Estudian papel civil en lucha anticrimen

México, 9 de agosto (Reforma).- La interacción entre la sociedad civil y el Gobierno es esencial para hacer frente a la violencia que genera el crimen organizado en las ciudades del norte del País, advierte un estudio del Woodrow Wilson Center.

La investigación “Civil Society, the Government and the Development of Citizen Security” detalla los casos de interacción entre sociedad civil y Gobierno en Ciudad Juárez, Monterrey, Nuevo Laredo y Tijuana, ciudades que han experimentado un aumento de la violencia y la criminalidad debido a las disputas de los cárteles de la droga.

El informe indica que el movimiento masivo de carga y de personas en la frontera México-Estados Unidos genera una especie de camuflaje del tránsito ilegal, de drogas y personas hacia el norte, y de armas y dinero hacia el sur.

En estas ciudades, señala, los negocios lícitos e ilícitos corren en paralelo y muchas veces se sobreponen, lo que divide a las comunidades y complica el involucramiento de la sociedad en los temas de seguridad.

Los autores, Steven Dudley y Sandra Rodríguez, indican que la interacción gobierno-sociedad más efectiva es la de la Mesa de Seguridad de Ciudad Juárez, instalada a partir del programa “Todos Somos Juárez”, establecido por la Administración de Felipe Calderón luego de la matanza de 15 jóvenes en Villas de Salvarcar.

“La mesa de seguridad se ha convertido en el caso más efectivo de involucramiento de la sociedad civil con el gobierno en todo México. Sus esfuerzos se consideran un modelo, y algunos de sus primeros participantes viajan por el País para contar su historia, en un esfuerzo para ayudar a replicar sus acciones, y, esperan, algunos de sus resultados”, señala.

En la mesa participan empresarios, profesionistas y fundadores de la organización Juarenses por la Paz, quienes interactúan con oficiales de Gobierno en reuniones regulares.

Sin embargo, a diferencia de Ciudad Juárez, la relación entre gobierno y sociedad en Monterrey y Nuevo Laredo no ha sido efectiva.

Según el reporte, la respuesta de la sociedad civil ante la escalada de la violencia ha sido lenta en Monterrey, pese a haber creado canales de comunicación con el gobierno.

Indica que únicamente una organización, Ciudadanos de Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) está en contacto regular con funcionarios.

Por su parte, los empresarios han creado el Consejo Cívico de Instituciones de Nuevo León, cuyo máximo logro ha sido la campaña “Alcalde, ¿cómo vamos?”, que monitorea una lista de compromisos que incluyen aspectos de seguridad, como la necesidad de tener tres policías por cada mil habitantes.

Señala que el único resultado concreto en Monterrey es el trabajo de la CADHAC en coordinación con las autoridades de procuración de justicia.

En el caso de Nuevo Laredo indica que los actores de la sociedad civil que interactúan con el Gobierno lo hacen a nivel personal, y que, de hecho, únicamente el Comité de Derechos Humanos, que preside Raymundo Ramos, dialoga con el gobierno, pues existe temor a represalias por parte de Los Zetas.

“Como si fuera una regla en Nuevo Laredo, los partidos políticos no tocan el tema de seguridad. Los medios evaden el tema. Los empresarios tienen un mínimo involucramiento. La Iglesia hace mutis. En suma, nadie toca los asuntos de seguridad ciudadana vinculados al crimen organizado en Nuevo Laredo”, señala.

El estudio reconoce como exitoso el caso de Tijuana, en el interactúan la Coparmex, el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y el Ejército, sectores que han logrado reducir los índices de violencia y criminalidad.

FUENTE:
http://estadomayor.mx/?p=31344