Los pecados de un militar “insubordinado”

Los pecados de un militar “insubordinado”
23 de julio del 2014


¿Puede un militar cumplir una misión de seguridad desarmado? ¿Qué pasa cuando un oficial del ejército de mayor jerarquía dispara e hiere en la vía pública, a las afueras de un plantel escolar para menores, a un militar de menor rango? El caso del teniente Marcos Gerardo Mendoza Pérez ilustra otra faceta del uso que se le da al fuero de guerra cuando un oficial se convierte en “non grato” por haberse atrevido a denunciar ante la prensa el papel que tuvo el ejército en la desarticulación de la compañía de Luz y Fuerza en el año 2009.

México, 23 de julio.- Eran dos conductores que de carro a carro se apuntaron con una pistola. Ninguno de los dos sabía que ambos eran militares, se enterarían más tarde cuando fueron llevados detenidos a las instalaciones de la policía municipal de Tizayuca en Hidalgo. Todo comenzó con un incidente de tránsito, ocurrido a mediados de marzo del año 2010, en una avenida de este municipio conurbado a la ciudad de México. Por aquellos días el teniente de zapadores Marcos Gerardo Mendoza Pérez, quien se encontraba comisionado al mando de un destacamento de vigilancia en las instalaciones eléctricas de San Bartolo Tizayuca, iba vestido de civil en su auto particular rumbo a un establecimiento para recargar de crédito su teléfono celular. Durante el trayecto se presentó el altercado vial con el vehículo que era conducido por un oficial de la fuerza aérea retirado, el capitán José Jiménez Rodríguez.

Cuando el teléfono sonó en las oficinas de la comandancia de la 18 zona militar en Pachuca, el director de la policía municipal de Tizayuca informó que tenía detenidos a los dos militares. Un oficial de guardia en el cuartel fue enviado a donde estaban, más tarde reportó que el capitán de la fuerza aérea acusaba al teniente Mendoza de haberlo amenazado con un arma de fuego. El oficial de zapadores rechazó que hubiese amenazado con su pistola al capitán de la fuerza aérea. Vino entonces un principio de acuerdo propuesto por el director de seguridad del municipio. Les dijo que si no presentaban querella y se desistían de su denuncia, los dejaría libres. Aceptaron.

Horas después la zona militar reportó el incidente a la comandancia de la primera región militar, de la cual depende, en la ciudad de México. La pregunta que varios mandos se hicieron fue ¿qué hacía el teniente Mendoza en la calle en su auto particular cuando tenía que estar al frente de su destacamento en la planta generadora de luz eléctrica? Por esas semanas de principios del año 2010, estaba latente el conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) por el decreto presidencial que ordenó en 2009 la extinción de la compañía Luz y Fuerza del Centro. Existía el temor que los trabajadores de la empresa intervenida, tomaran las instalaciones y las plantas generadoras de energía en el Valle de México y zonas aledañas, como el estado de Hidalgo.

Por ese entonces el teniente Mendoza estaba adscrito al tercer batallón de ingenieros de combate al mando del coronel Everardo Manjarrez Silva, su sede era la base militar de San Miguel de los Jagüeyes en el Estado de México. Ahí comenzó una investigación en su contra por haber estado —en horas de servicio— en la calle sin que reportara su salida de la planta eléctrica de San Bartolo Tizayuca a sus superiores. La misión que le habían encomendado era “proporcionar seguridad física a las instalaciones de la subestación eléctrica y garantizar la seguridad del personal que labora en la misma, así como evitar actos de sabotaje y terrorismo por parte de transgresores de la ley (…)”, según un radiograma fechado el 16 de marzo del 2010. La orden fue que se investigara si el oficial había violado el reglamento o en su caso, si había cometido algún delito al salir de su base sin autorización.

Lo que el documento no recogió fue que los militares iban vestidos con uniformes de la policía federal, sin armas, y se desplazaban en autos particulares para no llamar la atención. Al teniente Mendoza se le acusó del delito de abandono de servicio y fue detenido semanas después. Obtuvo su libertad bajo fianza y en esa condición inició su juicio. Durante el proceso declaró que el 18 de febrero del 2010 fue enviado al frente de un destacamento de zapadores para tomar el control y vigilancia de la subestación eléctrica de Lechería. “La orden fue que me coordinara con la comandancia de la 37 zona militar, donde acudí y se me pidió el número de mi celular para tener comunicación. Se me dijo que allá en la planta me explicarían de qué se trataba ya que en mi unidad ni en el cuartel general de la zona se me dio información y apoyo logístico necesario o mínimo para tal situación. Al llegar en mi auto particular me percaté que no era un destacamento de seguridad, y el oficial que encontré le pregunté sobre dónde estaba el armamento para desempeñar el servicio. Me dijo que no había tal que solo había unos cuantos equipos completos de antimotín, que no había planes, ni consignas o alguna documentación militar, y (era necesario) que no se percatara la gente que éramos militares así como (deberíamos) andar de policías federales. Me informó que había un radio Matra para comunicarnos con la Policía Federal y para comunicación con el cuartel general de la 37 zona militar por celular para evitar que nos descubrieran que éramos militares”.

Mendoza reportó a sus superiores la situación, que consideró arriesgada y precaria como se encontraba con el personal a su mando. A los dos o tres días llegó una orden para que se trasladara a las instalaciones de la subestación eléctrica de San Bartolo Tizayuca, Hidalgo, para relevar al oficial al mando. De nueva cuenta le dijeron que no había documentación solo recibiría el equipo antimotín así como los uniformes de la policía federal. Las instalaciones estaban peor que las anteriores para el alojamiento de las tropas, declaró tiempo después. De nuevo se lo hizo saber a sus superiores durante una de las primeras inspecciones que tuvo. “Las instalaciones estaban para el personal peor que en la otra subestación eléctrica, este movimiento lo volví a hacer con mis propios medios, así mismo al llegar pregunté si había un medio de apoyo logístico y me dijeron que no, y que las raciones las daban en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), allí eran en especie. Las raciones no corresponden al servicio de intendencia, eran en efectivo y había que ir por el cheque y luego ir a cobrarlo por medios propios al banejército más cercano, cuando quise dar parte de dichos riesgos, mi teléfono celular salió de la región, no tenía saldo suficiente para tener comunicación para una emergencia así como para solicitar apoyo alguno y busque un lugar cerca que era una tienda que se encontraba a inmediaciones del lugar y fui a hacer la recarga y como mi deber de comandante es velar por la seguridad así como de la comunicación y enlace es muy importante. Además quería comunicación para solicitar un botiquín de primeros auxilios, porque debido a que las instalaciones estaban muy aisladas y poco higiénicas, porque dormían en los baños, era probable un cuadro de infección por la insalubridad de de las instalaciones”. Mendoza aseguró que fue durante esta salida que se presentó el percance vial con el capitán de la fuerza aérea, y por el que sus superiores se enteraron que no estaba en el lugar en el que se le había ordenado.

Boletinado

Libre bajo fianza, el teniente Mendoza siguió su juicio en medio de dudas e inquietudes por lo que pasaba no solo con su caso, sino con otros que había conocido en la prisión militar. En sus ratos libres se sumó como civil al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia, y llegó a participar en algunas movilizaciones. Todo esto se conoció entre sus superiores pero fue meses después, en febrero del 2012, cuando dio una entrevista al semanario Proceso donde denunció que el ejército había actuado con efectivos vestidos de civil y con uniformes de la policía federal en la “toma” de las instalaciones eléctricas de la región centro del país, tras el decreto para desaparecer Luz y Fuerza del Centro. Desde ese momento, al haber violado la norma no escrita del silencio castrense ante los medios de comunicación, el oficial estaba “boletinado”.

De manera paralela Mendoza tenía un problema de orden familiar que había desembocado en la ruptura de su matrimonio. Tras la separación de su esposa, una oficial de sanidad que se había vinculado sentimentalmente con un coronel del servicio de justicia militar, vino un diferendo por el tiempo que le correspondía convivir con su pequeño hijo.

Una tarde de septiembre del 2012 a las afueras del centro escolar Las Américas, en el municipio de Naucalpan, Estado de México, el teniente Mendoza llegó al colegio para saludar a su hijo. En el lugar se encontraba el coronel de justicia militar Raúl Celedón Lamas, pareja de su ex mujer, quien al verlo llegar le disparó en varias ocasiones hiriéndolo de tres impactos, uno de ellos por la espalda. Frente a padres de familia y menores de edad, el coronel Celedón disparó sin que le importara que a esa hora la presencia de civiles era numerosa pues la mayoría iban por sus hijos a la escuela.

Mendoza fue llevado herido al hospital central militar mientras el coronel Celedón se retiró del lugar. Horas después el teniente fue notificado en la cama del nosocomio donde convalecía que estaba detenido acusado de insubordinación por el altercado con el coronel. A Celedón la justicia militar le imputó el delito de abuso de autoridad, pese a que el suceso ocurrió fuera del horario de servicio, en un centro escolar civil, y en la vía pública. De acuerdo a Gerardo Reyes, abogado del teniente Mendoza, el jefe militar debería estar proceso en instancias civiles por el delito de intento de homicidio y lesiones.

El coronel Celedón quedó libre, mientras Mendoza tras ser dado de alta fue llevado a prisión para enfrentar este segundo juicio. El caso volvió a llamar la atención de organizaciones defensores de derechos humanos en virtud del trato diferenciado que hubo con el jefe militar quien, de acuerdo al abogado del teniente, debería estar preso por el intento de asesinato.

Consejo de guerra

Marcos Gerardo Mendoza Pérez se presentó la mañana del pasado viernes 11 de julio del 2014 en la sala de Consejo de Guerra en el campo militar número uno. A las 9:00 horas el teniente escuchó en voz del fiscal militar un resumen de la acusación de abandono de servicio por el cual se le detuvo en el año 2010. Libre bajo fianza el oficial de zapadores se convirtió en “persona non grata” al exigir el respeto a sus derechos y que su caso se analizara desde la lógica y el razonamiento de que nunca faltó a sus responsabilidades. Aseguró que la acusación no tuvo sustento, pues se basó en un momento en que salió para recargar su teléfono celular y así mantenerse comunicado con sus superiores para la misión a la cual había sido encomendado.

Paradoja o restricción, el oficial de zapadores que reveló en entrevista periodística la presencia de militares disfrazados de policías federales durante la toma de las instalaciones eléctricas tras el decreto que desapareció la compañía Luz y Fuerza del Centro, le fue negada su petición para que se permitiera acceso a la prensa a la sala donde se llevó a cabo su consejo de guerra.

Alrededor de las cuatro de la tarde del pasado viernes 11 de julio, en la sala del consejo de guerra donde solo había dos civiles y 15 militares, el teniente Mendoza fue sentenciado a un año de prisión por el delito de abandono de servicio. La sentencia se dio por compurgada pues el oficial lleva más de 12 meses sujeto a proceso, pese a ello la defensa del teniente anunció que la apelaría.

Un segundo cargo, el de insubordinación con vías de hecho causándole lesiones que tardan en sanar menos de 15 días, por el encontronazo con el coronel Celedón que le costó quedar herido de bala, es el delito por el cual sigue preso. La idea de la defensa del teniente es llevar ante la justicia civil al coronel, a quien se le podrían fincar cargos como lesiones y tentativa de homicidio, pese a que el abogado y los allegados de Mendoza, sospechan que está protegido por el alto mando del ejército.

Juan Veledíaz

@velediaz424

Estado Mayor