¿Tiramos la PGR a la basura?

¿Tiramos la PGR a la basura?
Informe confidencial
13/May/2013 06:45 HRS

El procurador de la República, Jesús Murillo Karam, está inmerso en una tarea que sólo puede semejarse a cambiar las ruedas de una locomotora mientras se halla en movimiento. Si fracasa, su carrera pública habrá terminado, y la PGR se consolidará como rémora en el sistema de justicia y una amenaza para la modernización democrática del país.

Su labor la desempeña Murillo en una institución desmantelada en lo material y minada por la corrupción y la ineficacia internas. Y lo peor: en círculos íntimos el procurador se ha quejado de falta de apoyo por parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para llevar adelante una reestructuración que arrancaría con un cambio de nombre a la dependencia, le regresaría fuerza a la Policía Ministerial e impediría que funcionarios de la institución, formalmente subordinados del procurador, lo rebasen por el poder de que los data su cargo.

Abogado, ex gobernador, ex legislador en múltiples ocasiones, Murillo es uno de los políticos más influyentes del país. Aún se le ubica entre los personajes en los que más confía Peña Nieto. Tanto, que en noviembre pasado, cuando se afinaba el actual gabinete, el entonces presidente electo dudó sobre si llevar al hidalguense al gobierno o confiarle el control del Congreso y en particular de la Cámara de Diputados, donde no confiaba del todo en Manlio Fabio Beltrones, mucho menos en el aliado de este último, Emilio Gamboa, proyectado para atender la agenda de la nueva administración en el Senado.

Murillo Karam llegó a la PGR. En las primeras semanas su tutor en los laberintos de la Procuraduría fue el ex titular Eduardo Medina Mora, actual embajador ante Washington y autor, en 2008, de la precipitada “Operación Limpieza” que llevó a la cárcel a varios de sus colaboradores en la Procuraduría, entre ellos el recién liberado Noé Rodríguez Mandujano, titular de la entonces Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

El telón de fondo de esa “Operación Limpieza” y de sus implicaciones fue la sorda pugna de Medina Mora con el hombre fuerte del sexenio calderonista, el secretario federal de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Durante meses, tanto este último como Medina se disputaron los favores de los medios. Singularmente, varios de éstos, así como articulistas específicos, se aliaron a una de las partes, mayoritariamente a García Luna.

En por lo menos una ocasión, Medina Mora aseguró tener pruebas de que García Luna había hecho pagos irregulares a medios y columnistas por decenas de millones de pesos. Finalmente perdió la batalla a manos de su antiguo subordinado en el Cisen. Medina fue enviado a la cotizada embajada en Londres, y García Luna se impuso como el poder real en la política de seguridad de Felipe Calderón.

Calderón Hinojosa argumentó varias veces en privado que nunca pudo designar a un procurador de su confianza pues el Senado amagaba con negarle la ratificación. Fue el caso específico de Francisco Blake Mora, quien luego fuera malogrado secretario de Gobernación, muerto en noviembre de 2011 en un sospechoso accidente aéreo. Por ello Calderón delegó todo el poder en García Luna y ordenó a sucesivos procuradores subordinarse en los hechos al jefe de la Policía federal, cuando la Constitución establece exactamente lo contrario: es el Ministerio Público el que tiene autoridad sobre la policía.

Esta cadena de desajustes se produjo en la mayor crisis de seguridad pública que el país haya vivido en su vida moderna, con una cifra de muertos que algunas fuentes calcula en 100 mil personas.

La última procuradora del sexenio calderonista fue Marisela Morales, quien se halla al centro de encendidos debates sobre lo ocurrido en la PGR, haya correspondido o no a su gestión. Se le atribuye haber procesado a figuras públicas por consigna política pretendidamente del presidente Calderón, y encara señalamientos adversos por los casos del grupo de militares encabezados por el general Tomás Ángeles, quien pasó cerca de un año en prisión y presumiblemente sometido a tortura en prisión para obligarlo a denunciar ligas del narcotráfico con otros militares.

Datos aportados a Informe Confidencial dan cuenta de que Morales mantuvo un canal de comunicación con personalidades del PRI como garantía de que las investigaciones en contra de militantes de ese partido (Tomás Yarrington y Rubén Moreira, entre otros) serían imparciales. En más de una ocasión ese mismo canal fue empleado para informar que casos que se pretendía fincar contra destacados priístas serían desechados por falta de elementos. En uno de ellos el señalado pertenecía al primer círculo del entonces candidato Peña Nieto.

El caso Rodríguez Mandujano también ha impactado la imagen de la ex procuradora, pese a que el procesamiento del recién liberado fue impulsado por el citado Medina Mora, al que singularmente no se ha mencionado, si bien él se dio el tiempo para agradecer en días pasados privadamente a la PGR no haberlo mencionado en ningún comunicado ni en declaraciones del procurador Murillo.

Pero el tema que golpeó directamente en el prestigio de Morales fue la liberación del general Tomás Ángeles, especialmente luego de las declaraciones de Cuitláhuac Salinas, a la sazón titular de la SEIDO, quien dijo que mandos militares avalados por la ex procuradora, en particular el mayor Gerardo Salazar Bolaños, fueron quienes controlaron la investigación, lo que supone la existencia de un complot en contra de Ángeles, dictado desde la Secretaría de la Defensa.

Pero el expediente de Ángeles, consultado por este espacio, aporta datos no revelados por Cuitláhuac Salinas ni declarados durante sus entrevistas, por ejemplo, con el periodista de Televisa Carlos Loret de Mola. El referido expediente establece que Cuitláhuac Salinas participó en los interrogatorios en donde el testigo protegido “Jennifer” señala a Ángeles. Salinas firma también la consignación integrada para entregar a Ángeles ante un juez.

La evolución de este tema hará obligado revisitarlo en breve.