¿Luz al final del túnel?

¿Luz al final del túnel?

4 de julio de 2011- La captura de El Chango marcó un parteaguas en la lucha contra el narcotráfico: fue el primer gran golpe de la justicia mexicana
Redacción

2013-01-07 01:13:00

La captura de El Chango marcó un parteaguas en la lucha contra el narcotráfico fue el primer gran golpe de la justicia mexicana.

Aunque larga y dolorosa, batalla contra el crimen organizado comienza a rendir frutos; el desmantelamiento del segundo cártel en el sexenio, es una muestra adiós a la familia michoacana

El cártel de La Familia Michoacana ya fue desmantelado. Con la captura de José de Jesús Méndez Vargas, El Chango, realizada por la policía federal la tarde del 21 de junio, uno de los cárteles más importantes de México recibió un golpe mortal.

La Familia Michoacana fue sin duda, hasta antes de su división, uno de los cárteles más influyentes y peligrosos; es también el segundo cartel en ser desmantelado en su totalidad desde que inició la guerra contra el narcotráfico, esa que marcará para siempre la administración del presidente Felipe Calderón.

La desarticulación de La Familia Michoacana y del cártel de Los Beltrán Leyva, la captura de los cabecillas del cártel de Tijuana, la inminente escisión entre La Línea y El cártel de Juárez, el actual enfrentamiento entre Zetas y cártel del Golfo y una serie de bajas sensibles en el cártel del Pacífico, auguran un cambio en la geopolítica del narcotráfico en México.

Después de cuatro años de un intenso desgaste, la crisis de organización y estructura por la que atraviesan las organizaciones del crimen organizado, podría revelar una tenue luz al final del túnel con las primeras señales de victoria en esta mal llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Es cierto que el crimen organizado es un fenómeno multidimensional en el que el narcotráfico juega un papel muy importante; difícilmente ambos fenómenos podrán extinguirse, pero también está claro que la ofensiva emprendida por el Estado mexicano, ha mermado la capacidad de los grupos criminales.

La guerra entre cárteles o Turf War — término que es más adecuado para referirnos a lo que está pasando en México— ha debilitado las capacidades de los grupos criminales para quienes la violencia es en realidad un mal negocio.

Conforme van perdiendo su capacidad de influencia los carteles aumentan su grado barbarie: la violencia extrema es en realidad una muestra de debilidad.

El Estado tiene recursos ilimitados e instituciones que permiten que su ofensiva sea permanente; por su parte, los criminales tienen que recurrir a otros métodos para poder financiar no sólo su operación de distribución de drogas, sino también un aparato coercitivo que les permita tener dos frentes abiertos al mismo tiempo: contra el Estado y contra sus rivales criminales.

Tener funcionando al mismo tiempo una red de distribución de drogas y un aparato coercitivo que permita garantizar la “seguridad” en las transacciones ilegales, es en realidad un ejercicio muy complejo.

Si las circunstancias políticas lo permiten, la ofensiva del Estado logrará, no eliminar al cien por ciento al crimen organizado, pero si disminuir su capacidad de influencia. Si se logra mermar este predominio, México podrá abordar el tema del crimen organizado como un asunto de seguridad pública y no de seguridad nacional.

Entre proteo y la hidra

Las circunstancias propias del tráfico de drogas ilegales obligan a transformar el negocio rápidamente. En el caso de México y la reciente ofensiva emprendida por el Estado, los grupos del crimen organizado tomaron diferentes aristas que les permitieron adaptarse rápidamente a sus nuevas circunstancias, son pues una especie de Proteos modernos.

Los Zetas, por ejemplo, en sólo cinco años lograron pasar a ser de un grupo de mercenarios que cuidaban a Osiel Cárdenas, a convertirse en administradores de otros negocios ilegales como el robo de combustible, el tráfico de personas y la piratería; el cártel de Juárez, por su parte, pasó de ser un mero contrabandista de drogas, a liderar una red de distribución de drogas y una agencia de colocación de las pandillas estadunidenses quienes aportan sicarios y contactos en suelo norteamericano.

Sin embargo, fue la Familia Michoacana la que logró la transformación más asombrosa al pasar a ser un grupo de choque enviado a tomar territorio, a convertirse en un poderosísimo sindicato político-religioso y criminal que infiltró también la política y la organización social de las comunidades.

La eliminación del cártel de La Familia era pues, para el Estado, un asunto de seguridad nacional.

Al contrario de sus similares del Pacífico o del Golfo, cuyo interés es meramente económico, el cártel de La Familia Michoacana se caracterizó por un profundo activismo político y social.

Podían estar al mismo tiempo reclutando sicarios que patrocinando cursos de rehabilitación contra las drogas; financiaban marchas a favor de los Derechos Humanos mientras instalaba retenes a la entrada de las poblaciones que controlaban. Patrocinaron campañas electorales, ferias de pueblo y pagaron la publicación de desplegados en periódicos. Fue un grupo delictivo de nueva generación.

La Familia Michoacana fue el primer cártel del narcotráfico en adoptar públicamente una doctrina ideológica en su modo de actuar. La base de esta doctrina estaba contenida en un documento que fue escrito por Nazario Moreno; 70 mil copias fueron distribuidas por todo Michoacán.

El libro escrito bajo el seudónimo de El Más Loco, contenía una extraña mezcla de conceptos seudo religiosos con literatura de superación.

Aunque muy elementales, este cartel del narcotráfico fue el primero en sembrar bases ideológicas sólidas entre sus filas.

Esta filosofía era inculcada entre sus sicarios en centros de rehabilitación de drogadictos y entre la población en general con cursos de autoayuda que aprovechaban cualquier ocasión para ser promovidos, especialmente entre los más jóvenes. Irónicamente una de las cosas que pedía la familia a sus integrantes era que evitaran a toda costa el consumo del producto que ellos mismos vendían: el cristal La Familia, al contrario de las otras organizaciones del crimen estructurado, recurrió a la violencia solamente cuando era necesario, pero lo hacía acompañado de una fuerte ofensiva informativa. Este cártel fue el primero en aprovechar a su favor el poder mediático que tenía el decapitar a un rival y dejar junto a la cabeza a un mensaje.

Los fundadores del cártel comprendieron rápidamente que la mejor herramienta que tenían a su favor era el miedo y que la mayor presión que podían sufrir las autoridades era a través de los medios de comunicación.

Basta un ejemplo: cuando uno de los cerebros financieros de la organización, Rafael Cedeño fue detenido en abril de 2009 por las autoridades federales, se supo que el narcotraficante también era observador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Al realizar trabajo de investigación se obtuvieron testimonios y fotografías que ubicaron a Cedeño como el patrocinador de marchas donde pedía la salida del ejército de Michoacán. Gracias tácticas como éstas en sólo cuatro años, la familia pasó de ser un grupo de sicarios a conformarse en una organización paramilitar sin precedentes en México.

La familia extendió sus tentáculos también en la política. Servando Gómez La Tuta, fue uno de los patrocinadores de la campaña del narco diputado Miguel Ángel Godoy; muchos ediles de Michoacán recibieron también patrocinios en eventos de carácter popular por las organizaciones que eran financiadas por La Familia.

Sobra recordar que Miguel Ángel Godoy pudo tomar posesión como legislador con la complicidad de sus compañeros de partido a quienes poco les importaron las acusaciones que obraban en contra del diputado federal. La influencia de este cártel del narcotráfico se hizo sentir en las puertas del Congreso.

Sin embargo, tras la muerte de uno de sus fundadores, Nazario Moreno, mejor conocido como El Chayo o El Más Loco, el cartel de La Familia sufrió la división que contribuyó para su derrota definitiva.

Dos grupos intentaron pelear la supremacía en Michoacán. Por un lado estaba el grupo original que quedó en poder de Jesús Méndez, El Chango y de Dionisio Loya Plancarte, El Tío. Esta parte del cartel intentó pactar una alianza con Los Zetas.

Por el otro quedó la escisión conocida como Caballeros Templarios, encabezados por Servando Gómez, La Tuta y Enrique Plancarte El Kike o La Chiva. Este grupo decidió respetar el pacto que se había establecido con el cártel de Sinaloa.

Esta división y enfrentamiento sumió a Michoacán en la violencia durante el mes de junio. Más allá de una lucha por el control de una organización, lo que se vivió en el estado fue en realidad la pugna entre los dos grupos dominantes del narcotráfico en México: Los Zetas y el cártel de Sinaloa o del Pacífico.

La dicotomía Zetas-Pacífico está modificando el mapa criminal en nuestro país y nos recuerda, también, una historia que ya se vivió en el mundo del narcotráfico: la del enfrentamiento entre los cárteles de Cali y de Medellín, un choque de trenes que culminó con las desaparición de ambos grupos criminales.

Divide y vencerás

Existe la percepción generalizada de que todo narcotraficante se hace rico. Esto no es verdad. El narcotráfico en México es en realidad un negocio controlado por unas pocas familias quienes son las únicas que se ven beneficiadas por una verdadera utilidad económica. Es un hecho que el gran dinero generado por el crimen va a parar sólo a unas cuantas manos.

La guerra al interior de los cárteles se da cuando se disputa el control del negocio con la violencia. Como toda actividad ilegal, los narcotraficantes no pueden recurrir al aparato formal para dirimir diferencias; es por eso que cuando un cargamento se pierde, un narcomenudista no paga, la mercancía que se compra no tiene la calidad acordada o se presentan diferencias por el control de un territorio con un mercado, se recurre a la violencia.

Para lograr imponerse en el negocio los administradores de cualquier cártel tienen que recurrir a insumos: armas, vehículos, casas de seguridad y principalmente “recursos humanos”, es decir, gatilleros o sicarios, por lo que se ven en la necesidad de formar y patrocinar los llamados “brazos armados”, o lo mismo, que los administradores de los cárteles se ven en la necesidad de delegar el control de la violencia a un tercero.

Cuando algunos de esos sicarios o lugartenientes entienden la complejidad del negocio y sienten que no se ven beneficiados económicamente de acuerdo a sus expectativas, se rebelan contra sus antiguos patrones. Es por eso que el narcotráfico depende necesariamente de los liderazgos carismáticos y no necesariamente cuando muere un capo, otro ocupa su lugar.

El narco es un negocio complejo, que no se limita a vender drogas y matar personas.

Es una actividad criminal que exige un grado de operación, administración y funcionamiento similar al de cualquier empresa transacional.

Basta poner como ejemplo el caso de la mariguana, la droga “más sencilla en ser producida”.

Para que un narcotraficante pueda gozar de sus ganancias por la venta de cannabis, son necesarios por lo menos once procesos que tienen que ser constantemente monitoreados.

Así, una organización criminal tiene que estar al pendiente de la siembra, cosecha, selección y secado, empacado, almacenaje, traslado, distribución, tráfico, comercialización, lavado de dinero y toma de utilidades para poder percibir las ganancias de la venta de mariguana. La producción y comercialización de productos como la cocaína, heroína o metanfetaminas exigen mayor sofisticación criminal

Es por eso que cada vez que cae un líder, las organizaciones criminales pierden en realidad a un presidente corporativo cuya sustitución se vuelve realmente complicada.

La guerra entre cárteles que vivió Colombia en la década de los 80 y 90 nos deja en claro que la violencia no es un buen negocio; los grupos criminales que se administran de manera inteligente recurrirán a ella como último recurso por los altos costos que significa.

La confrontación directa entre los dos principales grupos del narcotráfico colombiano, el cártel de Cali y el cártel de Medellín, fue violenta, pero sobre todo fue costosa en términos reales.

Al recurrir ellos a herramientas que difícilmente el gobierno podría utilizar, terminan devorándose a sí mismos.

En Colombia, el Estado aprovechó estas circunstancias para recoger los restos dejados tras la batalla.

Ya lo dijo Julio César, uno de los mejores estrategas en la historia de la humanidad.

Divide et vicens (Divide y vencerás). Al final de esta batalla —que sumada al conflicto con la guerrilla acumuló 40 mil muertos en una década—, los cárteles colombianos cedieron, por un lado, su espacio ganado en la parte de control de territorio y producción de droga a la guerrilla de las FARC y a los paramilitares; por el otro tuvieron que dejar la distribución y comercialización de la droga en manos de los cárteles mexicanos, quienes ahora son los que determinan las condiciones en el negocio.

La claudicación de los grupos sudamericanos permitió transformar la violenta realidad colombiana de los carros bomba, el derribo de aviones comerciales y los atentados contra candidatos y fiscales para dar paso a un narcotráfico dedicado a un mero trabajo de aprovisionamiento e intermediación comercial.

El desgaste de la batalla intestina entre cárteles y la colaboración de los gobiernos estadunidense y colombiano permitieron cerrar la ruta de Miami; también los incentivos del narcotráfico fueron encarecidos.

Una menor ganancia económica y la sombra de la extradición, sumado a un alto costo operativo de supervisar el envío y entrega de droga hasta Estados Unidos permitió a Colombia su primer respiro después de muchos años de violencia.

Los grandes señores de la droga decidieron retirarse y ceder algo de utilidades a cambio de su tranquilidad.

Sin embargo para México, esto significó el inicio de una violenta realidad.

El cáncer hacia centroamérica

Con las rutas del Golfo y el Pacífico mexicano en manos de cárteles locales, y la liberación de las rutas de provisión con orígenes en Panamá y Colombia la pelea por el control del negocio era inminente. Ante este escenario se centró en una de las batallas entre organizaciones más sangrientas de las que se tenga memoria y que en nuestro país se conoce como “Guerra contra el narcotráfico”.

Si bien es cierto que la decisión del Estado mexicano fue lo que detonó estos enfrentamientos, también lo es que la mayoría de las bajas han sido causadas por ajustes internos en las organizaciones criminales y que estas muertes tienen un alto costo en términos operativos y económicos.

Es verdad que en la actualidad el fenómeno de la violencia está alcanzado cada vez a más ciudades, pero también lo es que plazas como Tijuana o Guadalajara fueron arrebatadas del control criminal. Lo importante es impedir que esta influencia siga creciendo y cerrarle el paso ya en puntos neurálgicos como Nuevo León y el Estado de México.

El crimen organizado siempre tenderá a maximizar sus utilidades y disminuir sus costos, es por eso que ahora que los cárteles mexicanos reciben el embate del Estado, optaron por voltear a Centroamérica con miras a obtener el control de rutas de tráfico de drogas menos disputadas a Europa vía el Caribe, África y Sudamérica.

Así, ahora percibimos nerviosismo en naciones como Guatemala, Honduras y El Salvador, quienes han visto cómo el poder del narcotráfico empieza a sentar sus reales en su territorio. Si México, que es la decimoprimer economía del mundo, tiene problemas para solventar este problema, el poder del crimen organizado está haciendo de Centroamérica su nueva base de operaciones.

Sin embargo, el narcotráfico tiene a su favor una rápida capacidad de adaptación y respuesta que se aprovecha también de una debilidad estructural de las instituciones latinoamericanas.

En el caso de México, cuando un sistema obedece a intereses políticos más que generales —basta un ejemplo: reformas tan importantes como a la Ley de Seguridad Nacional o la de Extinción de dominio se encuentran detenidas en la Cámara de Diputados esperando mejores tiempos electorales— su capacidad de respuesta estará limitada por el calendario electoral.

Por eso es importante que el debate en nuestro país vaya más allá de solicitar o no un cambio de estrategia en la lucha contra el narcotráfico.

La visión en la que se pretende que a los sicarios que mutilan, asesinan y descuartizan se les rehabilite con “educación y oportunidades” es políticamente correcta, pero evidentemente inviable en estos momentos de urgencia.

Cuando se logre hacer entender a la población en general que éste es un problema a largo plazo, en el que no hay fórmulas mágicas ni políticamente correctas, se habrá dado el primer paso importante para poder terminar con el dominio moral que tiene el crimen organizado sobre la sociedad.