En México no hay una estadística confiable del número de elementos de seguridad privada

Urge control de policías privadas: Auditoría
Marcos Muedano y Doris Gómora| El Universal
Martes 24 de febrero de 2015
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INCREMENTO. La Auditoría Superior de la Federación observó que el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7% en seis años. (Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL )
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La Auditoría Superior de la Federación identificó que en México no hay una estadística confiable del número de elementos de seguridad privada que laboran en el país, por lo que instó a la Secretaría de Gobernación a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras

politica@eluniversal.com.mx

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que no existe una estadística confiable para conocer cuántos elementos de seguridad privada laboran en el país, por lo que instó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras.

Al realizar una revisión al programa “Evaluación de la Política Pública de Seguridad Pública” de la Segob, la ASF observó que el incremento de la inseguridad y los índices de percepción ciudadana entre 2007 y 2013, el número de personal de las empresas de seguridad privada se incrementó 7%.

El registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señala que pasó 79 mil 826 elementos en 2010 a 85 mil 439 en 2013.

Sin embargo, la misma Auditoría encontró que en el Segundo Informe de Ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 se registraron 128 mil 881 elementos de empresas de seguridad privada; en tanto que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reportó para 2013 un total de 64 mil 235 personas operativas con autorización federal.

Pero si se suma al personal de seguridad privada de las entidades el número total de trabajadores en esa área es de 149 mil 674 elementos.

“Esta diferencia de cifras del personal de seguridad privada, si bien asociada a la naturaleza distinta de las metodologías y fuentes empleadas en cada caso, advierte sobre la necesidad de mejorar y verificar la confiabilidad de las cifras”, concluye el documento de la Auditoría Superior.

En un análisis adicional sobre la Regulación de los Servicios de Seguridad, la misma Auditoría señaló que esas 64 mil 235 personas que integran el Registro Nacional de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada contaron con mil 492 vehículos, así como mil 858 armas cortas y 2 mil 93 armas largas.

La Auditoría “advierte la falta de una fuente de información confiable, situación que implicaría un riesgo en el control de personas que portan armas de manera regulada en el ámbito estatal y nacional”.

A partir de datos reportados por las entidades federativas ante la Auditoría, los que presentaron mayor incremento en ese periodo analizado fueron Campeche, al pasar de 156 elementos en 2010, a 363 en 2013, lo que significó un incremento de 32.5% en promedio anual y en el acumulado de 132.7%.

En Chiapas, el registro se incrementó de 2 mil 375 elementos de 2010, a 4 mil 415 en 2013, que significó 23.0% adicional en el promedio anual, con una variación de 85.9%; mientras que en Guerrero, el aumento anual fue de 15.2% al pasar de 782 elementos en 2010, a mil 194 en 2013, con una variación de 52.7%.

Los resultados obtenidos en la Auditoría establecen que el aumento en el número de elementos de seguridad se debe a la poca o nula prevención de los delitos, ineficiencias en la investigación y persecución de los delitos, la ineficacia del sistema de justicia penal, la ausencia de mecanismos eficaces de reinserción social y la escasa coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“La inseguridad originó la proliferación de la contratación de servicios privados de protección en industrias, hotelería, comercios, escuelas, centros hospitalarios y transporte de mercancías y valores”, informó la ASF.

Apoyan en vigilancia. La misma evaluación asegura que la Dirección General de Seguridad Privada de la Secretaría de Gobernación autorizó que 914 empresas de seguridad privada apoyaran los servicios de seguridad pública; sin embargo, “no dispuso de indicadores que permitan evaluar el impacto de los servicios de seguridad privada en la prevención de la comisión de delitos”.

Agregó que la misma dirección “no disponía [hasta 2013] de los convenios de coordinación con los gobiernos estatales y el Distrito Federal, a fin de que le remitan la información correspondiente a cada uno de los prestadores de servicio autorizados para integrar el Registro Nacional”, y para 2014 se contó con un proyecto de convenio marco de coordinación para ser suscritos con los gobiernos estatales.