Destinan $2,400 millones a las colonias donde surge violencia

Población joven, embarazos tempranos y alto índice delictivo conforman marco para la acción de los programas; Chihuahua y Guerrero son los estados más beneficiados, de acuerdo con el reporte de gobernación
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28/07/2014 05:59 Leticia Robles de la Rosa

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio.-El gobierno federal canalizó dos mil 400 millones de pesos a las tres mil 234 colonias violentas detectadas en todo el país para aplicar 16 programas que buscan revertir su realidad, caracterizada por una población mayoritariamente juvenil, embarazos tempranos y altas tasas de delincuencia que en algunos casos supera hasta dos veces la media nacional, como en delitos sexuales y robo.

El reporte de las colonias más violentas entregado por la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación a las senadoras integrantes de la Comisión contra la Trata de Personas, que preside Adriana Dávila, muestra que para la atención de estas tres mil 234 colonias violentas, el gobierno federal canalizó a las 32 entidades del país un total de dos mil 411 millones 890 mil 478.34 pesos.

A pesar de que es Michoacán el estado que tiene el mayor número de colonias en el listado, es el estado de Chihuahua el que cuenta con el mayor apoyo económico, dado las características de sus colonias, al sumar 159 millones 179 mil 102.05 pesos, seguido por el Guerrero, con 149 millones 550 mil 557.72 pesos.

De acuerdo con el estudio de la subsecretaría que encabeza Roberto Campa Cifrián, pero que está bajo la responsabilidad de Lucila Guerra, en estas colonias los índices delictivos superan las medias estatales, regionales y en algunos casos nacionales.

El robo sin violencia, por ejemplo, muestra que por cada 100 mil habitantes en las colonias violentas de Othón P. Blanco, Quintana Roo, se registran mil 63.96 casos; en las colonias de Mexicali, mil 962.37, y de Tijuana mil 229.42, ambos en Baja California; en Durango llega a mil 127.83; en las colonias de la delegación Cuauhtémoc, del Distrito Federal, a mil 406.65, y en Cuernavaca a mil 405.93 por cada 100 mil habitantes, cuando la media nacional es de 570 por cada 100 mil habitantes.

Otro delito que registra altos índices en estas colonias es el de agresión sexual. A nivel regional este delito tiene un comportamiento de 9.40 por cada 100 mil habitantes, pero por ejemplo en las colonias violentas de Tapachula, Chiapas, llega a 34.64 y a 28.19 en las colonias de Tuxtla Gutiérrez; esta tasa se eleva hasta 43.68 en las colonias violentas de Pachuca, Hidalgo, y a 37.57 en Cuernavaca Morelos.

El estudio deja ver que en estas colonias hay carencia de niveles satisfactorios de vivienda, que hay una elevada deserción de adolescentes en la secundaria; por eso, el nivel promedio de estudios en estas tres mil 234 colonias es de secundaria terminada; una de las características es el elevado número de embarazos tempranos.

A nivel de las regiones donde se ubican estas colonias, la tasa de embarazo temprano promedio es de 600 por cada 100 mil habitantes, pero las colonias violentas de Apatzingán llega a mil 150.74 por cada 100 mil habitantes; en las de Matamoros llega a 936.68; en las colonias focalizadas de Durango a 867.70, y en Chilpancingo a 798.26 por cada 100 mil habitantes.

En el programa que la Federación realiza con las autoridades estatales para revertir la realidad de estas colonias, los gobiernos locales se comprometen a emprenden al menos 16 programas específicos, que son formación y participación de promotores comunitarios; formación y/o capacitación a redes comunitarias; proyectos de prevención en el ámbito escolar, proyectos de prevención con jóvenes y adolescentes, inicio o continuidad de procesos de mediación comunitaria.

También funcionamiento de al menos un centro comunitario, proyectos culturales y deportivos para la prevención; proyectos impulsados y operados por la comunidad, sustentables y generadores de cohesión comunitaria, a través de huertos comunitarios, tequios, cooperativas, entre otros proyectos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

De igual forma, proyectos de colaboración con universidades o instituciones académicas; formación de equipos técnicos para la operación del programa, sistema básico de georreferenciación, levantamiento de encuestas y seguimiento de diagnósticos participativos anteriores; proyectos de sistematización y documentación de la intervención; difusión de las acciones de prevención, así como la construcción y operación de espacios públicos emblemáticos que promuevan la convivencia y seguridad ciudadana, precisa el documento.

Se observa también que la estrategia es diferente, pues depende de la problemática específica de cada colonia. Una colonia emblemática por la incidencia delictiva desde hace décadas es la Morelos, donde se ubica el viejo barrio de Tepito, en el Distrito Federal. El estudio deja ver que ahí la tasa de lesiones dolosas en 2013 por cada 100 mil habitantes fue de 111.84, cuando el promedio regional es de 7.40; la tasa de daño a la propiedad fue de 136.20 cuando la tasa regional fue de 81.34 por cada 100 mil habitantes.

Ahí, el programa de la subsecretaría consiste en un taller de teatro para formar dos compañías comunitarias; uno es Corresponsabilidad Ciudadana, que consiste en un proyecto de vinculación comunitaria a través de talleres culturales para formar una red cultural, y otro es Escuela de Paz, cuyo objetivo es realizar un programa piloto de intervención cultural y recreativa en la cual se realice un diagnóstico participativo de la comunidad, con torneos de frontón –que es una de las actividades frecuentes en el barrio– y clases de baile latino, entre otros.

Un programa más es Con mi Barrio Soy, que busca que los niños, niñas y adolescentes entre 12 y 16 años se involucren o no sean captados por la delincuencia y se conviertan en agentes de cambio al interior de sus barrios y colonias, para lo cual se ofrecen talleres de oficios y deportes, como box, kickboxing, artes marciales, danza, música y cursos de autoestima, equidad de género y derechos humanos.

Los programas son diferentes para cada grupo de colonias que se atienden y que difiere en su número por cada estado.

Ya desde el jueves Excélsior reveló que este estudio que señala que Aguascalientes tiene 32 colonias de donde han surgido delincuentes o personas violentas; Baja California 69; Baja California Sur 27; Campeche 18; Coahuila 103; Colima 124; Chiapas 117; Distrito Federal 78; Durango 78; Guanajuato llega a 99; Guerrero a 134; Hidalgo 61; Estado de México 127; Morelos 119; Nayarit 53; Nuevo León 163; Oaxaca 164; Puebla 60; Querétaro 100; Quintana Roo 40; San Luis Potosí 48; Sinaloa 46; Sonora 114; Tabasco 13; Tamaulipas 129; Tlaxcala 58; Veracruz 139; Yucatán 73 y Zacatecas 73 demarcaciones violentas.

Sugieren la colaboración de empresas

El sector privado cuenta con una posición privilegiada para contribuir al bienestar y la seguridad en las comunidades, indica el estudio Alianzas público-privadas y seguridad ciudadana, disponible en internet.

“Las empresas, las fábricas, los locales comerciales pueden verse afectados significativamente por los altos niveles de delincuencia y violencia en los barrios y ciudades, es por eso que también les beneficia directamente contribuir al mejoramiento de la seguridad”, indica el documento editado en 2010 que analiza el fenómeno de la violencia en Latinoamérica.

El sector privado –que genera empleo y ayuda a contribuir al progreso social y económico de las comunidades– puede aportar innovación, recursos y habilidades a las comunidades locales, indica la publicación.

“La empresa, por ser un actor ‘nuevo’ y, de alguna manera, exterior en el área de la seguridad ciudadana, puede proporcionar un espacio neutral e ideas innovadoras para la interacción entre los más diversos actores.

“Puede resultar más fácil a la empresa articular a los diferentes actores (otras empresas, los sectores público y privado, la sociedad civil...) para colaborar conjuntamente en proyectos de prevención de la violencia.

La guía está basada en un estudio preliminar sobre el contexto de América Latina realizado por el instituto brasileño Sou da Paz y el Banco Mundial, y contó con la colaboración del Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC), el Banco Mundial y la Cámara de Comercio de Bogotá.

Las empresas pueden consolidarse como actores sociales corresponsables en la prevención de la violencia, sirviendo de modelo a sus pares y a la comunidad: “Eso sucede cuando rechazan las prácticas que promueven la violencia y la criminalidad –tales como el incumplimiento de las leyes o el publicitar la marca de la empresa de manera negativa, mediante la estigmatización de razas y grupos–, exigiendo que sus empleados, proveedores y empleados hagan lo mismo”.

Por ser un actor que a menudo dispone de poder y acceso a información importante, a los medios de comunicación y a gestores públicos, el sector privado cuenta con una posición privilegiada para hacerse oír, detalla.

“Es importante que las empresas sigan de cerca los proyectos y políticas públicas para la prevención de la violencia, apoyando y promoviendo buenas propuestas y abogando por su continuidad.

“Los empresarios tienen también una mayor flexibilidad que el sector público para contratar personal, por lo que pueden contribuir a contratar grupos prioritarios para la prevención de la criminalidad y la violencia, como miembros de comunidades vulnerables, jóvenes, exreclusos, etc.”, añade.

Baja California 69; Baja California Sur 27; Campeche 18; Coahuila 103; Colima 124; Chiapas 117; Distrito Federal 78; Durango 78; Guanajuato llega a 99; Guerrero a 134; Hidalgo 61; Estado de México 127; Morelos 119; Nayarit 53; Nuevo León 163; Oaxaca 164; Puebla 60; Querétaro 100; Quintana Roo 40; San Luis Potosí 48; Sinaloa 46; Sonora 114; Tabasco 13; Tamaulipas 129; Tlaxcala 58; Veracruz 139; Yucatán 73 y Zacatecas 73 demarcacio