Tenían vigilancia y aun así asesinan a activista y su hijo en Guerrero

Tenían vigilancia y aun así asesinan a activista y su hijo en Guerrero

EZEQUIEL FLORES CONTRERAS
28 DE NOVIEMBRE DE 2012 · 3 COMENTARIOS
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CHILPANCINGO, Gro. (apro).- La dirigente de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESPC), Juventina Villa Mojica, y su hijo Reynaldo Santana Villa fueron ejecutados durante una emboscada esta tarde en la Sierra Madre del Sur, indican reportes oficiales.

Los activistas fueron atacados a tiros por un comando, a pesar de que eran resguardados por al menos 25 agentes de la Policía Preventiva Estatal (PPE) que estaban asignados a su seguridad desde mayo del año pasado; hasta el momento se desconoce el paradero de los uniformados.

De acuerdo con una tarjeta de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y Protección Civil (SSPEPC), el hecho se reportó a las 13:15 horas en las inmediaciones del poblado serrano de La Laguna y al que se accede tras 12 horas en auto desde la cabecera municipal de Coyuca de Catalán, en la región de Tierra Caliente.

La información oficial sobre la ejecución de Juventina Villa y su hijo ha sido escueta y se maneja en total hermetismo ante la gravedad del hecho.

En las últimas semanas, Villa había denunciado públicamente amenazas de muerte en su contra, mismas que se intensificaron luego de que el domingo 11 fueron ejecutados dos de sus sobrinos en la misma zona, caracterizada por la presencia de grupos paramilitares que disputan el control de la producción y trasiego de droga.

Villa, esposa de Rubén Santana Alonso –otro dirigente de la OCESPC que fue ejecutado en febrero pasado– dio a conocer que al menos 21 familias habían sido desplazadas por la narcoviolencia.

La activista responsabilizó de estos hechos a un grupo de presuntos narcotraficantes encabezados por José Rauda, Orbelín Hernández, Marcelo Benítez Núñez y Saqueo Peñaloza Castillo, quienes dirigen un supuesto grupo paramilitar denominado “Los Gachupines” que opera en los poblados de El Pescado, Hacienda de Dolores y Los Ciruelos en la Sierra Madre del Sur.

La mujer afirmó que este grupo delincuencial está siendo protegido por el Ejército, que mantiene un retén en las inmediaciones del poblado El Durazno, considerado un punto estratégico en el trasiego de drogas de la Sierra Madre del Sur y que conecta con la región de Tierra Caliente. (Gente del EMDN y de Contraloria chequen este dato a ver que sucede ahi)

Por ello, la activista acusó al gobernador Ángel Aguirre Rivero de indolente y omiso, debido a que solicitó de manera reiterada protección oficial para las 43 personas desplazadas por la narcoviolencia en la zona de la Sierra y nunca hubo respuesta, según quedó plasmado en diversas notas de periódicos locales.

El pasado viernes 16, el gobernador Aguirre fue entrevistado durante un acto público sobre el caso y en respuesta a los señalamientos en su contra se comprometió a “apoyar con todo” a las familias desplazadas encabezadas por la dirigente de la OCESPC que esta tarde fue ejecutada junto con su hijo.

Esta mañana, un grupo de 30 policías estatales se había desplazado de la cabecera municipal de Coyuca de Catalán rumbo al poblado de La Laguna con el propósito de resguardar a la activista y las familias desplazadas por la narcoviolencia.

No obstante, el convoy policiaco llegó a destiempo a la zona: un comando se adelantó y ejecutó a la activista y a su hijo, quienes eran resguardados por otra veintena de policías estatales y de quienes no se sabe su paradero debido a que no se han comunicado con los mandos de la SSPPC, según reportes consultados por Apro.

La historia de los integrantes de la OCESPC ha sido marcada trágicamente en un contexto de violencia extrema registrada en la parte serrana que comparten los municipios de Petatlán y Coyuca de Catalán, donde grupos armados disputan a sangre y fuego el control del narcotráfico, su producción y trasiego.

Juventina Villa Mojica había sustituido en el liderazgo de la OCESPC al presidente y a la coordinadora de la organización, Marcial Bautista Valle y Eva Alarcón Ortiz, quienes se encuentran desaparecidos desde diciembre pasado cuando fueron “levantados” por un comando que portaba uniformes de la Policía Ministerial Estatal en las inmediaciones del municipio de Tecpan de Galeana, región de la Costa Grande.

Los activistas viajaban a bordo de un autobús que fue interceptado en un supuesto retén policiaco ubicado entre los municipios de Petatlán y Tecpan de Galeana.

El mismo mes (diciembre pasado), fue ejecutado Ascencio Villa Santana, otro integrante más de la OCESPC –y familiar de las víctimas–, cuando se dirigía a la comunidad de La Laguna.

En abril de este año, Javier Torres Cruz, dirigente de la OCESPC, también fue ejecutado en una emboscada realizada en la comunidad de La Morena, del municipio de Petatlán.

Torres Cruz, al igual que Juventina Villa, era resguardado por policías estatales debido a que gozaba de medidas cautelares emitidas por la Comisión de Derechos Humanos de Guerrero.