Casos Gral. Angeles Dauahare y Gral. Dawe Gonzalez

¿Y los generales?

Adolfo Sánchez Rebolledo

Las informaciones en torno al caso de los generales detenidos por presuntos vínculos con el narcotráfico no acaban de convencer. Mientras más detalles se conocen, más crece la duda en cuanto al fondo del asunto. Gracias al reportero Jesús Aranda, supimos que dos meses antes de su detención, el general Dawe recibió una carta personal del general secretario de la Defensa, Guillermo Galván Galván, donde le dice que está considerado en la promoción superior 2012 para ascender al grado de general de brigada. El texto publicado en La Jornada no revela problema o animadversión entre ambos, al contrario, hay un hilo de familiaridad que contrasta a más no poder con lo que ocurrió dos meses después. En cuanto a la sorpresiva detención del general Ángeles, además de las protestas por la incomunicación se han escuchado voces en defensa de su honorabilidad, arguyendo, si acaso, diferencias en cuanto al modo de concebir las estrategias contra las redes de narcotraficantes. ¿Sorprende? Que los cuerpos de seguridad sean el blanco directo de la acción de la delincuencia organizada es casi inevitable, pues comprar seguridad (o imponerla a cualquier precio infiltrándose en el enemigo, usando sus aparatos de inteligencia) no es una disyuntiva para un negocio trasnacional que tiene más recursos de los que puede administrar. La corrupción es un ingrediente esencial para su funcionamiento, acaso la más lesiva de todas sus armas, pues nada se le opone y sus caminos son infinitos.

Pero una cosa es preservar la integridad de las fuerzas del orden de ataques externos y otra muy distinta actuar "hacia adentro" sin tener realizada una investigación sólida e irrefutable. La recurrencia a los testigos protegidos como fuente de las pesquisas abre enormes interrogantes que las autoridades no acaban de explicar.

De hecho, por tratarse de figuras reconocidas en el medio castrense y en consideración al momento –el fin del sexenio y el recambio gubernamental–, el caso adquiere delicados perfiles que, sin embargo, la autoridad rechaza con ahínco. Cuando el reportero preguntó si detrás de los hechos no hay "una cuestión política o una venganza?", la procuradora Marisela Morales se limitó a responder que "no existe ningún tipo de interés que no sea el aplicar la ley".

Es obvio que la cadena de rumores y especulaciones sobre el futuro de la Defensa Nacional no ayuda, pero esa reacción es inevitable cuando no se informa con propiedad acerca de los hechos que se le imputan a los acusados. Es uno de los riesgos previsibles de la incorporación de las fuerzas armadas a tareas de seguridad. A lo largo de estos años se han alzado numerosas voces mostrando el peligro real de contaminar al Ejército por el contacto cotidiano con el crimen organizado, en contraste con otros países que eluden comprometer a sus tropas en las operaciones contra el narcotráfico, concentrando todas las fuerzas del Estado en la creación de órganos de seguridad distintos, bajo el mando de civiles. Pero en México hemos hecho de la necesidad virtud y la que en un principio fue una ilegalidad tolerada "con realismo" para no sucumbir ante la delincuencia, se ha venido transformando en un gelatina informe, permanente, donde el poder militar hace como que se subordina a las órdenes directas del poder civil y eso para aparentar que, pese a todo, se respetan los principios constitucionales.

Por eso me llamaron tanto la atención las palabras del ministro José Ramón Cossío, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando dijo en el salón de plenos que el Ejército Mexicano "no está para cumplir funciones de seguridad pública". Si bien hablaba en relación con el tema crucial del fuero militar, Cossío preciso que "según la Constitución, los soldados no están facultados para ejercer funciones de seguridad pública, y que su actividad está muy acotada, porque vivimos en tiempos de paz. Para mí no estamos en tiempos de guerra declarada, y en el tiempo de paz que vivimos el fuero militar se debe limitar a los delitos y faltas contra la disciplina militar, siempre que los sujetos pasivos y activos de un delito sean militares y se encuentren en lugares en donde se desarrollen operaciones y funciones militares".

Tiene razón el ministro Cossío cuando plantea que dicha reflexión no puede hacerse sin "determinar cuál es la posición general de las fuerzas armadas en nuestro órden democrático", asunto que no es tan obvio como puede parecerle a muchos. No solamente es imprescindible revisar las leyes vigentes, sino precisar cuál es el papel de la milicia en un entramado que ya no responde a las determinaciones del pasado, por mucha que sea la carga histórica que les atribuya México. A estas alturas, sin embargo, es una ilusión que esa transformación se pueda emprender sin avanzar al mismo tiempo en una gran reforma democrática del Estado, que sea capaz de refundar las instituciones y armonizarlas, conforme a nuevos paradigmas de justicia y equidad. Es un error suponer que la democracia mexicana se debe sólo o primordialmente a las reformas electorales o a los cambios cosméticos que en su nombre se aprueban. La pequeña reforma política recién aprobada deja en el aire, sin respuesta, la pregunta fundamental: ¿bajo qué régimen se organizará la sociedad mexicana para cambiar su destino de desigualdad?

¿Aeropuertos civiles a capricho militar?

El asalto a la razónCarlos Marín
2012-08-08 • Al Frente

Las acusaciones contra la mayor remesa de militares de alto rango encarcelada en un penal de máxima seguridad (y, por mayor conocimiento del caso, las imputadas al divisionario Tomás Ángeles Dauahare) apestan a patraña, pero no solo por el sospechosismo que despiertan los contradictorios, tardíos “recuerdos” con señalamientos de oídas de los acusadores (tres o cuatro multiasesinos y narcotraficantes confesos, devenidos “colaboradores” de confianza de la PGR y la DEA).

Hieden porque, de ser ciertos los cargos, en la consignación del MP federal no aparecen las decenas de nombres de funcionarios y trabajadores, sin cuya complicidad los consignados jamás pudieron “apoderarse” de los aeropuertos del DF, Toluca, Cuernavaca y Cancún.

Según el burdo cuento, los acusados “autorizaban” en esas pistas el aterrizaje de aviones repletos de droga.

Pero, ¿qué con los necesarios agentes de Migración y policías federales de la Segob y la SSP?

Y qué con los controladores de vuelos y trabajadores “de tierra” de la SCT, principal responsable de las operaciones en TODOS los aeropuertos civiles del país?

La Sedena, en apuros

Fuerzas Armadas | Javier Ibarrola (Q.E.P.D.)
2012-08-08 • Acentos

Ya sea que resulte culpable o inocente, el general Tomás Ángeles Dauahare y los otros militares detenidos conforman para la Secretaría de la Defensa Nacional más un asunto político que judicial.

A pocos días de que el país cambie sus gobernantes, la campaña para desprestigiar al Ejército, empezando desde el presidente Felipe Calderón, se ha recrudecido al grado de que a la Procuraduría General de la República no le importó caer en desacato con tal de llevar a los militares a cárceles de alta seguridad.

El día en que se graduaron 101 cadetes de la Escuela Naval Militar de Antón Lizardo, el presidente Calderón pronunció un meloso discurso que puso a los marinos en los cuernos de la Luna. No es que no se merezcan esta clase de reconocimiento, pero no era el momento de dejar al Ejército a un lado. Para un militar que pidió el privilegio del anonimato, “fue un exageradísimo elogio a los marinos, todo lo que ha sucedido es gracias a ellos. Pero el colmo, no se dejó arrastrar por la emoción, ¡¡no!! Lo llevaba escrito. Estaba planeado así de desproporcionado. ¿Que, quería embarrárselo en la cara a Galván (secretario de la Defensa Nacional)? ¿Así se ha manejado este país, con el hígado?

“Cosas así, como el caso de García Luna explican el desmadre de descoordinación que hay en el tema de seguridad. Si Calderón se deja llevar por sus sentimientos, ¿qué esperar? No es despreciar a los hermanos marinos, no. Pero, ¿y todos los demás, qué cara pondría Galván el que sus tropas nunca han recibido un elogio tan desubicado?”.

El caso Dauahare provoca diariamente comentarios de militares indignados por los ataques al Ejército.

El general retirado Jorge Lugo dice que “el Ejército y la Armada tienen para rato. O la beben o la derraman, es cuestión de un verdadero timonel que guíe al barco. Dice un proverbio africano: ‘En mares procelosos se forman buenos marineros’. Basta con que se deje de estar protegiendo a los oficiales, jefes y generales que se consideran prospectos para ocupar los cargos político-militares, pues arriban a los altos puestos demasiado ‘blandengues’. No, no creo que el mejor espermatozoide que llega a fecundar el óvulo, sea un ‘blandengue’ protegido. Recuerdo que a mí me costó ‘un huevo’ organizar y adiestrar a la Segunda Brigada de Policía Militar (1 abril 1993; 30 noviembre 1995) para que con la ‘mano en la cintura’, se designara como mi relevo al General Mario Pedro ¿?, entonces Jefe de la Sección Primera del EMDN, para que hiciera su ‘tiempo en filas’, es decir, en los ‘barrido’, en lo ‘suavecito’, y al que esto escribe, a organizar una Guarnición Militar en Puerto Palomas, Chih. (Rodrigo M. Quevedo). (Si alguien quiere saber del ‘lodo del desprestigio’, que me pregunte). No son de los que: ‘hacen camino al andar’. Mientras las cosas caminen de esa forma en las Fuerzas Armadas, seguiremos como hasta hoy. No es, contratando pseudogenerales como el tal Naranjo, como se va a enderezar el quehacer castrense. Claro, esto es independiente de que algún día, las Fuerzas Armadas logren salir del ‘lodazal’ en que lo han metido.”

Pero la Secretaría de la Defensa Nacional dice que el juicio que se iniciará a altos militares por presuntas vinculaciones con el crimen organizado no daña la imagen del Ejército.

Testigos protegidos tienen al Ejército en sus manos. Uno de ellos señaló a un general Enríquez, supuesto asesor presidencial en seguridad nacional, como otro militar ligado al narcotráfico. Tras buscar en todos los archivos a la mano, no se encontró ningún general de apellido Enríquez.

Sin embargo, la Secretaría de la Defensa Nacional amplio sus planes de estudio para combatir “inéditos retos que atentan contra la paz y la seguridad interior”.

Esto se produjo durante la graduación de 84 oficiales de la Escuela Superior de Guerra, magnífica oportunidad para que Calderón nivelara la balanza acudiendo a la ceremonia y pronunciara un mesurado discurso para los oficiales-cerebro del Ejército. Pero no fue así.

Mientras el Tribunal Electoral busca la forma de tomar una decisión en medio del cochinero de las elecciones, que cuando menos no agrave la situación política que estamos viviendo, me dice el general retirado Carmelo Terán, los mismos de la clase política, al parecer han tomado la decisión de golpear fundamentalmente al Ejército mexicano, tratando de enlodar a la institución y exhibirla ante la opinión pública para disminuir la confianza que el pueblo le tiene, al hacer señalamientos del involucramiento de los militares en el narcotráfico, particularmente a generales, sin presentar hasta la fecha datos contundentes que sean equiparables al escándalo mediático que se ha originado.

Sin embargo, las Fuerzas Armadas son y seguirán siendo el sostén de las instituciones.

Twitter.@xibarrola
www.fuerzas-armadas.com

El general Ángeles, la Suprema y el fuero

Duda Razonable | Carlos Puig
2012-08-07 • Política


¿Cómo entender que un general, ex subsecretario de la Defensa Nacional, esté siendo acusado y procesado en una corte civil por haber presuntamente colaborado con los narcos; mientras que algún cabo, que presuntamente viola los derechos humanos de un ciudadano, es normalmente juzgado en una corte militar?

Que no haya respuesta lógica para esa pregunta es resultado de las contradicciones y absurdos en que ha caído la defensa a ultranza y la manipulación del amplísimo fuero militar mexicano.

Fue durante los meses en que Fernando Gómez Mont ocupó la Secretaría de Gobernación cuando más se avanzó en una serie de iniciativas en relación con la actuación de las fuerzas armadas en asuntos de seguridad pública, en las que se incluía una modificación al alcance del fuero.

Al final de cuentas, se fue Gómez Mont, las negociaciones se atoraron en el Congreso, se mezcló el asunto con la Ley de Seguridad Nacional, llegó el proceso electoral y todo se quedó a medias.

Y entonces estamos en la situación en que el Ejército, que siempre argumenta la necesidad de que los militares sean juzgados por militares, no tiene empacho en que unos generales sean juzgados por civiles.

Ahora, por no haberlo solucionado en el Legislativo, todo podría resolverse en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no es la mejor forma de resolverlo.

La Corte ha acumulado una veintena de casos impugnando el fuero militar, amparados en la decisión de la Suprema del año pasado, en relación con el caso Radilla y el fallo de la Corte Interamericana.

Digo que la SCJN no es la mejor forma de resolverlo porque lo que necesitamos es una nueva legislación que no desaparezca el fuero, sino que lo acote y redefina. La Corte no está para legislar, solo dirá si lo que hoy se hace es o no constitucional.

Hay suficiente evidencia de que lo que hoy tenemos no funciona. Cito un comunicado de Human Rights Watch: “La Fiscalía Militar abrió cerca de 5,000 investigaciones sobre violaciones de derechos humanos cometidas por soldados contra la población civil de 2007 a abril de 2012, según información obtenida a través de solicitudes de información pública por Human Rights Watch. El Ejército mexicano ha condenado a sólo 38 efectivos militares durante ese tiempo, de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional. Sin embargo, no está claro en los registros proporcionados por las Fuerzas Armadas si el número de los condenados eran fugitivos condenados en ausencia o cuántos fueron exonerados. Además, 11 de los militares fueron castigados por los crímenes cometidos antes de 2007”.

Más allá de lo que decida la Corte, los legisladores que toman posesión en unas semanas tienen en sus escritorios este pendiente… Uno más.

Twitter: @puigcarlos

Niega PGR exceso contra Generales
La funcionaria dijo que la PGR ha actuado con transparencia en este caso

Rolando Herrera

Ciudad de México (8 agosto 2012).- La acusación contra cuatro Generales de brindar protección al Cártel de los Beltrán Leyva no tiene ninguna intención política, aseguró ayer la Procuradora General de la República, Marisela Morales.

El lunes, un juzgado de Distrito en materia penal determinó iniciar un juicio por delincuencia organizada contra los Generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia y Roberto Dawe; en tanto que al General Rubén Pérez se le procesará por delitos contra la salud.

Niegan capos conocer a Generales
'La Barbie' y 'El Indio' negaron también conocer los testigos protegidos que incriminaron a los Generales con los Beltrán Leyva

REFORMA / Redacción

Ciudad de México (15 agosto 2012).- Los presuntos narcotraficantes Édgar Valdez Villarreal, "La Barbie", y Gerardo Álvarez Vázquez, "El Indio", negaron ante un juez de Distrito del Estado de México conocer a los Generales Tomás Ángeles, Ricardo Escorcia, Roberto Dawe y Rubén Pérez, quienes supuestamente los protegían cuando formaban parte de la organización de los Beltrán Leyva.

Fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR) indicaron que los presuntos delincuentes rindieron su declaración preparatoria en el interior del penal de máxima seguridad del Altiplano, luego de que les fueran cumplimentadas las órdenes de aprehensión que les fueron giradas por el Juez Tercero de Distrito en Procesos Penales Federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, dentro de la causa penal 44/2012.

En la audiencia, ‘‘La Barbie’’ y ‘‘El Indio’’, que en su momento fueron los principales operadores de Arturo Beltrán Leyva, ‘‘El Barbas’’, también dijeron desconocer a los testigos protegidos ‘‘Jennifer’’ y ‘‘Mateo’’, quienes han declarado que entregaron sobornos millonarios a los militares.

El 6 de agosto, a los cuatro generales, presos en el mismo penal del Altiplano, se les dictó auto de formal prisión por delitos contra la salud y delincuencia organizada.

De acuerdo con las acusaciones de los testigos colaboradores, los militares habrían recibido dinero de ‘‘La Barbie’’ y "El Indio" para dar protección a sus operaciones o realizarles favores.

Permean en el Ejército corrupción y falta de valores, considera Garfias
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Jueves 9 de agosto de 2012, p. 16

La acción penal en contra de cuatro generales –entre ellos el ex subsecretario de la Defensa Nacional Tomás Ángeles Dauahare– y dos jefes es un reflejo de la corrupción y falta de valores que han permeado en el Ejército Mexicano en años recientes, aseveró el general de división en retiro, Luis Garfias Magaña, quien lamentó que al finalizar la administración del general Guillermo Galván Galván "los principios del honor, disciplina, obediencia y honradez sean letra muerta".

En entrevista con este diario, Garfias agregó que hasta la fecha la Procuraduría General de la República (PGR) no ha demostrado con transparencia y contundencia las acusaciones contra los militares, a quienes un juez federal dictó auto de formal prisión el pasado lunes.

Agregó que la dependencia federal debe conducir este proceso “con máxima claridad y corrección posible y hacerlo público, no a medias, pues se trata de un asunto delicado en el que se ha puesto en evidencia al Ejército.

Interrogado sobre las versiones que afirman que la detención de Ángeles Dauahare es producto de la lucha sorda por la sucesión en la Defensa Nacional, Garfias descartó tajante que el militar detenido, en su calidad de general retirado, tuviera alguna posibilidad. Eso "es totalmente descabellado", pues en el Ejército hay una larga tradición de que el secretario de la Defensa Nacional debe estar en activo.

Aunque admitió que para ser general secretario "cuesta mucho trabajo, se mueven intereses debajo del agua".

Comentó que en México no se ha respetado la antigüedad de los generales para designar al secretario de la Defensa (hay un escalafón que indica cuál es el primero de la lista, dependiendo del año que cursó en el Heroico Colegio Militar, sus calificaciones y cargos ocupados), de manera que si el Presidente designa, por ejemplo, al número cuatro en el escalafón, pase al retiro al uno, dos y tres en la lista, para que se respete la antigüedad (se dice principio del primero de la derecha).

Lamentablemente, subrayó, esto se ha perdido, "ahora la antigüedad nadie la respeta, por eso son complicados los intereses que hay por debajo del agua".

Comentó: "La detención de Ángeles me llamó mucho la atención", porque estuvo bajos sus órdenes y nunca se imaginó que pudiera estar relacionado en los hechos que le imputa la PGR.

Respecto a la carta que el secretario Guillermo Galván envió al general Roberto Dawe González –también preso– en la que le comunicaba que estaba "potencialmente considerado para participar en la promoción superior 2012", Garfias Magaña aprovechó para cuestionar cómo se otorgan los ascensos en el Ejército, de los grados de coronel hasta general, los cuales son propuestos por el secretario de la Defensa Nacional y por el Presidente de la República.

"¿Dónde está la Comisión de Defensa del Senado, encargada de revisar y confirmar las propuestas de ascenso de militares que envía el Ejecutivo federal; de revisar quiénes merecen ser generales?"

Lamentó que el Colegio Militar haya dejado de cumplir su función, pues en lugar de poner ahí a gente capaz, los secretarios de la Defensa en años recientes han colocado ahí "a sus amigos".

Impugnan los 4 generales sus autos de formal prisión

Se desconoce si los otros 2 militares consignados se inconformarán
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Jueves 9 de agosto de 2012, p. 16

El general de división Tomás Ángeles Dauahare impugnó el auto de formal prisión que enfrenta por delincuencia organizada, para que un tribunal unitario de circuito analice el expediente y le conceda la libertad, revelaron fuentes judiciales. El recurso, explicaron los informantes, se desahogará al mismo tiempo que se estudien diversas pruebas en favor del general en el juzgado tercero de distrito de proceso penales federales, con sede en el estado de México.

También el general de división Ricardo Escorcia Vargas y el de brigada Rubén Pérez Ramírez, así como el brigadier Roberto Dawe González impugnaron sus respectivos autos de formal prisión.

La PGR los acusa de haber brindado protección al cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Es la primera vez que el gobierno federal recluye de forma simultánea en un penal de alta seguridad a cuatro generales.

Dentro de la causa penal 44/2012, el juzgado tercero de distrito en procesos penales federales de Toluca, Raúl Valerio Ramírez, también dictó formal prisión al teniente coronel Silvio Hernández Soto y al mayor Iván Reyna Muñoz, consignados junto con los militares de alto rango. De estos últimos aún se desconoce si impugnarán la decisión del mismo juzgado de someterlos a proceso penal.

Según fuentes judiciales, la PGR acusó a Ángeles, Escorcia y Dawe, así como a Hernández, por ilícitos contra la salud y delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos de narcotráfico. El pasado lunes el juzgado resolvió que sólo deben ser procesados por el segundo ilícito.

Mientras tanto, Pérez Ramírez y Reyna Muñoz quedaron sujetos a proceso por delitos contra la salud.

La indagatoria contra los militares comenzó con una denuncia anónima del 17 de marzo de 2010, cuando una persona desconocida afirmó, vía telefónica, a la Siedo que los ahora consignados estaban vinculados con traficantes de drogas.

A partir de entonces, la Siedo abrió una averiguación que esencialmente descansa en las declaraciones de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, quienes los señalan de haber recibido pagos de 500 mil a 5 millones de dólares, por colaborar con narcos sinaloenses desde 2007.

Los abogados de los generales presentarán en cinco semanas varios legajos de pruebas documentales, periciales y testimoniales que se desahogarán en el juzgado tercero de distrito.

“La Barbie” tira el caso de los generales

Anabel Hernández
17 de noviembre de 2012 · Sin comentarios

Con declaraciones ante el juez, Édgar Valdez Villarreal agita los fondos del caso que puso en entredicho la honorabilidad del Ejército y del propio gobierno de Felipe Calderón y en el cual el principal imputado es el general en retiro Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de la Defensa y crítico de los desatinos de la guerra calderonista. La Barbie afirma ahora que la SIEDO lo presionó y amenazó para obligarlo a declarar contra los oficiales de alto rango acusados de tener nexos con el narcotráfico. Así empieza a tambalearse uno más de los casos prototípicos de la gestión de la actual titular de la PGR.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- En los últimos años La Barbie cobró fama en México expuesto por las autoridades como uno de los narcotraficantes más peligrosos y sanguinarios.

Édgar Valdez Villarreal nació en Laredo, Texas, el 11 de agosto de 1973 y por lo menos desde que tenía 20 años en Estados Unidos se le consideraba un criminal. Entonces tenía un apodo menos glamoroso: Mike.

Hoy usa el uniforme caqui reglamentario de los presos, está rapado y, según dicen quienes lo describen, ha bajado más de 10 kilos. De acuerdo con los testimonios, La Barbie asegura haberse vuelto cristiano y anda dentro del penal de máxima seguridad del Altiplano en el Estado de México con una Biblia bajo el brazo.

Se le acusa de haber formado parte de La Federación, cártel en el que trabajaban en colaboración Joaquín El Chapo Guzmán y Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.

La Procuraduría General de la República (PGR) lo señala también como uno de los operadores de la sangrienta guerra entre El Chapo y los hermanos Beltrán Leyva que se desató en enero de 2008, cuando se fracturó La Federación.

Además se le acusa de haber sido brazo derecho del Barbas y responsable de reclutar y manejar a sus grupos de sicarios, entre ellos Los Números y los Maras, así como de encargarse de la logística del tráfico de drogas de Sudamérica a México y de México a Estados Unidos junto con Gerardo Álvarez Vázquez, El Indio.

En los días finales de este sexenio, de acuerdo con algunas fuentes, La Barbie podría ser extraditado a Luisiana, donde una corte lo ha solicitado al gobierno de México para someterlo a juicio.

Según los testimonios de Jennifer y Mateo (nombres clave de Roberto López Nájera y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, testigos de cargo de la PGR), Valdez fue parte de una trama de corrupción en las fuerzas armadas en la que están involucrados los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González, Ricardo Vargas Escorcia, Rubén Pérez Ramírez, el coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y el mayor Iván Reyna Muñoz, acusados de diversos delitos relacionados con el crimen organizado.

Sin embargo, las más recientes declaraciones procesales de La Barbie están poniendo en entredicho el proceso penal contra los militares, señalados como presuntos cómplices del propio Valdez y de Arturo Beltrán Leyva.

En mayo pasado el general Ángeles, ya en retiro, y sus coacusados fueron detenidos en un operativo de la Secretaría de la Defensa y la PGR que desató una crisis en el Ejército y que mostró una cara política: los hechos ocurrieron mes y medio antes de las elecciones presidenciales, cuando en la Defensa empezaban los golpes y jaloneos para definir al sucesor del secretario Guillermo Galván Galván.

La principal víctima del operativo –Ángeles Dauahare– es un personaje cercano al PRI –y en especial a Enrique Peña Nieto–, partido que no se ahorró críticas a la lucha antinarco emprendida este sexenio.

Así, en la recta final de su sexenio, Felipe Calderón dejó al Ejército dividido y desacreditado.

En su momento, analistas en seguridad nacional advirtieron que la detención de los militares tenía todas las trazas de ser otra de las muchas pifias de la PGR, como el michoacanazo o la captura de Jorge Hank Rhon. Las declaraciones recientes de La Barbie apuntalan esta tesis.

Denuncia presiones

El pasado 26 de septiembre en el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, hubo una diligencia clave en el caso de la PGR contra Ángeles Dauahare, Escorcia, Dawe, Pérez Ramírez, Hernández Soto y Reyna.

De acuerdo con la información que Proceso obtuvo de esa diligencia, La Barbie amplió su declaración inicial y afirmó ante el juez Raúl Valerio Ramírez que el pasado 21 de mayo –días después de la detención de los oficiales del Ejército–, funcionarios de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) lo visitaron en el penal del Altiplano.

Asegura que lo hostigaron y amenazaron para que declarara contra los militares y que le mostraron fotografías para que los identificara, aunque él afirma que les dijo que no los conocía.

“Querían que yo declarara en contra de ellos para ayudar a la SIEDO. Yo les pregunté en qué querían que les ayudara si yo no los conocía. Ellos me indicaron que lo único que yo tenía que decir era que yo los conocía, traían como unas veinte hojas como de oficio y ahí observé el nombre de Roberto López Nájera, con clave Jennifer”, afirmó Valdez Villarreal al juez que lleva la causa penal.

“La primera vez que vinieron les indiqué que tenía que hablar con mi licenciado que estaba en Estados Unidos de América para ver si me convenía o no”, siguió narrando.

–¿Cómo supo que las fotografías que le fueron presentadas por la SIEDO eran de militares? –preguntó el abogado del general Pérez Ramírez en la ampliación de declaración en la que estaban presentes todos los acusados.

–Porque venían los nombres de las personas y unos venían vestidos como si ya estuvieran vestidos (de civil) y otros con ropa militar, incluso con gorra –respondió.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1881, ya en circulación)

Devuelven bienes a General

08 de diciembre del 2012
Abel Barajas

México, 8 de diciembre (Reforma).- Los defensores del divisionario explicaron que la devolución no ocurrió por mandato judicial, sino como decisión propia de la SIEDO.

En el último día del sexenio de Felipe Calderón, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) devolvió las cuentas bancarias y los inmuebles asegurados al General de División Tomás Ángeles Dauahare, acusado de vínculos con los Beltrán Leyva.

La SEIDO retiró la tarde del viernes 30 de noviembre la medida precautoria impuesta desde junio pasado a sus 2 cuentas financieras, una de Banorte y otra de Actinver, así como a 2 casas en Cuernavaca, de las cuales el militar había dicho desde el principio del aseguramiento que eran ajenas a la investigación.

Ricardo Sánchez Reyes Retana y Alejandro Cruz, defensores del divisionario, confirmaron la devolución y explicaron que ésta no ocurrió por mandato judicial, sino como decisión propia de la SEIDO al responder a una solicitud por escrito que hizo Ángeles para que le descongelaran los bienes.

Juzgara tribunal la liberacion de los generales Tomás Ángeles Dauahare y Roberto Dawe

Fueron acusados de delitos contra la salud y delincuencia organizada; habría trasfondo político

Gustavo Castillo y Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Sábado 12 de enero de 2013, p. 9

En los próximos días un tribunal unitario con sede en Guanajuato emitirá resoluciones en las que decidirá si tiene sustento el auto de formal prisión dictado en contra del general Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario y aspirante a dirigir la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y también del general Roberto Dawe, o determina que alguno o ambos deben ser puestos en libertad.

La resolución judicial debía emitirse desde las primeras horas del viernes; sin embargo, fuentes del Poder Judicial de la Federación indicaron que la sobrecarga de trabajo provocará que el dictamen se dé a conocer la próxima semana.

Ángeles Dauahare y Dawe González, al igual que otro general, se encuentran acusados de cometer delitos contra la salud y delincuencia organizada, aunque en círculos militares se mantiene la hipótesis de que su aprehensión estuvo relacionada con la sucesión en la Sedena.

El general brigadier Roberto Dawe fue detenido en mayo de 2012, al igual que el divisionario en retiro Tomás Ángeles Dauahare, acusados de tener vínculos con el narcotráfico; posteriormente, el primero fue arraigado durante 90 días y luego se le dictó auto de formal prisión, por lo que fue remitido al penal de máxima seguridad de El Altiplano en el estado de México.

Este ha sido el primer proceso penal en la historia del país en el que tres generales del Ejército Mexicano (además de Dawe y Ángeles fue acusado el general Ricardo Escorcia Vargas) fueron acusados de colaborar con el crimen organizado.

El caso se inició oficialmente el pasado 15 de mayo, cuando los generales Ángeles, Dawe y Escorcia fueron trasladados de sus domicilios a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y luego entregados a la Siedo por integrantes de la Policía Judicial Federal Militar; dos días más tarde, la PGR les notificó que un juzgado federal había concedido su arraigo por 40 días, y el 25 de junio les informó que el plazo se ampliaba 40 días más.

Poco después de su detención, tanto los militares como sus familiares alegaron inocencia y dijeron que se fabricaron testimonios con ayuda de narcotraficantes que se convirtieron en testigos protegidos.

Durante la integración de la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, la dependencia validó testimonios anónimos que no resultaron ciertos, como que el general Ángeles Dauahare favoreció la venta de cocaína cuando fue director del Colegio Militar; y que sostuvo encuentros en el sur de la ciudad de México con Juan José Esparragoza Moreno, El Azul, uno de los líderes del cártel de Sinaloa.

En el pliego de consignación de la PGR supuestamente existen testimonios que señalan que Ángeles Dauahare entabló negociaciones con miembros de Los Zetas.

Las imputaciones fueron hechas por los testigos protegidos identificados como Jennifer (cuyo nombre es Roberto López Nájera); Mateo (Sergio Barragán Villarreal, El Grande –operador del cártel Beltrán Leyva–), y La Barbie (Édgar Valdez Villarreal), entre otros.

La PGR acusó a los militares de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud, porque supuestamente apoyaron las actividades del cártel Beltrán Leyva.

Los generales Ángeles y Dawe, a un paso de obtener su libertad: fuentes judiciales

Magistrado señala en su proyecto de resolución que no hay elementos para procesarlos, dicen

Tribunal admite como prueba la entrega de bienes que la PGR hizo a uno de los militares
Jesús Aranda y Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Martes 15 de enero de 2013, p. 8

El segundo tribunal en materia penal del segundo circuito con sede en Toluca, estado de México, admitió como prueba superveniente, dentro del expediente judicial con el que buscan su libertad los generales Tomas Ángeles Dauahare y Roberto Dawe González, una resolución de la Procuraduría General de la República (PGR) en la que los fiscales antidrogas autorizaron la devolución de las cuentas bancarias y los inmuebles asegurados al primero de ellos, bajo el argumento de que no se encontraron elementos probatorios para vincular esos bienes con actos de delincuencia organizada o lavado de dinero, revelaron fuentes judiciales.

De acuerdo con fuentes judiciales, en el transcurso de esta semana dicho tribunal federal resolverá el recurso de apelación contra el auto de formal prisión promovido por los abogados de Ángeles y Dawe.

A decir de fuentes judiciales consultadas, el magistrado del segundo tribunal tiene listo un proyecto de resolución en el que considera que no hay elementos de prueba suficientes para procesar a Ángeles y Dawe, por lo que estaría ordenando su inmediata libertad, pero este proyecto aún no ha sido firmado por el juzgador.

El 6 de agosto pasado, un juez federal dictó auto de formal prisión en contra de Dawe González y del divisionario Ángeles Dauahare por presuntos vínculos con el narcotráfico y por supuestos nexos con el cártel de los Beltrán Leyva; sin embargo, las acusaciones se basaron en las declaraciones "de buena fe" de dos testigos protegidos, las cuales no fueron corroboradas por la PGR.

En tanto, en vísperas de que el mencionado tribunal resuelva, otro, el primer unitario, concedió una suspensión provisional al general Dawe para que cese la incomunicación que sufre en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el estado de México.

La suspensión autoriza a su abogado defensor, Luis Fernando López Capella, a reunirse con su defendido, después de casi cuatro meses de que fue internado junto con los generales Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, Dawe podrá recibir en prisión a su esposa, familiares y/o amigos, a quienes también les ha sido negado el acceso.

Sobre la prueba superveniente aportada por el general divisionario, en noviembre pasado, en el último día del sexenio de Felipe Calderón, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) devolvió las cuentas bancarias y los inmuebles a Ángeles Dauahare, acusado de vínculos con los Beltrán Leyva.

La tarde del viernes 30 de noviembre, la Seido resolvió la medida precautoria impuesta desde junio pasado a sus dos cuentas financieras, una de Banorte y otra de Actinver, así como a dos casas en Cuernavaca, de las cuales el militar había dicho desde el principio del aseguramiento que eran ajenas a la investigación.

El argumento que utilizó la PGR para devolver los bienes propiedad del general Ángeles es ahora la piedra angular que se suma a las pruebas ofrecidas ante el tribunal unitario de Toluca en descargo de las imputaciones que enfrenta el militar.

Respecto de la suspensión concedida en vía de amparo al general Roberto Dawe, el tribunal estableció en su resolución, a la cual tuvo acceso La Jornada, que la protección provisional se mantendrá vigente en tanto se resuelve la suspensión definitiva solicitada.

De acuerdo con el expediente de la causa 258/2012, cuando la Unidad de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada de la PGR fue cuestionada, en el recurso de amparo, sobre si investigó la veracidad e identidad de los testigos protegidos "Jenifer" y "Mateo" –quienes en diferentes declaraciones aseguraron que ambos generales del Ejército Mexicano tenían vínculos con los Beltrán Leyva con el fin de introducir cocaína a Estados Unidos–, la dependencia se limitó a responder que sus testimonios fueron de "buena fe".

En su recurso en contra del auto de formal prisión, el militar alega que, de acuerdo con los recientes criterios aprobados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en materia de fuero de guerra, el general debe ser juzgado por el fuero castrense.

Sostiene el documento que al no haberse cometido delitos en contra de civiles –como determinó la SCJN–, los presuntos ilícitos cometidos por el general Dawe fueron en contra de la disciplina militar, ya que "no se está en presencia de la vulneración de derechos humanos de civiles en lo particular".

Además, sostiene que la PGR no demostró la presunta vinculación del acusado con los Beltrán Leyva, además de que no se distinguen hechos concretos, como tampoco las acusaciones en contra del acusado y de los otros militares (Ángeles Dauahare, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Ricardo Escorcia Vargas e Iván Reyna Muñoz), quienes fueron procesados por los mismos delitos y con base en los testimonios de los mismos testigos protegidos.

Dauahare y Dawe no saldran de prisión

16 de enero del 2013
By Angel Silva Juarez

México, 16 de enero.- Después de algunos días de especulación, en los cuales circuló en los medios de comunicación, la posible liberación de los militares recluidos en el Cefereso del Altiplano por presuntos nexos con la delincuencia organizada, un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión contra Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Isidro de Jesús Hernández, Iván Reyna y Rubén Pérez.

En un comunicado, el Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato que existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados.

Con esta acción, el tribunal hace efectiva la apertura del periodo de instrucción del proceso, durante el cual las partes tendrán la oportunidad de mostrar todas las pruebas necesarias para demostrar sus posturas en el caso y determinar o no la responsabilidad de los inculpados y de ser así imponer una condena.

Se reducen posibilidades de libertad para los generales Ángeles Dauahare y Dawe González

Magistrada federal confirma auto de formal prisión por presuntos vínculos con crimen organizado; resolución incluye a Rubén Pérez Ramírez y Jesús Hernández Soto.

Alfredo Méndez, enviado, y Gustavo Castillo
Publicado: 16/01/2013 20:29

Toluca, Méx. La magistrada federal María de Lourdes Lozano Mendoza cerró este miércoles las posibilidades de libertad inmediata de los generales Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe González y Rubén Pérez Ramírez, así como las del teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto y del mayor Iván Reyna Muñoz, al confirmar el auto de formal prisión que desde agosto pasado enfrentan los mandos militares por sus presuntos vínculos con los hermanos Beltrán Leyva.

Según fuentes judiciales, muy temprano, en un último intento por conseguir un fallo a favor de los militares, familiares de los generales Dauahare y Dawe se entrevistaron con la juzgadora en sus oficinas ubicadas en esta ciudad mexiquense, y le mencionaron que en el caso de Dauahare, la Procuraduría General de la República (PGR) le devolvió hace un mes diversos bienes que le tenía asegurados, luego de que la dependencia no encontró elementos que vincularan algunas propiedades del militar con la delincuencia organizada.

En vano fueron esos intentos, pues la juzgadora -quien se negó a dar pormenores a La Jornada de sus puntos resolutivos, con el argumento de que tenía mucho trabajo y no concedía entrevistas- consideró que hay elementos probatorios suficientes para que los tres generales y sus coacusados sigan en prisión y bajo proceso penal.

Los militares perdieron la apelación con la que buscaban su libertad, debido a que el tribunal consideró que la acusación de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (Seido) acreditó la existencia del delito y la probable responsabilidad de los inculpados.

Este fallo de segunda instancia no es definitivo, pues ahora los abogados de los militares tienen la posibilidad de impugnarlo a través de un amparo que resolverá un tribunal colegiado.

Aunque la magistrada Lozano Mendoza se negó ante este diario a dar información precisa de los argumentos con los que confirmó la formal prisión de los militares, por la tarde emitió una tarjeta informativa difundida por el Consejo de la Judicatura Federal.

En ella se indicó que para el órgano jurisdiccional, los dichos de los testigos protegidos Jennifer y Sergio Villarreal, el Grande, narcotraficante que trabajara para los hermanos Beltrán Leyva, sí aportan un sustento al expediente de la PGR, sin que existan otras pruebas aptas y contundentes que permitan desestimarlos.

Esos testigos hablaron desde instalaciones de la PGR en Estados Unidos.

Los dichos de estos testigos aseguran que los militares se confabularon para interceder o prestar a los hermanos Beltrán Leyva la protección necesaria para descargar aviones cargados de cocaína en los aeropuertos de Cancún, Toluca y Cuernavaca.

"Al resolver la aludida apelación, el tribunal unitario confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de distrito, al considerar correcta su apreciación jurídica, en el sentido de que hasta el momento procesal en que se encuentra la causa penal, existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados", informó el Consejo de la Judicatura.

La magistrada del tribunal consideró que los argumentos de los militares, denominados agravios, no resultaron eficaces para poner de manifiesto que el juez de distrito de primera instancia hubiere aplicado inexactamente la ley o violado los principios que regulan las pruebas en un juicio.

"Se coincidió con la postura de dicho juzgador, en el sentido de que las pruebas de cargo aportadas por la fiscalía federal para dar sustento al ejercicio de su acción penal revestían la consistencia necesaria para cumplir con los extremos jurídicos que condicionan el dictado del auto de formal procesamiento, sin existir por otro lado, hasta ese momento del dictado de la resolución, pruebas aptas y contundentes que permitieran desestimar ese alcance", agrega la ficha de la magistrada.

Confirman formal prisión contra Ángeles Dauahare.

Policía • 16 Enero 2013 - 3:48pm — Rubén Mosso

Un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión contra los militares Tomás Ángeles Dauahare, Roberto Dawe, Isidro de Jesús Hernández, Iván Reyna y Rubén Pérez.

Ciudad de México • El ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare y el general Roberto Dawe González continuarán en prisión, debido a que un tribunal federal confirmó el auto de formal prisión dictado en su contra.

El Quinto Tribunal Unitario de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guanajuato, consideró que hay elementos para presumir que los militares guardan realción con el cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

La misma suerte corrieron el teniente Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, Iván Reyna Muñoz y el general Rubén Pérez Ramírez.

Y explicó que "existen suficientes pruebas para tener por demostrado el cuerpo de los delitos especificados, así como de manera particular, la probable responsabilidad de los mencionados inculpados en su comisión".

Los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe, Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, e Iván Reyna Muñoz enfrentan proceso por el delito de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

Mientras que el general Rubén Pérez sólo por el ilícito de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución de delitos contra la salud.