CNDH reporta 43 muertes de inocentes
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CNDH reporta 43 muertes de inocentes
La CNDH reporta 43 muertes de inocentes
En su balance, el organismo resaltó los tiroteos entre la delincuencia organizada y las fuerzas del orden
Roberto José Pacheco
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CIUDAD DE MÉXICO, 26 de enero.- En su informe anual ante el Congreso de la Unión, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, formuló un llamado para erradicar la impunidad y realizar medidas contundentes que garanticen las condiciones de seguridad y prevención para que el desempeño de los defensores de las garantías individuales no se vea coartado ni amenazado.
En el balance de la instancia a su cargo, destacó que durante 2011 la sociedad mexicana vivió momentos difíciles en materia de derechos humanos; por un lado, dijo, la problemática en materia de seguridad pública por la confrontación entre la delincuencia organizada y las fuerzas del orden.
“Destacando el hecho de que en tales enfrentamientos perdieron la vida 43 personas ajenas a los hechos y, por otra parte, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad”, enfatizó.
Lo anterior, expuso, se tradujo en un aumento de 50 por ciento en el número de quejas que recibió la CNDH contra servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
El ombudsman nacional explicó que la institución a su cargo realizó una defensa de los derechos humanos de los mexicanos y está luchando “contra la impunidad que tanto ha lastimado la credibilidad en las instituciones públicas”.
Respecto de las reformas que aprobó el Congreso en materia de derechos humanos, Plascencia Villanueva sostuvo que si bien estos cambios representaron una evolución, lo cierto es que se debieron también al reclamo de una sociedad preocupada por erradicar las violaciones a sus garantías, lo cual se reflejó en muchas arbitrariedades a cargo de servidores públicos, los cuales excedieron todos los límites jurídicos y sociales.
En ese sentido, aseveró que las reformas al texto de la Carta Magna “serán un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva. Hoy por hoy, quien viole derechos humanos estará violando la Constitución”.
Los más denunciados
En su recuento destacó que las diez autoridades que fueron frecuentemente señaladas como responsables de violar derechos humanos son el IMSS, la Sedena, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Migración, la Policía Federal, la PGR, la SEP, el ISSSTE, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad.
El Presidente de la CNDH planteó que durante el año pasado se emitieron 95 recomendaciones a diversas autoridades y los que no aceptaron las peticiones fueron: Seguridad Pública federal, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y los ayuntamientos de Benito Juárez, en Quintana Roo, y Chilpancingo, en Guerrero, entre otras.
Sobre la Comisión Nacional del Agua, señaló que en 2010 rechazó una recomendación por la descarga de residuos químicos en el Río Santiago , Jalisco, lo que provocó la muerte de un menor, y que ocasiona afectaciones a la salud.
Agregó que el año pasado tampoco aceptó la entidad que dirige José Luis Luege Tamargo dos recomendaciones: una sobre las descargas de aguas residuales del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al río Usumacinta, y otra que generó las inundaciones en Tabasco en 2010, donde fueron afectadas cinco mil 710 personas.
Migración asegura que ayudó a guatemaltecos
El Instituto Nacional de Migración (INM) estuvo al pendiente de los ciudadanos guatemaltecos que llegaron a Tenosique, Tabasco, desde agosto del año pasado, luego de ser desalojados por las fuerzas militares de su país, y les ofreció, a través de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), la posibilidad de solicitar la condición de refugiados en septiembre, asegura la dependencia federal.
Igualmente se les brindó auxilio humanitario desde su llegada, en coordinación con autoridades estatales y municipales, que consistió en la entrega de cobertores, agua y despensas, así como artículos de higiene personal y asistencia médica.
Todo esto antes de que se tomara la decisión de llevar a cabo un rescate “por motivos humanitarios” de las familias guatemaltecas que vivían en condiciones inseguras e insalubres, el pasado 9 de enero, de acuerdo con un informe interno del INM al cual Excélsior tuvo acceso.
En el reporte se detalla que las autoridades migratorias actuaron con fundamento en lo dispuesto en la Ley de Migración en la propiedad ejidal Nuevo Progreso, en Tenosique.
El INM reiteró que en ningún momento se violaron las garantías de los centroamericanos, como señalan testimonios de los mismos involucrados y algunas organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron a las autoridades mexicanas de violar las garantías de los desplazados.
La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó el martes un punto de acuerdo en el que solicita al comisionado del INM, Salvador Beltrán del Río, presentar “un informe del desalojo de los refugiados guatemaltecos en Tenosique, Tabasco”.
El INM, que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), destaca en su informe interno que las acciones que se implementaron para el “rescate” de las 13 familias guatemaltecas estuvo en su mayoría a cargo de mujeres y contó con la participación de elementos desarmados de la Policía Federal, entre otras dependencias.
http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=805438
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“Destacando el hecho de que en tales enfrentamientos perdieron la vida 43 personas ajenas a los hechos y, por otra parte, la situación de vulnerabilidad que padecieron diversos grupos sociales, lo que propició el aumento de la indignación de la sociedad”, enfatizó.
Lo anterior, expuso, se tradujo en un aumento de 50 por ciento en el número de quejas que recibió la CNDH contra servidores públicos de los tres niveles de gobierno.
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Respecto de las reformas que aprobó el Congreso en materia de derechos humanos, Plascencia Villanueva sostuvo que si bien estos cambios representaron una evolución, lo cierto es que se debieron también al reclamo de una sociedad preocupada por erradicar las violaciones a sus garantías, lo cual se reflejó en muchas arbitrariedades a cargo de servidores públicos, los cuales excedieron todos los límites jurídicos y sociales.
En ese sentido, aseveró que las reformas al texto de la Carta Magna “serán un freno para quienes conciben el ejercicio del gobierno con una mentalidad autoritaria y abusiva. Hoy por hoy, quien viole derechos humanos estará violando la Constitución”.
Los más denunciados
En su recuento destacó que las diez autoridades que fueron frecuentemente señaladas como responsables de violar derechos humanos son el IMSS, la Sedena, el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social, Migración, la Policía Federal, la PGR, la SEP, el ISSSTE, la Marina y la Comisión Federal de Electricidad.
El Presidente de la CNDH planteó que durante el año pasado se emitieron 95 recomendaciones a diversas autoridades y los que no aceptaron las peticiones fueron: Seguridad Pública federal, la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional del Agua y los ayuntamientos de Benito Juárez, en Quintana Roo, y Chilpancingo, en Guerrero, entre otras.
Sobre la Comisión Nacional del Agua, señaló que en 2010 rechazó una recomendación por la descarga de residuos químicos en el Río Santiago , Jalisco, lo que provocó la muerte de un menor, y que ocasiona afectaciones a la salud.
Agregó que el año pasado tampoco aceptó la entidad que dirige José Luis Luege Tamargo dos recomendaciones: una sobre las descargas de aguas residuales del drenaje del municipio de Jonuta, Tabasco, al río Usumacinta, y otra que generó las inundaciones en Tabasco en 2010, donde fueron afectadas cinco mil 710 personas.
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Igualmente se les brindó auxilio humanitario desde su llegada, en coordinación con autoridades estatales y municipales, que consistió en la entrega de cobertores, agua y despensas, así como artículos de higiene personal y asistencia médica.
Todo esto antes de que se tomara la decisión de llevar a cabo un rescate “por motivos humanitarios” de las familias guatemaltecas que vivían en condiciones inseguras e insalubres, el pasado 9 de enero, de acuerdo con un informe interno del INM al cual Excélsior tuvo acceso.
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El INM reiteró que en ningún momento se violaron las garantías de los centroamericanos, como señalan testimonios de los mismos involucrados y algunas organizaciones no gubernamentales, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, acusaron a las autoridades mexicanas de violar las garantías de los desplazados.
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http://www.excelsior.com.mx/index.php?m=nota&seccion=seccion-nacional&cat=1&id_nota=805438
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