Gobierno de Peña borra a Províctima; implementarán nuevo sistema

Falta de autonomía, lastre de Províctima, advierte experto.

La nueva ley podría no inspirar confianza: Santiago Corcuera

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 8 de septiembre de 2012, p. 13

Aun cuando el nuevo proyecto de Ley General de Víctimas enviado por el presidente Felipe Calderón tiene algunas mejoras técnicas con respecto a la legislación anterior, estos avances no servirán de nada si los únicos encargados de instrumentar la norma son funcionarios gubernamentales, pues su falta de independencia con respecto al Poder Ejecutivo podría significar un obstáculo en la reparación del daño a las víctimas y en su acceso a la justicia.

Así lo advirtió el abogado Santiago Corcuera, ex integrante del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en el contexto de una mesa de discusión organizada ayer en la Escuela Libre de Derecho con la participación de diversos especialistas, académicos e integrantes de organizaciones sociales.

"Me gusta la nueva ley de Calderón. No la he estudiado muy a fondo, pero estoy seguro de que si pone en el centro a una institución como la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), donde la mayoría de los integrantes del órgano decisorio están relacionados con el gobierno, esa ley no va a funcionar, por muy bien que esté en sus disposiciones sustantivas", advirtió Corcuera al término del foro.

La falta de autonomía de Províctima, insistió, puede ser un lastre que anule las mejoras técnicas del documento enviado por el titular del Poder Ejecutivo. “Si el órgano encargado de su ejecución tiene vínculos con el gobierno –insistió–, esa ley no le va a inspirar confianza a las víctimas, que son los beneficiarios de ella, y no van a acudir a buscar protección ni reparación del daño”.

Con respecto al análisis jurídico de la anterior ley, Corcuera enfatizó que la Suprema Corte no está juzgando sus "bondades", sino únicamente el hecho de si el Presidente envió sus observaciones a tiempo.

Ricardo Sepúlveda Iguíniz, del Centro Jurídico para los Derechos Humanos –una de las organizaciones participantes en la mesa de discusión–, valoró positivamente algunos aspectos de la iniciativa de Calderón, pero coincidió en que si ésta es aplicada por funcionarios gubernamentales, su efectividad estaría en entredicho.

"Sí hay motivos para preocuparse, porque efectivamente, si se trata de un órgano de carácter nacional que va a tener la competencia integral en materia de víctimas, y conocerá de violaciones a derechos humanos, debe cumplir con los requerimientos internacionales de órganos de protección" de garantías individuales, entre ellas un amplio margen de independencia frente al gobierno, explicó en entrevista con La Jornada.

"Lo que busca la nueva ley es definir conceptos y competencias, y aclarar también su fundamento constitucional. [...] Hay que hacer un análisis más técnico del tema, pero sin perder de vista el objetivo final, que es priorizar la atención de la gente. Hoy por hoy, deberíamos tener una ley de víctimas, y no la tenemos", lamentó.

Gobierno de Peña borra a Províctima; implementarán nuevo sistema

MARCELA TURATI
9 DE DICIEMBRE DE 2012 · 1 COMENTARIO
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En el proyecto del Presupuesto de Egresos 2013, con el que se estrena Enrique Peña Nieto, no está contemplada la continuación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), la instancia que Felipe Calderón creó como respuesta a los reclamos de las víctimas de la violencia durante su sexenio, la que nunca contó con presupuesto ni personal propio para operar.

En el proyecto presentado por la Secretaría de Hacienda el viernes por la noche están contempladas dos partidas directas para la “Atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto”, con 211 millones 700 mil pesos y para “Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas”, 233 millones 707 mil 890 pesos.

Llama la atención que están enlistadas en el presupuesto de Hacienda bajo el rubro de “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” que cuenta con 373 millones de pesos.

Estas referencias apuntan a que el gobierno peñista aprobará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas considerado en la Ley General de Víctimas, que fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, aprobada unánimemente por el Poder Legislativo pero vetada por Felipe Calderón.

Una de las primeras promesas y acciones de gobierno del priista fue desistirse de la controversia constitucional que la tenía empantanada.

La ley vetada no consideraba la continuación de Províctima. En el último trimestre del sexenio, Calderón declaró varias veces que la Procuraduría debería seguir e, incluso, equiparó su función con la de “El buen samaritano”, de la Biblia.

En el proyecto de presupuesto se pretenden etiquetar 119 millones de la PGR para “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, además del presupuesto que se destinará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ese fin.

El Movimiento por la Paz sostuvo durante el periodo de transición diversos encuentros con Claudia Ruiz Massieu, quien entonces era la encargada de derechos humanos, para analizar la aprobación de la Ley General de Víctimas, que el equipo jurídico de Presidencia vetó por razones jurídicas, cuestiones monetarias (pues consideraba que el Estado y no los delincuentes deberían indemnizar a las víctimas) y por considerar que excluía a estados y municipios de la responsabilidad de atender a los ofendidos de delitos.

Los encuentros han continuado. Una persona consultada por Proceso y que está al tanto de los encuentros con el nuevo gobierno señala que el presupuesto de atención a víctimas está “salpicado” en distintas secretarías, entre ellas la de Educación y de Salud, que contarán con recursos para que los familiares de las víctimas de delitos de alto impacto puedan continuar sus estudios y tengan acceso a la salud.

Explicó que en la ley que entraría en vigor este sexenio se modificó la “compensación subsidiaria” que implica que el Estado indemnice a las víctimas, que antes contemplaba todo tipo de delitos. La nueva ley sólo tomará en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos graves ligados únicamente a “la libertad” y “la vida”, como son las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada o la trata de personas.

Hasta el momento se pretende que los bienes decomisados a la delincuencia organizada se destinen a reparar los daños a las víctimas de la violencia.

Gobierno de EPN conserva a Províctima y le asigna presupuesto

MARCELA TURATI
9 DE DICIEMBRE DE 2012 · SIN COMENTARIOS
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- En el proyecto de Presupuesto de Egresos 2013, el gobierno de Enrique Peña Nieto sí contempla la continuación de la Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima), la instancia creada por Felipe Calderón como respuesta a los reclamos de las víctimas de la violencia durante su sexenio, la cual nunca contó con presupuesto ni personal propio para operar.

En el tomo 6 del proyecto existe un apartado etiquetado para Províctima de 448.9 millones de pesos, de los cuales 214 millones son para salarios del personal, 231 millones para gastos de operación y 2 millones para gastos corrientes.

Sin embargo, algunos integrantes del Movimiento por la Paz que desde la transición de poderes cabildearon con el gobierno peñista la creación de un sistema nacional, aseguran que Províctima será paulatinamente desmantelada y los recursos pasarán al Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto contempla destinar para las víctimas de la violencia otras dos partidas directas a la “Atención integral a víctimas y ofendidos de delitos de alto impacto”, con 211 millones 700 mil pesos y para “Atención integral a familiares de personas desaparecidas o no localizadas” con 233 millones 707 mil 890 pesos, las cuales aparecen en Hacienda y que crearían el Sistema Nacional de Atención a Víctimas.

Las referencias apuntan a que el gobierno peñista aprobará el Sistema Nacional de Atención a Víctimas, considerado en la Ley General de Víctimas que fue impulsada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, avalada unánimemente en abril por el Poder Legislativo pero vetada por Felipe Calderón.

Una de las primeras promesas y acciones del gobierno del priista fue desistirse de la controversia constitucional que la tenía empantanada.

La ley vetada no consideraba la continuación de Províctima. En el último trimestre de su sexenio, Calderón declaró varias veces que la Procuraduría debería seguir e, incluso, equiparó su función con la de “El Buen Samaritano”, el personaje del Evangelio que curó y cuidó a un desconocido gravemente herido tras un ataque.

En el proyecto de presupuesto se pretende etiquetar 119 millones de la PGR para “Promoción del respeto a los derechos humanos y atención a víctimas del delito”, además del presupuesto que se destinará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para ese fin.

Durante el periodo de transición, integrantes del Movimiento por la Paz sostuvieron diversos encuentros con Claudia Ruiz Massieu, quien entonces era la encargada de derechos humanos, para analizar la aprobación de la Ley General de Víctimas, que el equipo jurídico de la Presidencia vetó por razones jurídicas, cuestiones monetarias (pues señalaba que el Estado y no los delincuentes deberían indemnizar a las víctimas) y por considerar que excluía a estados y municipios de la responsabilidad de atender a los ofendidos de delitos.

Los encuentros han continuado. Una persona consultada por Proceso y que está al tanto de los encuentros con el nuevo gobierno señala que el presupuesto de atención a víctimas está “salpicado” en distintas secretarías, entre ellas la de Educación y de Salud, que contarán con recursos para que los familiares de las víctimas de delitos de alto impacto puedan continuar sus estudios y tengan acceso a la salud.

Explicó que en la ley que entraría en vigor este sexenio se modificó la “compensación subsidiaria”, que implica que el Estado indemnice a las víctimas, que antes contemplaba todo tipo de delitos. La nueva ley sólo tomará en cuenta a las víctimas de violaciones de derechos humanos y de delitos graves ligados únicamente a “la libertad” y “la vida”, como son las ejecuciones extrajudiciales, los homicidios, los secuestros, la desaparición forzada o la trata de personas.

“El presupuesto destinado a Províctima se pasaría al sistema”, dijo.

Hasta el momento se contempla que los bienes decomisados a la delincuencia organizada se destinen para reparar los daños a las víctimas de la violencia.

Llama la atención que el dinero para atención a víctimas está enlistado junto al rubro de “Administración y enajenación de los activos referidos en la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público” que cuenta con 373 millones de pesos.

De mil denuncias en 2012, Províctima resolvió sólo 80

la procuradora de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías Guerra, explicó que de las personas que han logrado encontrar, la mayoría son adolescente
MÓNICA HERNÁNDEZ
diciembre 27, 2012 1:15 am

En un año, Províctima ha recibido mil denuncias para la localización de personas, de las cuales ha logrado encontrar a 80, tanto vivas como muertas, la mayoría de ellas adolescentes.

Hasta ahora, de las 8 mil asesorías que han brindado, la mayor parte de ellas corresponden a asuntos de violencia intrafamiliar, dijo la procuradora de Atención a Víctimas del Delito, Sara Irene Herrerías Guerra.

Sobre estos casos, la funcionaria federal dijo que aún no logran pasar este tipo de asuntos a las procuradurías locales, que son las que tienen competencia, y que en primera instancia la procuraduría a su cargo auxilia en asesoría sicológica, porque está obligada a dar atención, a quienes llaman.

Con relación a los casos de desaparecidos, anotó que a Províctima sólo le toca conocer de los casos que llegan directamente a solicitar ayuda para localizar a esas personas, pero los datos sobre la cifra total de desaparecidos debe darla el Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Herrerías Guerra explicó que de las 80 personas que han logrado localizar, muchas de ellas son adolescentes, que no “necesariamente se fueron por su voluntad, sino que fueron obligadas”, pero han logrado encontrarlas.

En otros casos encuentran muertas a las personas que son buscadas por sus familiares, gracias a los estudios de ADN y a la información que logran intercambiar con los servicios médicos forenses. En algunos casos los desaparecidos habían sido enterrados en fosas clandestinas, indicó.

Con relación a la controversia sobre la Ley de Víctimas, argumentó que es mejor contar con una ley que defina con claridad cómo va a operar el fondo para las víctimas, y no tener un marco legal que no atienda de fondo esta situación.

Províctima oficializa su manual de organización general

Dennis A. García | Nacional
2013-01-03 | Hora de creación: 23:00:46 | Ultima modificación: 23:00:46

Sara Irene Herrerías, titular de Províctima.

La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos, a cargo de Sara Irene Herrerías, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) su manual de organización general.

De acuerdo con el documento, la función de Províctima es atender a las víctimas de delitos y familiares, brindarles asistencia médica, psicológica y asesoría jurídica.

Para ello, está la subprocuraduría de atención a víctimas u ofendidos de delitos, la cual brindará atención médica, psicológica, jurídica y de trabajo social a víctimas y ofendidos de delitos, así como de los familiares de personas desaparecidas o no localizadas.

Una dirección general de contacto, participación ciudadana y registro de víctimas; además de una subprocuraduría de personas desaparecidas o no localizadas.

Dicha subprocuraduría estará en constante contacto con Servicios Médicos Forenses, centros de readaptación social, con procuradurías, con el sector salud y Locatel.

Cabe recordar que ante la demanda de la sociedad civil, mediante el decreto presidencial, Províctima fue creada en septiembre de 2011 para atender a miles de víctimas y familiares, además del sector de personas desaparecidas.

También destaca el área jurídica y de asuntos procesales, que mediante la subprocuraduría Províctima brindará asesoría jurídica y acompañará en todo momento a la víctima para la aportación de elementos que lleven al financiamiento de responsabilidad penal al victimario.

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señalan que en los últimos seis años, por lo menos se tiene un registro de 2 mil casos de desapariciones, 24 mil personas no saben su paradero y 46 mil murieron por la lucha contra el crimen organizado.