Activismo bajo fuego: asesinan a nueve en dos meses

La última vez que vieron a Raymundo Velázquez Flores fue el sábado 3 de agosto. Asistió a la Comisión Política Nacional del Frente de Izquierda Revolucionaria (FIR), que se celebró en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en Cuernavaca, Morelos. Ahí comunicó a sus compañeros que el FIR en Guerrero ya se estaba conformando.

De buen ánimo, según sus propios compañeros, les habló sobre los trabajos para la Primera Asamblea del Partido Comunista de México (PCM) en Guerrero, a celebrarse el 20 de agosto en el municipio de Coyuca de Benítez, donde también se daría paso a la constitución de la Comisión Política Estatal del FIR en la entidad.

Raymundo era miembro y secretario general del PCM en Guerrero. También se desempeñó como líder de la Liga Agraria Revolucionaria del Sur Emiliano Zapata (LARSEZ), pero el pasado fin de semana su activismo y su vida se interrumpieron.

Cerca de las 18:00 horas, terminada la reunión del sábado con el FIR de Morelos, partió con rumbo a Coyuca de Benítez junto a Samuel Vargas Ramírez, su sobrino; y sus compañeros Miguel Ángel Solana Barrera y Tomasa Vázquez, todos a su vez integrantes de la LARSEZ.

A esta última la dejaron en su domicilio en Coyuca y luego se dispusieron a viajar con rumbo a Chilpancingo, donde sus compañeros de la LARSEZ los esperaban para una reunión de trabajo el domingo 4 de agosto, sin embargo en algún punto del trayecto fueron detenidos, ejecutados y silenciados.

Los cuerpos de Velázquez Flores y Samuel Vargas fueron hallados hasta el lunes 5 de agosto en Coyuca, a unos 20 kilómetros del puerto de Acapulco. Presentaban signos de tortura e impactos de bala.

A unos 100 metros del lugar, en la comunidad de Las Pozas, se halló el cadáver de Miguel Solana Barrera, de 45 años y originario de Malinaltepec. También tenía huellas de tortura, sus manos estaban atadas y presentaba un tiro en la sien.

De acuerdo con el FIR, el auto en el que viajaban Velázquez Flores y sus dos acompañantes, un Tsuru color blanco, propiedad de la Coordinadora Estatal de Transportistas Independientes del Estado de Guerrero (CETIG), fue encontrado calcinado a unos metros.

Impunidad favorece ataques

La historia de Raymundo Velázquez, miembro del extinto PCM, órgano político que durante la década de los 70 sufrió una represión total y directa, es una más que muestra que en México, el activismo está bajo fuego, en la mira de las autoridades corruptas, del crimen organizado, de empresarios ambiciosos.

Los activistas y defensores de derechos humanos son las voces incómodas que denuncian las injusticias y los abusos, son la espina en el talón de los abusadores, de los gobiernos injustos; y a cambio reciben balas, torturas, cárcel, desapariciones. El objetivo es silenciarlos, amedrentarlos, comprarlos, amenazarlos, si no entienden, entonces queda el más sencillo de los recursos: matarlos.

El pasado 27 de junio este diario publicó que la oficina del Alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos (ACNUDH) registró 89 casos de agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos de noviembre 2010 a diciembre de 2012.

Durante el último año de la administración de Felipe Calderón las entidades donde ocurrieron la mayoría de los casos fueron Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y el Distrito Federal.

De los 89, sólo en 37 casos se inició una investigación penal, de las cuales sólo en tres se detuvo a los presuntos responsables, los ataques provienen, en su mayoría, de personas que no son identificadas, pero también por parte de personal de la administración pública Federal, autoridades municipales y operadores de justicia.

De acuerdo con el Informe sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos en México: actualización y balance, la impunidad favorece la generación y repetición de los ataques.

Estas agresiones ocurren contra defensores en temas relacionados con derechos de población migrante, derechos civiles y políticos, los llamados DESCA (derechos económicos, sociales, culturales y ambientales), derechos de las mujeres y de pueblos indígenas.

Del acoso a la muerte

El jueves 1 de agosto, Héctor Regalado Jiménez, pescador y simpatizante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ), en Oaxaca, no aguantó más las heridas de seis impactos de bala que desconocidos le causaron 11 días antes por protestar contra un parque eólico de la empresa española multinacional Gas Natural Fenosa, y finalmente murió en el hospital.

La Asamblea denunció que la transnacional Gas Natural Fenosa intentó cooptar en varias ocasiones a Héctor Regalado Jiménez, quien se negó a formar parte de los trabajadores de dicha empresa y se opuso a ella.

La APPJ se formó en 2008 cuando los pobladores de Juchitán, en la región del Istmo de Tehuantepec, tuvieron la necesidad de defender sus tierras comunales contra el proyecto eólico Bii Hioxho, ubicado en la Playa Vicente, en los parajes Guigu’ Dxita’ y Guela Be’ñe’.

Desde hace meses los integrantes de la APPJ han denunciado agresiones por parte de trabajadores de la empresa, que, dicen, actúa en complicidad con las autoridades municipales y estatales de Oaxaca.

A través de un comunicado afirmaron que semanas antes del acto de violencia “sicarios enviados por la empresa Gas Natural Fenosa amenazaban con balear el campamento de la Asamblea que permanece instalado desde el 25 de febrero”.

“Hoy los pescadores, campesinos, amas de casa, estudiantes y profesionistas de la APPJ, piden justicia para Regalado Jiménez, quien fuera pescador y miembro de la asamblea juchiteca”, agregaron.

Activismo vuelto nota roja

Sin embargo en la prensa local se dio otra versión de la muerte de Regalado Jiménez, pues en el portal noticiasnet.mx, el 1 de agosto se publicó una nota titulada “Disparó a policía y muere en el hospital”, firmada por Rogaciano Contreras, en la que no se menciona que Héctor fue parte de la APPJ y tampoco se lee nada sobre la oposición a un parque eólico.

Esa versión indica que Héctor Regalado, conocido como el “Tin Huini”, según la misma nota, habría “allanado” la casa de un elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC).

En el primer párrafo se lee: “Las balas terminaron con la vida de Héctor Regalado Jiménez, quien recibió varios disparos durante una espectacular persecución que encabezaron policías que iban tras su pista, luego que el ahora occiso disparara contra un elemento de la PABIC”.

Y en el cuarto se explica: “De acuerdo al expediente policiaco, el 21 de julio pasado, Héctor Regalado Jiménez ingresó al domicilio de un elemento de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC). La casa del policía se ubica en la colonia Charis Castro, a un costado de la carretera que conduce a Playa Vicente, zona donde también vivía el ahora occiso”.

Tras ir en su búsqueda, el policía, que “iba desarmado, encaró a su vecino, con quien discutió fuertemente hasta que llegaron a los golpes. En un momento de distracción del elemento de la PABIC, ‘Tin Huini’ desenfundó una pistola y disparó en varias ocasiones contra el policía”.

Después se habría desatado una persecución en la cual “Regalado Jiménez disparó contra los uniformados, quienes repelieron el fuego y lo hirieron hasta en cinco ocasiones”.

Pero eso es todo, una “espectacular persecución” que termina en la sección policiaca, pero nada sobre el activismo. Esta versión parece sacada de un guion de una película de acción producida en los estudios de Hollywood. Ni una palabra sobre el parque eólico, ni las agresiones contra la APPJ, ni las denuncias de los juchitecos que se oponen a Gas Fenosa. El activismo vuelto nota roja. Los ataques a activistas vueltos nota roja.

Cuidar el agua cuesta la vida

Su cuerpo sin vida yace tirado sobre la hierba. Atadas las manos por la espalda y la cara pegada al suelo de tierra, el cadáver de Noé Vázquez Ortiz tiene heridas abiertas causadas por pedradas. Las últimas palabras que habría escuchado de sus asesinos fueron: “discúlpanos compa pero es nuestro trabajo”. Un trabajo vil, tanto como el crimen.

Es en esas condiciones Noé se ha sumado, desde el 2 de agosto, a las cifras de los activistas asesinados en México. Se añadirá a la estadística, a los informes, se exigirá justicia por su crimen, pero muy probablemente no la haya, quedará el coraje de seguir luchando, pero también la impotencia.

Miembro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), Vázquez Ortiz fue asesinado a pedradas en Amatlán de Los Reyes, en el estado de Veracruz, justo a un día de que se celebrara un encuentro nacional por el décimo aniversario de la organización ambientalista.

Noé defendió, hasta la muerte, su tierra ante un proyecto empresarial que pretende acabar con más del 67% del territorio forestal de Amatlán de los Reyes y otras cinco comunidades para la construir la hidroeléctrica El Naranjal.

El día en que le quitaron la vida “Noé había salido a recolectar flores y semillas para la ceremonia ecuménica de apertura (del aniversario del movimiento) y fue atacado a pedradas por dos sujetos hasta arrancarle la vida”, señaló el MAPDER en un comunicado.

En el mismo describió cómo el luto lo llenó todo en la ceremonia por el décimo aniversario del Movimiento, pero también mencionó que un testigo, identificado como David, y menor de edad, presenció el crimen.

“Las autoridades condicionaron la entrega del cuerpo a la familia a la declaración del menor, quien dio su testimonio la misma noche del día del homicidio, pero no lo han dejado en paz. Las autoridades de la agencia veracruzana de investigaciones lo han seguido acosando y no queremos eso para él”, expuso Guillermo Rodríguez Curiel, de la organización La Vida y representante de MAPDER en Veracruz.

Asimismo hizo una fuerte revelación y señaló a los empresarios Claudio X. González y Guillermo González Guajardo, propietarios del proyecto de la hidroeléctrica El Naranjal, como los responsables de haber contratado a sicarios para que acabaran con la vida de Noé, quien era un fuerte opositor al proyecto.

“Sé que son declaraciones fuertes y sé que no las puedo decir de manera irresponsable, pero contamos con un testigo, que dará fe de estos hechos, que serán presentados ante las instancias correspondientes”, agregó.

En declaraciones al diario La Jornada, el vocero del MAPDER a nivel nacional, Julio César Ramírez, dijo que el ‘boom’ de construcción de presas e hidroeléctricas en México implican que se respete la convención internacional de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que llama a gobiernos firmantes a escuchar en consulta informada y a tiempo a las comunidades que serán afectadas, de tal manera que éstas puedan decir sí o no a las edificaciones”.

Lamentó que el problema de acoso a activistas defensores del medio ambiente “en los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa se recrudeció la política de desplazamiento forzado para los poblados que están dentro de las cuencas consideradas para estos proyectos”.

En tanto el juez de distrito dictó prisión cautelar preventiva por dos años a los tres presuntos responsables del homicidio de Noé Salomón Vázquez Ortiz, quien ya jamás verá si su movimiento triunfa ante El Naranjal, ya no verá cómo la intimidación a los activistas se extiende por todo el país dejando una estela de injusticia.

En defensa de los indígenas y contra caciques

“Compa tus días se aproximan. Te anduvimos vigilando en La Laguna, cuando estabas con tu morro, por eso no te hicimos nada; te recomendamos que ya no andes con él”, ese fue el mensaje de amenaza que recibió en su celular Herón Sixto López, fundador y miembro activo del Centro de Orientación y Asesoría a Pueblos Indígenas (COAPI) de Oaxaca.

Se la cumplieron. El 15 de julio Sixto López fue secuestrado en sus oficinas y cinco días después fue hallado muerto en el paraje Cahuaya” perteneciente a San Sebastián Tecomaxtlahuaca. Seis impactos de bala le perforaron la vida.

Para su familia no hay duda de que fue ultimado por su acompañamiento y asesoría a comunidades indígenas en su lucha contra caciques de la zona baja de la región de la Mixteca de Oaxaca.

“A eso se debe, no más; mi hijo no era de problemas. Al contrario ayudaba mucho al pobre, al indígena, al jodido. La gente está muy enojada porque lo mataron por defender sus derechos”, afirmó Ernestino Sixto Chávez, padre de Herón.

De acuerdo con el portal noticiasnet.mx, en su nota titulada “Asesinan a Herón por defender a indígenas. Ven mano de caciques priistas detrás del crimen”, el señor Ernestino Sixto le preguntó a su hijo sobre las amenazas recibidas.

“Le pregunté ‘¿Qué has hecho? ¿Cómo te has portado?’, entonces él me respondió ‘nada papá, es por mi trabajo, tú lo sabes. Hago trabajo con las comunidades’. Le dije que mejor se fuera al Distrito Federal, pero no quiso. Se confió mucho y por eso pasó lo que pasó”, lamentó.

Relató que Herón se convirtió en defensor de derechos humanos y en asesor de pueblos indígenas para seguir su trabajo en los campos agrícolas de Estados Unidos y en Baja California Norte en defensa de los pobres y marginados.

“Yo fui migrante en el Norte; allá luchamos en contra de las injusticias, hicimos movimientos y huelgas. Acá en el pueblo, también hemos participado en la lucha. Entonces, un día le pregunté ‘¿por qué sigues esto? y me contestó ‘¿y por qué no? si tú sigues en lo mismo. Y así fue, él siempre luchó contra las injusticias, nunca hizo cosas malas”, indicó.

Don Ernestino, un comerciante de electrónica en esta municipalidad, pidió a la Procuraduría General de Justicia del Estado investigar y castigar a los culpables del crimen de su hijo porque el pueblo está enojado y dispuesto a rebelarse en contra de los caciques priístas de la zona.

“Está muy enojada la gente, dice que se va a levantar, pero yo les he dicho que hay que esperar, que todo es en forma pacífica. No sé por dónde vino esto (el asesinato), no puedo culpar a los caciques priistas, pero probablemente ellos tienen que ver”, terminó.

“Mi esposo fue un héroe; eso le he dicho y recalcado a mi hijo porque eso fue su padre en vida”, afirmó Jovita de Jesús Rodríguez, esposa del defensor de derechos humanos, Herón Sixto López.

La viuda, dijo que Herón se dedicó como abogado a asesorar a personas pobres y a comunidades indígenas en problemas legales con personas adineradas o caciques y “no les cobraba, no le gustaban las injusticias; ni les cobraba (sus servicios)”.

Por el asesinato la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) inició una investigación de oficio e informó que ya estableció comunicación con miembros de la organización defensora de los derechos de los pueblos indígenas, en la cual colaboraba Herón Sixto López, para recabar testimonios e iniciar el expediente de queja respectivo.

Guerrero… otra vez

Familiares e integrantes de la organización Unidad Popular (UP), de Iguala, Guerrero, hicieron un llamado el pasado 11 de julio a la Procuraduría General de la República (PGR), para que atraiga el caso de la desaparición forzada de ocho activistas sociales y la ejecución de tres de ellos.

Los activistas que fueron asesinados son Arturo Hernández Cardona, Félix Rafael Bandera Román, y Ángel Román Ramírez, hecho que ha sido condenado por las organizaciones internacionales Human Rights Watch, Amnistía Internacional, así como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.

Los activistas sociales señalan que si bien la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Guerrero indaga el caso, pidieron la atención de autoridades federales ante la sospecha de una posible implicación de autoridades locales.

Recordaron que en una reunión que sostuvieron el pasado 20 de junio con el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes y su asesora Eliana García, pidieron sea garantizada la seguridad de las familias de los activistas sociales ejecutados, y aún siguen en espera de una respuesta.

Por ello, agregaron que solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), medidas cautelares para las familias de Hernández Cardona y Bandera Román, y desde el pasado día 9 de julio sumaron a su solicitud con número MC 185-13, al Centro por la Justicia y Derecho Internacional (CEJIL).

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