Protestas del 1° de Diciembre. 24 heridos, mas de 100 detenidos

Las voces de repudio a EPN: “No somos guerrilleros pero pronto lo seremos”
SANTIAGO IGARTUA Y JUAN CARLOS CRUZ VARGAS
2 DE DICIEMBRE DE 2012 · 13 COMENTARIOS
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Enfrentamientos afuera de la Cámara de Diputados, este sábado.
Foto: Alejandro Saldívar.
Fueron muchas las voces que se oyeron en las calles de varias ciudades mexicanas el sábado 1. Voces que repudiaron al gobierno entrante, al del priista Enrique Peña Nieto; voces que llamaban a la cordura pero también voces que clamaban por el enfrentamiento. “No somos guerrilleros pero pronto lo seremos”, fue una de las muchas consignas que se escucharon antes de que la policía arremetiera contra quienes protestaban. Hubo otra voz que se alzó desde el Ángel para pedir la primera renuncia del gabinete. Hubo muchas voces: la administración entrante debería escucharlas.


MÉXICO, D.F. (Proceso).- A las 4:30 de la madrugada del sábado 1, cerca de 300 jóvenes salieron del Monumento a la Revolución rumbo a San Lázaro. Cubiertos los rostros con capuchas y paliacates dijeron ser estudiantes del movimiento #YoSoy132.

Su intención: formar un cerco humano contra las vallas detrás de las que se recluyó el nuevo gobierno y desde donde pudieran repudiar a Enrique Peña Nieto, presidente entrante.

Antes del amanecer ya los esperaban decenas de sus compañeros que pasaron la noche en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. Para las 5:30 ya eran más de 500, adheridos integrantes de organizaciones como el Frente Popular Francisco Villa y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, entre otras.

Con los pasos crecía la excitación. “No somos guerrilleros pero pronto lo seremos”, coreaban. Con los primeros rayos del día se descubrieron armados con piedras, tablones, fierros y su cuerpo.

Apenas toparon la muralla que erigió el Estado Mayor Presidencial, custodiada por la Policía Federal (PF), los manifestantes embistieron las vallas metálicas de tres metros de altura y por encima de ellas lanzaron bombas caseras, desencadenando el primer enfrentamiento contra los granaderos, parte de un operativo de cinco mil efectivos.

Se desató la batalla entre jóvenes y uniformados. Aquellos lanzaban petardos, piedras, botellas y cuando derribaban una valla, patadas. La PF también apedreó a los jóvenes, los cubrió de gases lacrimógenos, disparó balas de goma, desde tanques antimotines los golpeó con chorros de agua y en el choque frontal, resguardados con escudos, arremetió con toletazos.

Los indignados secuestraron un camión de carga que dejaron en marcha hasta que se estrelló contra las vallas. Les contestaron con bombas lacrimógenas que los replegaron varios minutos.

A las 7:30 era la cita para el contingente estudiantil de #YoSoy132 en las estaciones Isabel la Católica y Moctezuma del Metro. Reunidos en la calle Ignacio Zaragoza, por estandarte llevaban una manta blanca con la leyenda #MéxicoNoTienePresidente –la misma consigna se enarboló en protestas similares en la mayoría de las capitales de los estados y choques entre manifestantes y uniformados tuvieron lugar en Guadalajara–.

Sabían de los enfrentamientos previos a su llegada; a la distancia se escuchaban detonaciones que cimbraban el pavimento. Se hicieron de paliacates y otras telas que bañaron con vinagre para soportar los gases que envolvían el ambiente. Algunos, los menos, buscaban la confrontación.

Cerca de la zona de conflicto fueron recibidos con bombas lacrimógenas. Una detrás de otra. Los jóvenes se cubrieron la boca y, entrelazados los brazos, avanzaron unidos hasta que el humo blanco los dispersó. Entre más avanzaban los jóvenes, más cerca de ellos arrojaban los explosivos que se identificaban como granadas de bola de caucho. “Modelo 9220, 1.4 explosivo, peligro”, se leía en cajas del otro lado de las vallas.

Algunos encapuchados iban armados con piedras y palos. La mayoría vestidos de negro con una “A” pintada en el pecho, pedían entrar en confrontación con los granaderos. “¡No mamen, no tengan miedo. Les están poniendo en la madre a nuestros compas allá adelante!”, decían miembros de un grupo de “anárquicos”, como los llamó #YoSoy132.

Otros dijeron identificarlos como grupos afines al PRD y otros como provocadores para “romper” el movimiento. La mayoría se manifestó por la no violencia y se detuvo a hacer un posicionamiento político antes de declarar que no había condiciones para continuar la protesta y marchar al centro de la ciudad.

De los choques en San Lázaro hubo siete personas intoxicadas y cinco heridos por las balas de goma que disparó la PF. Cuatro de ellos fueron atendidos por la Cruz Roja y llevados a su hospital en Polanco.

Juan Uriel Sandoval, de 22 años, herido en el ojo al grado de comprometer su visión permanentemente; Jorge Velásquez Villavicencio, de 17 años, herido en la pierna izquierda; José Jesús González Ortega, de 52 años, recibió el impacto en el rostro y Juan Francisco Quinquenal, de 67, sufrió un impacto que le perforó el cráneo dejando una lesión con masa encefálica expuesta. Al cierre de esta edición, su muerte era un rumor que iba y venía. El paradero de Carlos Yahir Valdivia, herido también en la contienda, era desconocido hasta el cierre de esta edición.

(Fragmento del reportaje principal que se publica en Proceso 1883, en circulación)

Disturbios en la capital fueron premeditados: Procuraduría del DF
LA REDACCIÓN
2 DE DICIEMBRE DE 2012 · 1 COMENTARIO
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MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Unas 500 personas se congregaron en las inmediaciones de la Agencia del Ministerio Público número 50 para expresar su inconformidad por la detención de sus familiares durante los disturbios de este sábado en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Además, aproximadamente 100 miembros del Consejo Estudiantil de Lucha de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) marcharon hacia dicha agencia en protesta por la agresión de policías a uno de sus compañeros en las inmediaciones de San Lázaro, lo que le provocó la pérdida de un ojo.

La marcha se llevó a cabo sin agresiones o daños a la infraestructura urbana.

Ante la situación, los granaderos reforzaron la vigilancia en el edificio, para evitar cualquier contingencia.

El procurador general del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, señaló por su parte que entre los detenidos por los desmanes en el Centro Histórico algunos forman parte de grupos anarquista –que no identificó– y otros del movimiento #YoSoy132.

El funcionario indicó que hubo premeditación, un plan específico, para cometer los actos violentos registrados ayer en la Ciudad de México.

Agregó que siete visitadores de la Comisión de Derechos Humanos del DF dan seguimiento al caso para garantizar que no de violen los derechos de los detenidos.

Rodríguez Almeida explicó que entre los detenidos está un ciudadano rumano y que mañana será determinada la situación jurídica de todos ellos.

Al respecto, el colectivo #YoSoy132 dio a conocer que este lunes marcharán del Ángel de la Independencia al Zócalo para exigir la liberación inmediata e incondicional de sus compañeros detenidos, a los que considera “presos políticos”.

En conferencia de prensa en el deportivo del SME, precisaron que la movilización se realizará a las 14:00 horas.

En la reunión, reiteraron que su movimiento es pacífico y consideraron que hubo un “dispositivo desmesurado de fuerzas policiacas” durante las protestas contra el ascenso al poder de Enrique Peña Nieto.

Anarquistas, con nexos en la guerrilla

Confesiones de los detenidos revelan que los disturbios se planearon desde hace 15 días, con grupos de choque de Chiapas, Oaxaca y el Estado de México ARTURO ÁNGEL
diciembre 3, 2012 1:10 am

El procurador General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, reconoció anoche que detenidos por los disturbios del sábado tienen nexos con la guerrilla. Sin embargo, apuntó que las investigaciones se centran en los destrozos causados.

“Si es en efecto que alguien tiene nexos con un grupo de ese tipo, no lo vamos a consignar por ello, sino por los destrozos que hicieron”, dijo.

Este fin de semana, grupos subversivos difundieron comunicados atribuyéndose disturbios ocasionados durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

Las investigaciones de la Procuraduría revelan que los disturbios del sábado fueron planeados en noviembre, con la organización de células de jóvenes radicales traídos desde Chiapas, Oaxaca y el Estado de México. Su misión: generar enfrentamientos con la policía y provocar disturbios en diversos puntos de la capital y del país.

En las pesquisas queda claro que se trata de grupos especializados en choque, no sólo por el arsenal de petardos, bombas molotov, varillas y demás objetos con los que contaban para agredir, sino incluso porque en internet, a través de perfiles y redes, difundieron el tipo de objetos que pueden ser utilizados para agredir y derribar vallas metálicas.

Rodríguez Almeida confirmó que uno de los detenidos tenía una granada de fragmentación y entre los 96 detenidos se encuentra un hombre de nacionalidad rumana, identificado como Ioah Mircea Topo Lahav.

Además, Angel Boydan Florencia, Miguel Ángel Zepeda Patlani, Sergio Mendieta Espinoza, Mario Flores Guerrero y Arturo Jasso Díaz, tienen antecedentes penales.

El funcionario aclaró que no investiga lo ocurrido en inmediaciones de San Lázaro, porque es de competencia federal, por lo que no investiga a elementos de la Policía Federal, acusados por algunos heridos de diversas agresiones.

En la conferencia acudieron los senadores Layda Sansores, Ricardo Monreal y Luisa Alcalde, así como el diputado José Luis Muñoz Soria, quienes en voz de la primera exigieron que se libere a los inocentes.

Los anarquistas

Las primeras investigaciones de la PGJDF señalan que el pretexto de los grupos de corte anarquista, identificados como Bloque Negro, Coordinadora Estudiantil y Cruz Negra, fue aprovechar el relevo en el gobierno federal para expresar, con violencia, su rechazo a la autoridad, a las instituciones del Estado y a la iniciativa privada.

La dependencia indica que los disturbios fueron planeados desde al menos dos semanas atrás, con la participación de unas 600 personas.

Autoridades ministeriales indicaron que se han recabado ya cerca de 60 declaraciones de los 107 detenidos, en las cuales reconocen que por redes sociales y encuentros personales se planeó, al menos desde mediados de noviembre, llevar a cabo esta protesta y se invitó a lo que denominan “células anarquistas” o “revolucionarias” de otros estados, conformadas por supuestos estudiantes de Chiapas, Oaxaca y estado de México.

El objetivo, según las mismas declaraciones, era aprovechar el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto para expresar su rechazo a los gobiernos capitalistas, la distribución de la riqueza y el deterioro ambiental.

Sin embargo, hasta el momento no se ha identificado la autoría intelectual o que persona o grupo en específico de los disturbios.

La averiguación previa por este caso es por los delitos de daños y ataques a la paz pública, este último considerado como grave y que puede alcanzar hasta 30 años de cárcel. Los que sean consignados por ataques a la paz pública, no alcanzarán fianza.

Aunque es la primera vez que el DF es blanco de una agresión de esta magnitud, la operación de grupos anarquistas no es nueva en la ciudad. En los últimos 15 meses se han registrado 25 atentados, atribuibles a grupos de esta índole en la capital y zona metropolitana.

Art. 362 Ataques Paz Pública: Se le impondrán de cinco a treinta años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por diez años, al que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, inundación o violencia extrema, realice actos en contra de las personas, las cosas o servicios públicos, que perturben la paz pública o menoscaben la autoridad del Gobierno del Distrito Federal, o presionen a la autoridad para que tome una determinación

A cada vándalo, $300 por boicot a la toma de Peña

Según la PGJ, los citaron a las 7:00 en el Metro San Lázaro para los ataques al Palacio Legislativo y al Centro
La SSP local tenía un reporte de los planes de los grupos: “convocan a asistir con bombas molotov, piedras, palos...”


Por un pago de 300 pesos, jóvenes que se dijeron anarquistas tenían la encomienda de evitar la toma de protesta de Enrique Peña como Presidente de la República.

Así lo confesaron ante la Policía de Investigación (PDI) ocho de los detenidos durante la manifestación violenta del sábado.

De acuerdo con los agentes que interrogaron a los jóvenes, la mayor parte de ellos pertenecen al movimiento #YoSoy132, sin embargo hay otros que se dijeron anarquistas de un grupo llamado La Unión de la Juventud Revolucionaria México.

Éstos últimos son quienes aceptaron ante elementos de la Agencia Central 50, que les dieron el dinero para propiciar los actos vandálicos. El fin, explicaron, evitar que Enrique Peña rindiera protesta como mandatario nacional.

Sin embargo se negaron a revelar la identidad de quién les dio el efectivo. Incluso la mayoría de ellos se negó a declarar ante el Ministerio Público y tampoco permitieron que los fotografiaran.

Lo hicieron apoyados por representantes de la Comisión de Derechos Humanos que desde la tarde del sábado se presentaron en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y que permanecieron ahí toda la noche.

Entre los capturados se encuentra uno de sus líderes de nombre Santiago de Jesús Francisco, quien dijo ser estudiante de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza y al que la Procuraduría lo mantiene relacionado con el expediente ACI/T2/230/12-12.

A decir de los funcionarios de la PGJDF, los jóvenes relataron a los policías que fueron citados alrededor de las 7:00 horas del sábado para reunirse afuera del metro San Lázaro. Ahí iniciaron los desmanes.

Fueron ellos quienes quemaron en la calle de Penitenciaría la patrulla de la PDI número 3087, tipo Charger.

Entre los detenidos se encuentra un rumano.

En las instalaciones de la Agencia Central, las autoridades de la Procuraduría mantenían ayer decomisadas dos granadas de fragmentación, 20 bombas molotov preparadas y ocho envases con capacidad para litro y medio que estaban rellenos con gasolina.

Todo fue encontrado por los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública en las mochilas de los detenidos.

Anoche el procurador Jesús Rodríguez Almeida reiteró: “Había un plan específico para realizar actos violentos y atacar al a ciudad”.

El Ministerio Público prevé consignar a algunos de los detenidos por ataques a la paz pública en pandilla, delito que se castiga con cárcel de siete a 45 años y sin derecho a fianza.

GDF ya sabía del ataque

Un reporte interno al que tuvo acceso La Razón indica que grupos radicales asistirían con palos, bombas molotov, piedras...

Por Carlos Jiménez
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El Gobierno del Distrito Federal (GDF) sabía que grupos radicales se preparaban para realizar desmanes el 1 de diciembre por la toma de protesta de Enrique Peña, y aún así no hizo nada por evitarlo.

Un reporte interno al que La Razón tuvo acceso titulado MOVILIZACIONES 011212 que estuvo en manos de las autoridades dice: “algunos usuarios y grupos radicales convocan a llevar herramienta necesaria para tirar el cerco, así mismo convocan a asistir con bombas molotov, piedras, palos, llantas todo lo necesario para armar barricadas”.

Entre los grupos que esperaba el Gobierno del Distrito Federal se encuentran el Colectivo Estudiantil Rebeldía Polakas, el Frente Popular Revolucionario, así como CNTE, CNCI, Movimiento #YoSoy132, La Resistencia Somos Todos, UPREZ, Anarquía México, Guerrilla Comunicacional México, UJRM, Revolución Libre en México, El Santuario y Frente Oriente.

El informe también detalla los lugares en donde se esperaban las movilizaciones: Avenida Congreso de la Unión, el Zócalo capitalino, el Ángel de la Independencia, el Monumento a la Revolución, los Pinos y una serie de hoteles en Polanco, la colonia Anzures y Paseo de la Reforma.

El reporte también indica: “no se descartan actos radicales o violentos, (pues) han convocado a tomar los puentes de la Cd. de México y exhibir pancartas en repudio a Enrique Peña y el PRI, también mencionan realizar pintas en todos los espacios públicos posibles”.

Pese a estas advertencias el sábado los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública que estuvieron en esas zonas poco pudieron hacer ante los ataques de los jóvenes que les lanzaron todo tipo de objetos y los desmanes y vandalismo sobre Avenida Juárez, Paseo de la Reforma y en calles aledañas al Congreso de la Unión.

Además los elementos de la Policía de Investigación (PDI) sólo observaron los ataques, mientras los uniformados con escudos eran agredidos.

Denuncian desaparición de una docena de personas en disturbios

COLUMBA VÉRTIZ DE LA FUENTE
4 DE DICIEMBRE DE 2012 · 19 COMENTARIOS
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Manifestantes exigen la liberación de una de las estudiantes detenidas el sábado.
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (apro).- Más de 10 organizaciones sindicales del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) así como la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), exigen la liberación de las 11 mujeres y los 58 hombres presos el pasado 1 de diciembre.

Entre los 69 detenidos se encuentran el alumno de Antropología Social, Alejandro Cortés y la estudiante del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Mariana Muñiz Nieto.

En conferencia de prensa profesores, investigadores y arquitectos del INAH e investigadores de la Escuela Nacional de Música, la Escuela Superior de Música, Técnicos y Manuales de Museos y Grupos Artísticos del INBA, entre otros grupos, repudiaron “la estrategia orquestada por el gobierno federal y de la Ciudad de México del sábado pasado”, por lo que también pidieron la presentación con vida de “los primeros desaparecidos de este gobierno”.

Manifestaron que lucharán hasta la liberación de cada uno de los detenidos y demandaron a los nuevos gobiernos federal y local una aclaración pública de “la orquestación de estos condenables hechos, en particular la presencia de civiles con guante negro que hacen presumible la evidencia organizada de una provocación oficial”.

Agregaron que el contexto social de crisis económica, política y de alta violencia cotidiana que ha vivido el país en los últimos años “ha provocado la indignación de numerosos sectores de nuestra sociedad; en este sentido, los ciudadanos del 1 de diciembre manifestaban su repudio de forma pacífica a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República; lo hicieron dentro del marco legal que otorga la Constitución al derecho de libre expresión y manifestación a cualquier ciudadano de México”.

Pese a ello, destacaron que las autoridades federales y de la Ciudad de México instalaron el día 25 de noviembre fuertes y diversos cercos policiacos y militares alrededor del Congreso de la Unión, Palacio Nacional y en otros puntos del centro del Distrito Federal “de manera por demás intimidante y sin fundamento legal”.

Destacaron que mediante este inmenso despliegue de fuerza iniciaron los policías desde hora temprana del 1 de diciembre “una ofensiva de represión, golpes y detenciones arbitrarias en contra de la ciudadanía que se encontraba a lo largo del trayecto de la manifestación”.

El historiador Felipe I. Echenique March, secretario general del sindicato de profesores e investigadores del INAH, delató:

“Estas acciones implicaron la violación sistemática de los derechos humanos de todos los ciudadanos y derivó en personas apresadas, desaparecidas y gravemente heridas, como el caso de Juan Francisco Kury Kendall, de 65 años, entre muchos otros”.

Mauro Mendoza Posadas e Israel Espinosa Ramírez, alumnos de la ENAH, explicaron que, según su lista, hay más de 69 detenidos, y no saben nada de alrededor de otras 12 personas. “No queremos dar a conocer los nombres por seguridad y queremos actuar con responsabilidad porque es la vida de nuestros compañeros, pero no sabemos si están detenidos o heridos”, argumentaron.

También relataron que Alejandro Cortés fue visto por última vez en Balderas e Independencia rumbo a Chapultepec, el 1 de diciembre a las 19:00 horas.

“Le dijo a una compañera que iba a la Agencia 50 a ver qué pasaba, y a esa hora y en ese lugar no hubo enfrentamientos, entonces ¿cómo y por qué fue detenido?

“El DF no ha publicado una lista detallada con las especificaciones de cada detención con la hora y el lugar, porque los enfrentamientos fueron a horas específicas y en lugares específicos, y no se puede detener, por ejemplo, a una persona en Coyoacán”, cuestionaron.

Explicaron que acudieron a la protesta entre 15 estudiantes de la ENAH que pertenecen al movimiento #YoSoy132, e iban preparados con tapabocas, vinagre y Cola-Cola porque sabían que iban a usar gases. “Pero nunca nos imaginamos que las cosas iban resultar así”, admitieron.

Los dos estudiantes hablaron en nombre de la comunidad de la ENAH:

“Repudiamos los hechos represivos. La intención era desmovilizar y criminalizar la protesta social, orquestados por la Policía Federal y el Gobierno del Distrito Federal, a este último lo denunciamos como poseedor de un grave y alto nivel de responsabilidad sobre los hechos del 1 de diciembre, pues mantuvo una excesiva fuerza pública en las calles con el ánimo de violar nuestros derechos a la protesta y al libre tránsito; realizó detenciones arbitrarias, tuvo colusión con grupos de choque y realizó acciones que violentaron la integridad física de los habitantes de la ciudad”.

Además, denunciaron que fue visto en el cerco de San Lázaro un camión de la UNAM que trasportaba granaderos:

“Hay fotos de eso. El rector de la UNAM, José Narro Robles, nos debe dar una explicación”.

Terminaron con un llamado:

“Demandamos el cese de la violencia desatada por el Estado y hacemos responsables a los titulares de los órdenes de gobierno de cualquier atentado en contra de nuestra integridad y la de cualquier manifestante”.

Echenique March pidió que liberen de inmediato a las 11 mujeres que están en Santa Martha Acatitla “porque es la peor cárcel de México y las compañeras no merecen estar ahí, es muy peligrosa

Policías federales usaron civiles contra anarquistas

Videos, fotografías y fuentes federales y del DF confirman que jóvenes se mezclaron entre los manifestantes para azuzarlos y generar caos en San Lázaro y el primer cuadro de la ciudad MARÍA IDALIA GÓMEZ E ITZEL REYES
diciembre 5, 2012 1:15 am
La Policía Federal utilizó grupos de civil que portaban cadenas, varillas de metal y mazos, para enfrentar las protestas violentas del sábado pasado, revelan videos y fotografías. También fue confirmado por fuentes de seguridad de los gobiernos federal y local.

Las imágenes, colocadas en las redes sociales y fotografías tomadas por el equipo de 24 HORAS muestran a 11 hombres jóvenes que visten de forma muy similar a los manifestantes, con pantalones holgados, bermudas, sudaderas con capucha, sombreros de paja, gorras de beisbol o tejidos. Al menos dos de ellos, portan un guante color negro.

Los hombres aparecen junto a los Policías Federal, detrás de la valla colocada para impedir el paso de manifestantes a San Lázaro. En esa zona se aprecia que otro grupo de civiles descienden de un camión blanco y se suman a los que estaban antes, al vehículo se le aprecia al costado un logo de una empresa denominada [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] aparentemente dedicada a la renta de vallas y equipo para espectáculos, aunque su página de Internet está caída y no aparece en la lista de proveedores del gobierno federal.

Los 11 hombres se acercan al camión y de allí bajan distintos objetos que no se alcanzan a distinguir en un primer momento, pero en una toma posterior, se ve a uno de ellos con un martillo o mazo en las manos.

De acuerdo a la información recabada por este diario, durante la manifestación del primero de diciembre este grupo de personas se mezclaron entre los manifestantes para azuzarlos y generar caos.

Tarea que no era difícil, porque conocían los antecedentes de grupos anarquistas que, entre 2011 y 2012 han protagonizado enfrentamientos violentos contra policías, particularmente en la manifestación por el 2 de octubre, además de un intento de colocación de un artefacto explosivo cerca de las instalaciones del IFE previo a las elecciones pasadas.

En las manifestaciones los investigadores consultados identificaron también a simpatizantes y posibles integrantes de grupos subversivos mexicanos, a partir de fotografías, de su vestimenta con botas tipo militar y del comportamiento que manifestaron al momento de atacar a la policía y replegarse.

Las fuentes explicaron que al presidente Enrique Peña Nieto se le reportó la presencia de grupos anarquistas y dos más vinculados a guerrilleros mexicanos, además de la presencia de hombres vestidos muy similarmente a los jóvenes portando cadenas, varillas de metal y mazos, a quienes la Policía Federal protegía, por lo que se ordenó a las áreas de inteligencia definir quiénes son y cuáles pueden ser sus acciones futuras.

Las características

Las distintas fotografías y videos muestran distintos patrones de conducta de varios de los manifestantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la destreza en el uso de cadenas metálicas sólo puede tenerse con un entrenamiento tipo policiaco-militar previo, porque es una herramienta de ataque y defensa. No sólo las fuerzas de seguridad tienen este tipo de adiestramiento; también la guerrilla.

En las distintas manifestaciones de los últimos años, no se habían utilizado cadenas para provocar daños. Si bien no todos los que las portaban las manejaban con habilidad, otro grupo logró dañar inmuebles al usarlas, sin provocarse daños personales.

Otro de los elementos que llamaron la atención a las fuentes consultadas es que otro grupo estaba uniformado con ropas negras, en el brazo portaban un listón color rojo o su pañoleta era de ese color, y tenían guantes negros. Sus rostros estaban cubiertos, utilizaban gorras y en algunos casos máscaras antigas. Son precisamente esos jóvenes que, por ejemplo, robaron un camión de basura que estrellaron en una de las vallas metálicas con la intención de derribarlas, pero no lo consiguieron y luego intentaron prenderle fuego. Estos jóvenes formarían parte de la organización anarquista Bloque Negro México.

Una de las operaciones tácticas empleadas fue el uso de células con tareas definidas. Es decir, un grupo preparaba las bombas molotov, otro más las lanzaba y había una tercera célula que se encargaba de los primeros auxilios, portando vendas, gasas, vinagre y coca-cola para aliviar el efecto de los gases lanzados por los policías federales. Este tipo de organización es propia de tácticas urbanas de guerrilla.

Otra de las características que se pudieron observar entre algunos de los manifestantes, fue el uso de botas tipo militar, guantes negros y blancos, que también son distintivos que se llegan a utilizar entre personas con algún tipo de entrenamiento.

Los agentes federales, por su parte, no sólo se encargaron de lanzar gases y disparar balas de hule, elementos que no reconocen oficialmente haber lanzado. Aparentemente se dieron a la tarea de mostrar mayor destrucción atribuida a los manifestantes, como fue el caso del camión de basura que había sido estrellado en sus vallas, y que cuando los agentes se acercaron a él, lo que hicieron fue destruirle el parabrisas.

A más tardar el domingo se determinará situación jurídica de 69 detenidos

Las 69 personas consignadas por los disturbios del 1 de diciembre rindieron su declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas, por lo que a más tardar el domingo se determinará su situación jurídica.
DICIEMBRE 4, 2012


Las 69 personas consignadas por los disturbios del 1 de diciembre rindieron su declaración preparatoria y solicitaron la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas, por lo que a más tardar el domingo se determinará su situación jurídica.

Autoridades judiciales detallaron que 58 hombres y 11 mujeres fueron presentados en la rejilla de prácticas en audiencias separadas, donde la Juez 47 penal, Patricia Mora Brito, les notificó que son probables responsables del delito de ataque a la paz pública calificado en pandilla, por lo que no alcanzan la libertad bajo fianza.

Los varones se encuentran detenidos en el Reclusorio Preventivo Norte y las mujeres en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla, donde fueron ingresados mientras se resuelve su situación jurídica.

La víspera la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) consignó a estas personas tras encontrar elementos de prueba que hacen presumir su participación en los desmanes ocurridos en la Avenida Juárez, el Paseo de la Reforma y en calles de la colonia Tabacalera.

Los implicados son señalados por los destrozos causados a instituciones bancarias, restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y edificios públicos, como el de la Contraloría General del Distrito Federal, entre otros.

De acuerdo con las investigaciones, a algunas de estas personas se les encontró en posesión de una granada de fragmentación, bombas molotov y otros objetos para agredir, como palos, piedras y botellas.

Entre los detenidos se encuentra el ciudadano de nacionalidad rumana, Ioan-Mircea Topoleanu, quien recibió asistencia jurídica de su consulado a efecto de que rindiera su declaración preparatoria.

Rodrigo Andrés Nieto y Juan Carlos Jiménez son dos jóvenes tabasqueños que el sábado 1 de diciembre llegaron al DF para realizar compras navideñas, actualmente se encuentran en el Reclusorio Norte por su presunta participación en los disturbios del Centro Histórico ocurridos ese día.

Policías vestidos de civil participaron en los disturbios, acusa la CDHDF

LA REDACCIÓN
5 DE DICIEMBRE DE 2012 · 13 COMENTARIOS
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Estudiantes protestan contra los abusos policiacos el 1 de diciembre.
Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F., (apro).- Con el correr de los días, diversas organizaciones civiles comienzan a documentar la participación de presuntos policías vestidos de civil en la detención masiva de manifestantes y en su abierta participación en los disturbios del 1 de diciembre, durante y después de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto en San Lázaro.

Por lo pronto, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, reveló que el organismo a su cargo investiga la detención de decenas de jóvenes por parte de uniformados vestidos de civil en el Centro Histórico.

“Hemos recabado también información sobre la detención de policías no uniformados. Hemos emitido dos recomendaciones en el pasado para la Policía Preventiva que tiene que portar sus uniformes, tiene que estar plenamente identificada, seguramente en casos como éste es importante que se garantice que quien detiene a una persona lo hace en ejercicio de sus funciones”, sostuvo el ombudsman local.

Precisó que los policías con ropa de civil actuaron en los enfrentamientos suscitados en la Alameda Central y en los disturbios posteriores a los registrados en San Lázaro.

En entrevista con Radio Red, González Placencia aseguró que la CDHDF tiene varias denuncias recabadas de personas que fueron detenidas en la calle de Filomeno Mata, sin que hubiera destrozos en esa zona.

Añadió que en ese y otros casos en los que se registraron detenciones aparentemente arbitrarias, la primera Visitaduría está recabando la información que circula en las redes sociales y se está entrevistando con todas las personas detenidas.

“Nosotros estamos muy atentos a que se valoren las pruebas y que se pueda establecer si tuvieron algún grado de participación porque lo que estamos viendo ha ocurrido en otros casos. Por ejemplo, el de los reguetoneros, donde vemos un patrón de detenciones que no tiene que ver con la flagrancia”, apuntó González Placencia.

De ese tipo de detenciones arbitrarias dio cuenta emeequis en su edición digital. Narró los casos de Judith Conteras, cineasta y programadora cultural; Rafael Romero, un estudiante de excelencia, y Mariana Muñiz, aspirante a dramaturga o actriz quienes, sin conocerse y en ejercicio de su derecho a la libre manifestación fueron detenidos de forma arbitraria por policías del Distrito Federal en la calle de Filomeno Mata.

Reconocieron haber participado en las protestas, haber lanzado consignas pero los acusaron de haber participado en los hechos de violencia registrados en el Centro Histórico.

Trataron de entrar en razón con los uniformados, explicarles que sólo ejercían su derecho a la libre manifestación de ideas pero les respondieron: “Nos vale madres, tenemos luz verde”.

Al momento de su detención, no sabían de los enfrentamientos registrados durante las primeras horas del sábado en San Lázaro, tampoco sabían que a esa hora, a un kilómetro de donde estaban, una turba había dejado destrozos millonarios en varios establecimientos de Avenida Juárez.

Los uniformados agarraron parejo, se llevaron incluso a un joven que sólo pasaba por ahí, según relataron los jóvenes

Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM fue detenida por los granaderos esa tarde en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo, junto con otros 35 compañeros, de los cuales 20 eran mujeres y fue consignada al penal de Santa Martha Acatitla por perturbar la paz pública.

De todos los estudiantes de teatro que fueron consignados junto con Mariana, sólo ella continúa presa.

En las galeras de la Agencia 50 del Ministerio Público Mariana conoció a Guadalupe Carrillo, docente de Filosofía en la Prepa 7 y a su hija, Ximena Preciado, quienes fueron detenidas en las mismas circunstancias que ella.

Impactada, Guadalupe narró que cuando las detuvieron, las golpearon y las jalonearon. “Cállate, p$#@. Quién te crees, pendeja”, recordó que les decían los policías.

El abogado Jesús Robles Maloof, amigo personal de la familia Muñiz, tomó en sus manos la defensa de Mariana y al percatarse que su situación y la de Guadalupe y su hija era la misma, decidió defenderlas a las tres sin cobrar un peso por ello.

Sin embargo, sólo Guadalupe y su hija fueron dejadas en libertad, según Maloof porque en el caso de Mariana no estaba su mamá.

“Una joven estudiante encarcelada con su mamá es un asunto explosivo. Un hecho que hubiera destruido toda la hipótesis de los actos vandálicos”, señaló.

Además, el abogado, quien tuvo acceso al expediente del caso, afirmó que hay un solo texto de imputación pata la totalidad de los detenidos, no hay imputaciones individuales sino que las 69 personas que siguen detenidas, responden por los mismos actos.

Por si fuera poco, toda la imputación se basa solamente en el testimonio de cuatro policías. “Es decir, cuatro policías presenciaron lo que 69 personas hicieron y son capaces de recordar sus caras a detalle. Nunca había visto algo tan incongruente en mi vida profesional”, señaló el abogado.

Refirió que el día que sus clientas declararon ante el juez, preguntó a un funcionario, cuyo nombre no quiso revelar, si iban a consignar a Mariana y le contestó que la decisión no se había dado ahí sino en una conferencia de prensa. “Me estaba insinuando que la orden venía de arriba, de la conferencia de Marcelo Ebrard”, señaló.

Judith Contreras fue detenida en el mismo punto en que fue aprehendieron a Mariana. Es egresada de la carrera de Cine y Televisión, y coordinadora de Programación del Cine Tonalá, su caso presenta las mismas irregularidades y también fue consignada a Santa Martha. Ha denunciado golpes y jaloneos por parte de los policías.

Rafael Romero cursa el noveno semestre de Ciencias Políticas y Administración Pública en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Es considerado un alumno de excelencia, además de profesor adjunto en la asignatura de Metodología de Investigación Política.

Caminaba tranquilamente cuando lo agarraron entre varios policías en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, un lugar donde ni siquiera hubo desmanes. Fue golpeado con brutalidad en la espalda a pesar de que, según testigos, no portaba arma alguna y se encontraba en desventaja numérica ante los ocho policías que lo cercaron.

Exigen a Mancera liberación de detenidos

Las protestas por la liberación de los jóvenes detenidos el sábado pasado llegaron hasta la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), donde, a pesar del cerco policiaco instalado en el marco de la toma de protesta de Miguel Ángel Mancera como jefe de Gobierno, familiares de los exigieron su liberación.

El temor a marchas y protestas por la detención “arbitraria” de los jóvenes obligó a las autoridades capitalinas a desplegar un fuerte operativo de seguridad alrededor del recinto legislativo desde los primeros minutos de esta mañana.

Muchos de los efectivos fueron dispersados para custodiar inmuebles y comercios de la zona aledaña.

Apostados en la esquina de las calles Donceles y Allende, donde se encuentra la ALDF, los inconformes recibieron con gritos de “¡represores autoritarios!” y “¡asesinos de la democracia!” a varios de los asistentes a la ceremonia, entre ellos al diputado priista Manlio Fabio Beltrones, quien supuestamente diseñó el operativo de seguridad montado para la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

Al lugar también llegaron el senador perredista Alejandro Encinas y el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Silvano Aureoles, quienes se pronunciaron por una investigación de los hechos y castigo a los responsables de los desmanes y daños a inmuebles en el Centro Histórico.

El EPR exige la inmediata liberación de activistas presos

JOSÉ GIL OLMOS
5 DE DICIEMBRE DE 2012 · COMENTARIOS DESACTIVADOS
DESTACADO

Manifestantes se enfrentan con policías durante la protesta previa al cambio de poderes.
Foto: Alejandro Saldívar

MÉXICO, D.F. (apro).- El Ejército Popular Revolucionario (EPR) demandó la libertad inmediata de los detenidos en los disturbios del pasado sábado 1, en el marco de la toma de posesión de Enrique Peña Nieto como presidente de la República.

En un comunicado, el grupo guerrillero pidió al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) salir en defensa de las personas arrestadas, y aseguró que el exjefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, se equivocó en la aprehensión de inocentes.

De acuerdo con el EPR, la llegada de Peña Nieto a Los Pinos es el preludio de la represión social de este sexenio y la criminalización de la protesta social. Los detenidos en las manifestaciones del sábado 1, subrayó, son ya los primeros presos políticos de este incipiente gobierno.

El texto, fechado el 2 de diciembre, advirtió que lo ocurrido afuera del Palacio Legislativo y luego en Bellas Artes es “la consumación de la imposición del priista Enrique Peña Nieto” mediante un aparato policiaco-militar que forma parte de una estrategia destinada a infundir el terror entre la población y los movimientos sociales.

El PRI, apuntó, regresa al poder “con pertrechos, infraestructura y armamento especializado para acciones ofensivas predeterminadas a reprimir físicamente, detener, causar bajas que lesionen de gravedad a los manifestantes, a manera de un sanguinario escarmiento para sembrar el terror a los heridos y sus familiares, así como infundirlo en el resto del pueblo que protesta y repudia a Peña Nieto, a las instituciones del Estado mexicano y al sistema capitalista”.

Acusó que al igual que en la matanza del 68, el pasado sábado 1 se utilizó a policías y militares vestidos de civil como provocadores y golpeadores, “que en los momentos de las detenciones selectivas son el cierre de la pinza represora para cazar inconformes dentro de la movilización”.

El grupo guerrillero señaló que ya hay pruebas en fotos y videos sobre la presencia de agentes infiltrados, y exigió a TV Azteca y Televisa a que revisen esas imágenes en las que se comprueba la detención arbitraria de inocentes.

“Al periodista Carlos Loret de Mola y sus colegas de empresa, revisen páginas alternativas y convencionales de Internet para que vean la cantidad de placas fotográficas digitales donde se exhibe a policías federales disparando, a los paramilitares vestidos de civiles operando y a los manifestantes heridos, que no iban de negro y sin mochila”, con profundas lesiones que no ocasionan “unos cuantos toletazos”, como lo señaló el periodista de Televisa, puntualizó.

El EPR también se lanzó contra el exjefe de Gobierno del Distrito Federal:

“Marcelo, con todo respeto, estás equivocado. La ira no debe hacerte perder la serenidad y capacidad de análisis. Los empresarios dueños perpetuos o temporales del Centro Histórico que se apropian negrera y vorazmente de la riqueza fruto del trabajo asalario de millones de mexicanos, te repondrán el dinero en la ‘restauración’ y seguirán contigo en tus aspiraciones presidenciales.

Remató:
“Más que preocuparte por el ‘horrible’ daño físico al hemiciclo al prócer Benito Juárez, deberías estar preocupado porque quienes el 1 de diciembre protegieron el aparato de represión del DF son los que se burlan y destrozan en añicos los preceptos e ideales de cómo gobernar, hacer política y defender la soberanía popular y nacional de la patria, que ejemplarmente nos legó a todos los mexicanos el Benemérito de las Américas. Eso sí lesiona profundamente a la sociedad que dicen ustedes representar y defender, porque como bien sabrás, el hambre, miseria, indigencia, subempleo, explotación infantil, marginación, descomposición social, no desaparecen con solventes, jabón, agua, cepillo, menos se alivia con pintura, pastas y cemento”.

Sí hubo tortura contra manifestantes: CDHDF (incluye informe)
En el informe elaborado por la CDHDF se documentaron detenciones arbitrarias y cuatro casos de posible tortura. "Tres de ellos con el uso de aparatos que infligen choques eléctricos y uno de ellos con tormentos físicos graves".
DICIEMBRE 6, 2012

FOTO: Cuartoscuro.

La CDHDF comprobó que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) cometió abusos y actos de tortura contra manifestantes el sábado pasado, y registró también casos de detenciones de personas que se expresaban en forma pacífica.

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) elaboró un informe sobre lo ocurrido en la zona del Centro y de San Lázaro de la ciudad de México, donde se registraron manifestaciones de organizaciones sociales en el contexto del cambio del gobierno federal.

En el informe, la CDHDF documentó cuatro casos de posible tortura. “Tres de ellos con el uso de aparatos que infligen choques eléctricos y uno de ellos con tormentos físicos graves”.

Indicó que “a uno de ellos lo golpearon en el rostro (ojos) y le imponen choques eléctricos en una de las piernas. Igualmente fue golpeado en la cadera y tobillos”.

Agregó que “otro de ellos (joven de 26 años) fue amagado con el arma, lo golpearon en los genitales y le dieron choques eléctricos en una de sus piernas. Antes de ponerlo a disposición del Ministerio Público, la patrulla se detuvo, lo desnudaron, le tomaron fotos desnudo y lo golpearon en las costillas. (Nos refiere que los choques eléctricos fue como con una especie de macana)”.

Un caso más que registra el organismo es el de un joven de 20 años, quien al ser detenido fue golpeado y antes de subirlo a una patrulla le aplicaron choques eléctricos a la altura del hombro y en el pecho.

“Otro caso relevante es el de otra persona (34 años) quien fue detenida en las inmediaciones del Monumento a la Revolución. Lo ingresaron a un estacionamiento público en donde lo golpearon, lo tiraron al piso hasta quedar noqueado. Un policía le hizo tocamientos de carácter sexual, lo escupieron y jalándolo de los cabellos lo subieron a la unidad vehicular”, expuso.



La CDHDF detectó casos de detenciones arbitrarias, como el de una persona que se dedica a “bolear” (limpiar) zapatos. El “bolero” dijo que en las inmediaciones de Bellas Artes, jóvenes manifestantes sustrajeron su cajón de trabajo para agredir a los policías.

Al acudir a recogerlo, fue detenido por policías, y sin tener ningún nivel de participación en los hechos fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público.

En otro caso, señaló, un grupo de al menos 15 jóvenes que marchaban de manera pacífica por la calle de Filomeno Mata hacia la Alameda-Eje Central, al llegar a la esquina de 5 de Mayo fueron “encapsulados” por elementos policiacos.

“Al ser encapsulados permanecen de manera pacífica sentados en el lugar, sacan libros, empiezan a realizar actos de actuación (pues algunos estudian teatro). La policía los trasladó directamente a la Agencia 50, vinculándolos con los hechos de agresión de Juárez y Balderas, es decir, no se da la flagrancia, para justificar su detención”.

La CDHDF puntualizó que en este grupo de 15 jóvenes resalta el caso de un fotógrafo que trabaja para la revista “Café mx” y cubría la manifestación; una estudiante de literatura, dramática y teatro de la UNAM, quien empezó a actuar una vez que los “encapsularon”.

El organismo mencionó que los jóvenes fueron mantenidos en esa situación al menos durante dos horas y después subidos por la fuerza a un camión del Cuerpo de Granaderos.

También documentó detenciones post facto (ejecutadas entre las 19:00 y 20:00 horas), de las cuales resalta la de una señora de 52 años que salía de la estación Pino Suárez del Metro en compañía de su nuera y su nieta en brazos para realizar compras, “y en ese momento un conjunto de elementos de la policía la detienen”.

Informó que cuatro jóvenes acudieron a la Agencia 50 del Ministerio Público en apoyo de los detenidos, pero al ver que había un cerco policial prefirieron retirarse; sin embargo, una patrulla los siguió y en las inmediaciones de la agencia, en las calles de Dr. Lavista y Dr. Barragán, los uniformados los golpearon y obligaron a subir a las unidades.

La autoridad los vincula con hechos sucedidos anteriormente en las avenidas Juárez y Balderas. Por el lugar y hora de detención no se acredita la flagrancia y, por lo tanto, tampoco su vínculo con lo sucedido en esas vialidades ni con lo de Regina-20 de Noviembre ni Vallarta-Reforma, expuso.

Junto con este grupo de detenidos está el caso de un fotógrafo de nacionalidad rumana que tomaba imágenes de la manifestación y quien fue aprehendido en la calle de Dr. Lavista.

La Comisión de Derechos Humanos estableció que el ciudadano rumano fue agredido por los elementos de la SSPDF y denunció que le robaron su cámara y equipo fotográfico.

En su informe, indicó que esos son sólo algunos de los casos que ha documentado de los sucesos ocurridos el sábado 1 de diciembre en la ciudad de México y que aquellos en los que se involucra a la Policía Federal fueron enviados a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Ayer, Animal Político publicó una recopilación de historias de presuntas detenciones arbitrarias hechas el 1 de diciembre. Puedes leerlas aquí.

Aquí puedes ver el informe preliminar de la CDHDF:
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Derechos Humanos del DF investiga torturas a detenidos el 1 de diciembre

Un informe indica que policías arrestaron a personas que no estaban involucradas con los disturbios por la toma de protesta de Peña Nieto

Por Rodrigo Soberanes
Jueves, 06 de diciembre de 2012 a las 09:27

Policías vigilan una marcha realizada el 3 de diciembre para exigir la liberación de los detenidos tras la toma de protesta de Peña Nieto (Cuartoscuro).

CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) detectó 22 detenciones arbitrarias e investiga cuatro casos de tortura entre las personas consignadas tras los hechos violentos del 1 de diciembre en la Ciudad de México.

En un informe preliminar, la CDHDF informó que los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) detuvieron a personas que no estaban involucradas en los disturbios posteriores a la toma de poder del presidente Enrique Peña Nieto.

"La policía capitalina detuvo a personas que se manifestaban de manera pacífica; a personas que se encontraban dando seguimiento y cobertura a la manifestación; a personas que se acercaron a auxiliar a otras que eran agredidas físicamente por los elementos de la SSPDF y a personas que circunstancialmente se encontraban en lugar", señaló el reporte.

La Comisión también investiga cuatro casos de tortura. En tres de ellos se habrían utilizado aparatos para dar choques eléctricos y en otro más presuntamente hubo "tormentos físicos graves".

Luego del reporte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que el gobierno federal haya cometido detenciones arbitrarias, aunque dijo que todas las denuncias al respecto serán investigadas.

"Estaremos al pendiente de lo que está sucediendo, esperar el resultado de los que atendieron a los heridos, a los manifestantes; si hubo algún tipo de arma de parte de la autoridad será castigado, se estará investigando", dijo, de acuerdo con un reporte de la agencia Notimex.

Según el informe de la CDHDF, uno de los detenidos fue golpeado en el rostro, varias partes del cuerpo y recibió choques eléctricos en una pierna; otro que también recibió choques en una pierna fue golpeado, desnudado y fotografiado por los policías antes de llegar al Ministerio Público.

Un tercer joven recibió choques en el hombro, el pecho y fue golpeado tras ser subido a una patrulla, según la CDHDF.

El reporte también consigna que una persona de 34 años fue detenida en el Monumento a la Revolución y golpeada hasta quedar "noqueada". Después fue vejada sexualmente, escupida por los policías y llevada "de los cabellos".

Otro de los detenidos es una persona que se dedica a bolear zapatos en la calle en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes, y hay otros 15 casos de jóvenes que "se encontraban marchando pacíficamente" en el Centro Histórico.

En entrevista con la periodista Carmen Aristegui, en MVS, el ombudsman del Distrito Federal, Luis González Plascencia, dijo este jueves que el gobierno federal debe explicar quiénes eran las personas que —según muestran fotografías tomadas ese día— portaban cadenas cerca de donde estaban los policías federales que establecieron el cerco de seguridad en torno al Palacio de San Lázaro, donde tomó protesta Peña nieto.

González Plascencia recordó que el gobierno local indicó que eran trabajadores que estaban ayudando a colocar las vallas, pero la ausencia o la opacidad de información de parte del gobierno federal al respecto hace natural “que aparezcan suspicacias”, como pensar que podrían ser grupos de choque financiados por autoridades.

Unas 69 personas (58 hombres y 11 mujeres) fueron detenidas tras los disturbios del 1 de diciembre ocurridos durante las marchas en contra del gobierno de Peña Nieto. Enfrentan cargos por delito de ataque a la paz pública en pandilla que contempla de cinco a 30 años de cárcel sin derecho a fianza.

El gobierno del Distrito Federal informó que los enfrentamientos dejaron ocho heridos, entre ellos cuatro ciudadanos y cuatro policías. El mobiliario urbano y algunos monumentos históricos resultaron dañados durante el choque entre manifestantes y policías.

La CDHDF atestiguó las marchas del 1 de diciembre, acudió al Ministerio Público 50 y ha sido testigo del desahogo de pruebas en el Reclusorio Norte. También pidió las averiguaciones previas a la Procuraduría General de Justicia del DF y un informe detallado sobre el operativo a la SSPDF.

Familiares y amigos de los detenidos han permanecido en el Reclusorio Norte, frente a la entrada del Juzgado 47 que lleva los casos, y junto con los abogados, han reunido pruebas y testigos.

En el informe preliminar se describe el episodio de la calle Filomeno Mata, donde unos 15 jóvenes fueron retenidos durante dos horas. "Al ser encapsulados permanecen de manera pacífica sentados en el lugar, sacan libros, empiezan a realizar actos de actuación".

Uno de los casos es el del fotógrafo de la revista Vice y de origen rumano, Mircea Topoleanu, quien fue detenido cuando hacía fotografías de una detención de cuatro jóvenes.

Ana María Topoleanu, hermana del detenido, dijo a CNNMéxico que este miércoles un traductor y un representante de la embajada de Rumania en México acudieron al Reclusorio Norte a dar apoyo consular. Sin embargo, agregó, el gobierno de ese país no ha intervenido de manera directa puesto que aún no hay un veredicto de un juez.

"Lo están acusando de ser parte de un grupo violento que atacó la paz pública. Está muy asustado pero bien físicamente (...) Toda Rumania está hablando hora, es la noticia número uno en mi país. Ahorita la deportación sería para nosotros genial, después de esta experiencia todo lo que quiere hacer es no ver este país", dijo.

El próximo domingo vence el plazo constitucional para el desahogo de pruebas. Mientras tanto, el Reclusorio Norte permanece bajo resguardo de un cuerpo de granaderos y con la visita de activistas del movimiento @YoSoy132 y del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD).

El jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, reconoció este jueves en entrevista con MVS Noticias que en las violentas protestas del pasado 1 de diciembre en la Ciudad de México hubo personas que tenían el deseo de manifestarse pacíficamente y que pudieron haber sido detenidas junto a quienes realizaron actos vandálicos.

“Asumo y me hago cargo de aquellas personas que pudieron haber sido simplemente detenidas por estar en el lugar de los hechos. Entonces eso es lo que tengo que pedir que la Procuraduría analice con toda objetividad, y espere la resolución del análisis que está haciendo el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal”, dijo el funcionario.

Falla Mondragón en operativo de seguridad en San Lázaro

Estimó desmanes del Movimiento YoSoy132 o los habitantes de San Salvador Atenco, pero no de grupos radicales, como el internacional y violento Bloque Negro
ARTURO ÁNGEL
diciembre 6, 2012 1:05 am

La llegada de grupos anarquistas, el reforzamiento de la vigilancia en Eduardo Molina y la protección a negocios para que no fueran destruidos, fueron algunas de las omisiones del operativo especial implementado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal (SSPDF) en el marco de la toma de protesta del presidente Enrique Peña Nieto.

24 HORAS tuvo acceso a la orden general de operaciones que la SSPDF diseño para el 1 de diciembre, aprobada por el entonces jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, y en la misma se aprecian aspectos que no fueron contemplados por las autoridades o que no se ejecutaron de forma correcta.

En el planteamiento de la estrategia, la SSPDF contempló que al Palacio Legislativo de San Lázaro podrían llegar grupos del Movimiento YoSoy132 o los habitantes de San Salvador Atenco, pero en ningún momento se desconfió de integrantes del movimiento anarquista, los más radicales.

Tampoco hubo un análisis correcto de riesgos, ya que en el Eje 1 Norte Eduardo Molina, que fue el punto donde se concentraron miles de manifestantes, entre ellos los anarquistas, y donde tuvo lugar uno de los enfrentamientos mas intensos, solo se desplazó una célula de cien granaderos, al igual que se hizo en otros puntos de San Lázaro donde no pasó nada.

Peor aún. En el Eje 1 Norte, arteria por la cual los contingentes se movilizaron luego hacia el centro, en su intento por acercarse al Palacio Nacional, ni siquiera se previó despliegue alguno de uniformados. Fue en esta avenida donde fueron saqueadas estaciones de gasolina y donde se realizaron múltiples destrozos al mobiliario urbano ya vehículos particulares.

Operativamente, el despliegue de la SSPDF se realizó bajo el Mando Único del subsecretario de Operación Policial, Darío Chacón Montejo, con indicativo Aníbal, y quien a su vez, mantuvo coordinación con jefes del Estado Mayor Presidencial (EMP) para las distintas fases de la estrategia.

Un total de 5 mil 172 policías capitalinos, apoyados en 195 patrullas y un helicóptero, participaron en el despliegue, que en conjunto con los elementos federales, alcanzó parcialmente su objetivo, pues se logró que se consumara la toma de protesta y el mensaje presidencial en Palacio Nacional, pero no frenó los múltiples delitos que se cometieron.

No previeron anarquistas

La orden general de operaciones para el evento, que la SSPDF denominó “Transmisión del Poder Ejecutivo Federal”, estimó que se manifestarían nueve grupos distintos, pero no contempló a los integrantes de grupos anarquistas, quienes finalmente fueron los que terminaron enfrentándose con policías federales y capitalinos en distintos puntos.

Además, de gente de San Salvador Atenco, de simpatizantes del Movimiento YoSoy132 y de maestros de la CNTE, la policía esperaba a personas del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y de diversos sindicatos.

De esa proyección, hecha por las autoridades, los inconformes que se concentraron en San Lázaro y en Palacio Nacional fueron únicamente los integrantes del YoSoy132 y de la CNTE. La gente de MORENA se concentró en el Ángel de la Independencia.

No se cerraron locales

El plan operativo también comprendía en el apartado de la coordinación, recomendaciones a los encargados de negocios y locales para que cerraran sus puertas, a fin de prevenir actos de vandalismo y robo, lo que en efecto terminó sucediendo.

Cuando los anarquistas llegaron al Eje 1 Norte, al Eje Central y a la Avenida Juárez, los negocios se encontraban abiertos, porque no fueron alertados previamente por los uniformados. Más de 65 locales terminaron saqueados o destruidos, pues tampoco hubo policías que lo impidieran.

Se pidió respetar a jóvenes

El esquema de operación hizo énfasis en que se “respetaran y protegieran los derechos humanos, principalmente de jóvenes” y que hubiera un trato respetuoso a la ciudadanía en general, protegiendo sus bienes y evitando abusos.

Las imágenes y testimonios de días posteriores han puesto en evidencia que los granaderos de la SSPDF detuvieron a varias personas, entre ellos varios jóvenes, que no tuvieron relación con los hechos. 24 HORAS también corroboró en la cobertura que policías agredieron y golpearon a civiles en zonas cercanas a Paseo de la Reforma, sin que hubiera garantía de que participaron en la agresión.

La acción policiaca el 1 de diciembre

DICIEMBRE 5, 2012
Foto: ViceMag
Hay muchas y buenas razones para reprobar los actos de violencia llevados a cabo afuera del recinto legislativo de San Lázaro, y en algunas avenidas centrales de la ciudad de México el primero de diciembre. Sin embargo para que las consecuencias de la afirmación anterior tengan sentido es necesario tener claridad sobre qué pasó, quiénes fueron los responsables, y cómo actuaron las policías. Por el momento estas tres preguntas no se pueden contestar pues las autoridades no han elaborado una detallada descripción de lo sucedido, y lo que se puede reconstruir a partir de la prensa y testimonios, sigue siendo una visión hecha a manera de fragmentos.

Entre las cosas que se infieren, por ejemplo de este video es que algunos de los manifestantes que ejercieron violencia lo hicieron sin provocación inicial o justificación alguna. En el caso de la Policía Federal, esta usó armas no letales en San Lázaro fuera de regulación. Por ejemplo se usaron balas de goma antes de que el peligro para los policías o para el recinto legislativo fuera inminente. También hay evidencia que ya sea las balas de goma o las latas de gas lacrimógeno fueron disparadas a una distancia menor a 40 metros de los manifestantes (o desde posiciones no permitidas), y al menos en un par de casos a la cabeza en vez de al cuerpo o extremidades. Aquí se puede consultar el reglamento de uso de la fuerza pública frente a manifestaciones de la Policía Federal. También hay dudas sin resolver que implicarían violaciones a la ley por parte de la Policía Federal, y tendría implicaciones sobre las motivaciones del uso de la fuerza pública como por ejemplo en este video (4:47) aparecen civiles armados del lado de la Policía Federal.


La revista médica The Lancet publicó hace unos años una texto sobre el daño letal y no letal que causan las balas de goma, y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas ha pedido abolir el uso de balas de goma como parte de las tácticas antidisturbios de las policías. Hasta el momento la Secretaría de Gobernación (ahora a cargo de la Policía Federal) no ha dado información sobre el operativo policial en San Lázaro, excepto un boletín de prensa “solidarizándose” con las autoridades del GDF. Tampoco han dado información ni asumido responsabilidad sobre las dos personas hospitalizadas con heridas en la cara y cabeza.

En el caso de la policía del Distrito Federal, y la destrucción de propiedad en algunas de las calles centrales de la ciudad de México por parte de manifestantes hay información contradictoria de las autoridades. Marcelo Ebrard y el Procurador del DF informaron unas horas después de los sucesos, la detención de varios manifestantes y les atribuyeron vínculos a organizaciones anarquistas. No ha habido una narración precisa de los hecho. Por ejemplo en este video, se ven dos cosas: primero manifestantes atacando a granaderos sin justificación, destruyendo ventanales de negocios y armando barricadas y el uso moderado de la fuerza pública; segundo, detenciones arbitrarias de civiles por parte de la policía del DF en lugares y con personas distintas a las que agredían a la policía. El video ofrece sustento a la narración de uno de los abogados de los detenidos en donde muestra las contradicciones en la reconstrucción de hechos de la policía y la probable detención de personas inocentes. Así como otros testimonios recabados por la prensa. Las autoridades del Distrito Federal no han hecho públicos los videos del sistema de vigilancia de la ciudad, los cuales permitirían hacer una reconstrucción más precisa de los hechos y distinguir a los culpables de violar la ley, de quienes eran transeúntes o se manifestaban pacíficamente. Por ejemplo, la Corte Europea de Derechos Humanos ha establecido: “el ”individuo no deja de gozar del derecho a la libertad de reunión pacífica, simplemente porque [haya] violencia esporádica”.

Probablemente hay pocos trabajos tan difíciles y complejos como el policiaco. En el caso del trabajo policiaco frente a protestas políticas, éste se hace aún más difícil porque la forma en que se aplican la ley y la interpretación que se hace de ella al momento, no sólo reflejan la forma en que el estado opera en un marco de derechos civiles, sino que obliga lecturas políticas con beneficiados y afectados que van más allá de los integrantes de las protestas.

Por estas razones, el trabajo policiaco requiere de una estricta regulación y escrutinio público. Siempre se cometen errores, siempre hay fallas que pueden tornar en abusos. Es clave intentar y saber cómo minimizarlos. Acompañado del uso legítimo de la fuerza que tiene el estado para contener y castigar actos violentos que surgen de protestas, vienen restricciones, y la necesidad de transparentar la forma y motivos que la justifican.

En un interesante análisis en donde agregan estudios comparados sobre el comportamiento de las policías en protestas (primordialmente en Europa) Donatella Della Porta y Olivier Fillielue hacen una tipología de las tácticas usadas en intervenciones policiacas en protestas en donde resaltan algunos ejes:

a) brutal contra indulgente, en referencia al grado de uso de la fuerza

b) represiva contra tolerante, en referencia al número de comportamientos prohibidos

c) difusa contra selectiva, en referencia a número de grupos reprimidos

d) ilegal contra legal, en referencia al respeto de la policía por la ley

e) reactiva contra preventiva, en referencia a la tiempos de la acción policiaca

f) confrontacional contra consensual, en referencia al grado de comunicación con los manifestantes

g) rígida contra flexible, en referencia al grado de adaptabilidad

Esta tipología puede resultar útil para definir a grandes rasgos cómo operaron las policías Federal y del Distrito Federal el sábado pasado, y qué tácticas estaban justificadas por las circunstancias y cuales no.

Al mismo tiempo el estudio encuentra que en general en las democracias (se refieren en su mayoría a países europeos) desde los años noventa hay tres tendencias en cómo actúa la policía frente a protestas:

1) Baja aplicación de la ley. La aplicación de la ley es considerada menos importante que mantener la paz. Por tanto pese a haber violaciones a la ley (no todas son iguales) evitan usar acción coercitiva.

2) Búsqueda de negociaciones. Tanto en Europa como en Estados Unidos se usan a miembros de las policías como enlaces con manifestantes, y en algunos casos hay sofisticados sistemas de permisos.

3) Recolección de información a gran escala. El uso de inteligencia no es una técnica nueva, sin embargo se han renovado procesos y se usa nueva tecnología para obtener más información.

Que sea fundamental que las policías mantengan el orden público, contengan la violencia, y arresten a los responsables de violar la ley no las exime de rendir cuentas sobre sus actos ante la ciudadanía. El respeto a los derechos humanos, la presunción de inocencia, y la moderación en el uso de la fuerza son claves para mantener un contexto democrático y garantizar que las personas que así lo desean se puedan manifestar y protestar de manera pacífica.

Culpables de actos vandálicos alcanzarán hasta 30 años de prisión

2012-12-06 02:19:00
El magistrado Edgar Elías Azar, destacó que las protestas del pasado 1 de diciembre obedecen evidentemente a intereses de partidos políticos


CIUDAD DE MÉXICO, 6 de diciembre.- El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elías Azar advirtió que de los 69 detenidos por los disturbios en Paseo de la Reforma y avenida Juárez, que resulten responsables de esos hechos vandálicos no alcanzarán fianza y sí una pena de entre cinco y 30 años de prisión.

Entrevistado por Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, el magistrado dijo que a los indiciados se les acusa de ataques a la paz pública en pandilla agravados, un delito que no alcanza fianza "sin embargo eso no quiere decir que el delito no pueda ser reclasificado".

En este sentido aseguró que el dictamen lo debe realizar la jueza "que está prácticamente aislada pues tiene que resolver en silencio y sola y la resolución debe llegar el próximo domingo por la mañana”.

Elías Azar, admite que como ciudadano de a pie "tengo la impresión de que los actos vandálicos, estuvieron orquestados, pero yo no debo opinar nada sobre las investigaciones de la procuraduría capitalina, esta impresión ya la recogeré en mi reunión con la jueza. En este momento se están desahogando todas las pruebas, que son muy abundantes. Yo espero a que me avise que ya fueron revisadas y tiene un criterio conformado".

Asimismo admitió que legisladores federales le han solicitado audiencias "han abogado por algunos de los detenidos al asegurar que se manifestaron de manera pacífica, pero estará en los videos y las pruebas si tienen algún efecto vinculante en el tema delictivo y de ser así se aplicará una formal prisión contundentemente".

Finalmente cuestionado sobre la advertencia de que no cederán a presiones políticas, dijo que evidentemente "esta gente obedece a partidos, la protesta fue con intereses políticos, pero no seremos instrumentos de venganzas ni instrumento de intereses políticos, como juzgadores tenemos que estar totalmente vacunados en contra de cualquier circunstancia que pudiera afectar el análisis de un expediente”.

COUGAR escribió:ya son 64 los detenidos por vandalismo!

ojala les den una buena calentadita

Acusan anarquistas a Ebrard de satanizarlos para justificar la “brutalidad policiaca”
SANTIAGO IGARTÚA
7 DE DICIEMBRE DE 2012 · 6 COMENTARIOS
DESTACADO

Integrantes de la Cruz Negra Anarquista y de la Alianza Anarquista Revolucionaria, quienes no dieron sus nombres.
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Señalados desde el mismo 1° de diciembre por el todavía jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, y su procurador de justicia, Jesús Rodríguez Almeida, como responsables de los “actos vandálicos” de ese día, así como de “atacar” a los cuerpos policiales en las inmediaciones del Congreso de la Unión y del Centro Histórico de la ciudad, dirigentes de organizaciones “anarquistas” acusaron a las autoridades capitalinas de utilizarlos como “chivos expiatorios” para justificar “la brutalidad” policíaca contra las manifestaciones realizadas por la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), representantes de Alianza Anarquista Revolucionaria, Cruz Negra Anarquista México y Bloque Negro Anarquista que “por seguridad” prefirieron omitir sus nombres –dos hombres y una mujer que no ocultaron su rostro–, aseguraron que las del primer día de diciembre fueron acciones de defensa ante las “provocaciones” y “agresiones” de las autoridades y aseguraron que no fueron ellos quienes lanzaron piedras ni bombas durante los disturbios.

“Desde el 1° de diciembre se desató una campaña de linchamiento y criminalización de los grupos e individuos anarquistas, queriendo hacernos responsables, intentando cubrir con esa acusación la brutalidad inherente de la policía y del gobierno de la ciudad que presume de ser un gobierno de izquierda”, denunciaron y responsabilizaron principalmente a Marcelo Ebrard de haber desatado una “cacería” en contra suya durante toda la administración a su cargo.

“Ebrad prefiere señalar a grupos anarquistas antes que hacer un trabajo exhaustivo de investigación y de inteligencia. Lo que pasó el 1° de diciembre no fue un acto vandálico, no fue un acto hecho por provocadores como lo ha querido hacer pasar la prensa burguesa. Fue la expresión legítima y genuina del descontento de un pueblo arrinconado al que no le han dejado más salidas. Se nos está acusando de ser directamente los organizadores de lo que fue una gran movilización de masas, que no fue más que el resultado de la desesperación de la gente y su voluntad de manifestarse fuera de los límites institucionales”, dijo uno de los voceros de la Alianza Anarquista .

Para exhibir a las autoridades capitalinas, que los marcaron como culpables, dijeron: “Nos culparon a nosotros y de los detenidos ninguno tiene que ver con nuestras organizaciones. Es obvio que nosotros no fuimos quienes hicimos los desmanes y que tampoco son culpables los detenidos. Todo lo inventaron”, comentó un joven anarquista al reportero.
Sobre su papel en la violenta jornada, aseguran que “ningún miembro de la alianza tiró ninguna piedra”. Dicen que en su marcha identificaron infiltrados dedicados a provocar y lastimar. Repudian ser llamados vándalos o delincuentes y agregan que, ante la “brutalidad” del estado, cualquier forma de “rebelión” es legítima.

“Somos pueblo, no somos fantasmas ni criminales. Estamos en el día a día luchando por mejorar las condiciones de vida de nuestro país. Somos individuos, hombres y mujeres cabales que estamos en la primera línea de combate por la libertad y por os derechos del mexicano. Y por eso es muy fácil ponernos el dedo encima.

“Reivindicamos los actos del 1° de diciembre. Sin embargo, no asumimos ninguna de estas acciones. Nosotros fuimos a marchar con las manos y las banderas. Si hubo otras expresiones políticas, organizadas o desorganizadas, que hicieron manifiesto su descontento de otras maneras, nosotros no somos quién para decir si son infiltrados.
Entendemos que hay un momento de crispación política y que el pueblo está buscando nuevas formas de manifestarse”, concluyeron.

Anarquistas niegan que detenidos sean de sus agrupaciones

Representantes de las organizaciones aseguran que tampoco identifican a sus miembros en los videos e imágenes que muestran los desmanes causados en el Centro Histórico de la Ciudad de México REDACCION
diciembre 7, 2012 1:21 pm

Las organizaciones Cruz Negra Anarquista y la Alianza Anarquista Revolucionaria que han sido señaladas por el Gobierno del Distrito Federal como responsables de los actos vandálicos cometidos en el Centro Histórico el pasado primero de diciembre aseguraron que ninguno de los 69 detenidos pertenece a alguna de estas agrupaciones, aunque dijeron, exigen su liberación. .

En conferencia de prensa, tres representantes de las organizaciones, quienes no dieron sus nombres, aseguraron que tampoco identifican a ninguno de sus miembros en las imágenes de fotos y videos en donde se ven los desmanes ocasionados el sábado pasado en el Centro Histórico.

Asimismo denunciaron que las acusaciones en su contra por parte de las autoridades son con la finalidad de deslindarse de su responsabilidad ante los hechos que consideraron como de extrema fuerza.

Aseguraron que a pesar de sus tendencias políticas radicales no son, dijeron “apóstoles de la violencia” y buscan el cambio en las condiciones de vida de la población pero por medio de trabajo en colonias y comunidades.

Además, responsabilizaron de los hechos de violencia al presidente Enrique Peña Nieto y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

Anunciaron que el próximo domingo acudirán al Reclusorio Norte en donde realizarán un acto de solidaridad con los presos, entre los que no hay ninguno de sus integrantes pero que asumieron como suyos por solidaridad.

La procuraduría capitalina viola el debido proceso de los 69 detenidos
Laura Poy Solano

Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 5
El movimiento #YoSoy132 denunció detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso y a los derechos humanos durante las protestas del pasado primero de diciembre contra la asunción de Enrique Peña Nieto a la Presidencia.

El comité jurídico y de derechos humanos del colectivo informó que a la detención de 69 personas se suma la desaparición de Cinthia Hernández Carmona, de #YoSoy132 en León, Guanajuato, de quien se ignora su paradero.

En conferencia de prensa, los voceros del movimiento alertaron que en medios de comunicación se criminaliza a los jóvenes que permanecen en prisión, lo que viola su derecho al debido proceso y es particularmente grave en los casos de la cineasta Judith Gómez Contreras y de Stylianos García Vackimes, Mario Flores Guerrero, Ángel Boydan Florencio y Miguel Ángel Zepeda Patlani, a quienes la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) ha identificado como líderes de la revuelta, señalaron.

Agregaron que la policía capitalina actuó con lujo de violencia para detener a manifestantes que no participaron en los disturbios, personas que se acercaban a ayudar a heridos y detenidos e incluso a quienes simplemente pasaban por la calle.

Afirmaron que el movimiento reivindica sus principios pacíficos y dijeron que no les corresponde calificar si las acciones realizadas desde la sociedad organizada para acabar con el régimen fueron buenas o malas, aunque reconocieron que entre los detenidos hay integrantes de #YoSoy132.

Juan de Dios Hernández Monge, vocero de la Liga de Abogados Primero de Diciembre, señaló que contra los detenidos no hay más pruebas de cargo que no sean las declaraciones de los policías que participaron en el operativo. Consideró que debido a las irregularidades en las consignaciones podemos afirmar que estamos ante un caso, más que jurídico, eminentemente político.

Durante la conferencia se leyó una carta dirigida al nuevo jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, suscrita por el Grupo Paz con Democracia –que agrupa, entre otras personalidades, al ex rector de la Universidad Nacional Autónoma de México Pablo González Casanova–, en la cual se exige castigo a los responsables de los abusos y violación de derechos humanos de los manifestantes, y a no tener una policía represora y menos un gobierno subordinado a intereses que no corresponden a la mayoría de los capitalinos.

Hernández Monge agregó que se han presentado fotografías donde es evidente la presencia de personas vestidas de civil, usando un guante negro, que se mezclaron entre las fuerzas policiacas y actuaron como provocadores.

Explicó que el delito que se imputa a 58 hombres presos en el Reclusorio Norte y a 11 mujeres internadas en Santa Martha Acatitla, es ataque a la paz pública, con una pena que duplica ilícitos como rebelión y sabotaje, con los que se puede aplicar un máximo de 15 años de prisión, y en este caso intentan fincarles el cargo de mayor gravedad, similar al de terrorismo en el fuero federal.

Dijo que los cargos se sostienen en la declaración de los policías ante el Ministerio Público, que, en algunos casos –al menos cuatro–, hacen imputaciones directas y afirman que, sin lugar a duda, los jóvenes a quienes acusan son responsables de actos de destrucción.

A las 18 horas del domingo, agregó, vence el plazo legal para que se determine la situación jurídica de los acusados, por lo que exigió a la PGJDF la inmediata libertad de todos los detenidos y destacó que si se quiere apoyarlos desde el Poder Legislativo, se debe impulsar una ley de amnistía.

Se castigará a los agentes que hayan portado armas: Osorio

El gobierno no autorizó ni repartió balas de goma, afirma
Espera el resultado de las pesquisas de las autoridades locales
De la Redacción

Periódico La Jornada
Viernes 7 de diciembre de 2012, p. 5
El gobierno federal no autorizó ni repartió balas de goma o alguna otra arma a la Policía Federal para contener a los manifestantes el primero de diciembre, señaló el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Sin embargo, dijo que si las investigaciones que realiza la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal concluyen lo contrario, se castigará a quien haya portado alguna arma.

En respuesta a Andrés Manuel López Obrador, quien acusó a Osorio Chong de ser responsable de la represión en San Lázaro y del manejo de halcones para causar destrozos en el Centro Histórico, señaló: No tenemos nada que ver, sino todo lo contrario. Creemos que lo que sucedió son actos que no debemos volver a permitir; lo ha dicho el (ex) jefe de Gobierno Marcelo (Ebrard), y el electo. Por supuesto que lo rechazamos.

En un noticiero de Televisa, Osorio Chong negó que los agentes federales hicieran detenciones arbitrarias, porque las aprehensiones fueron realizadas sólo por la policía capitalina, pero creo que éstas se dieron en el momento en que sucedían las agresiones.

Resaltó que en los disturbios resultaron lesionados más de 20 policías, no de gravedad, que aún son atendidos. Manifestó que está dispuesto al diálogo con quienes no tuvieron nada que ver con los desmanes del sábado –según los resultados de las indagaciones– para atender sus reclamos y darles cauce.

El ex gobernador de Hidalgo expresó su deseo de que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias para ubicar a los responsables de los disturbios, y con ese propósito el gobierno federal ha entregado toda la información solicitada por la administración capitalina.

Cuestionado acerca de si hubo acciones represivas, explicó que hay imágenes y cientos de declaraciones que muestran cómo las fuerzas de seguridad contenían y evitaban que los disturbios no pasaran a mayores.

Ante reiteradas preguntas sobre el uso de balas de goma, respondió: De parte de la autoridad federal se cuidó hasta el último que pudieran traer algún tipo de arma, no sólo las balas de goma a las que haces referencia: cualquier tipo de arma que pudiera dañar a cualquier ciudadano. Fue checado, revisado y por supuesto que se está investigando.

Pidió esperar el dictamen de los médicos que atendieron a los tres manifestantes heridos y ver qué arma se utilizó. Sin embargo, insisto, si hubo algún tipo de arma de parte de la autoridad, de parte de los policías, de nuestra parte de la autoridad federal, por supuesto que serán castigados.

Negó tener indicios de quién estuvo detrás de los actos de vandalismo, aun cuando el Centro de Investigación y Seguridad Nacional está a cargo de Gobernación, ya que las investigaciones están del lado del Distrito Federal.

Sobre los señalamientos de que es un supersecretario con el regreso de la policía a Gobernación, dijo que de ninguna manera. Creemos que la fuerza pública, las fuerzas del orden, regresaron a donde deben estar y donde están a nivel internacional y está probado que funcionan.

En otro tema, aseguró que el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán seguirá siendo de los delincuentes más buscados, junto con otros, pero se enfocarán también a restablecer el tejido social, tarea a cargo de Roberto Campa Cifrián, nombrado la víspera subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana.

Demanda víctima de disturbios a la policía federal

La Redacción
6 de diciembre de 2012 · 39 Comentarios
Nacional

MÉXICO, D.F. (apro).- Custodiado por medio centenar de estudiantes, en silla de ruedas y con anteojos oscuros, Uriel Sandoval, quien perdió el ojo derecho durante los disturbios del sábado en San Lázaro, abandonó este jueves el Hospital General, donde estuvo internado cuatro días.

Acompañado por su familia y los abogados que lo representan, el joven estudiante de licenciatura en Medio Ambiente y Cambio Climático en la Universidad en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) ofreció una conferencia de prensa, en la que anunció que ya interpuso una denuncia ante Procuraduría General de la República (PGR) en contra de quien o quienes resulten responsables de la agresión que sufrió durante los disturbios de 1 de diciembre, por los presuntos delitos de tentativa de homicidio y abuso de poder.

La Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF) envió este jueves a la PGR el caso de Sandoval, aunque sus abogados aseguran que no han sido notificados de su situación legal.

Sandoval relató a los periodistas que él participaba en la manifestación en la Cámara de Diputados y que cuando la Policía Federal comenzó a lanzar bombas de gas lacrimógeno y a disparar balas de goma corrió sin rumbo fijo para ponerse a salvo, pero de pronto sintió un fuerte golpe en el ojo que lo hizo caer al piso, bañado en sangre.

Además, pidió la liberación de los compañeros que injustamente se encuentran presos. “Esta lucha no terminará hasta que la miseria termine, un ojo no es nada, muchos seres humanos no tienen qué comer todos los días, los obreros tiene que ir a las fábricas agachando la cabeza para darle de comer sus hijos, los campesinos pierden sus tierras y nadie hace nada, ahora pasa algo mediático y salen”.

Los estudiantes que acudieron a recibirlo portaban diversas pancartas con la leyenda: “Ni con tanques ni metrallas, los estudiantes no se callan”.

Por separado, el Comité Jurídico de Derechos Humanos del movimiento #YoSoy132 demandó al jefe de Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, desistirse de las acusaciones contra los 69 detenidos.

En conferencia de prensa, el abogado Juan de Dios Hernández de la liga conformada para la defensa de los implicados, destacó que se analiza solicitar una ley de amnistía a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal en favor de los detenidos, porque a varios se les detuvo de manera arbitraria.

Asimismo, reconocieron que sí hay integrantes del #YoSoy132 detenidos, pero se negaron a proporcionar su nombre por seguridad prefirieron no revelar los nombres e indicaron que tienen confirmada a una persona desaparecida.

“El movimiento #YoSoy132 se ha declarado pacífico, por lo que rechaza haber sido parte de cualquier acto de violencia, sin embargo también como parte de su declaración de principios, respeta todas las formas de lucha” y anunciaron que abrirán una página web en donde informarán sobre el caso de los detenidos [Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo]

Y dieron a conocer que entregarán una carta de la organización Paz con Democracia firmada por Pablo González Casanova y Miguel Concha Malo, al nuevo jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, donde le expresan su preocupación por el uso de la fuerza excesiva la que no corresponde, dijeron, a un gobierno democrático.

Asimismo, le solicitaron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal realice investigaciones serias y contundentes sobre las violaciones que han quedado ampliamente documentadas.

Infiltrados, autores de los disturbios: Mondragón y Kalb

La Redacción
7 de diciembre de 2012 · 29 Comentarios
Nacional
Manuel Mondragón y Kalb Foto: Germán Canseco

MÉXICO, D.F. (apro).- El exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal y actual encargado del despacho de la SSP federal, Manuel Mondragón y Kalb, eximió de toda responsabilidad al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong del operativo policiaco desplegado el pasado 1 de diciembre durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y sostuvo que infiltrados provocaron los disturbios.

Osorio Chong “no tuvo ninguna acción ni antes ni durante ni después de lo ocurrido el 1 de diciembre”, subrayó.

En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, el funcionario insistió en que la violencia registrada en las inmediaciones de la Cámara de Diputados fue producto de “acciones dirigidas”, pero aclaró que de ninguna manera fueron ordenadas por el titular de la Segob, como lo insinuó el pasado miércoles 5 el excandidato presidencial de izquierda, Andrés Manuel López Obrador en su cuenta de Twitter.

“Hay indicios de que el Sr. Chong es responsable de la represión en San Lázaro y del manejo de halcones para causar destrozos en el DF….”, escribió el tabasqueño.

Sin mencionar el nombre de López Obrador, el exsecretario de Seguridad Pública del Distrito Federal replicó:

“No puedo ser más radical, discúlpeme si así salió, no lo he leído (el tuit) pero cualquier pensamiento en ese sentido de quien fuese, es totalmente falsa esa apreciación.

“El secretario de Gobernación no tuvo en ningún momento, ninguna acción, ninguna definición, ninguna orden para señalarlo en esos términos, ni antes ni durante ni después. (…) Quien piense de esa manera tiene una concepción total y radicalmente equivocada de lo que el secretario de Gobernación hizo ese día antes y después porque las instrucciones me las dio a mí y yo sería responsable”, sostuvo el ahora funcionario federal.

Mondragón puntualizó que él no aceptaría una situación de esa naturaleza. También subrayó que si hubo “halcones” o injerencia de algún grupo para dirigir las acciones de violencia “sería totalmente subrepticia y totalmente ajena al secretario de Gobernación y de su servidor. Yo no aceptaría una situación de esa naturaleza”.

Comentó que desde el día que él y Osorio Chong, rindieron protesta de sus cargos, el primer minuto del 1 de diciembre, estuvo “cercanísimo” a Osorio Chong para informarle de lo que estaba sucediendo desde las seis de la mañana en las inmediaciones de San Lázaro.

“Tuve información desde temprano, protestamos a las 12 y fracción, acompañé al secretario de Gobernación a la propia secretaría y yo habré llagado a casa tres y media cuatro de la mañana. A las 8:00 de la mañana ya estábamos en camino, abordando vehículos para llegar a la Asamblea, desde ese momento empezamos a saber de los disturbios”, relató.

En ese momento, dijo, él se hacía cargo del operativo diseñado por su antecesor, Genaro García Luna, en el ámbito federal, y mantuvo contacto con el encargado de instrumentar el operativo que había diseñado días antes, todavía como titular de la SSP-DF y que quedó a cargo del subsecretario, Luis Rosales.

Mondragón sostuvo que la instrucción que le dio Osorio Chong fue “bajar cualquier enfrentamiento, cualquier confrontación, fue la instrucción que yo tuve del secretario de gobernación, no tener confrontación, la mínima confrontación, la indispensable, la necesaria” para así evitar que hubiera algún trastorno en la vialidad por la llegada de Peña Nieto y los invitados a la toma de protesta.

Recalcó que la violencia provino por parte de quienes se manifestaban tras el cerco que rodeaba a la Cámara de Diputados y causaron lesiones a 13 policías y, quizás, dijo las de los dos manifestantes que resultaron con heridas graves porque –afirmó—los policías no hicieron uso de balas de goma, como se ha informado.

“Hubo pedradas de ambos lados, petardos, bombas molotov, 13 policías fueron llevados al hospital con quemaduras de segundo y tercer grado, algunos fracturados y ya a la salida de los vehículos hubo pedradas fuertes contra vehículos. Sí hubo beligerancia de algunos grupos. Ahí no hubo ningún detenido”, dijo.

También, siguió, “hubo dos heridos serios por parte de los beligerantes, el que perdió el ojo, que pudo haber sido herido por un petardo del propio grupo beligerante porque no hay armas. Se habló por ejemplo de balas de goma, eso yo lo estoy investigando a fondo, no sacaron las fuerzas federales ningún arma en ese sentido, lo que tienen son proyectiles de gases, ese sí existe”, sostuvo Mondragón.

–¿Podría meter la mano al fuego por esta parte? porque hay dudas—le inquirió la periodista.

–No, estoy investigándolo a fondo, tengo ya en mi escritorio el tipo de proyectiles que pueden usarse—señaló el jefe policiaco.

Refirió que no se ha profundizado en la identificación de los grupos que participaron en las manifestaciones pero consideró que quienes protagonizaron los actos vandálicos fue gente infiltrada que con la consigna de realizar “acciones dirigidas”

“Con lo que vi en Avenida Juárez, Reforma, Insurgentes… cómo no va a haber una dirección (detrás de las protestas), si hasta llevaban bombas molotov. Entonces, cómo pueden decir que (las protestas) fue una reacción a la acción policial, cuando llevan bombas molotov y petardos con clavos y tuercas (…) fueron acciones estrictamente dirigidas.

“A los jóvenes estudiantes buenos se les infiltraron otras personas, los jóvenes lanzaron las bombas molotov en contra de los policías, de los comercios. Eso no lo hace un universitario, yo mismo soy universitario”, dijo.

Mondragón también negó la existencia de tácticas como el ‘encapsulamiento’ a grupos de jóvenes manifestantes, denunciadas el jueves pasado por la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) en su informe sobre las protestas.

“No hicimos tácticas de encapsulamiento, protegimos las vallas. Porque sí hubo mucha beligerancia por parte de estas personas que protestaron, por eso hay policías heridos”, insistió.

Y sobre las balas de goma que presuntamente se dispararon durante los disturbios, aseguró que la PF en ningún momento utilizó ese tipo de proyectiles y si alguien lo hizo, sentenció, será castigado.

Una semana lejos de casa…

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 8 de 2012 - 0:00

Este fin de semana se cumplen siete días de que 70 personas, quienes en su mayoría han ofrecido muestras de su inocencia, permanecen encarceladas tanto en el Reclusorio Norte como en la cárcel de mujeres de Santa Martha, acusados de “delitos contra la paz en forma de pandilla”.

El 1 de diciembre pasado, en la Ciudad de México se detuvo al menos a 97 personas, debido a los acontecimientos derivados de las protestas en contra de la toma de posesión del priista Enrique Peña Nieto como Presidente.

Organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) recabaron y presentaron pruebas de abusos a los derechos humanos, que incluyen el uso excesivo de la fuerza, tortura y malos tratos, y detenciones arbitrarias realizadas por agentes de la policía capitalina.

También, familiares y ciudadanos en general han presentado pruebas en las que se evidencia que los detenidos, algunos de los cuales se manifestaban pacíficamente contra el arribo de Peña Nieto a la Presidencia de la República, otros eran simples transeúntes y otros más turistas que paseaban por el Centro Histórico de la Ciudad de México al momento de la trifulca, nada tuvieron qué ver con los destrozos a inmuebles públicos y privados de algunas de las calles del primer cuadro del DF.

El escándalo por lo que se considera uno de los hechos más bochornosos del gobierno del ahora ex jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard Casaubón, ha alcanzado nivel internacional. Diarios y sitios digitales de Estados Unidos, América Latina y Europa han consignado las “redadas” y el “excesivo uso de la fuerza” aplicado por la policía capitalina, así como las consecuencias: lesiones –algunas de ellas graves– a manifestantes, transeúntes e incluso a periodistas, además de la detención y puesta a consignación de 70 personas, la mayoría de ellas jóvenes estudiantes o egresados de diversas universidades de la capital del país.

También, decenas de medios de comunicación mexicanos han puesto en evidencia la arbitrariedad policiaca y denunciado la falta de tolerancia de las autoridades frente a la crítica y el derecho a la manifestación pública.

Además, se reclama desde las redes sociales, que las autoridades no hayan presentado a los verdaderos causantes de la violencia –contra quienes no se obró una persecución el pasado 1 de diciembre–, como tampoco han señalado quiénes son los policías que cometieron la tortura y malos tratos expuestos por la CDHDF.

Las personas encarceladas esperan la resolución del Poder Judicial del Distrito Federal, que este domingo definirá si continúa su procesamiento y detención. En este contexto, la crisis ha pasado a manos de quien el pasado 5 de diciembre asumió como nuevo jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa.

Al también ex procurador general de Justicia de la capital de la República Mexicana se le ha pedido desde diversos foros la liberación de los inocentes, incluyendo los reclamos por sus derechos a un juicio justo y al respeto a la presunción de inocencia que, en este caso, no se tomó en cuenta.

Amnistía Internacional le recordó ayer a Mancera Espinosa que “toda persona inocente detenida, acusada de un delito que no cometió, no solo representa una tragedia en sí misma y una clara violación de derechos humanos, sino también es el reflejo de un sistema de justicia que ha fallado en procesar al verdadero responsable y mantiene la impunidad”.

Son ya siete días en que decenas de hombres y mujeres inocentes no están en sus hogares, con los suyos. Y este domingo la autoridad capitalina debe mostrar de qué está hecha: si entra en razón y los libera, o si se confirma que el gobierno progresista de la Ciudad de México se ha contaminado del germen de quienes a partir de la violación de los derechos humanos y las libertades civiles, buscan que la impunidad siga reinando en el país.

Libres, 55 detenidos el día 1 de diciembre

Sólo 14 permanecen en reclusión, a la espera de que se les reclasifique el delito por los cargos de robo, resistencia a particulares y daño en propiedad privada que se les imputarán, e incluso podrían alcanzar libertad bajo fianza

La Procuraduría capitalina presentó estos videos como prueba de cargo contra los detenidos. A simple vista no es posible identificar a quien señala la flecha Especial

IMÁGENES. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal presentó estos videos como prueba de cargo contra los detenidos. A simple vista no es posible identificar a quien señala la flecha. (Foto: ESPECIAL )

Domingo 09 de diciembre de 2012
Claudia Bolaños y Francisco Nieto | El Universal
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Ante las débiles pruebas en contra de los detenidos el 1 de diciembre, durante los disturbios en el Centro Histórico, la juez 47 de lo Penal, María del Carmen Patricia Mora Brito, notificó la liberación de 55 de los 69 personas detenidas.

El Ministerio Público no aportó evidencias contundentes de la participación de los detenidos en el delito de ataques a la paz pública. Los videos del Programa Bicentenario: Ciudad Segura, las fotografías tomadas el día de los hechos y las declaraciones de los policías, no permitieron comprobar que participaron directamente en los daños causados a fachadas de edificios, monumentos históricos, automóviles y en el saqueo a negocios.

Al cierre de esta edición, familiares de los detenidos aguardaban su salida, y sólo 14 permanecen en reclusión, a la espera de que se les reclasifique el delito por los cargos de robo, resistencia a particulares (resistirse a una detención) y daño en propiedad privada que se les imputarán, e incluso podrían alcanzar libertad bajo fianza.

Al emitir su resolución en torno a este caso, la juez solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) mayor rigidez en sus probanzas, ya que las cámaras de seguridad pública de la capital no aportaron imágenes claras para ubicar con exactitud a los verdaderos responsables.

De acuerdo con el expediente gráfico que la autoridad local tiene como prueba y al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, muchos detenidos no fueron aprehendidos en flagrancia por la policía.

En uno de los expedientes que contiene el caso de 21 detenidos, se evidencia que muchos están en los lugares de los disturbios, pero no participaron directamente en las agresiones y ataques a inmuebles.

Mediante secuencias fotográficas, tomadas de las cámaras de vigilancia de la policía capitalina, se constató que las pruebas son débiles y en muchos casos no hay una correspondencia directa entre el detenido y el delito.

Las imágenes captadas de los videos no sirvieron para que la Procuraduría capitalina hiciera los peritajes de reconocimiento facial de los consignados, no fueron una evidencia sólida que permitiera ubicar a los inculpados durante los actos de vandalismo.

En contraste, este diario tiene en su archivo fotográfico del 1 de diciembre material que da cuenta de los ataques, saqueos y a inmuebles y comercios en la Avenida Juárez.

Videos inservibles

Fueron dos los videos presentados como pruebas de cargo, tomados de las cámaras de Seguridad Pública de dos lugares distintos durante los disturbios: avenida Juárez y la Glorieta de Colón. Las imágenes son abiertas y enfocadas hacia la turba que cometió los desmanes, pero no se consiguió ubicar a ninguno de los indiciados, dijo el abogado Abel Carreón Mora, del despacho Regino Abogados, defensor de la cineasta Judith Contreras, así como de Luis Francisco Sánchez Escalante, hermano de la cantante “Amandititita”.

La noche del miércoles y hasta la madrugada del jueves, la defensa, el agente ministerial, el secretario de Acuerdos y la juez, observaron y analizaron los videos en una diligencia en la que también se estudiaron las imágenes captadas por otras dos televisoras, y grabaciones que se difundieron en redes sociales.

“Con independencia de que existan acercamientos o no en las tomas, es necesario para poder determinar e identificar a una persona, hacer peritajes especiales de planimetría facial, donde se comparan rostros, características físicas, para determinar si es la persona acusada o no”, explicó el abogado Carreón Mora.

Este tipo de peritajes son comunes en los asaltos a bancos, y para ello, se sacan fotografías del detenido y del rostro captado en el video, para hacer ampliaciones de características de la fisonomía y hacer comparaciones.

Eduardo Miranda abogado y padre de Eduardo Miranda Rochín, uno de los que estaban internos en el Reclusorio Norte, dijo que las mejores imágenes fueron tomadas por las televisoras, pero en ellas tampoco se ubicó a ninguno de los acusados.

Hizo saber que el viernes, la Secretaría de Seguridad Pública entregó al juzgado nuevas pruebas contra los acusados, “son algunas fotografías de videos”, que tampoco aportaban nada.

Óscar de los Reyes, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe, dijo que las imágenes “deben asociarse con otros elementos que puedan hacer más contundentes la prueba plena, para que no se lesionen los derechos fundamentales de las personas”, dijo. (Con información de Fernando Martínez)

Liberan a 56 detenidos por disturbios; 13 recibirán auto de formal prisión

POLÍTICA • 9 DICIEMBRE 2012 - 9:52AM — JOSÉ ANTONIO BELMONT
Todavía no se precisa si a estas personas se les dictará el auto de formal prisión por el delito por el que fueron consignadas (ataques a la paz pública en pandilla) o se les reclasificará el ilícito.



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Foto: Iván Macías
FAMILIARES DE ALGUNOS DE LOS DETENIDOS ESPERARON DURANTE LA NOCHE Y LA MADRUGADA AFUERA DEL RECLUSORIO NORTE.

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Ciudad de México • De las 69 personas consignadas por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de ataques a la paz pública derivado de los actos de vandalismo del 1 de diciembre, solo 13 recibirán auto de formal prisión.

De acuerdo con la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal, solo 12 de los 58 hombres internados en el Reclusorio Norte y una de las 11 mujeres presas en el Cereso de Santa Marta Acatitla permanecerán en dichos centros.

La dependencia capitalina detalló que las personas ingresadas desde la semana pasada en el penal Norte comenzaron a ser liberadas en la madrugada. Hasta el momento 23 hombres han salido y se espera que en las siguientes horas continúe esto.

Todavía no se precisa si estas 13 personas se les dictará auto de formal prisión por el delito de ataques a la paz pública en pandilla, por el que fueron consignadas y que alcanzarían de 5 a 30 años de cárcel, o se les reclasificará el ilícito.

Esta mañana, 10 de las 11 mujeres detenidas y consignadas por la Procuraduría capitalina debido a los disturbios del sábado 1 de diciembre fueron liberadas del Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

Al no encontrar elementos, la juez 47 penal ordenó el auto de libertad de:

Claudia Trejo Gómez
Mariana Muñiz Nieto
Jessica Reyna Carmargo
Rosa Vargas Rodríguez
Regina López Martínez
Diana Aragón Rocha
Judith Gómez Contreras
Guadalupe Coutiño Escobar
Angélica Zepeda Patlani
Elizabeth López Montenegro

Solo Rita Neri Moctezuma sigue detenida.

¿Subversión o halconazo?

El primer día del nuevo gobierno estalló la violencia. ¿Demasiado organizado para ser casual? Así iniciaron las protestas del 68 y 71, y también las represiones. Conoce las similitudes y diferencias de estos movimientos

POR FÉLIX ARREDONDO - Viernes 7 de diciembre de 2012

Daba la impresión que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente a los vecinos

"Abrimos la queja de oficio porque en un momento como este... probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio”
Luis González Placencia
Derechos Humanos

Si los primeros indicios de los hechos violentos ocurridos el primero de diciembre en la Ciudad de México, apuntaban hacia el surgimiento de la subversión violenta, con el paso de los días empiezan a surgir otras evidencias que debilitan esta hipótesis y fortalecen otra.

La tesis más fuerte, hasta ahora, presume la existencia de un plan de acción orquestado desde alguna instancia gubernamental que perseguiría dos objetivos políticos:

El primero, debilitar la imagen de Enrique Peña Nieto, para hacerlo debutar como un gobernante intolerante y represor frente a los que se manifiestan en su contra.

El segundo, hacer aparecer a Andrés Manuel López Obrador como el instigador de una escalada de violencia para descalificar su república amorosa.

¿Quién realmente estuvo atrás de estos movimientos violentos?

¿Son grupos radicales que decidieron manifestarse espontánea y agresivamente precisamente a partir del primero de diciembre?

¿O estamos frente a una trampa como la ocurrida el 10 de junio de 1971, el famoso Jueves de Corpus, para reventar políticos?

Entre el 1 de diciembre y los guantes blancos

Todo empezó la mañana del domingo 26 noviembre cuando millones de personas que se transportan cotidianamente en el Metro se enteraron que se habían cerrado las entradas las estaciones Santa Anita, Jamaica, Fray Servando y Candelaria de la línea 4, direcciones Santa Anita-Martín Carrera.

La orden provenía del Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón, sin que el gobierno del Distrito Federal pudiera haber hecho algo para evitar la decisión.

Además las “medidas preventivas” supuestamente para garantizar la seguridad en la toma de posesión de Peña Nieto, también implicaban la instalación de un cerco metálico a cargo de la Policía Federal, que aislaba 10 kilómetros cuadrados en torno a la Cámara de Diputados.

Nunca había sucedido nada igual. No había precedentes históricos de tan absurdas y exageradas medidas. Con tal prepotencia, con tanta anticipación.

Para traspasar el cerco, los vecinos de la zona tenían que acreditar que habitaban en las viviendas circundadas. Para un ciudadano común, atravesar la valla representaba tantos o más obstáculos que cruzar la frontera con los Estados Unidos.

El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, protestó la medida. El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam, también.

Y hasta Miguel Osorio Chong, entonces coordinador General de Diálogo Político y Seguridad de Peña Nieto se vio obligado a intervenir para que se reabrieran las estaciones del Metro y se facilitaran los accesos a San Lázaro y a las zonas habitacionales.

Daba la impresión, ya desde entonces, que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente el enojo y la molestia de los vecinos de San Lázaro. De predisponerlos en contra del arribo del nuevo gobierno.

Y es que la muy anticipada instalación del cerco, además de violentar las garantías de tránsito, no se justificaba desde ningún punto de vista.

Menos aún cuando el propio Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, y el movimiento Yosoy132, habían anunciado que continuarían con sus manifestaciones pacíficamente.

El halconazo

En la historia reciente de México ha habido miles de manifestaciones, pero las violentas, se pueden contar con los dedos de la mano.

Y en todas ellas, con el paso tiempo, se ha descubierto que la violencia fue provocada desde alguna instancia de gobierno, con objetivos políticos muy específicos.

Asi sucedió con la participación de los guantes blancos del batallón Olimpia en los sucesos del 2 de octubre de 1968.

Y así ocurrió también con la matanza del llamado Jueves de Corpus de 1971, cuya verdadera historia fue relatada por Alfonso Martinez Dominguez al respetado activista de izquierda Heberto Castillo.

“No, señor presidente. Creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No habrá problemas”.

Quien así hablaba era el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez.

El presidente Luis Echeverría lo había convocado para analizar los riesgos de una marcha de protesta que se realizaría el 10 de junio de 1971.

Sin embargo, Echeverría daba la apariencia de no estar de acuerdo con la opinión de Martínez Domínguez:

“No, Alfonso. La izquierda me está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden.»

La verdad sobre lo que sucedió entonces se supo años después a través del relato de Martínez Domínguez a Heberto Castillo.

En realidad, el objetivo primordial de Echeverría era deshacerse de Martínez Domínguez, porque el político que años después fue gobernador de Nuevo León, “tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra al presidente.”

Y por eso el presidente de la República había diseñado un plan para hacer aparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal como un represor intolerante ante la ciudadanía.

El 10 de junio de 1971 los jóvenes marcharon y sobrevino la masacre.

Martínez Domínguez no pudo hacer nada por evitarla porque Echeverría lo había convocado a Los Pinos a una reunión de trabajo.

“Nada pudimos hacer. La marcha se llevó a cabo y los halcones adiestrados en el Departamento del Distrito Federal, con la complacencia de la policía, golpearon a periodistas, rompieron cámaras fotográficas, hirieron, mataron y remataron muchachos, hasta en las camas del hospital Rubén Leñero, en la Cruz Verde.”

De acuerdo con el relato de Martínez Domínguez, Echeverría había instruido directamente al jefe de la policía del DF, Rogelio Flores Curiel, para que mandara al grupo paramilitar bautizado como “Los Halcones” a reprimir la manifestación.

Años después Echeverría hizo gobernador de Nayarit a Flores Curiel, mientras que se encargó de que todo el peso moral de la marginación política recayera en Martínez Domínguez.

El que fuera gobernador de Nuevo León relató que en la reunión el presidente Echeverría se levantó de la mesa en varias ocasiones a hablar por teléfono. Se advertía que le reportaban acontecimientos graves.

Martínez Domínguez afirma haber escuchado que el presidente decidía por teléfono: “Quemen a los muertos. Que nada quede. No permitan fotografías...”

Llegó el momento en que Echeverría interrumpió la reunión. Se dirigió con Martínez Domínguez y le dijo:

“Alfonso, han ocurrido hechos sangrientos. Los estudiantes agredieron a la policía y hubo muertos y heridos. La situación es grave. Necesita usted ir a sus oficinas y dar una conferencia de prensa.”

Se trataba de que Martínez Domínguez saliera a decir que grupos estudiantiles antagónicos se habían enfrentado en la calle.

El jefe de gobierno atendió fielmente las indicaciones del presidente, tanto que al reencontrarse más tarde con Echeverría, el presidente lo felicitó “por su buena memoria”.

Echeverría también pidió a Martínez Domínguez que le organizara una gran manifestación de apoyo en el Zócalo para el 15 junio.

La manifestación se realizó exitosamente, tal y como el presidente lo había ordenado. Sin embargo, horas después el regente de la ciudad de México fue convocado a Los Pinos.

“Me dijo: Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va a servir al presidente de la República.”

“Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal. Sirve usted así al presidente y a su amigo”.

Echeverría había logrado deshacerse de Martínez Domínguez.

Los infiltrados y grupos de choque

Mientras Enrique Peña Nieto estaba por llegar al recinto de San Lázaro la mañana del primero de diciembre, los legisladores de izquierda denunciaban desde la tribuna la represalia violenta que en esos momentos ocurría en contra de quienes se manifestaban en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

Y sí. En el cruce de las avenidas Eduardo Molina y Emiliano Zapata se habían dado enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Los manifestantes lanzaban bombas molotov, palos y piedras en contra de los policías. Y estos a su vez respondían con gases lacrimógenos y balas de goma.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de diversas personas, también había civiles que claramente actuaban a las órdenes de la policía.

El periodista Raúl Tortolero, colaborador de Reporte Indigo, afirma que en el lugar de los hechos “la Policía Federal llevaba agentes no uniformados que recibían órdenes de los mandos presentes”.

“Vestían en mezclilla, playeras, como estudiantes, como civiles. Algunos se tapaban la cabeza con capuchas o la cara con paliacates. Eran claramente una fuerza de choque especial de la Policía Federal. Eran infiltrados”.

Obviamente la condena en contra de los vándalos se generalizó. Era imposible dejar de hacerlo.

Las escenas de los videos mostraban a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno y causando destrozos en los establecimientos de la avenida.

Sin embargo, a pesar de estas escenas, subsistían los cuestionamientos.

¿Por qué los opositores a Enrique Peña Nieto, que siempre se habían manifestado pacíficamente en la ciudad de México, se habrían convertido, de la noche la mañana, en agresivos y violentos?

¿Eran los mismos?, ¿Eran provocadores profesionales al servicio de alguna instancia política o de gobierno?

La confusión y la inmediatez de los hechos no permitía ni siquiera configurar alguna hipótesis más o menos sólida, que la de la de una aparente subversión violenta de grupos extremistas de izquierda.

Detenciones arbitrarias

La policía pasó de la defensiva a la ofensiva. Y empezaron a hacer detenciones. Detuvieron a 69 personas. Fueron 58 hombres y 11 mujeres acusados como presuntos responsables de cometer diversos delitos graves cuyas penas podrían llegar hasta a 45 años de prisión.

Sin embargo poco a poco la hipótesis de la “subversión” parecía debilitarse frente a la hipótesis de la conspiración política.

Y es que conforme pasan los días, aumentan las evidencias que acreditan que en los disturbios del primero de diciembre participaron civiles que actuaron bajo las órdenes de la policía.

Víctimas políticas

Si existió o no una intención preliberada para crear un problema político contra el presidente Peña Nieto, y de paso a Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que ya lo tienen.

Desafortunadamente a uno y a otro se les imputa precipitadamente alguna responsabilidad en los hechos.

A Peña Nieto algunos los acusan de ser un represor, cuando apenas estaba tomando posesión del cargo.

Sus adversarios ni siquiera se han detenido a analizar que el discurso del nuevo presidente dio un giro de 180 grados respecto a su predecesor Felipe Calderón.

El nuevo presidente habla de la paz. Calderón, de la guerra.

Además, resulta obvio que al último que le convenía que su gobierno se inaugurara con actos violentos y de represión, era al propio Peña Nieto.

Por otra parte, otros acusan a López Obrador de ser un instigador de la violencia.

Sus detractores dejan de lado el hecho de que el excandidato presidencial siempre ha dejado constancia de que su lucha es pacífica.

Ni en sus protestas más agresivas, las que bloquearon por semanas Paseo de la Reforma, se dieron actos vandálicos como los del pasado primero de diciembre.

Es obvio, también, que ni a López Obrador, ni a su movimiento político, les convendría ser percibidos por la población como violentos.

Y si no se ha podido acreditar fehacientemente que la violencia del primero de diciembre haya sido promovida por un movimiento subversivo, y sí se ha podido acreditar que en las acciones de la policía hubo presencia de civiles bajo el mando de la policía, y detenciones de inocentes, cabría preguntarse:

¿No estaríamos entonces frente a una provocación violenta como la que ocurrió en 1971 con los llamados Halcones?

Confirma CDHDF tortura en San Lázaro

Por Adriana Amezcua

Desde el primer momento, las irregularidades quedaron a la vista. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ratifica que las denuncias por las prácticas contra los detenidos tras las manifestaciones del 1 de diciembre tienen sustento.

En el marco del operativo policiaco puesto en marcha durante los disturbios, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) habrían detenido de forma arbitraria a 22 personas, según un informe preliminar dado a conocer el jueves 6 de diciembre por la comisión que preside Luis González Placencia.

Unos pasaban por la zona por casualidad. Otros se manifestaban pacíficamente. Algunos se encontraban cubriendo los eventos que acontecían. Otros más trataban de socorrer a quienes eran agredidos por las fuerzas policiacas.

Sin razón alguna “no realizaban ningún acto violento que alterara el orden público”, varios jóvenes fueron introducidos en coches patrulla. Luego, fueron trasladados a agencias del Ministerio Público y después, consignados en reclusorios capitalinos, argumentando que habían cometido “actos vandálicos”.

La Comisión indaga también cuatro supuestos casos de tortura contra jóvenes que se manifestaban pacíficamente durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

Tres de ellos habrían sido torturados con aparatos de choques eléctricos y a otro más le habrían causado tormentos físicos graves.

“Abrimos la queja de oficio porque en un momento como éste, que generó muchísima confusión, probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio a interponer quejas ante la Comisión”, comenta González Placencia a Reporte Indigo.

Entrevistado horas antes de darse a conocer el informe preliminar del caso denominado “1D”, el titular de la CDHDF apunta que esta queja abarca todas las aportaciones relativas a las 69 personas detenidas en el primer día de Gobierno de Peña Nieto.

El organismo público ha solicitado a la autoridad correspondiente que le suministre información concreta que contribuya a esclarecer lo ocurrido en el centro histórico de la Ciudad de México.

Ha solicitado a la SSPDF que les remita los videos oficiales con los que cuenta, las transcripciones de radio de las conversaciones entre jefes policiales y agentes durante ese día, así como la línea de mando o el plan estratégico para atender la contingencia, entre otros requerimientos.

En el momento de la conversación con González Plascencia, dicha información no había sido publicada.

El ombudsman capitalino asegura que la institución que encabeza defenderá a las personas detenidas injustamente y cuyos derechos humanos se han violentado durante la detención o el debido proceso.

Pero precisa que rebasa el ámbito de actuación de la CDHDF poder investigar o determinar quién está tras los disturbios cometidos el primero de diciembre o si hubo grupos de choque que actuaron con premeditación. Aclarar esto es obligación, dice, de la Procuraduría de Justicia.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos señala “es importante que, en el cumplimiento de su papel, no haya personas inocentes que resulten incriminadas”.

Agentes encubiertos

Otro tema a clarificar es la participación de agentes encubiertos en los disturbios de la Alameda Central, posteriores al enfrentamiento en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, una práctica que la CDHDF ha condenado en varias ocasiones.

“Es importante que la policía preventiva esté plenamente identificada”, subraya González Placencia.

Y agrega que, si bien es factible que haya policías de investigación “una facultad reservada a la policía adscrita al Ministerio Público” éstos no están facultados para hacer detenciones en la vía pública.

Por eso, afirma que están investigando “con mucha responsabilidad” los testimonios que sustentan que agentes no uniformados detuvieron a varias personas. Y que, en caso de comprobarse, “nos pronunciaremos con toda energía”, asegura el doctor en política criminal.

En algunos casos, la CDHDF está coadyuvando a los defensores de los detenidos y han hecho una revisión minuciosa de las evidencias disponibles.

Por ejemplo, analizaron los vídeos que circulan en las redes sociales y otros aportados por los familiares de los detenidos.

De este modo, hicieron una comparación para ver cuántas de las personas que aparecen en las imágenes estaban vinculadas con los nombres de los detenidos, así como los casos donde se puede presumir que no tienen relación con los hechos violentos.

Por otra parte, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas para que se investiguen los hechos del #1DMX de forma pronta, imparcial y exhaustiva, respetando los derechos humanos de los detenidos.
Ante las denuncias y la evidencia del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante los desmanes, el organismo internacional solicitó que se informe de los resultados de la indagación.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negó el jueves pasado que se hayan realizado detenciones arbitrarias y que se hayan utilizado balas de goma, pero que se investigarán los sucesos, y el nuevo alcalde, Miguel Ángel Mancera, se dijo dispuesto a asumir todas las responsabilidades por los hechos, en el programa de Carmen Aristegui.

El caso Uriel

No fue detenido, sino que acabó en el hospital gravemente herido. El caso de Uriel Sandoval Díaz, el estudiante de Ciencias Ambientales y Cambio Climático de la UNAM que perdió su ojo derecho tras una agresión del 1 de diciembre, ha sido muy difundido en medios nacionales y redes sociales.

Ayer, el joven, de 22 años, fue dado de alta y en rueda de prensa al abandonar el centro hospitalario informó de que ha presentado una denuncia por tentativa de homicidio y abuso de poder.

El miércoles 5 de diciembre aseguró, desde su cama del Hospital General al programa Noticias MVS, que su único delito fue usar “el derecho a la libre manifestación de mis ideas”. Describió cómo, al manifestarse en las inmediaciones de San Lázaro, él, su novia y otros jóvenes fueron agredidos con gases lacrimógenos.

Lo último que oyó fue que gritaron: “¡Bala, bala!”. Después, un fuerte golpe nubló su vista y ya solo pudo ver con un ojo.

Su madre, María Leonor Díaz, ha pedido a las autoridades que respeten los derechos de su hijo y que le den seguridad en una intervención en el programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui. Díaz solicitó también que se aclare con urgencia la situación jurídica de su hijo ya que hasta la fecha –y tras amplios interrogatorios por parte de policías federales y médicos legistas– no existe ningún cargo en su contra.

La madre de Uriel indicó que resulta preocupante cómo se está abordando el tema en algunos medios de comunicación: “Muestran a los manifestantes como personas violentas, aunque muchos de ellos, como es el caso de mi hijo fueron a expresarse de forma pacífica”.

— Arbitrariedad: botones de muestra

Caso Judith

Judith Gómez Contreras está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla sin haber cometido delito alguno, de acuerdo con las denuncias de su defensa, sus familiares y sus amigos que han montado una red de apoyo para llamar la atención sobre su situación.

El 1 de diciembre acudió a una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Peña Nieto. La joven, de 27 años, que en la actualidad trabaja en el Cine Tonalá, fue detenida en Filomeno Mata. En ese lugar, un grupo de granaderos “los encapsuló a ella y otros compañeros que se manifestaban pacíficamente en esa calle”.

Así lo narra a Reporte Indigo su hermano Luis. El arquitecto dice que, de ahí, fue trasladada al Ministerio Público 50, donde permaneció todo el fin de semana.

Sin pertenecer “a ningún grupo”, fue acusada de formar parte de los actos violentos que ocurrieron en la Avenida Juárez, lejos del lugar donde se encontraba.

A su familia le habían dicho que iba a salir libre, pero en la madrugada del lunes 2, fue trasladada a Santa Martha Acatitla y no solo está señalada por realizar ataques contra la paz social, sino que están identificándola como una de las líderes de los hechos violentos acontecidos en la Avenida Juárez.

“Es totalmente falso. Estamos juntando pruebas, con fotos y vídeos de que ella no estuvo ahí, sino en Filomeno Mata”. dice su hermano.

Su caso se ha agravado. El martes por la noche, medios como Cadena 3 y el canal 28 airearon una foto de su hermana, indicando que era una de las responsables de los destrozos en un hotel del Centro Histórico.

En las informaciones difundidas, se sostenía que, entre las pertenencias de los inculpados, “entre ellas, las suyas, había bombas molotov y granadas de fragmentación, lo que anticipaba que los hechos violentos estaban premeditados”.

A los padres de Judith, que están siguiendo con detalle su proceso, no les han querido entregar sus pertenencias. Su madre la ha visto una vez, en buen estado, aunque al parecer no les darían alimentos ni agua y los detenidos estarían totalmente incomunicados y sin contacto con el resto de la población penal, siempre según los testimonios de Luis.

El pasado miércoles, Judith Gómez declaró ante el Juzgado 47 del Reclusorio Norte y sus familiares esperaban informaciones sobre su audiencia.

Caso Mariana

Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, fue detenida de igual modo en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo.

A ella y más de 30 compañeros, en su mayoría mujeres, les acusaron de perturbar la paz pública, aunque nunca estuvieron en el lugar donde ocurrieron los ataques.

De todos los detenidos, Mariana es la única estudiante de teatro y está presa en el reclusorio femenil de Santa Martha.

En espera de ser procesada, su abogado, el activista Jesús Robles Maloof, ha referido que fue consignada sin que se presentaran pruebas en su contra.

No obstante, sobre esta integrante del colectivo Artistas Aliados pende la amenaza de cárcel de entre 5 y 30 años.

Ayer a las 5 de la tarde, varios ciudadanos acudieron a protestar por su detención arbitraria en el andén del Metro Santa Martha, de la Línea A Pantitlán, La Paz. En ese acto, divulgaron las pruebas de que el 1 de diciembre Mariana sólo realizaba una protesta artística, en una calle donde los disturbios no acontecieron.

Protestas online
Artistas como Héctor Bonilla, Damián Alcazar y Laura Esquivel se manifestaron en video en contra de los supuestos abusos de autoridad que se dieron en las protestas.

Ebrard y Mondragón dieron la orden de pasar de contener a detener: agente del DF

Es inexplicable que no se utilicen los videos captados por las cámaras de la ciudad, añade

Cerca de Bellas Artes ocurrieron refriegas entre activistas y elementos de la policía capitalina. La falta de orden era evidente

Julio Hernández López
Periódico La Jornada
Lunes 10 de diciembre de 2012, p. 7

Un policía capitalino que actuó el pasado primero de diciembre asegura que sus compañeros pasaron de la contención a las detenciones en la avenida Juárez cuando por radio se les informó que debían realizarlas por orden directa de Marcelo Ebrard, todo en un vacío de mando, como un limbo, en la transferencia de poderes.

El uniformado señala que hubo aprehensiones fuera como fuera, que algunas instrucciones eran lanzadas por radio con la clave del jefe Mondragón que ya no era jefe, que varios de los destructores del Centro Histórico llevaban un guante negro con los dedos cortos y algunos no sabían ni pintar el símbolo de los anarquistas, que las cámaras del Centro de Control y Comando (C2) se han quedado inexplicablemente inutilizadas para saber qué pasó ese día y que los policías están nerviosos por temor a que los políticos nuevamente se limpien con ellos a la hora en que los estudiantes exijan castigo a los responsables de las detenciones sin fundamento.

Es un agente grado primero que se identifica ampliamente pero pide guardar su identidad. Lleva el uniforme puesto y acepta ser videograbado, de espaldas. De mediana edad, dice haber terminado la secundaria y conocer a la policía a profundidad; tiene hijos que son universitarios y deplora que la política ponga a pelear a las familias. Le mueve a hablar el haber visto ese caos que llevó a injusticias contra ambos bandos y el abandono en que siempre se tiene a los policías, como sucedió en Tláhuac, en el News Divine y en otros casos en los que la hebra se rompe por el lado de los agentes y no de los verdaderos responsables.

Mondragón y Ebrard, en este caso.

En el auge de la campal

¿De quién provino la orden de comenzar a detener gente?: “Por las frecuencias de radio, por el Tetra (marca del sistema de radioenlace Terrestrial trunked radio: N. de la R.) ya no se sabía, los mandos ya no sabían; algunas órdenes las lanzaban con la clave del jefe Mondragón, que para ese entonces se supone que ya no era el jefe de nosotros porque ya estaba tomando protesta en San Lázaro, y en el auge de la campal, en la situación cuando ya está más fuera de control, ya las órdenes decían que ya venían directo de Marcelo Ebrard”.

Narra parte de lo que vivió: Estaban todos, el jefe Centro, el jefe Revolución, el jefe Morelos, el jefe de los Pumas, prácticamente de todos los cuadrantes de la delegación Cuauhtémoc. Es obvio que nadie dice la orden es directa, pero se escucha por el Tetra; en el nerviosismo o en el caos, no sé de quién salía directo la orden y salió así, ¿no?, la orden directa de Marcelo. La orden de cuando dejamos de contener, porque primero fue pura contención, resistir los embates, porque eso sí fue muy real, la policía no llegó de que llegamos y los atacamos, la policía atacó hasta después de una hora de estar resistiendo; aventaban de todo, los videos son muy claros, y allí se dio la orden R9, de hacer detenciones... ¡R9, R9 ya!, y es el momento de que, pos pásale, ¿no?

En la Alameda “era un caos en el que ya no se podía hacer nada. Llegó el momento en que las corretizas ya eran un desastre. Las frecuencias saturadas por ambulancias, detenciones de ‘súbete a la patrulla’ y vámonos, fuera como fuera. Unos actuaban y otros no. Hubo un momento de confusión en el Hemiciclo a Juárez, entre que unos comenzaban ya desesperados a golpear o, más que nada, a defenderse, y había órdenes de ‘no, todavía no pueden intervenir, sólo contención’, como en otras manifestaciones. Pero las otras son pacíficas, a lo mucho nos arrojan pintura, orines, agua, lo que sea. Y aquí empezaron que ¿quién está ordenando?, ¿quién, a ver? Seguramente al calor del momento: ‘la orden es directa de Marcelo Ebrard’. La orden ya de hacer el R9, ¿no? Detenidos, ya quieren detenidos”.

¿Aprehensiones arbitrarias, injustas?: “cuando dicen deténganlos, muchos sí fueron agarrados de los que estaban golpeando a los policías; muchos otros fue al momento pues ya de, presta, ¿no?, de mucha gente que se paraba a reclamarnos, ¿no?, porque te los llevas. De los que sacan el celular, eso es muy típico, ¿no?, todo mundo nos graba, hagamos lo que hagamos, y pues sí en la molestia, impotencia y la frustración de todos nosotros. Además de que la orden era ‘agarren ya’: no fue una orden así de ‘agarren a todos’, pero sí de ‘agarren a todo aquel que se ponga p*****o’ (...) no a todos los que se agarró fue a los que estaban agrediendo o causando destrozos. Incluso de todos los detenidos que vi, en la 50 en el búnker, no vi a nadie de los grupos que se hacen llamar anarquistas que estuvieron ese día. Muchas señoras que sí, o gente que va pasando y que en ese momento dice ‘no te lo lleves’, pero que a lo mejor no estuvo en la marcha”.

El policía de primer grado dice que siempre hay infiltrados para controlar a los más agresivos. Por ejemplo: señoras llenas de trenzas de pelo amarillo, pintado; parecerían de la Facultad de Filosofía, . Cuando se les detiene, se identifican con la clave X3 o muestran el radio Tetra que llevan escondido, exclusivo de la policía, y son liberados. Dice que un problema legal evidente es que los detenidos fueron aventados a las patrullas y luego se integraron mal las averiguaciones previas, con errores en cuanto a lugar y circunstancias del apresamiento.

Recuerda que el C2 es capaz de ubicar a un par de ladrones en el Centro Histórico, seguirlos, avisar a una patrulla por dónde se metieron hasta a otra colonia para que los alcancen, pero el primero de diciembre no siguió a los encapuchados. Afirma que los anarquistas que él conoce son puros alcohólicos y drogadictos, que tienen protesta contra el gobierno, pero sin organización como la que se les achaca. Comenta que varios de los destructores eran vendedores ambulantes, de los que siempre están afuera de la Plaza de la Computación. Lamenta que al necesitar más contingentes los mandos policiacos recurran a policías bancarios, que cuidan oficinas o fábricas y son puestos a controlar manifestaciones y detener gente.

Y cierra mencionando que en la policía hay un c****o de descontento contra los mandos y en especial contra Ebrard y Mondragón, porque actúan con fines políticos y sacrifican a los agentes para cuidar sus figuras.

Lanceros de Toluca escribió:Ampliamente recomendada la lectura.:

¿Subversión o halconazo?

El primer día del nuevo gobierno estalló la violencia. ¿Demasiado organizado para ser casual? Así iniciaron las protestas del 68 y 71, y también las represiones. Conoce las similitudes y diferencias de estos movimientos

POR FÉLIX ARREDONDO - Viernes 7 de diciembre de 2012

Daba la impresión que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente a los vecinos

"Abrimos la queja de oficio porque en un momento como este... probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio”
Luis González Placencia
Derechos Humanos

Si los primeros indicios de los hechos violentos ocurridos el primero de diciembre en la Ciudad de México, apuntaban hacia el surgimiento de la subversión violenta, con el paso de los días empiezan a surgir otras evidencias que debilitan esta hipótesis y fortalecen otra.

La tesis más fuerte, hasta ahora, presume la existencia de un plan de acción orquestado desde alguna instancia gubernamental que perseguiría dos objetivos políticos:

El primero, debilitar la imagen de Enrique Peña Nieto, para hacerlo debutar como un gobernante intolerante y represor frente a los que se manifiestan en su contra.

El segundo, hacer aparecer a Andrés Manuel López Obrador como el instigador de una escalada de violencia para descalificar su república amorosa.

¿Quién realmente estuvo atrás de estos movimientos violentos?

¿Son grupos radicales que decidieron manifestarse espontánea y agresivamente precisamente a partir del primero de diciembre?

¿O estamos frente a una trampa como la ocurrida el 10 de junio de 1971, el famoso Jueves de Corpus, para reventar políticos?

Entre el 1 de diciembre y los guantes blancos

Todo empezó la mañana del domingo 26 noviembre cuando millones de personas que se transportan cotidianamente en el Metro se enteraron que se habían cerrado las entradas las estaciones Santa Anita, Jamaica, Fray Servando y Candelaria de la línea 4, direcciones Santa Anita-Martín Carrera.

La orden provenía del Estado Mayor Presidencial de Felipe Calderón, sin que el gobierno del Distrito Federal pudiera haber hecho algo para evitar la decisión.

Además las “medidas preventivas” supuestamente para garantizar la seguridad en la toma de posesión de Peña Nieto, también implicaban la instalación de un cerco metálico a cargo de la Policía Federal, que aislaba 10 kilómetros cuadrados en torno a la Cámara de Diputados.

Nunca había sucedido nada igual. No había precedentes históricos de tan absurdas y exageradas medidas. Con tal prepotencia, con tanta anticipación.

Para traspasar el cerco, los vecinos de la zona tenían que acreditar que habitaban en las viviendas circundadas. Para un ciudadano común, atravesar la valla representaba tantos o más obstáculos que cruzar la frontera con los Estados Unidos.

El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, protestó la medida. El presidente de la Cámara de Diputados Jesús Murillo Karam, también.

Y hasta Miguel Osorio Chong, entonces coordinador General de Diálogo Político y Seguridad de Peña Nieto se vio obligado a intervenir para que se reabrieran las estaciones del Metro y se facilitaran los accesos a San Lázaro y a las zonas habitacionales.

Daba la impresión, ya desde entonces, que el gobierno de Calderón tenía la intención de provocar innecesariamente el enojo y la molestia de los vecinos de San Lázaro. De predisponerlos en contra del arribo del nuevo gobierno.

Y es que la muy anticipada instalación del cerco, además de violentar las garantías de tránsito, no se justificaba desde ningún punto de vista.

Menos aún cuando el propio Andrés Manuel López Obrador, Martí Batres, y el movimiento Yosoy132, habían anunciado que continuarían con sus manifestaciones pacíficamente.

El halconazo

En la historia reciente de México ha habido miles de manifestaciones, pero las violentas, se pueden contar con los dedos de la mano.

Y en todas ellas, con el paso tiempo, se ha descubierto que la violencia fue provocada desde alguna instancia de gobierno, con objetivos políticos muy específicos.

Asi sucedió con la participación de los guantes blancos del batallón Olimpia en los sucesos del 2 de octubre de 1968.

Y así ocurrió también con la matanza del llamado Jueves de Corpus de 1971, cuya verdadera historia fue relatada por Alfonso Martinez Dominguez al respetado activista de izquierda Heberto Castillo.

“No, señor presidente. Creo que si realizan su marcha no habrá mayores problemas. Soy de la opinión de que no se tomen sino medidas precautorias. Vigilar que no haya provocaciones. No habrá problemas”.

Quien así hablaba era el jefe del entonces Departamento del Distrito Federal, Alfonso Martínez Domínguez.

El presidente Luis Echeverría lo había convocado para analizar los riesgos de una marcha de protesta que se realizaría el 10 de junio de 1971.

Sin embargo, Echeverría daba la apariencia de no estar de acuerdo con la opinión de Martínez Domínguez:

“No, Alfonso. La izquierda me está toreando, quiere que muestre debilidad y entonces se me subirán a las barbas. Los meteremos al orden.»

La verdad sobre lo que sucedió entonces se supo años después a través del relato de Martínez Domínguez a Heberto Castillo.

En realidad, el objetivo primordial de Echeverría era deshacerse de Martínez Domínguez, porque el político que años después fue gobernador de Nuevo León, “tenía pasado y fuerza política. Le hacía sombra al presidente.”

Y por eso el presidente de la República había diseñado un plan para hacer aparecer al jefe de gobierno del Distrito Federal como un represor intolerante ante la ciudadanía.

El 10 de junio de 1971 los jóvenes marcharon y sobrevino la masacre.

Martínez Domínguez no pudo hacer nada por evitarla porque Echeverría lo había convocado a Los Pinos a una reunión de trabajo.

“Nada pudimos hacer. La marcha se llevó a cabo y los halcones adiestrados en el Departamento del Distrito Federal, con la complacencia de la policía, golpearon a periodistas, rompieron cámaras fotográficas, hirieron, mataron y remataron muchachos, hasta en las camas del hospital Rubén Leñero, en la Cruz Verde.”

De acuerdo con el relato de Martínez Domínguez, Echeverría había instruido directamente al jefe de la policía del DF, Rogelio Flores Curiel, para que mandara al grupo paramilitar bautizado como “Los Halcones” a reprimir la manifestación.

Años después Echeverría hizo gobernador de Nayarit a Flores Curiel, mientras que se encargó de que todo el peso moral de la marginación política recayera en Martínez Domínguez.

El que fuera gobernador de Nuevo León relató que en la reunión el presidente Echeverría se levantó de la mesa en varias ocasiones a hablar por teléfono. Se advertía que le reportaban acontecimientos graves.

Martínez Domínguez afirma haber escuchado que el presidente decidía por teléfono: “Quemen a los muertos. Que nada quede. No permitan fotografías...”

Llegó el momento en que Echeverría interrumpió la reunión. Se dirigió con Martínez Domínguez y le dijo:

“Alfonso, han ocurrido hechos sangrientos. Los estudiantes agredieron a la policía y hubo muertos y heridos. La situación es grave. Necesita usted ir a sus oficinas y dar una conferencia de prensa.”

Se trataba de que Martínez Domínguez saliera a decir que grupos estudiantiles antagónicos se habían enfrentado en la calle.

El jefe de gobierno atendió fielmente las indicaciones del presidente, tanto que al reencontrarse más tarde con Echeverría, el presidente lo felicitó “por su buena memoria”.

Echeverría también pidió a Martínez Domínguez que le organizara una gran manifestación de apoyo en el Zócalo para el 15 junio.

La manifestación se realizó exitosamente, tal y como el presidente lo había ordenado. Sin embargo, horas después el regente de la ciudad de México fue convocado a Los Pinos.

“Me dijo: Alfonso, vaya usted a su hogar, reúna a su esposa y a sus hijos y dígales que va a servir al presidente de la República.”

“Dígales que ha renunciado usted al cargo de jefe del Departamento del Distrito Federal. Sirve usted así al presidente y a su amigo”.

Echeverría había logrado deshacerse de Martínez Domínguez.

Los infiltrados y grupos de choque

Mientras Enrique Peña Nieto estaba por llegar al recinto de San Lázaro la mañana del primero de diciembre, los legisladores de izquierda denunciaban desde la tribuna la represalia violenta que en esos momentos ocurría en contra de quienes se manifestaban en las inmediaciones de la Cámara de Diputados.

Y sí. En el cruce de las avenidas Eduardo Molina y Emiliano Zapata se habían dado enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Los manifestantes lanzaban bombas molotov, palos y piedras en contra de los policías. Y estos a su vez respondían con gases lacrimógenos y balas de goma.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de diversas personas, también había civiles que claramente actuaban a las órdenes de la policía.

El periodista Raúl Tortolero, colaborador de Reporte Indigo, afirma que en el lugar de los hechos “la Policía Federal llevaba agentes no uniformados que recibían órdenes de los mandos presentes”.

“Vestían en mezclilla, playeras, como estudiantes, como civiles. Algunos se tapaban la cabeza con capuchas o la cara con paliacates. Eran claramente una fuerza de choque especial de la Policía Federal. Eran infiltrados”.

Obviamente la condena en contra de los vándalos se generalizó. Era imposible dejar de hacerlo.

Las escenas de los videos mostraban a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno y causando destrozos en los establecimientos de la avenida.

Sin embargo, a pesar de estas escenas, subsistían los cuestionamientos.

¿Por qué los opositores a Enrique Peña Nieto, que siempre se habían manifestado pacíficamente en la ciudad de México, se habrían convertido, de la noche la mañana, en agresivos y violentos?

¿Eran los mismos?, ¿Eran provocadores profesionales al servicio de alguna instancia política o de gobierno?

La confusión y la inmediatez de los hechos no permitía ni siquiera configurar alguna hipótesis más o menos sólida, que la de la de una aparente subversión violenta de grupos extremistas de izquierda.

Detenciones arbitrarias

La policía pasó de la defensiva a la ofensiva. Y empezaron a hacer detenciones. Detuvieron a 69 personas. Fueron 58 hombres y 11 mujeres acusados como presuntos responsables de cometer diversos delitos graves cuyas penas podrían llegar hasta a 45 años de prisión.

Sin embargo poco a poco la hipótesis de la “subversión” parecía debilitarse frente a la hipótesis de la conspiración política.

Y es que conforme pasan los días, aumentan las evidencias que acreditan que en los disturbios del primero de diciembre participaron civiles que actuaron bajo las órdenes de la policía.

Víctimas políticas

Si existió o no una intención preliberada para crear un problema político contra el presidente Peña Nieto, y de paso a Andrés Manuel López Obrador, el hecho es que ya lo tienen.

Desafortunadamente a uno y a otro se les imputa precipitadamente alguna responsabilidad en los hechos.

A Peña Nieto algunos los acusan de ser un represor, cuando apenas estaba tomando posesión del cargo.

Sus adversarios ni siquiera se han detenido a analizar que el discurso del nuevo presidente dio un giro de 180 grados respecto a su predecesor Felipe Calderón.

El nuevo presidente habla de la paz. Calderón, de la guerra.

Además, resulta obvio que al último que le convenía que su gobierno se inaugurara con actos violentos y de represión, era al propio Peña Nieto.

Por otra parte, otros acusan a López Obrador de ser un instigador de la violencia.

Sus detractores dejan de lado el hecho de que el excandidato presidencial siempre ha dejado constancia de que su lucha es pacífica.

Ni en sus protestas más agresivas, las que bloquearon por semanas Paseo de la Reforma, se dieron actos vandálicos como los del pasado primero de diciembre.

Es obvio, también, que ni a López Obrador, ni a su movimiento político, les convendría ser percibidos por la población como violentos.

Y si no se ha podido acreditar fehacientemente que la violencia del primero de diciembre haya sido promovida por un movimiento subversivo, y sí se ha podido acreditar que en las acciones de la policía hubo presencia de civiles bajo el mando de la policía, y detenciones de inocentes, cabría preguntarse:

¿No estaríamos entonces frente a una provocación violenta como la que ocurrió en 1971 con los llamados Halcones?

Confirma CDHDF tortura en San Lázaro

Por Adriana Amezcua

Desde el primer momento, las irregularidades quedaron a la vista. Ahora, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) ratifica que las denuncias por las prácticas contra los detenidos tras las manifestaciones del 1 de diciembre tienen sustento.

En el marco del operativo policiaco puesto en marcha durante los disturbios, miembros de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) habrían detenido de forma arbitraria a 22 personas, según un informe preliminar dado a conocer el jueves 6 de diciembre por la comisión que preside Luis González Placencia.

Unos pasaban por la zona por casualidad. Otros se manifestaban pacíficamente. Algunos se encontraban cubriendo los eventos que acontecían. Otros más trataban de socorrer a quienes eran agredidos por las fuerzas policiacas.

Sin razón alguna “no realizaban ningún acto violento que alterara el orden público”, varios jóvenes fueron introducidos en coches patrulla. Luego, fueron trasladados a agencias del Ministerio Público y después, consignados en reclusorios capitalinos, argumentando que habían cometido “actos vandálicos”.

La Comisión indaga también cuatro supuestos casos de tortura contra jóvenes que se manifestaban pacíficamente durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

Tres de ellos habrían sido torturados con aparatos de choques eléctricos y a otro más le habrían causado tormentos físicos graves.

“Abrimos la queja de oficio porque en un momento como éste, que generó muchísima confusión, probablemente las familias de las víctimas no se acerquen de motu propio a interponer quejas ante la Comisión”, comenta González Placencia a Reporte Indigo.

Entrevistado horas antes de darse a conocer el informe preliminar del caso denominado “1D”, el titular de la CDHDF apunta que esta queja abarca todas las aportaciones relativas a las 69 personas detenidas en el primer día de Gobierno de Peña Nieto.

El organismo público ha solicitado a la autoridad correspondiente que le suministre información concreta que contribuya a esclarecer lo ocurrido en el centro histórico de la Ciudad de México.

Ha solicitado a la SSPDF que les remita los videos oficiales con los que cuenta, las transcripciones de radio de las conversaciones entre jefes policiales y agentes durante ese día, así como la línea de mando o el plan estratégico para atender la contingencia, entre otros requerimientos.

En el momento de la conversación con González Plascencia, dicha información no había sido publicada.

El ombudsman capitalino asegura que la institución que encabeza defenderá a las personas detenidas injustamente y cuyos derechos humanos se han violentado durante la detención o el debido proceso.

Pero precisa que rebasa el ámbito de actuación de la CDHDF poder investigar o determinar quién está tras los disturbios cometidos el primero de diciembre o si hubo grupos de choque que actuaron con premeditación. Aclarar esto es obligación, dice, de la Procuraduría de Justicia.

Sin embargo, el defensor de los derechos humanos señala “es importante que, en el cumplimiento de su papel, no haya personas inocentes que resulten incriminadas”.

Agentes encubiertos

Otro tema a clarificar es la participación de agentes encubiertos en los disturbios de la Alameda Central, posteriores al enfrentamiento en las inmediaciones de la Cámara de Diputados, una práctica que la CDHDF ha condenado en varias ocasiones.

“Es importante que la policía preventiva esté plenamente identificada”, subraya González Placencia.

Y agrega que, si bien es factible que haya policías de investigación “una facultad reservada a la policía adscrita al Ministerio Público” éstos no están facultados para hacer detenciones en la vía pública.

Por eso, afirma que están investigando “con mucha responsabilidad” los testimonios que sustentan que agentes no uniformados detuvieron a varias personas. Y que, en caso de comprobarse, “nos pronunciaremos con toda energía”, asegura el doctor en política criminal.

En algunos casos, la CDHDF está coadyuvando a los defensores de los detenidos y han hecho una revisión minuciosa de las evidencias disponibles.

Por ejemplo, analizaron los vídeos que circulan en las redes sociales y otros aportados por los familiares de los detenidos.

De este modo, hicieron una comparación para ver cuántas de las personas que aparecen en las imágenes estaban vinculadas con los nombres de los detenidos, así como los casos donde se puede presumir que no tienen relación con los hechos violentos.

Por otra parte, Amnistía Internacional hizo un llamamiento a las autoridades mexicanas para que se investiguen los hechos del #1DMX de forma pronta, imparcial y exhaustiva, respetando los derechos humanos de los detenidos.
Ante las denuncias y la evidencia del uso excesivo de la fuerza contra los manifestantes durante los desmanes, el organismo internacional solicitó que se informe de los resultados de la indagación.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong negó el jueves pasado que se hayan realizado detenciones arbitrarias y que se hayan utilizado balas de goma, pero que se investigarán los sucesos, y el nuevo alcalde, Miguel Ángel Mancera, se dijo dispuesto a asumir todas las responsabilidades por los hechos, en el programa de Carmen Aristegui.

El caso Uriel

No fue detenido, sino que acabó en el hospital gravemente herido. El caso de Uriel Sandoval Díaz, el estudiante de Ciencias Ambientales y Cambio Climático de la UNAM que perdió su ojo derecho tras una agresión del 1 de diciembre, ha sido muy difundido en medios nacionales y redes sociales.

Ayer, el joven, de 22 años, fue dado de alta y en rueda de prensa al abandonar el centro hospitalario informó de que ha presentado una denuncia por tentativa de homicidio y abuso de poder.

El miércoles 5 de diciembre aseguró, desde su cama del Hospital General al programa Noticias MVS, que su único delito fue usar “el derecho a la libre manifestación de mis ideas”. Describió cómo, al manifestarse en las inmediaciones de San Lázaro, él, su novia y otros jóvenes fueron agredidos con gases lacrimógenos.

Lo último que oyó fue que gritaron: “¡Bala, bala!”. Después, un fuerte golpe nubló su vista y ya solo pudo ver con un ojo.

Su madre, María Leonor Díaz, ha pedido a las autoridades que respeten los derechos de su hijo y que le den seguridad en una intervención en el programa radiofónico de la periodista Carmen Aristegui. Díaz solicitó también que se aclare con urgencia la situación jurídica de su hijo ya que hasta la fecha –y tras amplios interrogatorios por parte de policías federales y médicos legistas– no existe ningún cargo en su contra.

La madre de Uriel indicó que resulta preocupante cómo se está abordando el tema en algunos medios de comunicación: “Muestran a los manifestantes como personas violentas, aunque muchos de ellos, como es el caso de mi hijo fueron a expresarse de forma pacífica”.

— Arbitrariedad: botones de muestra

Caso Judith

Judith Gómez Contreras está recluida en el penal de Santa Martha Acatitla sin haber cometido delito alguno, de acuerdo con las denuncias de su defensa, sus familiares y sus amigos que han montado una red de apoyo para llamar la atención sobre su situación.

El 1 de diciembre acudió a una manifestación pacífica en contra de la toma de posesión de Peña Nieto. La joven, de 27 años, que en la actualidad trabaja en el Cine Tonalá, fue detenida en Filomeno Mata. En ese lugar, un grupo de granaderos “los encapsuló a ella y otros compañeros que se manifestaban pacíficamente en esa calle”.

Así lo narra a Reporte Indigo su hermano Luis. El arquitecto dice que, de ahí, fue trasladada al Ministerio Público 50, donde permaneció todo el fin de semana.

Sin pertenecer “a ningún grupo”, fue acusada de formar parte de los actos violentos que ocurrieron en la Avenida Juárez, lejos del lugar donde se encontraba.

A su familia le habían dicho que iba a salir libre, pero en la madrugada del lunes 2, fue trasladada a Santa Martha Acatitla y no solo está señalada por realizar ataques contra la paz social, sino que están identificándola como una de las líderes de los hechos violentos acontecidos en la Avenida Juárez.

“Es totalmente falso. Estamos juntando pruebas, con fotos y vídeos de que ella no estuvo ahí, sino en Filomeno Mata”. dice su hermano.

Su caso se ha agravado. El martes por la noche, medios como Cadena 3 y el canal 28 airearon una foto de su hermana, indicando que era una de las responsables de los destrozos en un hotel del Centro Histórico.

En las informaciones difundidas, se sostenía que, entre las pertenencias de los inculpados, “entre ellas, las suyas, había bombas molotov y granadas de fragmentación, lo que anticipaba que los hechos violentos estaban premeditados”.

A los padres de Judith, que están siguiendo con detalle su proceso, no les han querido entregar sus pertenencias. Su madre la ha visto una vez, en buen estado, aunque al parecer no les darían alimentos ni agua y los detenidos estarían totalmente incomunicados y sin contacto con el resto de la población penal, siempre según los testimonios de Luis.

El pasado miércoles, Judith Gómez declaró ante el Juzgado 47 del Reclusorio Norte y sus familiares esperaban informaciones sobre su audiencia.

Caso Mariana

Mariana Muñiz, estudiante de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM, fue detenida de igual modo en la esquina de Filomeno Mata y 5 de Mayo.

A ella y más de 30 compañeros, en su mayoría mujeres, les acusaron de perturbar la paz pública, aunque nunca estuvieron en el lugar donde ocurrieron los ataques.

De todos los detenidos, Mariana es la única estudiante de teatro y está presa en el reclusorio femenil de Santa Martha.

En espera de ser procesada, su abogado, el activista Jesús Robles Maloof, ha referido que fue consignada sin que se presentaran pruebas en su contra.

No obstante, sobre esta integrante del colectivo Artistas Aliados pende la amenaza de cárcel de entre 5 y 30 años.

Ayer a las 5 de la tarde, varios ciudadanos acudieron a protestar por su detención arbitraria en el andén del Metro Santa Martha, de la Línea A Pantitlán, La Paz. En ese acto, divulgaron las pruebas de que el 1 de diciembre Mariana sólo realizaba una protesta artística, en una calle donde los disturbios no acontecieron.

Protestas online
Artistas como Héctor Bonilla, Damián Alcazar y Laura Esquivel se manifestaron en video en contra de los supuestos abusos de autoridad que se dieron en las protestas.

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Alejandro Sandino Jaramillo y César Llaguno son ejemplos del maxiproceso vergonzoso: abogado
Niegan la libertad a documentalista que ha demostrado con imágenes su inocencia
Blanche Petrich

Periódico La Jornada
Lunes 10 de diciembre de 2012, p. 5
La videocámara del fotorreportero freelance Alejandro Sandino Jaramillo Rojas se mueve durante 15 minutos ininterrumpidos frente al contingente de policías que avanzan y luego retroceden desde el Eje Lázaro Cárdenas hacia la explanada de Bellas Artes. Por su lente cruzan decenas de jóvenes. Algunos, en efecto, arrojan objetos contra los granaderos. La mayoría no. Uno, fuera de cámara, grita: ¡No me dejan protestar, carnal; quiero protestar!

Jaramillo, sin dejar de registrar la escena, avanza de nuevo hacia la avenida para acercarse a donde los agentes, al parecer, han detenido a un muchacho alto. En el fragmento de esta grabación que La Jornada exhibe en su portal online, se ve cómo los policías se dirigen hacia el camarógrafo, que empieza a perder el control. Alguien jalonea la cámara. Se oye a Alejandro Sandino gritar: “¡Aguanten, jefe!, ¡yo estoy grabando, jefe! ¡Yo…!”. Se corta la escena.

En ese momento fue detenido, mientras registraba en video los hechos del primero de diciembre. Documentalista de redes sociales, egresado del Faro de Oriente de Iztapalapa y estudiante de francés en el Cecyt 13, su intención era, según dijo a La Jornada en entrevista telefónica desde el penal, hacer un registro, como ciudadano y como comunicador. También filmaba para proteger compañeros que pudieran ser reprimidos, para correr el material en las redes sociales.

Hoy fue uno de los 13 hombres que no han sido liberados del Reclusorio Norte hasta ahora, en lo que su abogado Sergio Soto Nájera calificó como una gravísima violación al debido proceso, ni él, su familia o la defensa conocen la razón.

Señala el penalista Soto: Yo estaba seguro, al 100 por ciento, que le iban a dar el auto de libertad. Las pruebas de su inocencia son contundentes.

Explica: Su principal prueba de descargo contra la acusación de ataque a la paz pública es ese material en video, que demuestra que él no estaba haciendo en el lugar de los hechos otra cosa más que cumplir con su función periodística. La única prueba acusatoria, hasta donde sabemos, es una foto fija que demuestra que él sí se encontraba entre los manifestantes. Eso es algo que nosotros no estamos negando. Él sí estuvo ahí, tomando fotos y grabando. Incluso en la agencia 50 del Ministerio Público retuvieron sus cámaras. Ambas fueron entregadas posteriormente a su madre. Y con esas pruebas ella acudió a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para levantar una queja por violación a la libre expresión. La CDHDF no registró este antecedente; ahora debe hacerlo.


Manifestación afuera del penal de Santa Martha AcatitlaFoto Víctor Camacho
Entre las evidencias existen cuatro videos y una serie de al menos 25 fotografías, tomadas durante una hora 43 segundos siguiendo eventos relacionados con las protestas a lo largo de este itinerario: Madero, Uruguay-Pino Suárez, Museo de la Ciudad de México, Izazaga-Pino Suárez, Eje Central-5 de Mayo y Avenida Juárez frente a Bellas Artes.

Al igual que los demás abogados defensores de los 14 que quedaron recluidos, Soto Nájera no ha tenido acceso al expediente penal del fotorreportero, algo que no me había sucedido en 22 años de litigar. Los detenidos que no obtuvieron ayer su libertad fueron citados el domingo a las 5 de la madrugada a la rejilla de prácticas del juzgado 47. Les querían hacer firmar un auto de formal prisión. Ellos se negaron. Pero hasta ahora todos desconocemos si la jueza reclasificó el delito que se les imputa o no, o si se abrió otra averiguación previa. Y los abogados no lo sabemos porque hay una valla de granaderos que impide acercarnos al juzgado.

Apenas el jueves a medianoche, Sandino se escuchaba optimista al teléfono. Ese día no iba a ir a la marcha porque tenía clase de francés. Pero cuando escuché que ya había heridos pedí permiso al maestro y fui. Eso hago, documentar esas cosas. Me pareció que ese era mi lugar. Y estuvo en el Monumento a la Revolución, en Izazaga, Balderas, Zócalo y de ahí hasta Bellas Artes, sorteando pedradas, fotografiando, grabando, haciendo lo suyo.

En el momento de la detención, explica Jaramillo, los policías intentaron arrebatarme las cámaras. Forcejeamos pero sólo arrancaron las correas. No me quitaron los aparatos.

–¿Y crees que sales libre este domingo?

–No sé, creo que sí. Quién sabe.

Ayer, cuando supieron que no iban a salir libres y que tendrán que enfrentar un proceso penal largo desde la cárcel, Sandino y César Llaguno, el joven bolero que fue levantado en la explanada de Bellas Artes, que era su lugar de trabajo, aún con grasa en las manos, lloraban devastados y se abrazaban al profesor Enrique Rosales, que intentaba consolarlos a pesar de que él enfrenta la misma irregularidad.

En mi opinión, los casos de Sandino y el bolero Llaguno son paradigmáticos de este maxiproceso vergonzoso, opina Soto.

Habrá más detenidos por disturbios, adelanta GDF


El gobierno del Distrito Federal y la procuraduría capitalina anunciaron que habrá más órdenes de aprehensión por los disturbios registrados el pasado 1 de diciembre. Señalaron que tienen identificados en videos y fotografías a quienes cometieron desmanes en el Centro Histórico

Martes 11 de diciembre de 2012
Johana Robles y Fernando Martínez | El Universal
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El jefe de gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, y el procurador Rodolfo Ríos Garza anunciaron que habrá más órdenes de aprehensión, pues tienen identificados en videos y fotografías a quienes cometieron disturbios en la Alameda y avenida Juárez el 1 de diciembre, durante las protestas por la toma de posesión de Enrique Peña Nieto.

“Tenemos caras pero no tenemos identidades”, comentó el procurador tras mencionar que no se sabe cuántas personas son ni cuándo se cumplimentarán las detenciones.
Mancera Espinosa afirmó que su administración no impugnará las resoluciones judiciales, que dejaron en libertad a 56 de los 70 detenidos, y giró instrucciones a la Procuraduría para que se detenga a quienes participaron en los hechos.

“La investigación no ha sido cerrada de ninguna manera. Vamos a investigar y, en su momento, vamos a actuar en contra de aquellas personas que de manera muy clara actuaron con una intención de dañar a la ciudad, a la paz de la ciudad”, dijo.
Manifestó que la Comisión de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública investigará la actuación de la policía.

En el caso de las marchas por las detenciones, Mancera garantizó la libertad de manifestación y llamó a que se hagan de forma pacífica y siempre con la interlocución con el gobierno del Distrito Federal.

En su primera conferencia de prensa, Ríos Garza dijo que las 14 personas sujetas a proceso por el delito de ataques a la paz pública, agravado por actuar en pandilla (por tratarse de más de tres personas), hay elementos para inculparlos.

El presidente del TSJDF, Édgar Elías Azar, dijo que la decisión de la juez 47 de lo penal, de liberar a 56 personas y mantener bajo a proceso a 13, está fundamentada en más de 60 horas de revisión de videos y fotografías, además de testimonios.
Además, advirtió que quienes quedaron en libertad están bajo las reservas de ley y si la PGJDF aporta nuevas pruebas se puede proceder contra quienes ahora están libres.

El abogado de los detenidos, Jesús Robles Maloof, comentó que “las declaraciones de Elías Azar son escandalosas. Vulneran la presunción de inocencia y justifican abusos”.

Habrá más arrestos por desmanes del 1 de diciembre, advierte Mancera

La Redacción
10 de diciembre de 2012 · 31 Comentarios


MÉXICO, D.F. (apro).- El gobierno del Distrito Federal (GDF) no está dispuesto a pasar por alto los actos vandálicos registrados el pasado 1 de diciembre antes, durante y después de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto.

En declaraciones por separado, los representantes de los poderes Ejecutivo y Judicial de esta capital, Miguel Ángel Mancera y Edgar Elías Azar, subrayaron que la investigación sobre los desmanes ocurridos particularmente en el Centro Histórico, donde un grupo de jóvenes no identificados destrozaron vidrios de sucursales bancarias y hoteles, saquearon comercios, pintarrajearon monumentos históricos y destruyeron mobiliario urbano, sigue abierta y que en cualquier momento habrá más detenidos.

Mancera subrayó que ha instruido a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) para que con toda la evidencia de la que se dispone hasta ahora, se detenga a “aquellas personas que todos vimos, que todos observamos que realmente tuvieron conductas violentas contra la ciudad”.

En declaraciones a la prensa después de anunciar la puesta en marcha del operativo Villa Mariana 2012, Mancera añadió:

“Que sepan (los mexicanos) que vamos a investigar y que en su momento vamos a actuar contra aquellas personas que actuaron con una intención clara de dañar a la ciudad y a la paz pública”.

El funcionario capitalino reiteró que su gobierno será respetuoso de la libre manifestación y expresión de las ideas siempre que sean actos pacíficos, que permitan la interlocución con el gobierno y con respeto a la ley.

“Nosotros vamos a respetar el derecho a la libre manifestación, a la libre expresión, eso está garantizado en la ciudad”, sólo queremos que se haga en el marco de la legalidad”, puntualizó.

Y aseguró que no impugnará el fallo del TSJDF que decretó la liberación de 56 jóvenes detenidos, aunque advirtió de antemano que se mantendrá atento al desarrollo del proceso penal para que se castigue a los verdaderos responsables de los actos violentos registrados el 1 de diciembre.

Por su lado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia del DF (TSJDF) subrayó que los jóvenes excarcelados continúan bajo investigación y podrían volver a prisión en caso de probarse su responsabilidad en los disturbios.

El magistrado explicó que la juez 47 penal, María del Carmen Mora Brito, quien lleva el caso, otorgó a los jóvenes la libertad bajo las reservas de ley porque por el momento no se encontraron elementos para procesarlos y no por presiones políticas.

“Que quede claro que no nos vamos a dejar presionar ni por medios ni por estructuras sociales, el juez tiene que resolver en forma autónoma, independiente como lo hizo nuestra jueza”, subrayó.

Refirió que si la PGJDF presenta nueva pruebas podrían consignar de nueva cuenta a algunos de los liberados u otras personas que hasta hoy no han sido detenidas.

En rueda de prensa, el magistrado precisó que en el caso de las 13 personas a las que se les dictó auto de formal prisión por su presunta participación en el delito de ataques a la paz pública, así como una más acusada además de daños en propiedad, tampoco se les puede considerar culpables hasta que concluya el juicio.

“No caigan en el tema de que por el simple hecho de que no se consignó ya es inocente, y por el simple hecho de que ya se consignó ya fue culpable. Ni uno es inocente ni el otro es culpable, esperemos que la Procuraduría agote sus averiguaciones, no sé cuántas pueda tener, no sé qué esté haciendo y permítale al Poder Judicial dictar sus sentencias”, exhortó.

Elías Azar afirmó que, de acuerdo con los jueces, las detenciones del 1 de diciembre fueron legales y criticó, sin decir nombres, que “ciertas fuerzas” quieran aprovechar políticamente estos hechos, que calificó como “politiquería barata de banqueta”.

“Las detenciones fueron declaradas por los jueces legales y son legales y se acaba el tema. Lo importante es que estas circunstancias no las aprovechen ciertas fuerzas para capitalizarlas políticamente. Lo que no se vale es hacer politiquería con base en estos hechos lamentables que vivimos”, enfatizó.

El titular del TSJDF insistió en que no hubo presiones para resolver la situación jurídica de los 70 consignados por los disturbios registrados en San Lázaro y el Centro Histórico, en el marco de la toma de protesta de Enrique Peña Nieto y sostuvo que el dictamen se dio con “ni más ni menos de lo que viene en el expediente”.

“Lo que tiene que entender todo el mundo es que el Poder Judicial no puede resolver bajo presión, ni es instrumento de venganza ni es instrumento de linchamiento, que quede claro que no nos vamos a dejar presionar ni por medios ni por estructuras sociales, el juez tiene que resolver en forma autónoma, independiente como lo hizo nuestra jueza”, subrayó.

Violencia

10 de diciembre del 2012
Roberto Zamarripa | Tolvanera

México, 10 de diciembre (Reforma).- La batalla campal afuera de las instalaciones de la Cámara de Diputados, las reyertas posteriores en el Centro Histórico y los incidentes con destrozos a propiedades privadas y públicas en avenida Juárez e inmediaciones, ocurridas el pasado 1o. de diciembre, enrarecieron el ambiente de la alternancia política.

Inicialmente los hechos fueron condenados de manera prácticamente unánime, lo que generó una sombrilla para justificar detenciones grupales en la que pagaron justos por provocadores.

Posteriormente crecieron, sin que aún se acrediten a plenitud, las versiones de personajes infiltrados en ambos bandos, el policiaco y el de los activistas.

Al final han sido liberados 55 de 69 detenidos con evidencias de una indagatoria penal deficiente, sustentada en detenciones arbitrarias donde imperó una presunción de culpabilidad derivada de la vestimenta, el tatuaje, el piercing o el grito de enojo antes que la prueba contundente sobre la responsabilidad en los destrozos.

1) El operativo de seguridad federal alrededor del Palacio Legislativo evidenció impericias, ineptitudes y abusos. Los activistas ganaron la partida a las fuerzas policiacas desde la madrugada al desplazarse desde las cuatro y media de la mañana en marchas para ocupar zonas aledañas a las instalaciones parlamentarias.

Las zonas de resguardo fueron vulneradas, las vallas fueron superadas, y el ataque de los activistas con proyectiles, bombas molotov, cohetones con rondana, clavos y otros objetos convertidos en artefactos caseros de fragmentación mellaron a las fuerzas policiacas. La defensa de los elementos de seguridad por momentos se tornó desesperada con el lanzamiento de gases lacrimógenos y con las balas de goma, disparos que hasta ahora han negado las autoridades superiores de seguridad.

El operativo de San Lázaro no disuadió. Cuando mucho obtuvo un empate en la refriega aunque, en saldos, hubo más bajas del lado policiaco que del lado de los activistas.

2) La protesta de #YoSoy132 para el 1o. de diciembre estaba más que anunciada; fue preparada con esmero; era, podía decirse, ansiada. El ánimo beligerante de muchos activistas sonaba a desquite. Le acompañó -y puede documentarse- una radicalización del discurso.

Después de los acontecimientos no ha habido, de parte de #YoSoy132, un discurso común. E incluso, colectivos participantes, como los denominados anarquistas, han justificado los ataques contra policías como “autodefensa” en respuesta a lo que consideraron agresiones policiacas.

Lo que ha crecido como la humedad y debe ser motivo de reflexión entre las fuerzas de izquierda y los grupos que confluyen en #YoSoy132 es la proclividad a la violencia sustentada en un argumento político e ideológico.

Una de las consignas preferidas en las recientes manifestaciones del movimiento juvenil reza: “no somos guerrilleros pero pronto lo seremos”. Han ganado fuerza interna y pública aquellas que reivindican la vía armada como forma de acción política. En las protestas que realizan saben que ejercen en su lógica ensayos de asaltos, de brotes, de insurrecciones.

No es tampoco un asunto extraño. Tiene raíces en México dentro de las corrientes de izquierda que pregonan la necesidad de acciones armadas para derrocar a los gobiernos. Otras corrientes de la izquierda tímidamente han roto con esos propósitos pero mantienen interlocución, diálogo, cobijo y entendimiento con los sectores radicales.

3) Las investigaciones sobre la posible participación de personas ajenas al movimiento juvenil y cuerpos paramiltares que habrían catalizado la violencia el sábado 1o. de diciembre deben ir a fondo.

Deben proseguir para esclarecer si eso ocurrió o los enfrentamientos ocurrieron sin la necesidad de manos que mecieran los carritos de supermercado repletos de bombas molotov.

Pero hay algo de mayor fondo: la profunda insatisfacción con los procesos electorales y con las instituciones vigentes de parte de grupos juveniles urbanos y rurales. Y de cómo esa insatisfacción pretende encontrar canal de desfogue o de resistencia en actos violentos encadenados con proclamas guerrilleras.

Algo está resultando más convincente para algunos grupos juveniles que la sola participación en una organización, en el reclamo vía redes sociales o en la asistencia a manifestaciones callejeras.

En un país donde sobran armas y donde la impunidad reina en las ejecuciones -por cierto, de muchos jóvenes- no debe subestimarse la expansión de grupos que abiertamente reivindican la lucha armada como forma de cambio político en el país.

Esas motivaciones rebasan a presuntos provocadores o infiltrados. Los grupos existen y son protagonistas en protestas como las de normalistas o #YoSoy132. La receta no es sofocarlos sino convencerlos. Persuadir antes que descalificar. Expandir democracia y fortalecer la institucionalidad. Dar lugar a los jóvenes en el debate y la resolución de problemas. Llevarlos a la cárcel únicamente acicatea el resentimiento.

En el limbo

11 de diciembre del 2012
Jorge Alcocer V.

México, 11 de diciembre (Reforma).- La política es como la naturaleza, le teme al vacío; esa frase la escuché hace muchos años y viene a mi memoria ante el curso de las investigaciones y consignaciones por los hechos de violencia ocurridos el 1o. de diciembre en el Distrito Federal.

De los 70 detenidos, 14 irán a juicio; en las redes sociales y en este diario se ha documentado la impericia y el abuso con que actuaron integrantes de los cuerpos de policía, federal y local, tanto en la contención y respuesta a los agresores, a unos metros de las rejas de San Lázaro, como ante los actos de vandalismo y pillaje ocurridos en el Centro Histórico, la Alameda, Juárez y Reforma.

Hay evidencias que entre las filas de los granaderos y la Policía Federal se encontraban, infiltradas y toleradas, personas vestidas de civil, identificadas con un guante negro; los mandos superiores de ambos cuerpos de seguridad han guardado silencio. Marcelo Ebrard habló, el mismo día de los hechos, de “actos de provocación”, señalamiento compartido por Manuel Mondragón, encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública federal.

El viernes de la semana pasada, Mondragón se autodeslindó de responsabilidad por la actuación de la Policía Federal y de las policías capitalinas -preventiva y cuerpo de granaderos- al señalar que él asumió el cargo federal el primer minuto del 1o. de diciembre, dejando vacante el que tenía conferido en el gobierno del DF; agregó que participó en el diseño, pero no en la implementación del operativo policiaco. (Entrevista con Carmen Aristegui en Noticias MVS).

En pocas palabras, por impericia, improvisación o premura -o por las tres juntas- en un día que se anticipaba, desde semanas antes, de alto riesgo, la seguridad pública de la capital de México quedó en el limbo. Recordemos que el cerco de seguridad en torno a San Lázaro se instaló desde el fin de semana previo, en un perímetro muy extenso. Ante las quejas de los vecinos afectados y las críticas que voces diversas hicieron contra ese despliegue, voceros del equipo de transición del Presidente electo solicitaron reducir la zona bajo resguardo, lo que ocurrió, colocando las vallas de contención a unos metros de las rejas del Palacio Legislativo.

En el limbo provocado por el relevo del mando superior, nadie actuó para evitar la llegada a San Lázaro de grupos organizados que marcharon desde las primeras horas de la madrugada exhibiendo, de manera abierta, carritos de supermercado con bombas molotov, petardos, tanques portátiles de acetileno y otro tipo de instrumentos de ataque. Las agresiones en contra de la policía iniciaron desde temprana hora.

Arribé poco antes de las 7 am a San Lázaro, por una calle lateral; pude ver y escuchar las detonaciones de petardos, las llamas provocadas por los estallidos de las bombas molotov. Formado en la banqueta en una fila para revisión, vi llegar corriendo a un hombre, que supuse era del Estado Mayor Presidencial, quien a gritos dio la orden de que nos dejaran pasar de inmediato. Le pregunté qué pasaba; me dijo “¡rompieron las vallas y vienen para acá, métanse!”.

No se trató solamente de un vacío de mando, sino de algo mucho más grave: la demostración de la ausencia de un plan de contingencia, y de entrenamiento y capacitación policial, para prevenir y contener la actuación de grupos anónimos, preparados y dispuestos a enfrentar con violencia a la policía y realizar actos de barbarie y pillaje en contra de instalaciones públicas y establecimientos comerciales.

Mientras que en las redes sociales han circulado fotografías y videos que dan cuenta de la actuación de los policías, deteniendo y golpeando, sin ton ni son, a quienes se les cruzaban al paso, sus superiores siguen sin mostrar los videos que debieron registrar las cámaras de seguridad del gobierno del DF instaladas en las zonas que sufrieron el vandalismo. No sabemos si las 14 personas consignadas son responsables de tales hechos, lo que sí sabemos es que fueron muchos más los participantes en los actos de vandalismo y saqueo.

Antes que seguir especulando sobre siniestras conspiraciones para dañar a tal o cual político, lo urgente es que las autoridades den su explicación de los hechos y digan qué se hará para subsanar, de inmediato, la evidente ausencia de capacitación policiaca.