Cárteles asfixian a Apatzingán

Cárteles asfixian a Apatzingán

Una sobreviviente del ataque ocurrido el 10 de abril revela las amenazas del crimen que sufren los jornaleros michoacanos

Lunes 22 de abril de 2013
Dalia Martínez Corresponsal | El Universal

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VIGILANCIA. En muchos lugares públicos de Apatzingán, Michoacán, como el Hospital General “Ramón Ponce Álvarez”, negocios o escuelas, es común ver a soldados y policías montando guardia . (Foto: )

A los 18 años no se puede advertir siempre el peligro que encierran las palabras, ni la consecuencia de algunas decisiones. Eso piensa Amaidani en su cama del hospital, mientras se recupera del balazo que recibió en el hombro y que le dejó inservible el brazo izquierdo.


No debió hacer caso, piensa, a quien le dijo —casi en tono de exigencia— a ella y a un grupo de cortadores de limón que fuera a una marcha para pedirle al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, que pusiera en orden a quienes les habían prohibido trabajar en las empacadoras y huertas de limón de Tepalcatepec, Coalcomán, Aguililla y municipios vecinos.


No debió aceptar, pero el hambre la obligó, reflexiona, porque ocho días atrás habían dejado de trabajar cientos de limoneros. Los 200 pesos que le pagaron, sin embargo, no valieron las horas que tuvo que caminar bajo el sol de Apatzingán y menos el brazo que ahora no podrá utilizar para cortar limón, ni para nada.


Ese día, recuerda como en sueños, le dijeron que se formara atrás de una señora que llevaba a su hijo de meses en brazos y que caminara para ayudar a sostener una pancarta.


Salieron de La Ruana como a las 10 de la mañana rumbo a Apatzingán para llegar a la glorieta del general Lázaro Cárdenas a conmemorar un año más de la muerte de Emiliano Zapata, donde les prometieron que verían al gobernador y a funcionarios de su gabinete.


Las lágrimas salen de los ojos pequeños de Amaidani y le ruedan por la sien hasta los oídos. A su vida marcada por la pobreza se añade una discapacidad de por vida que le dejó, considera, la mala decisión de haber ido a la marcha.


Una bala de rifle de alto calibre le entró por el pecho y le salió por la espalda, dejándole hecho polvo el hueso, a unos centímetros del corazón.


Recuerda que sintió cómo su cuerpo se aflojaba y se durmió. No sabe que fue dada por muerta y aventada a una camioneta junto con los cuerpos de media docena de hombres que cayeron ese día en el enfrentamientos que no iba dirigido a ellos, pero que les tocó.


Sólo recuerda que ese 10 de abril caminaba sudando rumbo a la glorieta de Lázaro Cárdenas, en la colonia Los Girasoles de Apatzingán, y de un momento a otro comenzaron los disparos, los gritos, los llantos.


Al grupo armado que disparó de frente contra policías y militares que ese día presuntamente custodiaban la seguridad de la marcha poco le importó que hubiera ancianos, mujeres y niños; también los uniformados dispararon a discreción.


“Unas personas” que Amaidani sólo llama sus “patrones”, les ordenaron ir a la marcha y les garantizaron que nada iba a pasar. Ella les creyó.


En la reunión que tuvieron antes de partir de la comunidad de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, les dijeron también que debían gritar muy fuerte que querían trabajar.


Que les contaran a quienes les preguntaran que eran víctimas del crimen organizado y que denunciaran ante quien se dejara que los extorsionadores les cobran una “cooperación” de 40 pesos, de los 80 o 100 pesos que ganan al día por trabajar de ocho a 10 horas diarias en huertas de limón y en empacadoras.


—Nos cobran eso y hasta más —confirmó. Ya no nos queda para comer y por eso trabajamos todos los de la familia, hasta los niños chiquitos —se lamenta.


Amaidani, calla cuando una trabajadora social entra a avisarle que está listo el papeleo para darla de alta y que pueda irse a su casa. Junto a ella está su mamá que la apresura. Le dice en voz baja que deje de hablar con reporteros y que los soldados están allá afuera cuidando su partida. Se han ofrecido a llevarlas hasta su casa.

Silencio cubre municipio

—En Apatzingán nadie quiere hablar con nadie, porque a veces les cuesta la vida —afirma un reportero local.


Por las calles de la ciudad y en casi en todos los lugares públicos, como el Hospital General Ramón Ponce Álvarez, plazas públicas, algunos negocios y escuelas es común ver apostados camiones repletos de soldados y camionetas de la Policía Federal.


Pocos hablan con ellos y el nuevo lenguaje de la gente se ha limitado a rápidos intercambios de miradas y gestos disimulados. “Ya nos acostumbramos”, coinciden muchos y todos saben que quejarse, hablar a favor o en contra de alguien es casi garantía de muerte.


La víspera de los enfrentamientos del 10 de abril —que dejaron como saldo final 17 personas muertas, entre ellas 10 cortadores de limón— capturaron a Alejandro Mendoza Camacho, acusado por las autoridades de ser jefe de plaza en la región y uno de los nuevos líderes de los Caballeros templarios.


Pero el antecedente directo de la tragedia se anunció en marzo, cuando en Uruapan uno de los grupos delictivos mató en la avenida principal a siete jóvenes (la mayoría albañiles y limpiaparabrisas). En carteles advertían de ataques entre ellos.


Después de ese día (22 de marzo) —que coincidió con el inicio de las vacaciones de Semana Santa y la inauguración del Tianguis Artesanal de Uruapan—, a diario amanecieron asesinados regados por todo el estado. Los enfrentamientos entre bandas delictivas rivales se concentraron en la región de Tierra Caliente, que colinda con Jalisco.


“Hubieran venido ese día. Aquí era un caos, el infierno y nosotros sin saber qué hacer con tanto herido”, reprocha a los reporteros la trabajadora social del hospital, que cuenta cómo el 10 de abril a duras penas lograron convencer a las autoridades de Salud de Morelia que trasladara en helicóptero a un niño de 13 años que resultó herido en la trifulca.


“Nos quedamos en medio, congelados, sin saber para dónde correr, todo estaba cerrado y nadie quería abrir ni una ventana”, relata Amaidani. “No pensamos que sí fueran a disparar de verdad”, agrega.


Las camionetas de redilas eran atravesadas por las balas y mataron a hombres y mujeres. Amaidani quedó en medio de la pila de muertos tirada, sin sentido, hasta que alguien se dio cuenta que respiraba.


Estrategias de los cárteles

En Apatzingán no es nuevo que grupos delictivos orquesten, financien e impulsen marchas, plantones y manifestaciones disfrazadas de protestas sociales, de grupos sociales u organismos civiles.


Los cárteles de la droga que se disputan el territorio de Michoacán han hecho de pancartas, mantas y leyendas plasmadas en camisetas, la manera de amenazarse e incluso de “comunicarse” con el Presidente y los legisladores estatales y federales. Todos coinciden en una cosa: son defensores del pueblo y quienes pueden salvarlos.


Pero es cierto que sectores de la población civil que no se manifiestan, ni denuncian, están a punto de reventar por el cobro de cuotas y el estado de sitio en el que viven.


—Cobran por todo. Por kilo de carne vendida en el rastro o al carnicero, por litro de leche, por cabeza de ganado, por la producción y venta de maíz y tortilla, por tener un taxi o un puesto de películas pirata en el portal, por todo —dice un empresario.


—¿Quiénes cobran, bajo qué argumento? ¿Cuánto? —se le pregunta.


—Todos cobran, esa es la realidad. ¿Qué dicen? Que es la “cooperación” que nos toca según sus cuentas, para garantizar que nada le pase al negocio ni a la familia, para estar con vida.