Policías desaparecidos, la otra cara de la violencia en Coahuila

Las autoridades de Coahuila no han hecho nada por encontrarlos, ni para dar con sus raptores.
abril 28, 2014Paris Martínez (@paris_martinez)


Diego Fernando Aguirre Pantaleón y Mario Alberto Morales Cano son dos muchachos que no se conocen entre sí, pero sus vidas comparten características que los igualan, que los unen estrechamente, tal como si caminaran uno junto al otro: ambos son jóvenes veinteañeros que destacan por sus aptitudes físicas, ambos fueron reconocidos por su carácter disciplinado y su vocación de servicio, ambos se enrolaron como policías en el estado de Coahuila, y ambos fueron raptados y desaparecidos por el crimen organizado, tan pronto como comenzaron a portar el uniforme oficial.

Y una característica más debe sumarse al historial de estos agentes de seguridad pública: que las autoridades de Coahuila no han hecho nada por encontrarlos, ni para dar con sus raptores.

El señor Miguel Ángel Aguirre, papá de Diego Fernando, pone un ejemplo claro de esta situación: “Luego de dos años de buscarlo, hace diez meses, el 7 de junio de 2013, el mismo gobernador de Coahuila, Rubén Moreira, se comprometió personalmente a darme una audiencia para atender el caso de mi hijo, pero nunca me recibió. Lo estuve yendo yo a buscar a su oficina, a su despacho de gobierno, incluso le dejé cartas diciéndole quién era yo, diciendo que por favor me recibiera, que había un compromiso de su parte, que estaba filmado en un video en donde él se compromete a atender mi caso, y aún así, nunca me recibió.”

La explicación de ello, tal como lo ve la señora Rosario Cano, mamá de Mario Alberto, es muy simple: “Las autoridades no están haciendo nada por encontrar a nuestros hijos porque están apostándole a que nosotros, sus padres y madres, nos muramos, y que, con nosotros, muera también la exigencia de justicia. Eso es, a resumidas cuentas, lo que están haciendo, nos están matando de dolor… en vez de regresarnos a nuestros hijos, están cometiendo contra nosotros algo así como un asesinato silencioso.”

Una víctima más

El pasado 4 de febrero murió el papá de Mario Alberto. Llevaba tres años y siete meses esperando el regreso de su hijo.

“Mi compañero murió de depresión –narra la señora Rosario–. Él era instructor de educación física, pero cuando se llevaron a mi hijo, en 2010, mi compañero empezó a sufrir mucha ansiedad, que se manifestó haciéndolo comer mucho. En muy poco tiempo su peso se disparó y, debido a la obesidad, ya no pudo conservar su trabajo ni encontrar uno nuevo, a pesar de que contaba con formación universitaria… por eso mismo, mi compañero comenzó a tener dificultades para acompañarme en la búsqueda de nuestro hijo, y entonces él decidió someterse a una operación para reducir su peso, porque él no podía, no quería dejar de buscarlo; sin embargo, no resistió esa intervención quirúrgica, y murió, convirtiéndose en una víctima más.”

La señora Rosario deja correr las lágrimas libremente mientras habla. “El corazón necesita sacarlas –explica–, cuando el corazón está muy saturado, las lágrimas tienen que salir, y eso, para nosotros, ocurre diariamente, cada vez que los mencionas, cada vez que los recuerdas.”

Si esto es así, Rosario suma, hasta este 28 de abril de 2014, mil 396 días de llanto.

“A mi hijo Mario Alberto se lo llevaron el 2 de julio de 2010 –narra–. Él tenía en ese momento 24 años de edad, y un mes y medio como policía municipal de Torreón, Coahuila, ciudad en la que vivía junto con su esposa… Él tenía formación militar, había sido durante tres años integrante de la Fuerza Aérea, y luego se dio de baja para irse a Coahuila, de donde es originaria su mujer. Pero él amaba su trabajo, él había sido muy disciplinado y en su cabeza siempre estuvo que él estaba para defender a la nación, ayudar a la ciudadanía, así que, cuando vio que la Policía Municipal de Torreón estaba reclutando nuevos agentes, Mario Alberto se enroló.”

Debido a su entrenamiento militar, este joven, que estaba a punto de convertirse en papá, no sólo fue inmediatamente aceptado en la policía de Torreón, sino que fue asignado a la escolta personal del mayor retirado Paúl Hernández Ruiz, entonces subdirector de dicha corporación, encabezada por el general en retiro Bibiano Villa. Sin embargo, “no sabemos qué presenció mi hijo, o qué no le gustó, porque un mes después, él pidió que lo sacaran de la escolta del mayor Paúl, y que mejor lo mandaran a patrullar las calles… pero esto no fue la solución, porque pocos días después, el crimen organizado lanzó una granada contra un grupo de compañeros suyos y todos murieron, fue entonces que Mario Alberto decidió darse de baja de la Policía Municipal. Dos días antes de su secuestro, él personalmente me dijo que tan pronto como iniciara la semana siguiente, él entregaría los uniformes y la placa, él me dijo que ya lo había notificado a la corporación, eso fue un miércoles, y para el viernes, se lo llevaron”.


Mario Alberto Morales Cano.

Mario Alberto se encontraba con su esposa, en casa de familiares que asistían a la joven, quien presentaba un embarazo de alto riesgo. Fue cuando Mario Alberto salió por un refresco que un grupo de hombres, armados con rifles de alto calibre, lo abordaron y golpearon, para luego obligarlo a subir en el cajón de una camioneta pick up roja y se lo llevaron, no sin antes encañonar a los familiares que intentaron defenderlo.

Desde entonces, se ignora su paradero.

“Acudimos con todas las autoridades imaginables: la policía municipal, la procuraduría estatal, el Ejército y la PGR, pero nadie ha hecho nada. La procuraduría de Coahuila integró un expediente, pero en él sólo hay información sacada de internet, ninguna prueba pericial, ninguna búsqueda de campo, ninguna línea de investigación, nada… Y la misma gente de la PGR, aún cuando no aceptaron investigar el caso, sí me enseñaron un video en donde un grupo de sicarios del Cártel del Pacífico interroga a policías de Torreón, y esos agentes dicen que detrás del crimen organizado en ese municipio estaba el general Bibiano Villa, o sea que mi hijo fue directo a meterse en la boca del lobo, y por eso, alto y bajito, yo acuso a Bibiano Villa y al mayor Paúl Hernández de haber desaparecido a mi hijo… lamentablemente, ninguno ha sido nunca investigado, al contrario, los mandaron a Quintana Roo, para ahora encargarse allá de la policía.”

Siete meses después, la esposa de Mario Alberto dio a luz a un niño que lleva el nombre de su padre, quienes en la actualidad subsisten por sus propios medios, ya que les fue negada la pensión para policías caídos o incapacitados en el cumplimiento del deber, con el argumento de que “Mario Alberto tenía muy poco tiempo en la corporación…”

La señora Rosario se limpia las lágrimas y sonríe. “Mario Alberto ahorita tiene 28 años… primero Dios.”

Palabra empeñada

El 7 de diciembre de 2011, Diego Fernando Aguirre Pantaleón se graduó, junto con otros 224 jóvenes, como integrantes de la primera generación de agentes de la Policía Acreditable de la ex Fiscalía General de Justicia de Coahuila (hoy Procuraduría estatal), primer camada de uniformados que fue calificada como “punta de lanza del nuevo esquema de policía en el estado”, por el entonces fiscal general Jesús Torres Charles.

Diego Fernando, sin embargo, no tuvo tiempo de poner en práctica su formación, ya que un día después de graduarse, él y otros seis policías, así como un civil, fueron secuestrados por un grupo del crimen organizado que, en los siguientes días, liberó a seis de las ocho víctimas, pero de Diego Fernando y de su compañero Víctor Hugo Espinoza Yaber no ha vuelto a saberse nada.


Diego Fernando Aguirre Pantaleón.

“Lo que los secuestradores le dijeron los muchachos liberados –narra el señor Miguel Ángel– es que que se habían equivocado, que los disculparan, que ellos eran Zetas y que no mataban inocentes, que había sido un error… sin embargo, yo no creo que eso que les dijeron fuese verdad, porque en esos momentos había una abierta confrontación entre los Zetas y la policía, a cada rato se agarraban a balazos, entonces, ¿cómo sería posible que los zetas levantaran a ocho elementos y luego les dijeran ‘disculpen ustedes, nos equivocamos, váyanse a sus casas’? Eso me suena muy ilógico. Yo creo, más bien, que los quisieron asustar, porque iban a ser nuevos elementos, que iban a tratar de cambiar aquí el sistema, y eso no les convenía a los delincuentes.”

Desde que inició su capacitación, destaca su papá, Diego Fernando fue reconocido por sus instructores como un joven con amplia destreza física y disciplina, pero sus planes no incluían únicamente convertirse en policía, sino que, en el corto plazo, pretendía iniciar una maestría en seguridad pública.


Víctor Hugo Espinosa Yaber.

“Estos nuevos reclutas iban a sustituir a los viejos policías ministeriales y a los agentes de investigación con los que contaba la exfiscalía, y que eran agentes corruptos y vinculados con el crimen organizado –señala el señor Miguel Ángel–, sin embargo, contrariamente a esa idea, el entonces fiscal Jesús Torres integró a ese nuevo equipo en formación, a viejos policías estatales ya viciados, quienes, yo creo, más bien funcionaron como ‘halcones’, para poder identificar a los reclutas destacados y poder hacer lo que hicieron: amedrentarlos, torturarlos y desaparecerlos.”

La búsqueda de Diego Fernando, de hecho, quedó en manos del entonces fiscal especial ministerial Domingo González Favela, quien poco después se dio a la fuga, junto con Humberto Torres Chalres (el hermano de quien en ese momento fungía como fiscal general del estado) tras ser acusados de brindar protección a la delincuencia organizada.

“Para mí, fue ese mismo señor, Domingo González Favela, el que los levantó. No les convenía que entraran nuevos elementos, estando tan viciado el sistema.”

Hasta la fecha, ambos expolicías se mantienen prófugos.

“Desde que se llevaron a mi hijo –concluye el señor Miguel Ángel–, yo no he recibido una sola llamada de la Procuraduría estatal, para informarnos de algún avance en las investigaciones, para notificarnos de alguna acción realizada, nada…”

Es por eso que en junio de 2013, el papá de Diego Fernando encaró al gobernador Rubén Moreira, durante un foro sobre desapariciones forzadas en el estado, para solicitar su intervención ante la nula actuación de las autoridades estatales, recibiendo una inmediata oferta de atención, la cual, insiste, “fueron puras palabras, el señor nunca me atendió.”

A continuación, te presentamos el video del momento en que Rubén Moreira promete atender al señor Miguel Ángel Aguirre, hace ya más de diez meses…

“Acudimos con todas las autoridades imaginables: la policía municipal, la procuraduría estatal, el Ejército y la PGR, pero nadie ha hecho nada. La procuraduría de Coahuila integró un expediente, pero en él sólo hay información sacada de internet, ninguna prueba pericial, ninguna búsqueda de campo, ninguna línea de investigación, nada… Y la misma gente de la PGR, aún cuando no aceptaron investigar el caso, sí me enseñaron un video en donde un grupo de sicarios del Cártel del Pacífico interroga a policías de Torreón, y esos agentes dicen que detrás del crimen organizado en ese municipio estaba el general Bibiano Villa, o sea que mi hijo fue directo a meterse en la boca del lobo, y por eso, alto y bajito, yo acuso a Bibiano Villa y al mayor Paúl Hernández de haber desaparecido a mi hijo… lamentablemente, ninguno ha sido nunca investigado, al contrario, los mandaron a Quintana Roo, para ahora encargarse allá de la policía.”