Se duplica el espionaje autorizado a la PGR; realiza una intervención cada 35 horas

Se duplica el espionaje autorizado a la PGR; realiza una intervención cada 35 horas
Arturo Angel Septiembre 23, 2014 1:15 am

La Procuraduría realiza una intervención cada 35 horas; también ascendió el número de cateos, más de 500 inmuebles fueron allanados judicialmente
Foto: Especial

En un lapso de 11 meses la Procuraduría General de la República (PGR) realizó 586 intervenciones telefónicas y a comunicaciones privadas con el aval de un juez, bajo el argumento de que investigaba actividades relacionadas con el crimen organizado. En promedio es una acción de espionaje cada 35 horas.



Esta cantidad de intervenciones realizadas entre septiembre del 2013 y julio de este año es más del doble de las que se habían hecho un año antes.



Los datos evidencian lo que parece ser una estrategia del actual sexenio respecto al espionaje de comunicaciones, pues como 24 HORAS dio a conocer en junio también el Cisen ha incrementado de forma importante el uso de este recurso.



El Segundo Informe de Labores de la PGR revela varias acciones realizadas por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en materia de combate al crimen organizado.



Entre ellas se encuentran la obtención de 586 órdenes de Intervención de Comunicaciones Privadas (ICP) en el referido periodo, lo que representa un incremento de 143% de estas acciones respecto a las 214 intervenciones que se hicieron en el periodo de septiembre del 2012 a julio del 2013.



El documento no detalla qué tipo de intervenciones se realizaron, pero según fuentes ministeriales se trata en su mayoría de espionaje de llamadas y mensajes telefónicos, así como de correos electrónicos.



Cabe señalar que estas intervenciones realizadas por la SEIDO son solamente las que autorizó un juez a petición del Ministerio Público Federal. No se detalla cuántas solicitudes se realizaron en total y cuantas fueron rechazadas.



En donde sí se revela este dato es en las solicitudes de espionaje hechas por las delegaciones estatales en el último año que son sustancialmente menores que las de la SEIDO. Las delegaciones solicitaron a jueces federales 32 órdenes de ICP pero estos solo autorizaron 14, es decir, menos de 50%.



La PGR no es la única que puede solicitar las intervenciones. El Cisen aludiendo temas de seguridad nacional, también las ha solicitado. Este diario publicó que entre 2012 y 2014 dicho organismo hizo peticiones de intervención de comunicaciones para 759 dispositivos, cantidad superior a las 340 de todo el sexenio pasado.



Son jueces especializados en Cateos, Arraigos e Intervenciones los encargados de autorizar el espionaje. Las solicitudes actualmente se hacen vía correo electrónico y pueden recibir luz verde en menos de 24 horas.


Las máquinas del espionaje



En el actual sexenio la PGR, al igual que otras instancias del gabinete de seguridad, han programado inversiones importantes en materia de inteligencia, bajo el argumento de que es necesario fortalecer dichos aspectos para lograr golpes de precisión sobre todo en materia de combate al crimen organizado y amenazas a la seguridad nacional.



En ese contexto, en este año se autorizó y ejerce un presupuesto específico de casi 150 millones de pesos encaminados a la adquisición de equipo destinado al espionaje.



Los nuevos equipos tienen los nombres códigos de “WONDERFULL”, “SESAMO” y “LAGUNA”, y son operados por la Dirección General de Cuerpo Técnico de control de la SEIDO. Las características de los mismos son clasificadas pero se sabe que es tecnología para la extracción de voz y datos en redes 3G o 4G.



A lo anterior se suma otra inversión de 142 millones de pesos que se está realizando para perfeccionar los equipos de intercepción y rastreo de llamadas.



Además está pendiente la compra por poco más de 30 millones de pesos en un sistema táctico de monitoreo e intercepción de comunicación celular GSM 1900Mhz y 3G, y sistema de grabación y monitoreo de telefonía fija (PBX) y analógica digital/IP”.



Con esta tecnología y la ya existente la PGR está en condiciones de monitorear y obtener datos de casi cualquier tipo de comunicación privada entandar, desde llamadas telefónicos a números fijos o móviles, hasta conversaciones vía texto en servicios de mensajería como Whatsapp, o en redes sociales como Facebook, y por supuesto los correos electrónicos.


Cateos también se duplican

Los datos oficiales revelan que la SEIDO también duplicó el número de cateos que ha realizado durante la actual administración por supuestas actividades de la delincuencia organizada.



De septiembre del 2013 a julio del 2014 la subprocuraduría reportó 241 órdenes de cateo autorizadas por los mismos jueces que facultan los espionajes. Un incremento superior al cien por ciento respecto al periodo anterior que se autorizaron 114 órdenes.



Las 241 órdenes de cateo solicitadas en el último año han permitido la verificación de 527 domicilios en total en los que se presumen actividades relacionadas a delitos como narcotráfico, trata de personas, lavado de dinero, entre otros.



Pese a ese número de cateos, la PGR solo reportó el aseguramiento definitivo de 160 inmuebles y la presentación de 8 demandas en materia de Extinción de Dominio.

En los último 17 meses, pide PGR geolocalización de mil 233 ciudadanos
Ángel Cabrera Octubre 8, 2014 1:15 am

Desde el 18 de abril de 2013, la dependencia ha solicitado a las compañías de telefonía celular la ubicación, en tiempo real y sin mandato judicial, de usuarios
Foto: 24 HORAS

A partir de que entró en vigor la reforma en telecomunicaciones, que obliga a los concesionarios de telefonía móvil a colaborar con las autoridades para la geologalización en tiempo de real de personas, la Procuraduría General de la República (PGR) ha solicitado ubicar a mil 233 ciudadanos, sin mandato judicial.



De acuerdo con la respuesta de la PGR a la solicitud de información 0001700173014, “se hace de su conocimiento que se han realizado 1,233 geolocalizaciones en tiempo real” por parte de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.



Para transparentar esas estadísticas, la PGR tomó en cuenta desde el 18 de abril de 2013, un año después de la entrada en vigor del decreto que reforma el Código Federal de Procedimientos Penales, del Código Penal Federal, de la Ley Federal de Telecomunicaciones, de la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



En dicho decreto, explican, se “concedió a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones, en su artículo cuarto, un plazo de 12 meses a partir de la entrada en vigor de dicho decreto de fecha 17 de abril de 2012, para realizar las actualizaciones tecnológicas que garanticen una mayor precisión en la localización geográfica en tiempo real de los equipos de comunicación móvil asociados a una línea”.



Sin embargo, los artículos que avalan la geolocalización, contenidos en la reglamentación secundaria de la reforma están vigentes apenas desde el 13 de agosto, a través de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que en sus artículos 189 y 190 ordenan la entrega, sin orden judicial, de datos personales, intervención de comunicaciones privadas y geolocalización en tiempo real de ciudadanos a cualquier autoridad que lo solicite.


Artículos





Las Cámaras de Diputados y senadores aprobaron la Ley Federal de Telecomunicaciones, que en sus artículos 189 y 190 obliga a las empresas concesionarias a contar con un departamento especial, disponible las 24 horas, para entregar de forma inmediata los datos requeridos.



El artículo 190, en su apartado IV, señala que las empresas deberán contar “con una área responsable, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención de comunicaciones privadas”.



La ley ordena que las empresas deberán poner a disposición de las autoridades datos personales, como el nombre, domicilio, razón social y posición geográfica del suscriptor y, además, resguardarán por un año las comunicaciones de llamadas, buzón de voz y mensajería multimedia, para su entrega en tiempo real y sin mandato judicial.



Y por otro año, los datos personales de los usuarios serán conservados en los archivos de las empresas para su entrega en un plazo de 48 horas a las autoridades que lo soliciten.

Iguala: el alcalde infiltrado

Una denuncia en manos de la PGR señala al presidente municipal prófugo –José Luis Abarca– como uno de los líderes de Guerreros Unidos, el grupo acusado de quemar y enterrar a los normalistas de Ayotzinapa
Por Icela Lagunas - Martes 7 de octubre de 2014
1
comentarios
Ernesto Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos
"José Luis Abarca Velázquez, quien en una ocasión me llamó en privado (…) me dijo lo siguiente: 'A ver, hijo de la c******a, ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte'"
Ernesto Pineda Vega
Líder vecinal San Miguelito
El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero
“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”
Ernesto Pineda Vega
Líder vecinal San Miguelito

En la colonia San Miguelito de la ciudad de Iguala, Guerrero, un fuerte olor a químicos comenzó a provocar que los niños se enfermaran.

Uno de los líderes vecinales, Ernesto Pineda Vega, denunció ante el personal del Ejército y la Marina que en la zona operaba un narcolaboratorio para el procesamiento de drogas, propiedad de los Guerreros Unidos.

Luego de la denuncia, el narcolaboratorio de producción de heroína -asentado en esa colonia de casas de cartón y lámina en las que habitan personas de escasos recursos- fue desmantelado por elementos del 27 Batallón de Infantería.

Pero Pineda Vega no solo denunció el narcolaborario, también acusó al grupo criminal Guerreros Unidos como el responsable de asesinar, secuestrar y extorsionar a pobladores de Iguala.

Días después, el líder de San Miguelito fue capturado por Policías Municipales de Iguala señalado como el responsable del secuestro de Adolfo Salgado Salgado.

Fue encarcelado en Tuxpan, en donde fue golpeado por un grupo de internos que intentaron matarlo. Pineda Vega aseguró que le hicieron eso por órdenes del presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

La investigación del caso trascendió el Estado y pasó a manos de la Unidad Especializada en Delitos contra la Salud (UEIDS) de la Procuraduría General de la República (PGR), quien inició la averiguación previa SEIDO/UEIDS/4612/2014.

Con sus declaraciones, Pineda Vega destapó la cloaca.

La conexión con ‘El Chuky’

El 23 de abril pasado, ante el Ministerio Público el líder social Ernesto Pineda Vega dio detalles de las operaciones de los Guerreros Unidos: nombres de integrantes, secuestros cometidos y la forma en que ejecutan los levantones en la región.

Desde esa fecha, la Procuraduría General de la República (PGR) tiene en su poder la denuncia en la que Pineda Vega acusa al presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, de ser uno de los principales mandos de Guerreros Unidos en esta zona del estado.

Abarca -hoy prófugo- no actuaba solo.

De acuerdo a las declaraciones del líder de San Miguelito, el funcionario tenía a su servicio al secretario de Seguridad Pública de Iguala, Felipe Flores, quien a su vez ejecutaba las órdenes a través de su jefe de sicarios, un hombre apodado “El Chuky”.

El domingo 5 de octubre el procurador de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaky Blanco, señaló que –de acuerdo a declaraciones de sicarios de Guerreros Unidos- la orden de confrontar a los estudiantes de Ayotzinapa la dio el director de Seguridad Pública Municipal, Francisco Salgado Valladares, pero la de ejecutarlos la recibieron de un sujeto apodado “El Chuky”.

Ordena Peña Nieto esclarecer el caso

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró ayer sentirse indignado por los hechos ocurridos en la ciudad de Iguala, en donde –de acuerdo a las investigaciones- estudiantes de la normal de Ayotzinapa fueron secuestrados y asesinados por elementos de la Policía Municipal.

Peña Nieto ordenó encontrar a los responsables y aplicar la Ley.

A través de un mensaje el mandatario informó instruyó al gabinete de Seguridad para tomar acciones inmediatas para el esclarecimientos de los hechos.

“En el estado de Derecho no cabe el más mínimo resquicio para la impunidad”, afirmó.

A pesar de que la Procuraduría General de la República (PGR) tenía desde hace meses denuncias que daban cuenta de la violencia en Iguala otros municipios de Guerrero, no fue sino hasta que estalló el escándalo que Jesús Murillo Karam acudió personalmente a esa región del sur.

Ayer en breve conferencia, el titular de las PGR anunció encabezaría las pesquisas de la mano con el fiscal de investigación criminal, Tomás Zerón.

“El Estado mexicano no puede darse el lujo de ignorar una situación como está”, declaró.

También la División de Gendarmería de la Policía Federal asumió la seguridad en Iguala, Guerrero.

El 'modus operandi' de Abarca

A finales de mayo de 2013 fueron secuestrados ocho líderes sociales de Iguala de la Unidad Popular (UP).

Tres de ellos aparecieron muertos: Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román y Ángel Román Ramírez.

Sus cuerpos, torturados y vendados, fueron encontrados en el tramo Mezcala a Iguala de la carretera Federal México-Acapulco.

Por este caso, la PGR inició la investigación a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestros (UEIDMS) SEIDO/UEIDMS/4612/2014 que involucra al alcalde prófugo de Iguala, José Luis Abarca Velázquez.

Nicolás Mendoza Villa, uno líderes sociales que sobrevivió al secuestro, acusó al presidente municipal de haber sido quien dio muerte a Hernández Cardonal, líder de la organización.

Él mismo le disparó en el rostro y en el cuerpo, dijo Mendoza Villa en su declaración, firmada ante notario público.

Desde el crimen de esos líderes regionales, Abarca Velázquez fue señalado de usar a los sicarios de Guerreros Unidos para amenazar o eliminar a sus enemigos y contrincantes políticos.

Ernesto Pineda Vega, el líder de San Miguelito que sigue preso acusado de secuestro, también lo señala directamente:

“Yo anduve trabajando directamente con Arturo Hernández Cardona, solicitando apoyo para las personas de bajo recursos ante el presidente municipal de Iguala quien en una ocasión me llamó en privado, siendo esto ocho días antes de levantar a Cardona, me dijo lo siguiente: ‘A ver hijo de la c******a ya me tienen hasta la madre, o te separas de Cardona o vas a correr la misma suerte’”, relató Pineda Vega.

El líder social dijo además tener información de que el alcalde había mandado asesinar al síndico municipal Justino Carbajal.

Carbajal, síndico procurador del Ayuntamiento de Iguala, fue asesinado en marzo de 2013 por un grupo de hombres armados.




El día del crimen, el excandidato a diputado federal y también sobrino del exalcalde de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, había asistido -junto con Abarca Velásquez y ediles de la comuna- a destrabar el bloqueo de la entrada principal del basurero municipal.

En su declaración, Pineda Vega señala que el presidente municipal también mando desaparecer a Rafael Ochoa, quien era líder de una colonia de la que Abarca se apropió después con la finalidad de tener el control y mando en la región.

“Su forma de operar es que la Policía Municipal levanta a las víctimas y ellos las entregan a los Guerreros Unidos, después estos se encargan de negociar y pagar su rescate”, detalló el dirigente, también vinculado con el PRD del Estado.

Una red de corrupción

De acuerdo con la versión del líder vecinal de San Miguelito, Ernesto Pineda Vega, el grupo criminal Guerreros Unidos estaría financiado desde el gobierno, porque sus jefes son los mismos que gobiernan la región.

Señala también a diversos personajes que son autoridad de la zona como miembros de la delincuencia organizada, entre ellos, el comisario ejidal de Iguala, Antonio Bustamante Nájera; Moisés y Maximino Pedraza Salgado -conocidos como “Los Peques”- y a Tilo, Osiel, Orbelín, Mateo y Salvador, todos de apellidos Peralta Rodríguez.

“Otra persona que trabaja para los Guerreros Unidos es el delegado del transporte, siendo estos servicio urbano y taxis. A los cuales les cobra 200 pesos al chofer y otros 200 al dueño, juntando aproximadamente más de un millón de pesos, ya que son más de 2 mil transportistas”, dijo Pineda Vega.

El líder comunitario indicó que a los únicos que no les cobran es a los dueños del Centro Joyero.

“El dueño es José Luis Abarca y su esposa Ángeles Pineda, quien es dueña de una farmacia Guadalajara y Galerías, es tan poderosa porque es comadre de un narcotraficante”, declaró en abril pasado.

El dirigente aseguró que es por esta información, por que exhibe la forma de operar y por las denuncias públicas que hizo ante los medios de comunicación fue que le fabricaron el delito de secuestro e intentaron matarlo a él y a su familia.

Muchos de los nombres que Pineda Vega proporcionó a las autoridades estatales en esas declaraciones hechas en abril, salieron a relucir en la reciente investigación del crimen y desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Líderes incómodos

Tras la desaparición de los ocho líderes de Guerrero en mayo del 2013, la senadora perredista Dolores Padierna Luna propuso un punto de acuerdo para que la PGR que ejerciera su facultad y atrajera el caso.

Padierna señaló que los líderes secuestrados resultaban “incómodos”.

“Hace dos semanas diversas organizaciones de Guerrero hicieron una marcha, un acto como protesta, como un acto desesperado más bien de la sociedad civil por la profundización de la pobreza y el avance del crimen organizado.

“Dos horas después, Héctor Arrollo Delgado, Arturo Hernández Cardona, Efraín Amate Luna, Gregorio Dante Cervantes, Ángel Román Ramírez, Nicolás Mendoza, Rafael Balderas y Jimmy Castrejón, desaparecieron”, detalló la perredista en aquella ocasión.

El discurso de hace más de un año de la senadora perredista coincide con la declaración del líder de San Miguelito respecto a que aquellos incómodos para la autoridades eran eliminados.

Aparece narcomanta

Ayer, las autoridades de Guerrero encontraron colgadas cuatro narcomantas en diferentes puntos de Iguala.

“Gobierno Federal y Estatal. A todos los que nos apoyan, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten sino aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoya en el gobierno. Ya empezó la guerra. Att. GU”.

Que bueno.