‘Big Brother’ en el DF: vigilancia con estrategias militares
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‘Big Brother’ en el DF: vigilancia con estrategias militares
Desde el 2008, cuando entró en operación el Proyecto Bicentenario-Ciudad Segura, más de 12 mil videocámaras vigilan cuanto sucede en las principales calles y avenidas de la Ciudad de México, con el objetivo de reducir la inseguridad.
Sin embargo, ni en Inglaterra, que cuenta con una cámara por cada 14 habitantes ni ningún estudio internacional han comprobado que las cámaras de vigilancia reduzcan el crimen, subrayó Nelson Arteaga, profesor e investigador de la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales (Flacso) en la conferencia “Cámaras de vigilancia e inseguridad en México”.
El sociólogo expuso que desde la década de los 90, la sensación de inseguridad se incrementó en México. Añadió que esta percepción generó, a su vez, expresiones de “pánico moral” –un sentimiento de que la sociedad está a punto de destruirse–, y marcó el florecimiento del negocio de la seguridad privada y de las políticas de vigilancia aplicadas bajo el lema de “cero tolerancia”.
En el 2008, dijo, la Plataforma México incentivó el uso de tecnología de vanguardia para espiar las correspondencias electrónicas y las conversaciones telefónicas. Además, añadió que el gobierno federal invirtió más de 400 millones de dólares para adquirir sistemas de rastreos de Internet y software que permiten dirigir computadoras a distancia y descifrar contraseñas.
El académico calificó de “urbanismo militar” las políticas de vigilancia y de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, es decir, explicó, que considera el entorno urbano como un entorno de guerra.
En entrevista con Apro, Nelson Arteaga sostiene que las autoridades capitalinas adoptan las mismas técnicas, materiales y estrategias que los militares para controlar la ciudad. La lógica de cuadrantes y de geolocalización del territorio, por ejemplo, dice, permiten ubicar “puntos rojos” o “zonas peligrosas”.
“La mayoría de los sistemas de vigilancia provienen de la industria militar, y muchas de estas tecnologías aplicadas al entorno urbano han sido exportadas de Irak y de Afganistán. Imitan los métodos con los cuales los estadunidenses controlaban la ciudad de Bagdad”, subrayó.
Durante su conferencia, Arteaga enfatizó que son múltiples las técnicas de vigilancia: celulares, tarjetas de crédito, redes sociales e Internet en general –quizás lo más vigilado que existe, precisó– y videocámaras, entre otros sistemas.
A través de sofisticados métodos, las autoridades gubernamentales pueden identificarnos, monitorear lo que estamos haciendo y clasificarnos mediante el establecimiento de perfiles y sectores de población. Estas técnicas, explica, se podrán ampliar por el reconocimiento del iris o la detección del flujo sanguineo en el futuro.
Sin embargo, según los datos del sociólogo, tan sólo 4% de los mexicanos está familiarizado con los sistemas biométricos de vigilancia, como el reconocimiento facial de las cámaras, mientras el 24% de los estadunidenses y 29% de los canadienses están conscientes de esto. Por lo contrario, y mientras no se haya comprobado la reducción del número de crímenes con las cámaras de seguridad, 81% de los mexicanos confían en que éstas abatirán la inseguridad, contra 65% de los franceses, en su país.
El experto culpó a los medios de comunicación por divulgar el mito, según cual las cámaras son eficientes al construir una “narrativa de la vigilancia”.
Las televisoras, indica, propagan fragmentos de videos extraídos de cámaras de seguridad en búsqueda de imágenes fuertes. “La violencia vende”, lamenta.
Al difundirlas, dice, mantienen la sensación de inseguridad, pero al mismo tiempo fortalecen la idea que las cámaras generan seguridad en un círculo que se autoalimenta.
Hoy días muchos pueden ver en tiempo real a dos personas que cometen un delito y están detenidas. “Lo vemos como un éxito”, comentó. Sin embargo, según él, sería inútil poner una persona detrás de cada cámara porque “pueden pasar meses o años sin que pase nada”.
Las cámaras tienen entonces, refiere, otro uso: “Cuando los de clase media y alta ven una cámara de videovigilancia se sienten más seguros. A diferencia de otros países, los mexicanos sienten que la seguridad y la vigilancia no son derechos, sino propiedades que se obtienen con los ingresos. Entre más vigilancia tienen en su zona de trabajo y donde viven, paradójicamente tienen más privacidad. En otros países es un atentado a la privacidad”, destacó el investigador.
La instalación de videocámaras en la Ciudad de México, cuenta, concretizó una propuesta de Rudolf Giuliani, el entonces alcalde de Nueva York, para “rescatar el Centro Histórico”. La consecuencia directa del nuevo sistema de vigilancia fue el desplazamiento de esta zona de sectores “no deseados” de población –de bajos ingresos–, a los cuales sustituyó una clase media. Después, agregó, se exportó hacia el sistema de transporte de la ciudad.
Según datos proporcionados por el investigador, 68% de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México tienen como objetivo “prevenir, inhibir, combatir conductas ilícitas, así como garantizar el orden y la tranquilidad la población”; 30% gestionar el flujo del tráfico del Metro y 2% rodean las avenidas principales de la ciudad. Asimismo, el 22% de las cámaras se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez mientras el 28% están en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Industria millonaria
Arteaga ve la vigilancia como una herramienta. Puede ser útil para la democracia cuando se usa para incentivar políticas públicas y generar igualdades.
No obstante, sostiene que puede ser abusiva cuando unos la manipulan para clasificar a ciertos grupos sociales según esquemas de segregación urbana, o para detectar líderes de movimientos sociales, un método común en México, apuntó.
“La vigilancia permite, por una parte, el control y, por el otro, el cuidado de la población. El punto es ¿hasta qué punto una sociedad o un Estado se inclina hacia uno otro lado de la balanza?”, preguntó. Para ilustrar sus dichos, compartió un estudio que realizó sobre la implantación de cámaras de vigilancia en las entradas y salidas de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, una de las zonas más exclusivas del área metropolitana. Notó que las autoridades invitaron a los alumnos de secundaria de las escuelas de las afueras de Interlomas –populares– a admirar cómo protegían la zona para que no se arriesgaran a cometer robos.
“La advertencia era ‘cuídense, pórtense bien porque los estamos vigilando’”, subrayó el investigador.
Al contrario, recibieron a los habitantes de la zona con otro discurso. Les aseguraron que los estaban cuidando y que, “pese a que la cámaras puedan ver lo que está sucediendo en sus edificios, nuestra ética nos prohíbe espiar lo que hacen a través de las ventanas”.
La industria de la vigilancia, recordó, genera millones de dólares. Es “una industria militar en el propio sentido”. El Gobierno del Distrito Federal contrató a empresas privadas para la instalación de las cámaras de seguridad, y formó a aproximadamente 500 vigilantes informó Arteaga.
Según las cifras que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública en el informe de la cuenta pública 2011 del Gobierno del Distrito Federal, el presupuesto para el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México en este año alcanzaba 105 millones de pesos, mientras 8 mil 520 empresas de seguridad privada permisionarias realizaron trámite para operar en la capital.
El investigador exhortó a la ciudadanía a apropiarse el debate. Apuntó, particularmente, los riesgos que representa el uso arbitrario de los datos por las entidades públicas y privadas de seguridad, y sobre todo sus efectos en la segregación social de los espacios urbanos. Contó que en centros comerciales, cuando entra una persona que no parezca un consumidor habitual del lugar, de inmediato atrae las cámaras y los vigilantes piden a los guardias ponerle atención a este “consumidor falso” como lo llaman.
Existen resistencias a la vigilancia por algunos sectores y en algunos lugares –como las escuelas– explicó. Esas resistencias ilustran posibles tensiones en el futuro. Al no invertirse hoy en el tema de la vigilancia y del control del espacio urbano, quizá algún día será demasiado tarde para la sociedad civil revertir el proceso. ¿Qué tipo de ciudadanía se construye en un entorno considerado conflictivo?, preguntó Arteaga. Es tiempo de decidir qué tipo de ciudad debe ser la Ciudad de México.
http://www.proceso.com.mx/?p=338592
Sin embargo, ni en Inglaterra, que cuenta con una cámara por cada 14 habitantes ni ningún estudio internacional han comprobado que las cámaras de vigilancia reduzcan el crimen, subrayó Nelson Arteaga, profesor e investigador de la Facultad Latino-Americana de Ciencias Sociales (Flacso) en la conferencia “Cámaras de vigilancia e inseguridad en México”.
El sociólogo expuso que desde la década de los 90, la sensación de inseguridad se incrementó en México. Añadió que esta percepción generó, a su vez, expresiones de “pánico moral” –un sentimiento de que la sociedad está a punto de destruirse–, y marcó el florecimiento del negocio de la seguridad privada y de las políticas de vigilancia aplicadas bajo el lema de “cero tolerancia”.
En el 2008, dijo, la Plataforma México incentivó el uso de tecnología de vanguardia para espiar las correspondencias electrónicas y las conversaciones telefónicas. Además, añadió que el gobierno federal invirtió más de 400 millones de dólares para adquirir sistemas de rastreos de Internet y software que permiten dirigir computadoras a distancia y descifrar contraseñas.
El académico calificó de “urbanismo militar” las políticas de vigilancia y de seguridad que lleva a cabo el Gobierno del Distrito Federal, es decir, explicó, que considera el entorno urbano como un entorno de guerra.
En entrevista con Apro, Nelson Arteaga sostiene que las autoridades capitalinas adoptan las mismas técnicas, materiales y estrategias que los militares para controlar la ciudad. La lógica de cuadrantes y de geolocalización del territorio, por ejemplo, dice, permiten ubicar “puntos rojos” o “zonas peligrosas”.
“La mayoría de los sistemas de vigilancia provienen de la industria militar, y muchas de estas tecnologías aplicadas al entorno urbano han sido exportadas de Irak y de Afganistán. Imitan los métodos con los cuales los estadunidenses controlaban la ciudad de Bagdad”, subrayó.
Durante su conferencia, Arteaga enfatizó que son múltiples las técnicas de vigilancia: celulares, tarjetas de crédito, redes sociales e Internet en general –quizás lo más vigilado que existe, precisó– y videocámaras, entre otros sistemas.
A través de sofisticados métodos, las autoridades gubernamentales pueden identificarnos, monitorear lo que estamos haciendo y clasificarnos mediante el establecimiento de perfiles y sectores de población. Estas técnicas, explica, se podrán ampliar por el reconocimiento del iris o la detección del flujo sanguineo en el futuro.
Sin embargo, según los datos del sociólogo, tan sólo 4% de los mexicanos está familiarizado con los sistemas biométricos de vigilancia, como el reconocimiento facial de las cámaras, mientras el 24% de los estadunidenses y 29% de los canadienses están conscientes de esto. Por lo contrario, y mientras no se haya comprobado la reducción del número de crímenes con las cámaras de seguridad, 81% de los mexicanos confían en que éstas abatirán la inseguridad, contra 65% de los franceses, en su país.
El experto culpó a los medios de comunicación por divulgar el mito, según cual las cámaras son eficientes al construir una “narrativa de la vigilancia”.
Las televisoras, indica, propagan fragmentos de videos extraídos de cámaras de seguridad en búsqueda de imágenes fuertes. “La violencia vende”, lamenta.
Al difundirlas, dice, mantienen la sensación de inseguridad, pero al mismo tiempo fortalecen la idea que las cámaras generan seguridad en un círculo que se autoalimenta.
Hoy días muchos pueden ver en tiempo real a dos personas que cometen un delito y están detenidas. “Lo vemos como un éxito”, comentó. Sin embargo, según él, sería inútil poner una persona detrás de cada cámara porque “pueden pasar meses o años sin que pase nada”.
Las cámaras tienen entonces, refiere, otro uso: “Cuando los de clase media y alta ven una cámara de videovigilancia se sienten más seguros. A diferencia de otros países, los mexicanos sienten que la seguridad y la vigilancia no son derechos, sino propiedades que se obtienen con los ingresos. Entre más vigilancia tienen en su zona de trabajo y donde viven, paradójicamente tienen más privacidad. En otros países es un atentado a la privacidad”, destacó el investigador.
La instalación de videocámaras en la Ciudad de México, cuenta, concretizó una propuesta de Rudolf Giuliani, el entonces alcalde de Nueva York, para “rescatar el Centro Histórico”. La consecuencia directa del nuevo sistema de vigilancia fue el desplazamiento de esta zona de sectores “no deseados” de población –de bajos ingresos–, a los cuales sustituyó una clase media. Después, agregó, se exportó hacia el sistema de transporte de la ciudad.
Según datos proporcionados por el investigador, 68% de las cámaras de seguridad en la Ciudad de México tienen como objetivo “prevenir, inhibir, combatir conductas ilícitas, así como garantizar el orden y la tranquilidad la población”; 30% gestionar el flujo del tráfico del Metro y 2% rodean las avenidas principales de la ciudad. Asimismo, el 22% de las cámaras se encuentran en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez mientras el 28% están en Iztapalapa y Gustavo A. Madero.
Industria millonaria
Arteaga ve la vigilancia como una herramienta. Puede ser útil para la democracia cuando se usa para incentivar políticas públicas y generar igualdades.
No obstante, sostiene que puede ser abusiva cuando unos la manipulan para clasificar a ciertos grupos sociales según esquemas de segregación urbana, o para detectar líderes de movimientos sociales, un método común en México, apuntó.
“La vigilancia permite, por una parte, el control y, por el otro, el cuidado de la población. El punto es ¿hasta qué punto una sociedad o un Estado se inclina hacia uno otro lado de la balanza?”, preguntó. Para ilustrar sus dichos, compartió un estudio que realizó sobre la implantación de cámaras de vigilancia en las entradas y salidas de Interlomas, en el municipio de Huixquilucan, una de las zonas más exclusivas del área metropolitana. Notó que las autoridades invitaron a los alumnos de secundaria de las escuelas de las afueras de Interlomas –populares– a admirar cómo protegían la zona para que no se arriesgaran a cometer robos.
“La advertencia era ‘cuídense, pórtense bien porque los estamos vigilando’”, subrayó el investigador.
Al contrario, recibieron a los habitantes de la zona con otro discurso. Les aseguraron que los estaban cuidando y que, “pese a que la cámaras puedan ver lo que está sucediendo en sus edificios, nuestra ética nos prohíbe espiar lo que hacen a través de las ventanas”.
La industria de la vigilancia, recordó, genera millones de dólares. Es “una industria militar en el propio sentido”. El Gobierno del Distrito Federal contrató a empresas privadas para la instalación de las cámaras de seguridad, y formó a aproximadamente 500 vigilantes informó Arteaga.
Según las cifras que proporciona la Secretaría de Seguridad Pública en el informe de la cuenta pública 2011 del Gobierno del Distrito Federal, el presupuesto para el sistema de videovigilancia de la Ciudad de México en este año alcanzaba 105 millones de pesos, mientras 8 mil 520 empresas de seguridad privada permisionarias realizaron trámite para operar en la capital.
El investigador exhortó a la ciudadanía a apropiarse el debate. Apuntó, particularmente, los riesgos que representa el uso arbitrario de los datos por las entidades públicas y privadas de seguridad, y sobre todo sus efectos en la segregación social de los espacios urbanos. Contó que en centros comerciales, cuando entra una persona que no parezca un consumidor habitual del lugar, de inmediato atrae las cámaras y los vigilantes piden a los guardias ponerle atención a este “consumidor falso” como lo llaman.
Existen resistencias a la vigilancia por algunos sectores y en algunos lugares –como las escuelas– explicó. Esas resistencias ilustran posibles tensiones en el futuro. Al no invertirse hoy en el tema de la vigilancia y del control del espacio urbano, quizá algún día será demasiado tarde para la sociedad civil revertir el proceso. ¿Qué tipo de ciudadanía se construye en un entorno considerado conflictivo?, preguntó Arteaga. Es tiempo de decidir qué tipo de ciudad debe ser la Ciudad de México.
http://www.proceso.com.mx/?p=338592
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