Casos Gral. Angeles Dauahare y Gral. Dawe Gonzalez

Liturgia política

General Galván, última víctima de la sucesión

El General Rubén Pérez lo acusa de traición; sobre el General Tomás Ángeles pocos se atreven a decir que fue el propio Ejército, a las órdenes del ex Secretario, quien lo entregó y presionó. Él ha guardado conveniente silencio

por Francisco Bustillos el 13 de julio de 2013



La guerra por la Secretaría de la Defensa Nacional a finales del sexenio pasado tuvo como saldo una cantidad de víctimas cuyo número no conocemos, pero amenaza con incrementar el saldo. Hoy, los golpes los empieza a recibir el ex general secretario, Guillermo Galván, culpable, por lo menos por omisión, por dejar hacer en su nombre a quienes abusaron de su confianza mientras él disfrutaba de las pocas cosas que de la vida valen la pena.

En una ocasión, IMPACTO se preguntó “¿cuánto vale la Sedena?” y, parafraseando a Saladino en la película “El reino de los cielos” (Cruzada), se contestó: “¡Todo!”

Es correcto.

LA CRUENTA GUERRA

Hoy sabemos que el general Tomás Ángeles Dauahare, que pintaba para algo en el gobierno de Enrique Peña Nieto, es asesor del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional.

Y su colega, el general Rubén Pérez, alega que el ex secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, lo traicionó.

¿Qué tienen en común Ángeles y Pérez?

Tomás Ángeles pintaba para ser figura en el gobierno de Enrique Peña Nieto; quizás el puesto que hoy ocupa el almirante Manuel Mondragón al frente de las policías federales. Así se especula porque fue aprehendido por el propio Ejército después de criticar, en un evento del candidato presidencial del PRI, la estrategia de Felipe Calderón en la guerra contra el crimen organizado.

Pérez alega que terminó en prisión por su relación cercana con el entonces gobernador del Estado de México, Peña Nieto.

Es probable; por lo menos para la historia figura, en primer plano, en una fotografía ominosa para aquellos tiempos. Pérez viaja de copiloto en el Jeep que transporta a Peña Nieto al lado del general secretario Galván en la inauguración de unas instalaciones militares en el Estado de México.

La fotografía fue polémica porque al gobernador se le dispensó trato de Presidente cuando ni siquiera candidato era. Es probable que Felipe Calderón llamase la atención a Galván y éste no le perdonó a Pérez el agravio.

Ambos, Ángeles y Pérez, recuperaron la libertad porque la Procuraduría General de la República retiró los cargos presentados en su contra en el sexenio pasado.

LOS TIROS DE MURILLO KARAM

Sólo los ingenuos pueden pensar que el procurador Jesús Murillo Karam se aventó esos tiros por decisión propia o por molestar a los que lo antecedieron. Consultó o, simplemente, le ordenaron reparar los daños.

Ángeles ha guardado conveniente silencio, pero su actitud y sus pocas palabras al abandonar la prisión delatan que fue víctima de la guerra por la Sedena a finales del sexenio pasado y cuando Peña Nieto buscaba sustituto a Galván.

De su aprehensión se ha culpado a la PGR porque pocos se atreven a decir que fue el propio Ejército, a las órdenes de Galván, quien lo entregó y presionó para mantenerlo en arraigo y conseguir, del Poder Judicial de la Federación, la orden de aprehensión.

Pérez no duda en llamarse traicionado por Galván.

Pero ¿en realidad ambos fueron víctimas de Galván?

Es cómodo culpar al ex secretario de la Defensa Nacional, en especial en el caso de Ángeles, porque, apoyado por Josefina Vázquez Mota, éste le compitió para conseguir la Secretaría cuando Calderón era Presidente electo; derrotado e instalado en la Subsecretaría de la Defensa difundió la especie de que su superior había enfermado de gravedad.

Pero ¿y Pérez? Este argumenta que Galván la emprendió en su contra por su indudable cercanía con quien hoy es Presidente de México.

La guerra por la Sedena fue cruenta, sin cuartel. Quizás no hubo cadáveres, pero muchos sufrieron cárcel, y algunos persecución.

LA INVESTIGACIÓN DE ANTONIUS

El Presidente electo comisionó a Andrés Antonius González, un hombre de Luis Videgaray, para examinar a los 22 generales de División que podrían ocupar el lugar de Galván. Nunca sabremos qué descubrió y cómo fue que Peña Nieto se decidió por Salvador Cienfuegos. Quizás fue al que mejor conocía.

IMPACTO descubrió la existencia de Antonius González, ex yerno de Pedro Aspe, ex burócrata de alto rango tanto en la Presidencia con Ernesto Zedillo, en Pemex, como en la Secretaría de Energía, al lado de Luis Téllez, pero, sobre todo es experto en control de daños, formado al lado de los Kroll, Jeremy y su padre Jules, cuya empresa localizó, por ejemplo, la fortuna de Ferdinand e Imelda Marcos.

Antonius no está en el gobierno por decisión propia, porque no le resulta fácil luchar contra sus propios demonios, pero le va inmejorable como consultor del gobierno. Este hombre conoce, como nadie, las entrañas del Ejército y los expedientes de quienes aspiraron a la Defensa.

La investigación de Antonius González es un secreto de Estado, pero se desarrolló mientras los generales se daban hasta con la cubeta.

Nada pasó desapercibido para el investigador ni para sus superiores. Está registrado de dónde salieron las filtraciones periodísticas y hasta la amenaza de solicitud de retiro en masa de todos los divisionarios si el Presidente se inclinaba a favor de quien un grupo temió que fuese el elegido.

En ese contexto se dio la renuncia, cese o petición de reincorporación a filas del ya coronel Avigaí Vargas Tirado, hoy famoso por estar en medio del escándalo por el supuesto sobreprecio en la adquisición de equipo de espionaje para la PGR.

Vargas Tirado está identificado con el general Demetrio Gaytán Ochoa, que por entonces era Subsecretario de la Defensa y aspiraba a Secretario. Ambos estuvieron en la PGR, pero sólo Avigaí permaneció hasta poco antes de concluir el sexenio, cuando, ya coronel, la procuradora Marisela Morales lo corrió por desleal.

LA TRINIDAD EN LA DEFENSA

Conforme a la tradición, Gaytán Ochoa debió ser un cero a la izquierda en la Defensa, como lo fue Ángeles Dauahare, pues los subsecretarios no tienen fuerza alguna. Toda se concentra en el Estado Mayor, que a finales del sexenio pasado controlaba el general Oliver Cen.

Pero ocurre que Gaytán Ochoa había sido jefe de Estado Mayor y, al ascender a Subsecretario, promovió a Oliver, sobre quien ejercía jefatura. Hoy, uno es director del Banco del Ejército, y el otro ocupa la Oficialía Mayor, que por aquel entonces encabezaba Cienfuegos Zepeda.

Los expertos en fuerzas armadas aseguran que Gaytán Ochoa, Oliver y Cienfuegos formaban una especie de trinidad, es decir, tres personas y un solo Dios verdadero.

La fuerza de aquel grupo residía, fundamentalmente, en que Galván abdicó a favor de su amigo entrañable, Gaytán Ochoa, que se auxiliaba, en la PGR, de Avigaí Vargas para deshacerse de los potenciales competidores a participar en el siguiente sexenio.

Por eso, uno a uno fueron cayendo los generales en prisión.

Quizás todo esto descubrió Antonius González y sus jefes sólo pudieron remediarlo hasta que tuvieron el poder en sus manos.

Es probable que en este contexto quepan los problemas actuales del coronel Vargas Tirado, que en el sexenio pasado fue uno de los espías más completos del gobierno, tanto que hasta a Genaro García Luna le preocupaba su especialización.

Y, hoy, Galván es calificado de traidor.

SEIDO pierde armas de colección de general


Viernes 19 de Julio de 2013
Silvia Otero | El Universal


Personal de la Procuraduría General de la República (PGR) resguardó de forma indebida los bienes asegurados a los militares acusados de nexos con el narcotráfico. Es el caso del general Ricardo Escorcia Vargas, ya que en un cateo a su domicilio las autoridades ministeriales le decomisaron una colección de seis armas de fuego, pero tres de ellas las "extraviaron".

La defensa del militar solicitó al Órgano Interno de Control y a la Visitaduría General de la dependencia que se investigue la pérdida de las piezas y se ubique a los servidores públicos responsables, ya que esto se suma a una serie de irregularidades cometidas durante la integración del expediente en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico, en el que al final la propia PGR admitió la inexistencia de pruebas.

Por ello, el general presentó un oficio ante la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para notificar que en la PGR se extraviaron tres de sus armas, para deslindarse de cualquier mal uso que pudiera dárseles.

José Cristopher López Olguín, representante legal del general, informó que esta semana, después de la liberación de Escorcia el 5 de julio pasado, acudieron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) para solicitar la reintegración de los bienes asegurados por la PGR durante la investigación en contra de su cliente, que incluyen una casa en Morelos y la colección de armas.

Sin embargo, las autoridades de la dependencia no tuvieron más que aceptar que tres de las piezas de la colección se perdieron, a pesar de que estaban bajo resguardo del personal ministerial de la SEIDO, que las incautó durante la administración pasada, y aseguraron que desde noviembre pasado se había notificado al juez de la causa sobre el extravío.

En los reportes del decomiso, funcionarios de la PGR asentaron en actas oficiales una relación de las seis armas, que están debidamente registradas ante la Sedena, que extendió la licencia de coleccionista al militar y que ampara su legal propiedad.

El abogado detalló que la lista tiene inconsistencias, como el indebido registro de los números de serie de las armas, que no corresponden a las que tenía el mando castrense.

De acuerdo con el oficio que integró el personal ministerial, se aseguraron un arma corta calibre 22 Long Rifle, Smith&Wesson, con la leyenda S.D.N; un revólver 357 Magnum; una pistola calibre 22 Ruger, localizada dentro de una caja de madera con la leyenda "Heroico Colegio Militar México".

En la relación aparece una pistola Long Rifle de la marca Hi Standard, fabricada en Estados Unidos, que estaba en un estuche con la leyenda "Infantería Siempre Leales", así como una carabina semiautomática calibre 30 y una carabina calibre 223 de la marca Colt. De estas piezas que deberían estar bajo resguardo de la SEIDO, las autoridades extraviaron tres, aunque no han querido ofrecer detalles a Escorcia Vargas y su defensa.


El caso Dauahare

El caso de Escorcia se suma al del general Tomás Ángeles Dauahare, quien a pesar de que salió libre en abril pasado, la PGR aún no le reintegra algunos de sus bienes, que incluyen también una colección de armas, el descongelamiento de una cuenta bancaria, fotos, documentos que se incautaron de la computadora de una de sus cuñadas, entre otros bienes.

Calderón conspiró contra AMLO y EPN

En:Portada, Reporteros Fecha:20 julio, 2013


Entrevista al General Ricardo Escorcia Vargas

Antonio Cerda Ardura

El velo comienza a correrse: el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, conspiró para que militares de alto rango acusaran a los candidatos de oposición, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, de recibir dinero del narcotráfico, para ensuciarlos e impedir que le arrebataran el poder al PAN.

“La idea era que, si se hubieran apretado las preferencias electorales, el expresidente Calderón dijera que había gente involucrada en el narcotráfico y que a fulano de tal le estaban dando dinero”.

Así lo afirma a Siempre! el general de División Diplomado de Estado Mayor retirado, Ricardo Escorcia Vargas, quien asegura que el Ejército no fue quien lanzó la guerra contra la delincuencia, la cual dejó en México miles de muertos, desaparecidos y desplazados, sino que fue utilizado por el exmandatario, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Entre el 17 de abril y el 5 de julio de este año, los generales Tomás Ángeles Dauahare, el propio Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, así como el exjefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Noé Ramírez Mandujano, acusados por el régimen de Felipe Calderón de mantener supuestos vínculos con cárteles de las drogas, fueron liberados.

En la revisión de estos casos, las nuevas autoridades de la PGR determinaron que hubo fallas, excesos, falsedades y maquinaciones en los testimonios de los testigos protegidos “Jennifer” (Roberto López Nájera) y “Mateo” (Sergio Villarreal Barragán) contra los militares, lo cual no constituye pruebas de su supuesta colaboración con narcotraficantes.

Escorcia Vargas indica que aún sabiendo que no había nada en su contra, funcionarios de la SIEDO trataron de extorsionarlo para dejarlo en libertad.



Democratizar la justicia

¿Ahora que ha sido puesto en libertad, cuál es su visión del sistema de justicia mexicano?

Le doy las gracias al señor Presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Ha sido criticado mucho lo que he dicho de democratizar la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia ahora sí está llegando a todos los niveles. El sexenio pasado se caracterizó por el abuso del poder. La justicia era, como se dice coloquialmente: nada más para los cuates. Pero ahora el señor Presidente está democratizando y llevando la justicia a todos los niveles.

El encarcelamiento de algunos militares de alto rango, que ustedes consideraban injusto, terminó con el nuevo gobierno. Pero hay muchos mexicanos con problemas, quizás hasta más graves, y la justicia no actúa.

Es cuestión de tiempo y, sobre todo, de que se termine de dar independencia al Poder Judicial. En el sexenio pasado había consignas contra todo el mundo. No se dejaba trabajar a los jueces. Ellos temían actuar de acuerdo a los procedimientos judiciales y legales, y la justicia era dictada por el anterior Presidente, a través de la licenciada Marisela Morales, titular de la PGR, quien atemorizaba al Poder Judicial. Eso, por ejemplo, lo ha anotado la prensa. Se ha dicho que investigaban a los jueces. Independientemente de que todos pudiéramos tener algún problema, que no estamos exentos, eso de atemorizar al Poder Judicial de la federación es gravísimo.

¿Siente que contra usted, en lo personal, hubo una persecución política. ¿Se usó a la justicia, de manera selectiva? ¿Se convirtió un poder del Estado en una policía política?

Hasta la fecha, y después del tiempo que estuve, primero, en arraigo, y luego, en La Palma, que fue un año y dos meses, no me he podido explicar que ocurrió. ¡Yo ya estaba retirado! Tal vez acusaciones como las que me hicieron eran para atemorizar, incluso, al Ejército. Recuerdo que en una entrevista o en alguna declaración que se hizo pública, el licenciado Calderón dijo que se haría justicia “caiga quien caiga”. Pero si hay algo que respeta la sociedad mexicana es al Ejército y a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, con mentiras se trató de socavar a esas instituciones. Lo digo como parte del pueblo. El Ejército es una de las instituciones a las que el pueblo le tiene la mayor confianza. Ahí están todas las estadísticas y las encuestas: el Ejército sigue siendo una institución en la que el pueblo cree.

¿Qué tanto han dañado o dividido al Ejército acusaciones como las que se hicieron contra usted y los otros militares?

Yo no hablaría de divisiones en el Ejército, pero sí creo que fueron resultado de la lucha por el poder durante el sexenio pasado, sobre todo de generales que querían llegar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional sin que les importara un comino lo que hicieran.

¿Usaron a la institución para apuntalarse?

Sí. De hecho, son públicos todos los datos. Hay información en el sentido de que el anterior subsecretario de la Defensa Nacional, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, utilizó a la institución. Y el general Guillermo Galván Galván dijo que lo habían engañado. ¿Quién lo engañó?

Utilizaron al Ejército

¿Usted estaría de acuerdo con las acusaciones de genocidio que se han hecho contra el expresidente Felipe Calderón, después de que la guerra contra la delincuencia dejó tantas muertes?

Al principio le decía que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente. El es el que ordena y el expresidente fue quien declaró la guerra al narcotráfico. No fue el Ejército. Al Ejército lo utilizaron.

¿Qué piensa de los resultados de esa guerra?

Las noticias hablan de más de 44 mil muertos, 120 mil desaparecidos y de pueblos enteros desocupados. Hubo mucha gente desplazada en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. ¡Imagínese nada más! ¿A quién benefició todo eso?

¿Fue Calderón el que falló?

No puedo decir que fue él, pero ahí están los resultados. Yo salí del Colegio Militar en 1967 y soy del estado de Guerrero, de Ciudad Altamirano, que antes se llamaba Pungarabato, la cual está considerada dentro de la región de Tierra Caliente. Cerca de ahí están los municipios de Aguilillas y Apatzingán, Michoacán, que tienen áreas mariguaneras. De repente el señor Calderón quiso quitar todo en un solo sexenio y le declaró la guerra al narcotráfico en su estado, que es Michoacán. Por eso se polarizó toda la guerra. Ningún ejército del mundo puede hacer eso. En las fronteras se provocó el enfrentamiento entre los cárteles. Se pelearon entre ellos. Quién sabe si estuvo bien o estuvo mal, pero ¿cuántos muertos hubo?

¿Interpondría usted alguna demanda contra funcionarios del anterior gobierno?

Lo estoy analizando con mis abogados. Yo vivo del sueldo de retirado, de mi pensión, así que imagine el daño: gasté más de 2 millones de pesos en la defensa, viáticos, etcétera. Eso, sin considerar lo que le causaron a mi familia, porque, por desgracia, también la destruyeron. Tengo una hija que vive en Bélgica y quedó deshecha durante ese tiempo. Y todo esto provoca un gran estrés. Yo estaba muy bien de mi presión y ahora soy hipertenso.

La preocupación, el sentirse perseguido…

Sí. Y sin saber de dónde viene todo eso. Yo les decía a mis compañeros en prisión que es más fácil defenderse bien si uno sabe por qué está encarcelado. Para mí hubiera sido más fácil defenderme de un asesinato, que estar pensando de dónde vino esto. ¡No se puede contra el poder del Estado.

¿Considera que todo fue un abuso?

Sí, señor. Es lo que pienso. Nadie me quita la idea. ¿Por qué? Pues la propia Constitución lo dice. ¿De quién depende el procurador de la República? Del Presidente. Y la procuradora debió haberle informado al Presidente lo que se estaba haciendo en contra de varios generales. Yo tenía 46 años de servicio y, de la noche a la mañana, me acusan de dar protección a narcotraficantes. ¡Y así estaban todos mis compañeros!

¿Ahora se siente reivindicado, o que empieza a ser reivindicado?

Lo que han dicho el actual Presidente de la República, o el nuevo procurador, quien manifiesta que no hay nada en contra de nosotros por los testimonios de testigos protegidos, nos está reivindicando. El que los medios de comunicación masiva, como la revista Siempre!, estén dando a la luz los antecedentes de este caso, para mí resulta en una reivindicación. A mí realmente no me gusta estar ante los reflectores. Uno no está acostumbrado. Pero, ¿y el daño moral que le causaron a mi familia? Cuando estaba, por ejemplo, en el centro de arraigo, a mi esposa la entrevistaron los de la SIEDO; le pidieron dinero: ¡2.5 millones de pesos!

Aprovecharon el viaje.

Andaban buscando por todos lados, porque le dijeron a mi esposa que, en realidad, contra mí no había nada. La averiguación previa se basó en una llamada anónima. Y yo no aparezco en esa llamada anónima.

¿Se puede lavar una persona un señalamiento de relación con el narcotráfico?

Por lo que dice el actual procurador, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que no tiene nada en mi contra por los dichos de los testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo”, tal vez en parte. Yo fui comandante de la 24 Zona Militar en Morelos y me detuvieron, la primera vez, el 28 de diciembre de 2007, ahora sí que el Día de los Santos Inocentes (N. del A.: acusado de vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva), pero se me investigó y no se comprobó nada. Desde que estuve en arraigo por segunda ocasión, en mayo de 2012, se le hizo ver esto al agente del Ministerio Público, que es el primer abogado que debe tener un acusado, pero nunca me aceptó ninguna prueba.

¿Cree que había una consigna contra usted desde ese momento?

Pienso que sí, porque, mientras me hallaba en arraigo, nunca permitieron que los abogados presentaran o solicitaran pruebas. La Ley Orgánica de la PGR dice que el ministerio público debe pedir antecedentes de todos los procesos que existen en las diferentes dependencias, pero no lo hicieron.

El complot

General, a uno no le queda más que preguntarse: “¿Qué es lo que harían algunos militares de alto rango, como para merecer el odio del Presidente de la República?”.

Esa es la cuestión. Se nos quiso utilizar para las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Se lo voy a decir con franqueza: estaban utilizando al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto para que echara tierra y diera a la PGR información falsa de que le estaba dando dinero del narcotráfico a Andrés Manuel López Obrador. Esa fue una hipótesis que le mencioné al general Rubén Pérez Ramírez, quien fue comandante de la Zona Militar en Toluca, cuando el actual presidente, Enrique Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México. La idea era que, si se hubieran apretado las preferencias electorales, el expresidente Calderón dijera que había gente involucrada en el narcotráfico; que a fulano de tal le estaban dando dinero. Esos son los procedimientos y lo normal que siguió el PAN.

Es decir: el golpe, utilizando al Ejército, era contra López Obrador.

Y contra el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

El objetivo era ensuciarlos.

Pues sí. Escondieron bien su complot, pero, afortunadamente, perdió el PAN, porque si no…

Todavía estarían en la cárcel.

Mínimo hubiéramos estado 4 o 5 años más.

belze escribió:

Calderón conspiró contra AMLO y EPN  

En:Portada, Reporteros Fecha:20 julio, 2013


Entrevista al General Ricardo Escorcia Vargas

Antonio Cerda Ardura

El velo comienza a correrse: el expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa, conspiró para que militares de alto rango acusaran a los candidatos de oposición, Andrés Manuel López Obrador y Enrique Peña Nieto, de recibir dinero del narcotráfico, para ensuciarlos e impedir que le arrebataran el poder al PAN.

“La idea era que, si se hubieran apretado las preferencias electorales, el expresidente Calderón dijera que había gente involucrada en el narcotráfico y que a fulano de tal le estaban dando dinero”.

Así lo afirma a Siempre! el general de División Diplomado de Estado Mayor retirado, Ricardo Escorcia Vargas, quien asegura que el Ejército no fue quien lanzó la guerra contra la delincuencia, la cual dejó en México miles de muertos, desaparecidos y desplazados, sino que fue utilizado por el exmandatario, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Entre el 17 de abril y el 5 de julio de este año, los generales Tomás Ángeles Dauahare, el propio Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, y el teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández, así como el exjefe de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la Procuraduría General de la República (PGR), Noé Ramírez Mandujano, acusados por el régimen de Felipe Calderón de mantener supuestos vínculos con cárteles de las drogas, fueron liberados.

En la revisión de estos casos, las nuevas autoridades de la PGR determinaron que hubo fallas, excesos, falsedades y maquinaciones en los testimonios de los testigos protegidos “Jennifer” (Roberto López Nájera) y “Mateo” (Sergio Villarreal Barragán) contra los militares, lo cual no constituye pruebas de su supuesta colaboración con narcotraficantes.

Escorcia Vargas indica que aún sabiendo que no había nada en su contra, funcionarios de la SIEDO trataron de extorsionarlo para dejarlo en libertad.



Democratizar la justicia

¿Ahora que ha sido puesto en libertad, cuál es su visión del sistema de justicia mexicano?

Le doy las gracias al señor Presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas.

Ha sido criticado mucho lo que he dicho de democratizar la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia ahora sí está llegando a todos los niveles. El sexenio pasado se caracterizó por el abuso del poder. La justicia era, como se dice coloquialmente: nada más para los cuates. Pero ahora el señor Presidente está democratizando y llevando la justicia a todos los niveles.

El encarcelamiento de algunos militares de alto rango, que ustedes consideraban injusto, terminó con el nuevo gobierno. Pero hay muchos mexicanos con problemas, quizás hasta más graves, y la justicia no actúa.

Es cuestión de tiempo y, sobre todo, de que se termine de dar independencia al Poder Judicial. En el sexenio pasado había consignas contra todo el mundo. No se dejaba trabajar a los jueces. Ellos temían actuar de acuerdo a los procedimientos judiciales y legales, y la justicia era dictada por el anterior Presidente, a través de la licenciada Marisela Morales, titular de la PGR, quien atemorizaba al Poder Judicial. Eso, por ejemplo, lo ha anotado la prensa. Se ha dicho que investigaban a los jueces. Independientemente de que todos pudiéramos tener algún problema, que no estamos exentos, eso de atemorizar al Poder Judicial de la federación es gravísimo.

¿Siente que contra usted, en lo personal, hubo una persecución política. ¿Se usó a la justicia, de manera selectiva? ¿Se convirtió un poder del Estado en una policía política?

Hasta la fecha, y después del tiempo que estuve, primero, en arraigo, y luego, en La Palma, que fue un año y dos meses, no me he podido explicar que ocurrió. ¡Yo ya estaba retirado! Tal vez acusaciones como las que me hicieron eran para atemorizar, incluso, al Ejército. Recuerdo que en una entrevista o en alguna declaración que se hizo pública, el licenciado Calderón dijo que se haría justicia “caiga quien caiga”. Pero si hay algo que respeta la sociedad mexicana es al Ejército y a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, con mentiras se trató de socavar a esas instituciones. Lo digo como parte del pueblo. El Ejército es una de las instituciones a las que el pueblo le tiene la mayor confianza. Ahí están todas las estadísticas y las encuestas: el Ejército sigue siendo una institución en la que el pueblo cree.

¿Qué tanto han dañado o dividido al Ejército acusaciones como las que se hicieron contra usted y los otros militares?

Yo no hablaría de divisiones en el Ejército, pero sí creo que fueron resultado de la lucha por el poder durante el sexenio pasado, sobre todo de generales que querían llegar al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional sin que les importara un comino lo que hicieran.

¿Usaron a la institución para apuntalarse?

Sí. De hecho, son públicos todos los datos. Hay información en el sentido de que el anterior subsecretario de la Defensa Nacional, el general Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, utilizó a la institución. Y el general Guillermo Galván Galván dijo que lo habían engañado. ¿Quién lo engañó?

Utilizaron al Ejército

¿Usted estaría de acuerdo con las acusaciones de genocidio que se han hecho contra el expresidente Felipe Calderón, después de que la guerra contra la delincuencia dejó tantas muertes?

Al principio le decía que el comandante supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente. El es el que ordena y el expresidente fue quien declaró la guerra al narcotráfico. No fue el Ejército. Al Ejército lo utilizaron.

¿Qué piensa de los resultados de esa guerra?

Las noticias hablan de más de 44 mil muertos, 120 mil desaparecidos y de pueblos enteros desocupados. Hubo mucha gente desplazada en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. ¡Imagínese nada más! ¿A quién benefició todo eso?

¿Fue Calderón el que falló?

No puedo decir que fue él, pero ahí están los resultados. Yo salí del Colegio Militar en 1967 y soy del estado de Guerrero, de Ciudad Altamirano, que antes se llamaba Pungarabato, la cual está considerada dentro de la región de Tierra Caliente. Cerca de ahí están los municipios de Aguilillas y Apatzingán, Michoacán, que tienen áreas mariguaneras. De repente el señor Calderón quiso quitar todo en un solo sexenio y le declaró la guerra al narcotráfico en su estado, que es Michoacán. Por eso se polarizó toda la guerra. Ningún ejército del mundo puede hacer eso. En las fronteras se provocó el enfrentamiento entre los cárteles. Se pelearon entre ellos. Quién sabe si estuvo bien o estuvo mal, pero ¿cuántos muertos hubo?

¿Interpondría usted alguna demanda contra funcionarios del anterior gobierno?

Lo estoy analizando con mis abogados. Yo vivo del sueldo de retirado, de mi pensión, así que imagine el daño: gasté más de 2 millones de pesos en la defensa, viáticos, etcétera. Eso, sin considerar lo que le causaron a mi familia, porque, por desgracia, también la destruyeron. Tengo una hija que vive en Bélgica y quedó deshecha durante ese tiempo. Y todo esto provoca un gran estrés. Yo estaba muy bien de mi presión y ahora soy hipertenso.

La preocupación, el sentirse perseguido…

Sí. Y sin saber de dónde viene todo eso. Yo les decía a mis compañeros en prisión que es más fácil defenderse bien si uno sabe por qué está encarcelado. Para mí hubiera sido más fácil defenderme de un asesinato, que estar pensando de dónde vino esto. ¡No se puede contra el poder del Estado.

¿Considera que todo fue un abuso?

Sí, señor. Es lo que pienso. Nadie me quita la idea. ¿Por qué? Pues la propia Constitución lo dice. ¿De quién depende el procurador de la República? Del Presidente. Y la procuradora debió haberle informado al Presidente lo que se estaba haciendo en contra de varios generales. Yo tenía 46 años de servicio y, de la noche a la mañana, me acusan de dar protección a narcotraficantes. ¡Y así estaban todos mis compañeros!

¿Ahora se siente reivindicado, o que empieza a ser reivindicado?

Lo que han dicho el actual Presidente de la República, o el nuevo procurador, quien manifiesta que no hay nada en contra de nosotros por los testimonios de testigos protegidos, nos está reivindicando. El que los medios de comunicación masiva, como la revista Siempre!, estén dando a la luz los antecedentes de este caso, para mí resulta en una reivindicación. A mí realmente no me gusta estar ante los reflectores. Uno no está acostumbrado. Pero, ¿y el daño moral que le causaron a mi familia? Cuando estaba, por ejemplo, en el centro de arraigo, a mi esposa la entrevistaron los de la SIEDO; le pidieron dinero: ¡2.5 millones de pesos!

Aprovecharon el viaje.

Andaban buscando por todos lados, porque le dijeron a mi esposa que, en realidad, contra mí no había nada. La averiguación previa se basó en una llamada anónima. Y yo no aparezco en esa llamada anónima.

¿Se puede lavar una persona un señalamiento de relación con el narcotráfico?

Por lo que dice el actual procurador, Jesús Murillo Karam, en el sentido de que no tiene nada en mi contra por los dichos de los testigos protegidos “Jennifer” y “Mateo”, tal vez en parte. Yo fui comandante de la 24 Zona Militar en Morelos y me detuvieron, la primera vez, el 28 de diciembre de 2007, ahora sí que el Día de los Santos Inocentes (N. del A.: acusado de vínculos con integrantes del cártel de los Beltrán Leyva), pero se me investigó y no se comprobó nada. Desde que estuve en arraigo por segunda ocasión, en mayo de 2012, se le hizo ver esto al agente del Ministerio Público, que es el primer abogado que debe tener un acusado, pero nunca me aceptó ninguna prueba.

¿Cree que había una consigna contra usted desde ese momento?

Pienso que sí, porque, mientras me hallaba en arraigo, nunca permitieron que los abogados presentaran o solicitaran pruebas. La Ley Orgánica de la PGR dice que el ministerio público debe pedir antecedentes de todos los procesos que existen en las diferentes dependencias, pero no lo hicieron.

El complot

General, a uno no le queda más que preguntarse: “¿Qué es lo que harían algunos militares de alto rango, como para merecer el odio del Presidente de la República?”.

Esa es la cuestión. Se nos quiso utilizar para las elecciones presidenciales. ¿Por qué? Se lo voy a decir con franqueza: estaban utilizando al teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto para que echara tierra y diera a la PGR información falsa de que le estaba dando dinero del narcotráfico a Andrés Manuel López Obrador. Esa fue una hipótesis que le mencioné al general Rubén Pérez Ramírez, quien fue comandante de la Zona Militar en Toluca, cuando el actual presidente, Enrique Peña Nieto, era el gobernador del Estado de México. La idea era que, si se hubieran apretado las preferencias electorales, el expresidente Calderón dijera que había gente involucrada en el narcotráfico; que a fulano de tal le estaban dando dinero. Esos son los procedimientos y lo normal que siguió el PAN.

Es decir: el golpe, utilizando al Ejército, era contra López Obrador.

Y contra el actual presidente, Enrique Peña Nieto.

El objetivo era ensuciarlos.

Pues sí. Escondieron bien su complot, pero, afortunadamente, perdió el PAN, porque si no…

Todavía estarían en la cárcel.

Mínimo hubiéramos estado 4 o 5 años más.

Fuente: http://www.siempre.com.mx/2013/07/calderon-conspiro-contra-amlo-y-epn/

Trasladan a Mayor a Cereso en Querétaro

10 de noviembre del 2013

México, 10 de noviembre (Reforma).- El Mayor Iván Reyna Muñoz fue trasladado del penal de Almoloya de Juárez, Estado de México, al Cereso de San Juan del Río, Querétaro, para enfrentar un proceso por el delito de extorsión.

En julio, Reyna Muñoz, tres Generales y un Teniente Coronel fueron exonerados de las acusaciones de protección a los Beltrán Leyva.

Los Generales de División Ricardo Escorcia Vargas; de Brigada, Rubén Pérez Ramírez, y el Brigadier Roberto Dawe González, así como el Teniente Coronel Silvio Hernández Soto, salieron libres de ese penal de máxima seguridad.

Sin embargo, el Mayor se quedó porque enfrentaba otro proceso.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, Reyna Muñoz arribó a la cárcel de San Juan del Río, al filo de las 13:00 horas.

Sale de penal Mayor Reyna
16 de mayo del 2014

México, 16 de mayo (Reforma).- El Mayor del Ejército Mexicano, Iván Reyna Muñoz, fue liberado luego de que el juez que conocía su caso determinó no tener elementos suficientes para procesarlo por el delito de extorsión, confirmó hoy el Secretario General de Gobierno de Querétaro, Jorge López Portillo Tostado.

De acuerdo con el funcionario, Reyna Muñoz, fue liberado este jueves cerca de las 20:00 horas.

“Efectivamente, liberamos por órdenes del juez que conoce el caso, al Mayor Iván Reyna”, reveló el funcionario en breve entrevista.

López Portillo informó que a las 18:00 horas de este jueves, les fue notificada la determinación judicial y, tras realizar los trámites correspondientes, el militar abandonó el penal de San Juan del Río.

En agosto del 2012 Reyna Muñoz fue detenido, junto con otros cinco militares acusados de brindar protección al Cártel de los Beltrán, según declaraciones de testigos protegidos.


En julio de 2013 un juez federal de Toluca ordenó la absolución y liberación de tres generales, un teniente coronel y de Reyna Muñoz, al cancelar la causa penal 44/2012 iniciada contra ellos.

En aquel momento, los Generales de División Ricardo Escorcia Vargas, de brigada Rubén Pérez Ramírez y el brigadier Roberto Dawe González, así como el teniente coronel Silvio Hernández Soto fueron liberados.

Sin embargo, Iván Reyna Muñoz, debió permanecer en custodia pues todavía pesaba sobre él una acusación por una supuesta extorsión de campesinos de San Juan del Río.
Fernando Paniagua

Reyna: vendió la PGR idea de testigos a Felipe Calderón
Afirma que su detención fue un "asunto personal"; iban tras Ángeles, asegura.


Redacción 27/05/2014 02:47 AM

México

El mayor Iván Reyna, detenido en 2012, acusado por presuntos vínculos con la delincuencia organizada y extorsión, aseguró que su detención fue un asunto personal y responsabilizó a funcionarios de la Procuraduría General de la República de venderle la falsa idea al ex presidente Felipe Calderón, basada en declaraciones de testigos protegidos.

“Después de haber analizado, siento que alguien de la administración, ahí en la PGR, por tratar de hacer un trabajo va y le vende la idea al presidente Calderón y el presidente Calderón a lo mejor enojado, ya casi por entregar su gobierno, ordena lo que ordena y la PGR actúa”, dijo el militar en entrevista con Yuli García en MILENIO Televisión.

Reyna fue liberado hace ocho días después de que el juez no encontrara elementos para acusarlo por los delitos que le atribuían.

Reyna relató que funcionarios federales lo obligaron a firmar un documento en el cual declaraba que él mismo recogía el dinero del crimen organizado y se lo entregaba al general Tomás Ángeles Dauahare, subsecretario de la Defensa, también detenido por este asunto.

De acuerdo con Reyna, la declaración la firmó por las amenaza de un Ministerio Público, quien le mostró un video que contenía imágenes de su esposa llegando al penal, en el que le decía: “recordándole que pudiera aparecerse, por lo menos, un kilo de cocaína en el vehículo de su esposa, imagínense mayor usted y su esposa en la cárcel y sus hijos no sé donde, sentí mucho terror, porque sabía que lo podían hacer”, dijo.

El militar terminó avalando la declaración, “pero lo primero que hice cuando tuve cerca a mi general Dauahare fue pedirle mil veces perdón”.

Reyna calificó su detención de un asunto terrorífico y aseguró que lo usaron como títere para inculpar a un militar de mayor rango. Recordó que desde su aprehensión en San Juan del Río, Querétaro, y cuando lo ingresaron a la sala del jefe de seguridad ya estaban instalados cuatro ministerios públicos, que lo amenazaron con groserías.

Sin embargo, dijo que le aclararon que su carrera no les interesaba, “nos interesa otro personas más grande y me enseñaron la foto del general Dauahare”.

El caso afectó a la familia, la esposa del mayor, Magali Araujo, contó que durante el proceso perdieron su patrimonio, principalmente casa, vehículo y sus pertenencias. Ahora viven con sus tres hijos en una casa sencilla prestada por el pastor de su Iglesia cristiana de Querétaro.

La familia exige que se repare el daño, principalmente que la Sedena pague su salario por los dos años y miedo que estuvo recluido y acusado de un delito del que ha quedado en libertad, “ningún dinero puede compensar los dos años y medio que padecimos”, dijo Magali.

Una vez recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México, el mayor Reyna dijo que se encontró con José Jorge Balderas, El JJ, uno de los testigos protegidos que involucraron a los militares con el narcotráfico, bajo el alias de Némesis.

Ningún soldado torturó a ex asesor de la Marina
Ortega Maya denunció que fue martirizado por personal de la PGR y militares el 3 de mayo de 2012 con el propósito de que involucrara al general Tomás Ángeles Dauahare con el cártel de los ...
Relacionadas

Rubén Mosso 09/06/2014 02:43 AM

México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) negó que personal bajo su mando haya participado en la detención del abogado José Gerardo Ortega Maya, quien fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, ex secretario de Marina.

Por esa razón, Ortega Maya solicitó a la Dirección General de Asuntos Internos de la Visitaduría General de la Procuraduría General de la República (PGR) investigar quién usó uniformes castrenses no solo para detenerlo, sino también para torturarlo.

A través de un mensaje grabado en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas, el detenido declaró: “Agradezco y reconozco la labor del secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, y del secretario de Marina, Almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, en su lucha por restituir el honor y labor de sus instituciones, con trabajo y justicia y respetando los derechos humanos de nosotros los civiles”.

Ortega Maya denunció que fue martirizado por personal de la PGR y militares el 3 de mayo de 2012 con el propósito de que involucrara al general Tomás Ángeles Dauahare con el cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, en el escrito 15914 que la Sedena entregó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) se dejó claro que ningún elemento del Ejército participó en la detención ni existe personal que haya contribuido en alguna acción penal contra él.

Lo anterior fue informado por J. Contreras López, general de brigada de Estado Mayor, y por el teniente coronel de infantería Humberto Ortega Ramírez, quienes forman parte del cuartel general Unidad Subordinada y adscrita a la Zona Militar Uno.

En su queja ante la CNDH (que Ángeles Dauahare usó para su defensa), el yerno del ex secretario de Marina Luis Carlos Ruano Angulo señaló al teniente coronel Avigaí Vargas Tirado y a otros militares de colaborar con la Seido) para sembrarles armas y golpearlo.

señaló al teniente coronel Avigaí Vargas Tirado y a otros militares de colaborar con la Seido) para sembrarles armas y golpearlo

El abogado Ortega Maya y las armas del general
Sedena informó que una carabina por la que fue acusado de posesión ilegal en realidad es de colección y pertenece a Tomás Ángeles.
Relacionadas

Noticia En año y medio PGR ya gastó 31 mdp en testigos
Noticia Ningún soldado torturó a ex asesor de la Marina
Noticia Reyna: vendió la PGR idea de testigos a Felipe Calderón

Más de Policía

Arturo Nahle Procurador de Justicia de Zacatecas en entrevista con Tania Díaz
Hallan cuerpos calcinados en vehículo de diputado plagiado
Cámaras de seguridad de algunas casas de la zona permitieron localizar una camioneta abandonada, presuntamente la de los asaltantes.
Muere quinceañera en intento de asalto en Iztapalapa
El funcionario público federal se desplazaba a bordo de una camioneta Chevrolet Suburban negra
Secuestro de diputado fue para "asesinarlo": Beltrones
Marcas de sangre y balas en una pared de la bodega donde hubo 22 civiles muertos.
Presas, dos de las 'liberadas' en Tlatlaya; otros dos huyeron

Rubén Mosso/Reportaje 24/09/2014 04:26 AM

México

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó a un juez federal que el arma de fuego que la Procuraduría General de la República (PGR) encontró en la casa del abogado José Gerardo Ortega Maya, y que presuntamente poseía de manera ilegal, es de colección y pertenece al general Tomás Ángeles Dauahare.

Ortega Maya denunció que el 3 mayo de 2012, elementos del Ejército lo sustrajeron de su domicilio, en la colonia Herradura del municipio de Huixquilucan, Estado de México; posteriormente, dijo, fue llevado a las instalaciones de la PGR, en la calle de López, colonia Centro, en el Distrito Federal, donde fue torturado por órdenes del teniente coronel Avigaí Vargas Tirado.

Ortega Maya presentó una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la que manifestó que el martirio al que lo sometieron los militares comisionados en la PGR fue porque se negó a declarar contra Tomás Ángeles, ya que le pidieron involucrar al general con el narcotráfico.

Sin embargo, la Sedena rechazó haber participado en la detención del litigante y reiteró que ni una de sus unidades tuvo que ver con la captura del yerno de Luis Carlos Ruano Angulo, ex secretario de Marina.

La pasada administración de la PGR acusó al abogado del delito de acopio y posesión de armas de fuego y cartuchos útiles, pero la juez Verónica Judith Sánchez, titular del juzgado décimo de distrito de procesos penales en el DF, determinó dejarlo en libertad bajo caución, tras el pago de 45 mil pesos.

Empero, los militares y agentes que participaban directamente en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) también reportaron el hallazgo de una pistola calibre .38, en una camioneta; pero la juez determinó que el delito no era grave.

No obstante, horas más tarde, el personal de la PGR aseguró haber encontrado en otro vehículo del abogado un rifle AR-15, así como 17 cartuchos útiles, motivo por el cual aún enfrenta su juicio en prisión.

La juez declinó competencia para seguir conociendo el caso, por lo que éste pasó al juzgado tercero de distrito con residencia en Naucalpan.

El arma de colección y de la que se acusó la posesión ilegal al abogado pertenece al general Tomás Ángeles; de acuerdo al oficio S-III-1466 que entregó la Procuraduría General de Justicia Militar al juzgado mexiquense, se trata de una carabina 30-30,

Después, la PGR responsabilizó a Ortega Maya —quien fue asesor de Francisco Saynez Mendoza, ex secretario de Marina— de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, grupo al que supuestamente entregaba información a cambio de dinero.

La imputación se vino abajo en agosto del presente año, ya que fue exonerado por la juez Verónica Judith, quien continuó analizando solo esa causa penal.

Actualmente, el litigante quien padece diversas enfermedades, permanece preso en el penal de máxima seguridad de Matamoros, Tamaulipas.

Karina Ortega Maya, hermana de Gerardo, tiene prevista hoy una reunión con el titular de la Seido, Rodrigo Archundia Barrientos, a quien le solicitará que la PGR se desista de continuar con el proceso penal.

En el juzgado existe una serie de documentos certificados que denotan presuntas irregularidades en agravio de José Gerardo, entre ellos, la falta de exámenes para comprobar la tortura.

También hay una averiguación previa abierta en el Estado de México, tras la denuncia interpuesta por la esposa del abogado el 4 de mayo de 2012, por el allanamiento perpetrado en su domicilio, por robo y destrozos en puertas, ventanas y muebles, entre otros.