García Luna comparece el jueves en el Senado.
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García Luna comparece el jueves en el Senado.
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Las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos citaron al titular de la SSP para que explique porque no aceptó recomendaciones de CNDH GEORGINA MORETT
noviembre 27, 2012 7:57 pm
El secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, fue citado a comparecer con las comisiones unidas de Seguridad Pública y Derechos Humanos del Senado, el próximo jueves 29 de noviembre.
A cuatro días de que concluya su mandato, esta comparecencia será para que explique que sucedió con varias recomendaciones que le hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
En la reunión que sostuvo el 21 de noviembre con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores, presidida por la perredista Angélica de la Peña, el ombudsman nacional aprovechó la audiencia para recordar que el 9 de octubre pasado solicitó al Senado la comparecencia del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, “a fin de que explicara los motivos para no aceptar tres recomendaciones sobre casos de tortura y desapariciones forzadas”.
Así como, por los “nulos avances en el deslinde de responsabilidades” en la represión a estudiantes de la normal rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, ocurrida el 12 de diciembre en Chilpancingo, Guerrero.
Es por ello, que en la sesión se acordó que comparezca con los senadores a unas horas de que Felipe Calderón deje el poder.
Re: García Luna comparece el jueves en el Senado.
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La actuación de la Policía Federal en Morelos, Guerrero, Chihuahua y Sinaloa motivó diferentes recomendaciones de la CNDH a la Secretaría de Seguridad Pública, misma que rechazaron o incumplieron.
El Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, deberá explicar porqué no aceptó tres recomendaciones de la CNDH y no cumplió con una. (Foto: Miguel Dimayuga/ Proceso)
Redacción ANNoviembre 29, 2012 12:27 am
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó al Senado que citara a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna –comparecencia que ocurrirá este jueves-, debido a que no explicó el porqué del rechazo a tres recomendaciones e incumplimiento de una, todas referentes a la actuación de la Policía Federal (PF) en diferentes estados del país.
Se trata de las recomendaciones 62/2010, 43/2011, 38/2012 y 1VG2012 en las que se describe cómo la actuación de elementos federales vulneró los Derechos Humanos de varias personas:
Muerte de 28 reos.-
Al suscitarse un conflicto entre un grupo de internos, en el Centro de Ejecución de Consecuencias Jurídicas del Delito en Mazatlán, Sinaloa, en el que resultaron varios de ellos fallecidos y otros lesionados, así como heridos con arma de fuego, intervinieron distintas corporaciones, principalmente federales, quienes ingresaron al sitio y restablecieron el orden, el operativo dejó saldo de 28 muertos.
“De los hechos ocurridos el 14 de junio de 2010 en el Centro en cuestión resultaron 28 reclusos fallecidos, cuyos cadáveres, en algunos casos, presentaban heridas producidas por proyectiles de arma de fuego y en otros de instrumentos punzocortantes, así como un recluso lesionado, dos policías estatales preventivos heridos por proyectil de arma de fuego y un elemento de seguridad y custodia golpeado”, indicó la CNDH (62/2010).
Las medidas arrojaron como conclusión que se vulneraron los derechos a la seguridad personal, a la vida, a la legalidad y a la seguridad jurídica, al trato digno y a la reinserción social.
Desapariciones y muerte.-
El 1 de mayo de 2011, en la “Feria de la Primavera”, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, ocurrió una riña entre dos personas, ante lo que intervinieron elementos de la Policía Federal, quienes entregaron a los detenidos a elementos militares; uno de los dos, desapareció por unos días y reapareció muerto.
“El 11 de mayo de 2011, el cuerpo sin vida de V1 fue encontrado en el paraje conocido como “La Ocotera-Tochimilco, en el estado de Puebla, señalándose como causas de muerte en el certificado de defunción, traumatismo craneoencefálico y asfixia por enterramiento”, indica la recopilación del organismo de derechos humanos (38/2012).
Aunque finalmente los responsables directos fueron elementos militares, a quienes consignaron por delitos de tortura y violencia, la CNDH consignó “transgresiones a los derechos a la vida, libertad, trato digno, integridad y seguridad personal” por parte de elementos adscritos a la Policía Federal perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
Complicidad militar.-
En otra recomendación (43-2011), la CNDH dio cuenta de violaciones a los Derechos Humanos, a la legalidad y seguridad jurídica, a la libertad, a la integridad física y seguridad personal, al acceso a la justicia y al debido proceso, por la “detención arbitraria y desaparición forzada” de tres personas en Chihuahua, las cuales atribuyó a la complicidad de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con la Policía Federal.
“Al Secretario de Seguridad Pública federal la Comisión le recomendó (43/2011) que gire las instrucciones necesarias para que, conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, localice y presente con vida a tres personas o en su caso y con el mismo carácter se informe sobre su destino y se presenten sus restos mortales; que se les repare el daño causado tanto a ellos como a sus familiares, conjuntamente con la Secretaría de la Defensa Nacional, particularmente en el caso de que los agraviados ya no se encuentren con vida”, indicó el organismo, y la petición continúa desatendida.
Acepta recomendación y no la cumple.-
La SSP federal aceptó la recomendación 1VG2012 de la CNDH pero no la cumplió en su totalidad.
Se trata de una queja interpuesta el 27 de marzo de este año por los hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2011, en Chilpancingo, Guerrero, donde estudiantes de la escuela Normal de Ayotzinapa fueron desalojados de un bloqueo a la carretera, por la que la CNDH registró 52 jóvenes heridos y dos muertos.
“A pesar de haberla aceptado (la recomendación), no ha dado cumplimiento a la misma, particularmente en el tema de responsabilidad de servidores públicos, sin que exista justificación legal atendible para sustentar dicha negativa”, indicó el presidente del organismo de Derechos Humanos, Raúl González Plascencia.
La recomendación contiene 30 puntos dedicados a la SSP y otras especificaciones para el gobierno de Guerrero, otros para la Procuraduría General de la República (PGR) y el Congreso del Estado.
La SSP no tomó en cuenta la indicación de la CNDH sobre la que existen elementos suficientes para declarar la procedencia del juicio político contra ex servidores públicos como Ramón Almonte Borja, ex Secretario de Seguridad, por incurrir en violaciones graves a Derechos Humanos en el operativo contra los normalistas.
Por los cuatro casos anteriores –y por los que consideren pertinentes los senadores-, Genaro García Luna no dejará su cargo (el 30 de noviembre) sin dar antes explicaciones.
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