será hasta de 500 veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal”. O sea que además de poner candados a quienes pueden solicitarlo, se fija un tope.

Otro párrafo que se modificará en la próxima reforma –que hizo brincar a panistas y priistas– es el que incentivaba la creación de comisiones de la verdad para investigar el pasado, que en la redacción actual queda así: “Las víctimas tienen derecho imprescriptible a conocer la verdad histórica de los hechos”.

Una de las propuestas de redacción que hizo el equipo del actual procurador general, Jesús Murillo Karam, señalaba que las personas que obtengan reparación perdían su derecho a exigir reparación de cualquier otra naturaleza. Ese punto fue rechazado por el MPJD.

En cuanto a las personas que podrán integrarse al SNAV están por ponerse candados que indiquen que deben ser especialistas o víctimas de distintos delitos y regiones geográficas. Tampoco podrán ser elegidas personas que hayan ocupado cargos públicos o en la estructura de algún partido político dentro de los dos años previos a su designación para evitar lo que ocurrió durante el calderonismo: Que un reducido grupo, cercano al gobierno, de organizaciones de víctimas de secuestro acaparó los consejos consultivos de las dependencias.

Sobre la eliminación de Províctima, que era una “ventanilla única” que otorgaba servicios jurídicos, médicos y psicológicos a las víctimas, García señala: “En este nuevo sistema cada estado tendrá su ventanilla única, que es una comisión ejecutiva, donde la víctima se registrará y tendrá una acreditación con la que todas las instituciones del país sabrán que es víctima y que tienen que atenderla”. Esto da derecho a servicios hospitalarios públicos o privados.

A partir de la promulgación de la ley reformada, las instituciones médicas del país tendrán 180 días para reformar sus leyes y reglamentos internos.

La versión original de la ley impulsada por el MPJD obligaba a la creación de un cuerpo de abogados victimales en todas las procuradurías, que fueran contrapartes del Ministerio Público y equivalentes a los defensores de oficio. Murillo Karam pidió que esto fuera modificado por considerar que trastoca el papel de los defensores de oficio. En su lugar se creará la Asesoría Jurídica Federal, un área de abogados victimales que dependerá de la Comisión Ejecutiva del SNAV.

Responsabilidad del Estado

En su primera semana en la Presidencia, Peña Nieto retiró la controversia constitucional con la que Calderón intentó bloquear la publicación de la Ley General de Víctimas aprobada en abril.

“La excusa de los expertos (calderonistas) fue lo que implicaba para el Estado la reparación económica a las víctimas, pero también supimos que fue en castigo porque no quisimos entrarle al Memorial que construyó y que finalmente nunca inauguró”, explica González de León.

Según García fue un capricho de Calderón para no reconocer el desastre que dejó su estrategia de seguridad: “Esta ley significa el reconocimiento de que en este país hubo un periodo de una violencia criminal e institucional que dejó una crisis humanitaria en el país y que por tanto el Estado tiene la obligación de generar un instrumento jurídico que se exprese en una política pública para atender sus efectos y para resarcir, restaurar, reparar íntegramente el menoscabo de los derechos de las personas que hayan sido víctimas”.

“La Ley de Víctimas no permite que se diga que lo que ocurrió es responsabilidad del sexenio pasado; el Estado sigue teniendo responsabilidad aunque haya cambio de administración. Y el problema sigue vivo”, agrega González de León.

Aunque González de León y García esbozan un gesto de “misión cumplida”, están expectantes de que la etapa de reglamentación concrete el logro.

La aprobación de la ley sería sólo un tramo en el camino del MPJD –creado a partir del asesinato del hijo de Javier Sicilia– que mediante caravanas en México y Estados Unidos, actos en cada plaza pública del país, encuentros con la clase política, movilizaciones de protesta, plantones en las sedes del Poder Legislativo, una huelga de hambre e intenso cabildeo logró una legislación que está a punto de hacerse realidad.

Como comentó un legislador: “¿Cómo no voy a votar esa ley si tengo tantos ojos viéndome, si ahí están las personas llorando para que les hagan justicia?”

Lo que sigue, explica González de León, es vigilar la reglamentación, armar un encuentro binacional de víctimas de todo México y Estados Unidos, pedir que la Estela de Luz sea resignificada para convertirla en el verdadero memorial de las víctimas de la violencia en México, movilizaciones para exigir que se haga justicia en los distintos casos.

En enero habrá un encuentro para fijar la postura del MPJD frente al sexenio de Peña Nieto porque, explica González de León: “A pesar de la aprobación de la ley nos reservamos el derecho a la duda (…) no queremos ser su coro de apoyo”.

García, quien después de esta misión se separará del MPJD, expresa: “No conozco un solo movimiento que haya sentado a toda la clase política, al presidente, a los legisladores, para plantearles su agenda. Nomás no pudo sentar al Poder Judicial porque se rehusaron a ir al Castillo de Chapultepec. El Movimiento por la Paz es en este momento el más subversivo”

Será aprobada la Ley General de Víctimas la próxima semana: activista

Es un paso para acceder a la justicia pero no el único, señala integrante del MPJD



Su aplicación podría implicar la desaparición de Províctima, creada en el año 2011

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 5 de enero de 2013, p. 8

La Ley General de Víctimas, aprobada por el Congreso en abril del año pasado, será publicada "de forma inminente" en el Diario Oficial de la Federación a más tardar el martes o miércoles de la semana próxima, lo cual significa un paso importante en el acceso a la justicia, pero no el único, adelantó una integrante del equipo de asesores del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

"La publicación de la ley ya es inminente y significa un logro no nada más de nosotros, sino de todas las organizaciones de víctimas y de aliados, como el obispo Raúl Vera y el sacerdote Alejandro Solalinde", saludó en charla con La Jornada una activista que prefirió reservar su identidad.

Además de representar un hito para la justicia transicional y restaurativa en México –al garantizarle a las víctimas el acceso a la verdad, la reparación del daño y la no repetición de lo ocurrido–, la mencionada legislación atenderá a quienes hayan sufrido los estragos de la violencia sin importar si los autores de ésta son miembros de la delincuencia organizada o servidores públicos, subrayó.

Otro punto fundamental de la ley es que daría lugar a la creación de un sistema integral y nacional de atención, lo cual podría implicar la desaparición de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (Províctima), instancia creada en septiembre de 2011 por un decreto del entonces presidente Felipe Calderón.

"Províctima fue una ocurrencia de Calderón, un pequeño apéndice con atención de ínfima categoría. En la ley no tiene ninguna continuidad, por lo que debería tender a desaparecer, considerando el tamaño de la crisis humanitaria que tenemos", manifestó la activista.

La legislación, resumió, "es un gran primer paso en el camino de la reparación, pero todavía falta crear el andamiaje jurídico para que se aplique en la realidad y no sólo en el papel, además de dotarla de presupuesto y generar un cambio cultural en las instituciones del país".

Como parte de estas transformaciones, añadió, es necesario que la Estela de Luz "deje de ser un monumento al despilfarro y la corrupción y sea nombrada de manera oficial por el Presidente de la República como el memorial de las víctimas de la violencia. Queremos que se resignifique como una metáfora de que este país está cambiando".

Sin pretextos para no publicar la ley: Prodh

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), afirmó a propósito de este tema que ya no hay ningún impedimento legal para que el presidente Enrique Peña Nieto no ordene cuanto antes la publicación de la ley, como prometió durante su campaña.

"Se decía que esto se había retrasado porque había un funcionario enfermo o convaleciente, pero ya no hay ningún obstáculo. Sería totalmente inexplicable que no se avanzara ya. Parece que no hay decisión para entrarle a fondo a estos asuntos, porque así siguen encubriendo a los funcionarios involucrados en violaciones de derechos humanos", aseveró.

Como se ha informado en estas páginas, la Ley General de Víctimas fue aprobada por ambas cámaras del Congreso el 30 de abril de 2012 y enviada el 10 de mayo a la Secretaría de Gobernación, pero ese mismo día el diputado panista Luis Eduardo Espinosa logró hacer que el documento regresara a San Lázaro, donde estuvo "perdido" por tres semanas.

Aprovechando ese lapso, el ex presidente Felipe Calderón argumentó que el periodo de 30 días para presentar sus observaciones se contaba a partir del 1º de junio, por lo que la noche del primero de julio vetó la ley mediante una controversia constitucional, misma que fue sobreseída por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 10 de diciembre pasado, a solicitud de Peña Nieto.

Publica el Congreso de la Unión la Ley General de Víctimas

Este miércoles aparece publicada en el Diario Oficial. Será presentada al mediodía por el Presidente Peña ante organizaciones civiles
Redacción

2013-01-09 10:37:00

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS ÍNTEGRA

CIUDAD DE MÉXICO, 9 de enero.- El Congreso de la Unión publicó este miércoles la Ley General de Víctimas, que este mediodía será presentada por el Presidente Enrique Peña Nieto en la residencia oficial de Los Pinos ante representantes de organizaciones civiles.

Ocho meses después de que esa legislación fue aprobada en el Congreso de la Unión, este día apareció publicada en el Diario Oficial de la Federación el decreto por medio del cual se expide la legislación, en los términos en que fue aprobada por la Cámara de Diputados.

De acuerdo con las disposiciones generales, el propósito de la Ley de Víctimas es reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, restitución de sus derechos violados, debida diligencia, no repetición y todos los demás derechos consagrados en ella en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte y demás instrumentos de derechos humanos.

En razón de lo anterior, la citada ley obliga a las autoridades de los tres ámbitos de gobierno, y de los tres poderes constitucionales, así como a cualquier oficina, dependencia, organismo o institución pública o privada, que vele por la protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral, y para tal fin deben “establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las victimas”, bajo pena de “sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones”.

El ordenamiento consta de 189 artículos y 16 transitorios, entre los cuales se establecen los derechos que tienen las víctimas, las medidas de ayuda inmediatas y humanitarias que deben aplicar las autoridades y las medidas de asistencia y atención tendentes a restablecer a la víctima en el ejercicio pleno de sus derechos, y a promover la superación de su condición.

También se consignan las medidas de reparación integral del daño, con asistencia jurídica, médica y económica.

La Ley General de Víctimas ordena además la creación de un Sistema Nacional de Víctimas, encargado de establecer los planes, proyectos y políticas públicas para la protección, asistencia, acceso a la justicia y reparación integral a las víctimas.

Por medio de la Ley General de Víctimas se institucionaliza también el Registro Nacional de Víctimas, un mecanismo administrativo y técnico que soportará todo el proceso de ingreso y registro de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos al Sistema Nacional.

Además, se crea un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, que tiene por objeto brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas.

La Ley General de Víctimas fue aprobada por el Senado de la República el 26 de abril de 2012 y ratificada por la Cámara de Diputados cuatro días después. Sin embargo, en julio pasado el gobierno de Felipe Calderón regresó la ley al Congreso, con el argumento de que contenía imprecisiones, y posteriormente interpuso una controversia ante la Suprema Corte de Justicia para evitar la promulgación de la legislación.

Desde el discurso de su toma de posesión el 1 de diciembre, el Presidente Peña Nieto advirtió que se desistiría de dicho recurso legal y días después lo retiró, por lo que el ordenamiento pudo ser promulgado.

La Ley General de Víctimas entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; es decir, el 9 de febrero de 2013.

Es un logro colectivo, señala la ONU; falta diseñar medidas judiciales: AI

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 4

La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) saludó la firma de la Ley General de Víctimas, a la que calificó de logro colectivo basado en la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011.

"Es alentador que el proceso de debate y adopción de esta ley en el Congreso de la Unión haya sido reivindicado entre los primeros compromisos públicos del nuevo Ejecutivo dederal y destaque entre los puntos del Pacto por México", celebró la organización en un comunicado.

"La Ley General de Víctimas es un paso necesario, significativo y de plena legitimidad en el camino de dotar a los mexicanos de una política de Estado y de mecanismos eficaces que garanticen sus derechos cuando se enfrentan a la lacerante situación de dolor y precariedad, que las convierte en víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos", sostuvo Javier Hernández Valencia, representante de la Oacnudh.

Por su parte, Amnistía Internacional coincidió en que la firma de la ley es un avance importante para saldar la deuda de las autoridades con las víctimas de la violencia, pero advirtió que todavía hace falta diseñar todo un conjunto de medidas judiciales, administrativas, sociales y económicas para lograrlo.

"La aprobación de leyes no es suficiente para preservar las garantías de las víctimas. Es necesario que el compromiso del gobierno hacia los afectados se traduzca cuanto antes en medidas efectivas que garanticen el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición hacia quienes han sufrido la violencia y las violaciones de derechos humanos que diariamente se producen en el país", recalcó la organización con sede en Londres.

La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos también destacó la firma de la ley como un signo positivo –ante las decenas de miles de casos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial en el sexenio de Felipe Calderón, con un nivel de impunidad mayor a 98 por ciento–, pero igualmente advirtió que todavía hay muchos retos para hacer de esta norma una realidad.

"Es primordial que se publique pronto la reglamentación necesaria para que esta ley pueda ser aplicada. Es también fundamental asegurar el derecho a la justicia de todas las víctimas y garantizar su derecho a la verdad, a la reparación y la no repetición. Hasta que haya un cambio estructural en la estrategia de combate a la delincuencia las violaciones a los derechos humanos continuarán", advirtió.

La Ley de Víctimas nació chimuela

José Cárdenas
2013-01-11 01:47:00

De poco sirvieron los nueve meses de gestación transcurridos entre la aprobación —por unanimidad— en el Congreso y la promulgación del anhelo nacional para resarcir a la gente los daños provocados por la violencia derivada del combate al crimen organizado.

A las carreras, el Presidente de la República cumplió su palabra. Se congració con el poeta Javier Sicilia y su proclama de justicia. Ganó para México el aplauso de la ONU… pero no logró resolver las dudas sobre el marco legal para proteger a las víctimas del delito.

El gobierno tenía mucha prisa. Se desistió de la controversia constitucional promovida por el gobierno de Felipe Calderón… y dio paso a la firma del documento. En el camino, quedaron en el aire la supuesta inconstitucionalidad del proceso legislativo y la inviabilidad financiera de la ley alegada por el ex Presidente panista.

El propio Peña Nieto acepta que el documento es perfectible.

Javier Sicilia reconoce en la promulgación de la norma el cumplimiento de la palabra presidencial pero avizora el inicio de un largo y sinuoso proceso. Otros ven todo esto como “la complacencia de un capricho” del poeta rebelde.

Aun más contundentes, el empresario Alejandro Martí, cabeza de México SOS, e Isabel Miranda de Wallace, de la organización Alto al Secuestro, califican a la Ley de Víctimas como inconstitucional y con errores que la harán inoperante.

Según Alejandro Martí, tal y como está ahora, la Ley de Víctimas revictimiza a los afectados por la delincuencia, quienes deberán recorrer un verdadero un calvario burocrático para recibir justicia.

El trecho es largo.

El Poder Legislativo tiene seis meses para aprobar el reglamento… y las autoridades estatales, otros seis para ponerse al corriente.

En el camino habrá de crearse el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, institución clave de la nueva ley para regular y supervisar planes y sobre todo acciones para resarcir daños a las víctimas. Para ello deberá existir una partida presupuestal.

–¿Se usará el producto de los bienes asegurados a los delincuentes?

La Ley de Víctimas nació anémica, coja y chimuela. Es un compendio de buenas intenciones… un sueño que podría transformarse en pesadilla, dicho en palabras del “caprichoso” poeta rebelde.

Habrá de aclararse cuánto pesaron en verdad las ideas de organizaciones civiles, expertos, académicos... y sobre todo de las víctimas.

MONJE LOCO: “A veces más vale callar y pasar por tonto, que abrir la boca y demostrarlo”. Sin embargo, el refrán no aplica en los gobernadores de Jalisco y Sonora, quienes se trenzaron a tuitazos. Desde Guadalajara, Emilio González lanzó el derechazo en un mensaje “etiquetado” al góber de Sonora, Guillermo Padrés: “En el @GobiernodeJalisco hemos invertido más de 50 mil mdp en infraestructura. Sonora cuánto?”. Padrés defendía la “reimposición” de la tenencia para hacer obra pública. El góber piadoso le respondió: “Con menos impuestos (quitamos la tenencia) más obra pública que nunca. Esto es eficiencia”. ¡Qué exabruptos!...

josecardenas@me.com @JoseCardenas1 http://josecardenas.net

¿Una ley para víctimas y victimarios?

Jorge Fernández Menéndez
2013-01-11 01:30:00

“El camino al infierno está empedrado de buenas intenciones”, dice el viejo refrán. ¿Quién puede estar en contra de que exista una ley de víctimas, que proteja, indemnice, asegure los derechos de las víctimas y de sus familias, más aún cuando esa ley puede ser un instrumento en la pacificación del país? El problema es cuando se tiene que dar otro paso y definir a quién entendemos como víctima. Y en la ley que se acaba de promulgar al respecto, entre otros, ese es el mayor de los problemas.

La ley dice que se obliga al gobierno federal a compensar hasta con un millón de pesos a víctimas o familiares de asesinatos, secuestros o desapariciones sin importar quiénes sean los delincuentes ni cuándo sucedió la agresión. Suena muy bien, pero es una barbaridad. La ley está inspirada en ordenamientos relacionados con dictaduras militares, como en Argentina y otros países. Allí el margen de confusión es mínimo: se trata de víctimas de los gobiernos que pueden ser identificadas con claridad como tales. En la búsqueda de convertir la lucha contra el crimen organizado que aún vivimos en un proceso similar, en una “guerra de Calderón”, como insistió el propio miércoles Javier Sicilia, se termina cometiendo una terrible injusticia de colocar en el mismo rasero a víctimas y victimarios.

No tengo ni la más mínima duda de que cualquier persona que haya sido detenida injustamente, secuestrada, asesinada o desaparecida por fuerzas del Estado, debe ser protegida por ley. Tengo dudas sobre cómo se podría instrumentar pero también deberían ser protegidas las personas que fueron víctimas de un grupo criminal que actuó por complicidad o por negligencia de las autoridades. Pero, ¿debe ser entendida como víctima e indemnizada por la sociedad la persona que, siendo parte de un grupo criminal perdió la vida, ya sea en un enfrentamiento contra las autoridades o contra otro grupo criminal, que fue la circunstancia en que ocurrieron la enorme mayoría de los casos? Para ponerlo más claro: ¿debe tener el mismo tratamiento el sicario anónimo que fue asesinado por sus rivales, que las familias de los miles de inocentes que han sido víctimas de secuestros por grupos criminales?

Es verdad, habrá un consejo; ¿quién decidirá en él?, ¿cómo puede ser que ese consejo tenga autoridad incluso para suplantar en sus funciones al Legislativo y al Poder Judicial y tener derecho para llamar a cuentas a los funcionarios? Hay mucho más: la ley dice que cubre los delitos federales; ¿qué ocurrirá con los que están catalogados como del fuero común?, ¿una persona cuyo secuestro no fue catalogado como realizado por delincuencia organizada está protegida por la nueva ley? Otro punto: ¿De cuántos recursos estamos hablando y de dónde saldrán? Porque partida presupuestal no hay y tampoco si no se define el tipo de víctima y el número de las mismas; no se sabe de cuánto podemos estar hablando.

La ley de víctimas, como fue promulgada, es una fuente de conflictos para el futuro. Y desgraciadamente puede terminar provocando las confrontaciones que se desea evitar.

El apoyo a víctimas no superará 500 días de salario mínimo: PGR

El Estado aportará una parte para solucionar el problema, no es algo ilimitado: Murillo

Se analizarán otras alternativas, como programas de emergencia, sostiene Lía Limón

Gustavo Castillo y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 11 de enero de 2013, p. 5

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, dijo que la Ley General de Víctimas "es perfectible" y precisó que su promulgación respondió a la urgencia de tener un marco legal en la materia. Acerca de la reparación del daño a los afectados por la comisión de delitos, subrayó que los apoyos gubernamentales no rebasarán el equivalente a 500 días de salario mínimo (unos 32 mil pesos, según el monto actual).

"Tiene límites, tiene muchos límites, para que tampoco el Estado se quede desprotegido ante una cuestión de esta naturaleza. El apoyo que se da es solamente en función de que el Estado aporta a una parte en la solución del problema, no es algo ilimitado, no es demagógico; lo limita al presupuesto señalado. No puede darse un auxilio que rebase los 500 salarios mínimos", dijo en entrevista radiofónica.

Señaló que "ya hay muchos acuerdos acerca de cómo perfeccionar" la ley, sin explicar cuáles serían los cambios.

El miércoles fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Víctimas, en el sitio correspondiente a los decretos del Congreso, la cual entrará en vigor en 30 días, es decir, el próximo 9 de febrero.

Acerca de las acciones que el gobierno emprenderá para la búsqueda de víctimas, Murillo Karam advirtió que debido al tiempo transcurrido no se podrá llegar a la solución del ciento por ciento de los casos.

En tanto, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, aseveró –también en entrevistas para la radio– que la promulgación de la ley es "un primer paso" para resarcir el daño a los afectados por la comisión de delitos.

Precisó que el Sistema Nacional de Atención a Víctimas será el máximo responsable de atender a quienes lo requieran, aunque dicha instancia aún no tiene sede, porque los artículos transitorios de la ley prevén un periodo de tres meses para su operación.

Explicó que en el cumplimiento de plazos se analizarán otras alternativas de apoyo, como una línea telefónica de emergencia y otros programas, aunque no detalló cómo se utilizarían los servicios con que cuenta la Procuraduría de Atención a Víctimas, organismo creado en la administración pasada.

Los problemas derivados de la violencia, reto para el gobierno

Lía Limón dijo que hay un compromiso en el tema porque los problemas derivados de hechos de violencia constituyen un reto para el nuevo gobierno, con el reconocimiento de que la atención y protección a las víctimas es una arista pendiente y un reclamo social.

Murillo recordó que la ley se aprobó en la pasada legislatura por unanimidad y desde entonces se dijo que era perfectible.

Consideró que en esta materia México es pionero, y subrayó que "una vez que la hayamos perfeccionado y modificado será una ley modelo".

Se congratula ONU por promulgación de ley de víctimas

Política • 11 Enero 2013 - 8:36am — Notimex

El portavoz del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, señaló que dicha ley atiente las recomendaciones realizadas por ese organismo.

Ginebra • La titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Navi Pillay, celebró hoy la aprobación de la Ley de Víctimas promulgada el pasado 9 de enero por el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

"Acogemos con beneplácito la aprobación de la Ley de Víctimas por el presidente de México, Enrique Peña Nieto, el 9 de enero", dijo en rueda de prensa el portavoz del ACNUDH, Rupert Colville.

"La ley había sido aprobada por unanimidad por el Congreso en abril de 2012", recordó.

"Su promulgación fue uno de los principales compromisos de derechos humanos hechos por el presidente Peña Nieto cuando asumió el cargo el 1 de diciembre de 2012 y fue incluido en el Pacto por México, firmado al día siguiente por los principales partidos políticos", subrayó Colville.

Dicha ley "también obedece a las recomendaciones de la Alta Comisionada durante su visita a México y de varios organismos de la ONU sobre derechos humanos", agregó.

La legislación prevé un sistema de seguimiento y asistencia a las víctimas de la violencia criminal, y es el resultado de las demandas del movimiento de víctimas de la violencia y sus familiares, señaló Colville.

"Nuestra oficina en México brindó asesoramiento especializado sobre la elaboración del proyecto de ley y para promover su adopción", dijo Colville, quien celebró que la Ley de Víctimas entrará en vigor el 9 de febrero próximo.

Diputada apremia a la actual legislatura a reglamentar la Ley General de Víctimas

Hubo precipitación en la difusión de la nueva norma, consideran panistas del Senado

Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Sábado 12 de enero de 2013, p. 7

La secretaria de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, la perredista Margarita Elena Tapia Fonllem, afirmó que urge reglamentar la Ley General de Víctimas, así como instalar el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, a fin de poder instaurar los mecanismos para reparar los daños causados a las personas afectadas.

Por su lado, el secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, el panista Fernando Rodríguez, manifestó que es necesario perfeccionar dicho ordenamiento, para lo cual su partido emprenderá una consulta con diversas asociaciones civiles especializadas en el tema, entre ellas las que encabezan Alejandro Martí e Isabel Miranda de Wallace.

En tanto, la presidenta de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, la priísta Arely Madrid, dijo estar de acuerdo en que se debe mejorar la nueva norma, pero estimó que la publicación del ordenamiento ya representa un avance.

"Antes no existía ninguna ley que reparara los daños a las víctimas de la violencia. Ahora corresponde seguir avanzando, pues toda ley es perfectible", indicó la también integrante de la Comisión de Justicia y Puntos Constitucionales.

En igual sentido se pronunció la diputada Tapia Fonllem, quien indicó que con la publicación de la referida legislación, "se da un paso significativo en el cumplimiento pleno de los derechos y se da la oportunidad de resarcir una parte de los saldos de la violencia en el pasado".

Precisó que la emisión de la ley no es un "gesto gracioso" del titular del Ejecutivo, sino el cumplimiento de un acuerdo previo que representa una obligación con la ciudadanía.

"Con la promulgación se suprimen los obstáculos que puso la administración anterior a una propuesta que contó con el consenso de la sociedad civil y el voto unánime del Congreso de la Unión. Ahora corresponde hacer realidad esta ley a las autoridades de todos los niveles, y también una obligación de los tres poderes del Estado mexicano."

La perredista exhortó a las legislaturas locales y a las instancias estatales a armonizar sus instrumentos legales con el nuevo mandato.

Tapia Fonllem estimó que la 62 Legislatura tiene frente a sí el gran reto de reglamentar la ley, de forma que se asegure un presupuesto suficiente para la implementación de sus disposiciones y la instalación de los órganos del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Iniciativa priísta

Aparte, Tapia Fonllem y el vicecoordinador del grupo del PRD en San Lázaro, adelantaron que pugnarán por que se deseche la iniciativa que el pasado jueves presentó el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el priísta Francisco Arroyo Vieyra, quien busca modificar el segundo párrafo del artículo primero constitucional, a fin de que en materia de los derechos humanos prevalezca lo que establece la carga magna, por encima de los tratados internacionales que México ha suscrito.

Organizaciones y activistas defensores de los derechos humanos –entre ellos Miguel Concha, Mariclaire Acosta, Édgar Cortez, Clara Jusidman, Sergio Ramírez Caloca y decenas más– han advertido públicamente que la propuesta de reforma del diputado priísta, además de carecer de una finalidad concreta manifiesta, va en contra del propio artículo primero al incumplir la obligación constitucional que el Poder Legislativo tiene, en el ámbito de sus competencias, de proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con el principio de progresividad.

Senado: posiciones encontradas

La publicación de la ley de víctimas generó posiciones encontradas en el Senado. El PAN consideró que hubo precipitación en la difusión del texto y que lo mejor hubiera sido esperar el fallo de la Corte. El PRI defendió la decisión del presidente Enrique Peña y lamentó los señalamientos de Isabel Miranda, sobre todo porque durante la discusión del documento en el Congreso, ella se mostró de acuerdo con el contenido. El PRD se congratuló por la publicación, aunque dijo que es perfectible y se mostró dispuesto a retomar el tema.

Arturo Zamora (PRI) calificó de acierto del presidente Enrique Peña Nieto que se haya publicado la ley de víctimas y expuso que su postergación habría ido en detrimento de los afectados por la violencia.

Enumeró algunos de los beneficios de la nueva norma, como la creación de un banco confiable de datos sobre las víctimas en el país; la formación de un consejo que programará lo relacionado con los recursos del fondo para reparación de daños y que la ley sí tiene carácter retroactivo.

Lamentó algunas críticas vertidas, pues hay quienes sin ser abogados han confundido la concurrencia de competencias. En concreto sobre los dichos de Miranda, quien cuestionó la falta de dinero para el fondo y que recursos de la ciudadanía servirán para reparar fechorías de los delincuentes, expuso que respeta pero no comparte esos planteamientos.

El legislador se mostró extrañado de la posición de Miranda, dirigente de una organización social, ya que ella estuvo de acuerdo con el contenido de la ley cuando se discutió en la Cámara de Diputados, de manera que llaman la atención, sus opiniones diferentes, subrayó.

José Rosas Aispuro (PAN) señaló que se precipitaron las cosas al publicar la legislación, pues era importante escuchar la voz de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para saber quién se había equivocado y si el Congreso había hecho mal las cosas.

Dijo esperar que cómo está publicada la ley, se pueda dar satisfacción al interés de las víctimas. "Me preocuparía que esta norma no pudiese ser el instrumento más efectivo para cumplir con la demanda de que los afectados sean atendidos", puntualizó.

Dolores Padierna (PRD) calificó de "hecho afortunado" la publicación del documento, pues se trata de una legislación necesaria ante las circunstancias que vive el país. Quien critica el texto no tiene razón, expuso, si bien reconoció que la ley no es perfecta. A partir de febrero podemos ponernos los legisladores a disposición de quienes tengan observaciones.

El pasado miércoles, Peña Nieto público la Ley General de Víctimas, luego de que retiró la controversia constitucional que había interpuesto el gobierno de Felipe Calderón.

Con información de Georgina Saldierna

Nueva ley de víctimas aclara pago de indemnizaciones

La reparación directa del daño estará a cargo del Estado

Cambia gran parte del articulado, dicen Concha Malo y Hernández
Javier Sicilia (izquierda) encabezó en Cuernavaca un taller acerca de la Ley General de Víctimas

Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Domingo 3 de febrero de 2013, p. 11

La iniciativa para reformar la Ley General de Víctimas que el gobierno federal prepara conjuntamente con integrantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) mantiene los ejes principales del ordenamiento, pero modifica gran parte del articulado, con el propósito de precisar definiciones y atribuciones, así como delimitar responsabilidades e incluir las observaciones que formuló el entonces presidente Felipe Calderón a esa legislación.

Miguel Concha Malo –principal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria– y el abogado Julio Hernández Barros detallaron que los cambios apuntan a una ley de justicia restaurativa, que delimita quiénes son las víctimas del delito y las de violaciones a derechos humanos, y define con claridad quiénes podrán acceder a la reparación económica del daño por conducto de una compensación subsidiaria del Estado.

"No se va a indemnizar al empresario Alejandro Martí, al propio poeta Javier Sicilia o a la señora Isabel Miranda de Wallace por la muerte de sus hijos", comentó Hernández Barros. "El Estado pagará la indemnización subsidiaria en aquellos casos en que la víctima o sus familiares lo requieran", aclaró el abogado.

La iniciativa se elabora en la Procuraduría General de la República (PGR), cuyo titular, Jesús Murillo Karam, fue artífice, junto con el MPJD, de esa Ley General de Víctimas que Calderón vetó y trató de invalidar ante la Suprema Corte y que, finalmente, Peña Nieto promulgó al inicio de su administración.

Precisiones

Concha Malo explicó que se ha trabajado exhaustivamente en las últimas semanas para llevar a cabo los cambios necesarios a esa ley y se han precisado y acotado varios puntos, entre ellos la compensación irrestricta a quienes han padecido violaciones de derechos humanos y los casos que deben ser considerados a fin de que las víctimas de delitos de alto impacto puedan tener la retribución solidaria del Estado por haber sufrido daños a su libertad, integridad física o mental.

Al respecto, Hernández Barros precisó que la estructura de la ley se modifica y prácticamente quedará una nueva Ley General de Víctimas conformada por más o menos 80 por ciento de la actual legislación. Uno de los cambios, dijo, es para definir quiénes recibirán la compensación solidaria de 980 mil pesos, la que se limita, porque "no alcanzaría todo el dinero del mundo para pagar, por ejemplo, los daños por robo".

En ese sentido, se aclara la diferencia entre la reparación directa –que es obligación del Estado y que se da en aquellos casos en los que hay violación de derechos humanos– y la reparación por delitos cometidos por la delincuencia organizada.

En el caso de la primera, no hay límites, no existe ningún requisito. "Se hará de forma directa y a cargo de la dependencia de la cual derive la violación. Por ejemplo, si fue un soldado, la tendrá que hacer la Secretaría de Defensa Nacional, y si fue el policía de Huejotzingo, pues entonces el municipio de Huejotzingo tendrá que hacer la reparación".

En el caso de la reparación subsidiaria se incluyen algunos requisitos. Precisó que, por principio, se trata de que el delincuente sea quien repare el daño, pero en los casos en que por negligencia de las autoridades no pueda ser identificado o no pueda ser localizado, o bien resulte que es insolvente y trate de delitos que atenten contra la vida, contra la libertad o contra la integridad de las personas, el Estado debe responder.

El abogado detalló que hay que aplicar otro criterio muy importante: el de necesidad; es decir, que el Estado sólo pagará subsidiariamente en aquellos casos en donde la víctima necesite la reparación para sufragar sus gastos básicos.

Hernández Barros explicó que se redujo el número de integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, que de tres mil quedará sólo en unos 40, y la Comisión Ejecutiva se mantiene con carácter de instancia ciudadana de expertos y representantes de colectivos de víctimas.

Expuso que confían en que el Ejecutivo presente a la brevedad la iniciativa, sobre todo porque ya hay un acuerdo entre el MPJD e integrantes del Poder Legislativo que han participado en las negociaciones.

"Casi lista", nueva iniciativa de ley de víctimas: PGR

Policía • 30 Enero 2013 - 1:11pm — Omar Brito y Angélica Mercado

La subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la dependencia, Mariana Benítez, dijo que la iniciativa ya fue consensada con organizaciones de la sociedad civil y que la presentarán en las próximas semanas.

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Enlaces externos

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Ciudad de México • El presidente de la Mesa Directiva del Senado, el panista Ernesto Cordero, criticó la nueva Ley de Víctimas y afirmó que esta “nunca” debió publicarse, mientras que la Procuraduría General de la República, informó que ya tiene una nueva iniciativa para reformar esa legislación.

Al inaugurar el foro Derecho de las Víctimas y la nueva Ley General de Víctimas, que organizó el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, el legislador dijo que su partido busca abordar la discusión con responsabilidad con el fin de que sea modificada.

“Es una ley que nunca debió de publicarse, es una ley que tiene muchas carencias, es una ley que tiene muchas deficiencias y si queremos actuar con responsabilidad tenemos que encontrar y decidir cuáles son las modificaciones que se le tienen que hacer para que sea una ley operativa, para que sea una ley efectiva y, sobre todo, para que sea una ley que efectivamente atienda a las víctimas”, expresó.

Comentó que se debe atender de manera realista, con congruencia jurídica y sin demagogias, para legislar una norma que efectivamente atienda a las familias que están en una condición de vulnerabilidad en estos momentos.

“Esa es la intención de los senadores del Partido Acción Nacional, actuar con responsabilidad y no con demagogia. Nosotros no buscamos el aplauso de unos cuantos. Nosotros lo que queremos es que la legislación en el tema de víctimas sea una legislación de largo plazo”

En tanto, el presidente de la Comisión de Justicia, Roberto Gil, aseveró que la ley tiene muchos vacíos en temas como el registro de víctimas y en la reparación del daño, pues se registran 2 millones de delitos al año y se prevé una compensación de hasta un millón a víctimas, “plantea un problema financiero serio, que no está previsto ni en la ley”.

Por su parte, la subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR, Mariana Benítez, dio a conocer que el gobierno federal ha trabajado en una iniciativa que incluso, ya está consensada con organizaciones de la sociedad civil, y que prevén presentar en las próximas semanas para reformar la Ley General de Víctimas.

"Ya nos hemos sentado con organizaciones, estamos procurando que en los cambios se vean incluidas sus opiniones en un solo documento. El documento está casi listo", detalló.

Avala Senado en comisiones Reforma a la Ley de Víctimas

Viernes 22 de marzo de 2013
Francisco Nieto y Horacio Jiménez | El Universal


El pleno del Senado aprobó por unanimidad el rediseño de la Ley General de Víctimas con la que se pretende darle operatividad al marco legal promulgado hace más de dos meses por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Los legisladores modificaron 80% de los 180 artículos que contiene la ley y entre los cambios destaca el fortalecimiento del Sistema Nacional de Atención a Víctimas, instancia en la que están las acciones y los programas que deben ser considerados para el reconocimiento del afectado y el cual será operado por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

De promulgarse esta ley -la cual pasó a la Cámara de Diputados para su discusión-, el "reconocimiento de la calidad de víctima" la harán las siguientes autoridades: jueces penales, de paz, de amparo, civil o familiar que tengan los elementos para acreditar que el sujeto es víctima. Los órganos jurisdiccionales internacionales de protección de derechos humanos a los que México reconozca y la Comisión Ejecutiva también podrán tener esta competencia.

Los delitos y daños físicos que se tomarán en cuenta son: lesiones graves y delitos contra la libertad sicosexual, violencia familiar, trata de personas, secuestro, privación de la libertad y todos aquellos que impidan a la víctima por la naturaleza del daño atender adecuadamente la defensa de sus derechos y ayer los senadores incluyeron tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, así como la desaparición.

Según el texto aprobado, la víctima -con este reconocimiento- podrá acceder a los recursos del fondo creado en esta ley, así como a la reparación integral de daño y el Sistema Nacional de Atención a Víctimas garantizará los servicios de ayuda, atención, asistencia, acceso a la justicia, a la verdad e incluye la reparación integral de los extranjeros que hayan sido víctimas en el país.

Los senadores también agregaron la figura de “víctimas indirectas y potenciales”. En el primer caso se reconocerá a los familiares o aquellas personas que estén a cargo de la víctima directa o que tengan una relación inmediata y las potenciales serán las personas cuya integridad física peligren por prestar asistencia a una víctima.

Respecto a la atención médica, se anexó un párrafo para que los estados, el Distrito Federal o los municipios reembolsen de manera completa e inmediata el gasto que haya hecho la víctima cuando la institución médica a la que acude o es enviada no cuente con material médico quirúrgico, incluidas prótesis y demás instrumentos, así como medicamentos.

Las medidas de reparación de la víctima incluirán la devolución de todos los bienes o valores de su propiedad que hayan sido incautados o recuperados por las autoridades y si esto no fuese posible, el pago de su valor actualizado.

La bancada del PAN avaló el dictamen en lo general y trató de hacer seis cambios en lo particular, pero se impuso la mayoría. Los panistas criticaron al PRI por la premura con la que procesó con el PRD estos cambios.

Sicilia acusa a Peña Nieto de hipocresía en la aplicación de la Ley de Víctimas

El activista mexicano equipara al actual presidente con su predecesor, Calderón, por no dotar de fondos a la norma en el presupuesto de 2014, lo que impide su aplicación

EVA SAIZ Washington 14 NOV 2013 - 18:47 CET


Durante su primer discurso como presidente de México, Enrique Peña Nieto pidió a la Consejería Jurídica de la Presidencia que desistiera de la controversia sobre la Ley General de Víctimas que había sido vetada por su predecesor, Felipe Calderón, por considerarla inconstitucional. La norma, que busca resarcir los derechos de las miles de víctimas de la guerra contra la droga que se recrudeció durante el sexenio de Calderón, entró en vigor en enero de este año pero la falta de dotación económica prevista en el plan de presupuesto federal de 2014, hace imposible su efectiva aplicación. El poeta y activista Javier Sicilia, uno de los promotores de esa legislación, denunció este miércoles en Washington, el desamparo en el que continúan las víctimas y la hipocresía del actual mandatario mexicano que sigue sin atenderlas.

“El Gobierno de Peña Nieto asumió la responsabilidad hacia las víctimas que no tuvo Calderón y promulgó la ley, pero no ha hecho nada en la práctica. Peña Nieto ha adoptado la misma hipocresía que su antecesor y ha demostrado que tampoco le importan las víctimas”, se lamentó Sicilia. “Al ignorar a las víctimas, el presidente también está ignorando la violencia”, puntualizó.

El poeta, que en 2011 fundó el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad tras el asesinato de su hijo, se quejó de la falta de promoción de la Ley de Víctimas durante la presentación del documental A Whisper of Solace, que narra la gestación de esta legislación gracias a la presión de movimientos ciudadanos como Alto al Secuestro, México SOS o el encabezado por Sicilia. La película, dirigida por Stephania Sferra, una estudiante mexicana de la universidad de Georgetown, analiza a través de entrevistas con líderes de asociaciones de víctimas como Miranda de Wallace, Alejandro Martí y el propio Sicilia, abogados especialistas en derechos humanos y uno de los redactores de la ley, Julio Hernández Barros, la movilización ciudadana en protesta por la impunidad ante la inmensa ola de violencia que asoló México durante la guerra contra las drogas, que se cobró 60.000 vidas inocentes, y los potenciales beneficios que la nueva norma puede aportar a las víctimas.

El artículo 132 de la Ley de Víctimas impone la obligación al Estado de asignar el 0,014% del presupuesto federal sólo al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral que contempla la norma. Sicilia explica que desde el Gobierno le han señalado que este año no se ha destinado aportación alguna porque cuando se estaban preparando las cuentas para 2014 aún no se había constituido la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y no sabían con exactitud el “tamaño de la dotación”. “Entiendo su argumentación, pero deberían haber dotado a la ley con un mínimo, porque sí saben de qué tamaño es la tragedia”, señaló el activista a EL PAÍS.

Sicilia espera que las denuncias que los activistas y asociaciones de víctimas están realizando sea suficiente para que los “senadores y diputados presionen al Gobierno para que doten a la ley de al menos una parte de los recursos que necesita para poder empezar a aplicarla”. Esta misma semana varias personalidades y los movimientos ciudadanos que promovieron la redacción de la ley emitieron un comunicado en el que solicitaban que se contemple en el presupuesto de 2014 los recursos suficientes para la efectiva ejecución de la disposición. “Las víctimas no pueden esperar más. La negación de recursos convertirá la ley en un mecanismo ilusorio para el acceso real de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, señala el documento.

Para Sicilia, sin embargo, el problema va mucho más allá de asegurar la reparación de las víctimas de la guerra contra las drogas. El activista defiende la necesidad de regular las drogas y de apoyar los esfuerzos del presidente de EE UU, Barack Obama, a favor de un mayor control de las armas de fuego. “Peña Nieto debería implicarse en la iniciativa que está impulsando Obama, ésa debería ser una prioridad de su agenda bilateral. Debería abrir la discusión y explicar por qué a México le interesa que se ponga coto a la venta de armas en EE UU. Y en esa agenda también sería necesario discutir la regulación de las drogas y la política de lavado de dinero”, señala el escritor.

El activista alberga esperanzas de que, finalmente, el presupuesto de 2014 destine una asignación para financiar la Ley de Víctimas, pero desconfía del sistema de protección de derechos humanos de su país. “Las Comisiones de Derechos Humanos que hay en cada Estado son un desastre, están sometidas a sus respectivos Gobiernos. La Ley de Víctimas deberían haberla impulsado estas comisiones, pero las violaciones de los derechos humanos las visibilizamos las víctimas. Nosotros caminamos y marchamos sin un centavo, ellos, que tienen un presupuesto de miles de dólares, no hacen nada, somos nosotros los que estamos mostrando el dolor”.