Trata de Personas en Mexico

Reportan 12 casos de traileros secuestrados y devueltos sin órganos

Imelda Hernández/ Pulso
Los reportes se registraron en Tepatitlán, Hidalgo, Puebla y Veracruz durante febrero y marzo.
04:52 p.m.
Los secuestros de unidades del transporte de carga no sólo han dejado pérdidas económicas, sino que también han provocado que los operadores de las unidades sean sacrificados y despojados de sus órganos vitales.

Rafael Ortiz Pacheco presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas denunció que el transporte de carga en México se mantiene en una situación alarmante, toda vez que el incremento en el robo de unidades ha dejado a su paso lesiones irreversibles en los operadores que son secuestrados por los delincuentes.

Añadió que durante febrero y marzo se registraron 12 casos de operadores que tras ser secuestrados, eran devueltos a sus familiares sin órganos como riñones, córnea, y en casos extremos sin corazón.

“Nos preocupa por que no sólo perdemos el camión si no que hoy en día, los operadores son encontrados sin sus órganos y sacrificados, esto es algo que nos tiene en una situación de alarma, ya que no se había dado el caso, esta situación se ha dado en Tepatitlán, Hidalgo, Puebla, y Veracruz”, señaló.

En este sentido reconoció que 30 por ciento de los transportistas de carga pesada en México han quebrado y en San Luis Potosí ya se tiene el registro de cierre de empresas, por la crisis económica, porque ya no son contratados y por la inseguridad que prevalece en el país.

El transportista subrayó que en base a la serie de penurias que enfrenta el autotransporte de carga realizarán una manifestación para exigir que haya seguridad y vigilancia en las carreteras.

Esclavos del narco: Profesionistas forzados

Una investigación hecha por cuatro medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, de cómo el narco hace que personas con distintos perfiles, desde niños hasta adultos, y profesionales, trabajen para ellos a la fuerza.
OCTUBRE 29, 2012Paris Martínez (@paris_martinez)

Insight Crime presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.

Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.

Lee el primer reportaje completo:

Los esclavos especializados

Es 25 de enero de 2009, y el ingeniero José Antonio Robledo Fernández habla por teléfono con su novia, mientras se estaciona frente a un servicio de autopartes en Monclava, Coahuila. Es originario de la capital mexicana, pero radica desde hace más de un año en esta ciudad norteña, donde labora para la empresa constructora ICA Flour Daniel.

José Antonio habla un perfecto inglés y tiene experiencia en encarpetado e instalación de antenas, aunque por el momento su responsabilidad es vigilar a las firmas subcontratadas por ICA en este municipio.

Trabajar en Monclava es una oportunidad para reunir dinero y poder casarse. Ignora sus peligros. Ignora que Los Zetas cobra aquí el llamado “derecho de piso” a la empresa que lo ha contratado, y desconoce, también, que algunos de sus compañeros son, en realidad, agentes del grupo delictivo.

Después de estacionar su Xtrail modelo 2004, José Antonio es abordado por tres hombres armados.

–¿Con quién trabajas? –pregunta uno.

–Con ICA –responde el ingeniero civil.

–Dame las llaves y súbete –le ordenan.

La llamada telefónica que José Antonio sostiene con su novia no se ha cortado y ésta escucha, además de esta breve conversación, los golpes que su pareja recibe.

Tres años y diez meses después, aún se ignora su paradero.

El ingeniero José Antonio Robledo Fernández es uno de los 36 profesionistas y técnicos que, en los últimos cuatro años, han sido plagiados por el crimen organizado, sin razón aparente, sin buscar una compensación económica, y sin que haya vuelto a saberse de su paradero.

Se trata, en la mayoría de los casos, de ingenieros, pero también hay arquitectos, médicos, veterinarios.

Son, en otros casos, empleados de la industria de las telecomunicaciones raptados junto con su instrumental de trabajo, cuando realizaban comisiones en el norte del país, de acuerdo a las denuncias presentadas por sus mismas empresas.

Y el común denominador de estas víctimas, aquello que las caracteriza, es su alta formación profesional.

“No es casual”

Tan sólo durante 2011, la Comisión de Seguridad del Senado mexicano tomó conocimiento de una decena de estos casos, empezando por el de Alejandro Alfonso Moreno Baca, un joven de 34 años, ingeniero en sistemas, que desapareció el 27 de enero, cuando conducía por la autopista de cuota Monterrey-Nuevo Laredo; luego, diez más fueron documentados.

“El que hayan estado desapareciendo personas capacitadas en esas áreas no es algo casual ni accidental –advierte Felipe González González, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado de la República, y también miembro de la de Defensa Nacional, entre septiembre de 2006 y agosto de 2012, justo el periodo en el que se decretó la guerra del gobierno mexicano contra la delincuencia organizada–; yo lo expresé en distintas reuniones de seguridad, cuando el Ejército y la Marina empezaron a descubrir antenas y sistemas muy sofisticados; estoy seguro de que esos especialistas desaparecidos fueron obligados a desarrollar esa infraestructura.”

Efectivamente, en septiembre del año pasado, el Ejército desmanteló una red de telecomunicaciones del crimen organizado en Jalisco y otra en Coahuila, mientras que la Marina desarticuló una más en Veracruz, con 13 antenas activas, aunque el descubrimiento más significativo vino casi un año después de la desaparición de Alejandro Moreno Baca, el 12 de diciembre de 2011, cuando el Ejército descubrió una red clandestina de radiocomunicación al servicio del cártel de Los Zetas, con estaciones en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, y que constaba de 167 antenas y 155 repetidoras, que enlazaban mil 450 radios, mil 300 celulares, mil 350 aparatos Nextel, todo controlado a través de 70 computadoras.

Las antenas estaban instaladas en cerros y elevaciones de difícil acceso en la zona noreste del país, en algunos casos en puntos hallados a cinco días de marcha a pie, y se abastecían de energía a través de paneles solares.

Además, en lo que va de 2012, las Fuerzas Armadas han destruido instalaciones clandestinas de telecomunicación en Sonora (siete antenas y 20 repetidoras), Chihuahua (una antena y una repetidora) y, en agosto reciente, en Veracruz (13 antenas), Tamaulipas (dos antenas y una repetidora), así como en la carretera Monterrey Nuevo-Laredo, la misma donde fue raptado el ingeniero Moreno Baca (donde se descubrió una antena de 50 metros y una repetidora).

En total, suman más de 400 las antenas y repetidoras desmanteladas por las autoridades.

Felipe González, que fungió como secretario de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, durante el sexenio que concluye, y quién también presidió la de Seguridad contra el Terrorismo del Parlamento Latinoamericano, abunda: “No veo yo cómo iba a ser algo casual (la desaparición de técnicos). Por ejemplo, ninguno de los ingenieros en sistemas desaparecidos ha sido hallado, pero el año pasado hombres armados detuvieron un autobús de pasajeros y obligaron a bajar a dos personas que dijeron trabajar en una empresa de sistemas; el problema es que no eran técnicos, sino cobradores, y ellos sí aparecieron rápidamente, aunque asesinados”.

Más, y más, y más

En el año 2010, familias de víctimas de desaparición provenientes de todo el país crearon la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila (Fundec), que ha documentado, entre enero de 2007 y julio de 2012, un total de 256 personas desaparecidas involuntariamente en dicha entidad.

No se trata, sin embargo, de todas las víctimas reportadas en el estado, sino únicamente de aquellas que fueron secuestradas sin que se solicitara rescate y que no contaban con antecedentes penales o vínculos con la delincuencia organizada, es decir, “ciudadanos inocentes”.

En 2011, y ante la reiterada denuncia de casos en otras entidades de la república, Fundec se convirtió en Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), que desde entonces ha tomado registro, además de las 256 víctimas de Coahuila, de 80 casos más en otros puntos del país.

De estos casos, se informó, 25% corresponde a profesionistas y el resto a empleados, comerciantes y obreros, todos en edad productiva.

Además del caso del ingeniero José Antonio Robledo, Fundec tiene documentadas, entre otras, las desapariciones involuntarias de la ingeniera industrial Dora Elba Solís Parrilla; de la mercadóloga Martha Dene Guerrero Guevara; del ejecutivo bancario Dan Jeremeel Fernández Morán (detenido por militares que, tras ser detenidos, fueron asesinados por un comando armado que ingresó a instalaciones judiciales para ejecutarlos, así como para liberar a nueve integrantes del Cártel del Golfo); del estudiante del Tecnológico de Saltillo Antonio de Jesús Verástegui Escobedo y de su padre; de los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros (cuyo rapto motivó al Senado a aprobar un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales a apoyar en su búsqueda); del agente importador Víctor Adrián Rodríguez Moreno, así como del profesor de biología Javier Burciaga Vázquez y, diez meses después, de su hermano Luis Carlos.

Por otra parte, familiares de otros 25 profesionistas han reportado su rapto a manos de comandos armados lo mismo en Veracruz que en Colima, Guadalajara, Nuevo León y Zacatecas. Son arquitectos, ingenieros, técnicos de Pemex, especialistas financieros, médicos, abogados, de cuya desaparición reconoce tener noción Nelly Montealegre, fiscal federal para la Trata de Personas, “por notas que se han publicado”, aunque, con una sonrisa inocente, la joven funcionaria también admite no contar con una sola investigación al respecto.

Deben buscarlos vivos

El 27 de enero de 2011, Alfonso Moreno Baca salió de la Ciudad de México a bordo de su Mazda rojo, en un viaje de paseo que concluiría en Laredo, Texas, donde tenía pensado visitar a un amigo.

Poco antes de llegar a su destino, en el kilómetro 13 de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, pasando la caseta de Sabinas Hidalgo, fue detenido por un retén de sicarios, integrantes de una célula de Los Zetas que operó en esa zona entre 2007 y 2011, y que finalmente el año pasado fue abatida por el Ejército.

“No es dinero lo que querían, nunca se comunicaron con nosotros para pedirnos un rescate –dice Lucía Baca, mamá de Alejandro–; entonces, nosotros nos hacemos la pregunta: ¿para qué se los llevan? ¿Por qué se los llevan? Debe haber una lógica: ¡¿por qué, para qué?! Todos son jóvenes, y la autoridad los busca muertos, en fosas, cuando deberían buscarlos vivos…”

Lucía habla mientras sostiene entre sus manos la ficha de búsqueda con el retrato de Alejandro, quien al ser raptado tenía ya cuatro años de laborar en IBM-México. A su lado, Alfonso, padre del ingeniero, extiende los mapas con las coordenadas por donde pasó su hijo el último día en el que se tuvo noticia de él, los reportes de actividad de su teléfono celular y las fotografías de otras víctimas de desaparición en ese punto carretero.

“Entre 2007 y octubre de 2011, en esa zona fueron desaparecidas al menos 16 personas –dice Alfonso–; conocemos casos de víctimas que venían de Monterrey, de Jalisco, de Guanajuato, todos jóvenes; son Míriam, Perfecto, Andrés, Braulio, Ismael y varios más, todos desaparecidos al pasar la caseta de Sabinas Hidalgo y en ningún caso se solicitó rescate”.

De hecho, la asociación civil neoleonesa Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (CADHAC) calcula que, sólo durante 2011, en la entidad desaparecieron cerca de 800 personas, 200 de las cuales fueron raptadas en carreteras estatales. De ellos, reporta la organización encabezada por la hermana Consuelo Morales (premiada en 2011 por Human Rigths Watch), 65% fue secuestrado por integrantes del crimen organizado y el resto por policías, marinos o militares.

Tres días después del secuestro de Alejandro, sus padres llegaron a la ciudad de Monterrey para comenzar su búsqueda y fue en las oficinas de la Policía Federal donde “nos dijeron que no nos preocupáramos, ‘a su hijo se los devuelven en tres meses, y del carro ni se apuren, en alguna ranchería va a aparecer…’, nos dijo el oficial en turno, así, con ese cinismo, y ahí nos dimos cuenta del tamaño de la corrupción que hay en el estado… en fechas posteriores volvimos, sólo para enterarnos de que toda la policía municipal de Sabinas, empezando por el que era su comandante, brindaban protección a la delincuencia organizada y, de hecho, quien era su titular hoy está en la cárcel”.

Además de Alejandro, en el tramo carretero de Sabinas fue raptado, también en enero del año pasado, otro técnico en sistemas, una profesora, dos deportistas y un estudiante de relaciones internacionales, entre otros, “y en Nuevo Laredo también se investiga el secuestro de dos técnicos en sistemas que fueron extraídos de sus viviendas, y el común denominador es que todos tienen una edad de entre 20 y 40 años, son lo mismo hombres y mujeres. A los que son ingenieros o técnicos en sistemas los pondrán a trabajar en sus redes de comunicaciones, y a los que son especialistas en otras áreas los tendrán en otras labores… pero ésa es nuestra esperanza, que ellos siguen vivos, que los tienen trabajando bajo la consigna de obedecer o morirse; y vivos hay que buscarlos”.

En octubre del año pasado, el Ejército atacó el campamento que la célula de Los Zetas mantuvo por al menos cuatro años en Sabinas, en un momento en el que se hallaban 200 personas en el lugar; sin embargo, sólo se reportó que 22 sicarios fueron abatidos y el resto abandonó el sitio durante la refriega, a través de caminos serranos. Se ignora si entre ellos había gente retenida contra su voluntad.

Si se dice que en ese narcocampamento había 200 personas, y los militares mataron a 22, ¿dónde están los otros 178? ¿Por qué no los alcanzaron, quiénes eran, dónde quedaron?”, pregunta el padre de Alejandro.

Nueve…

La cuenta de técnicos secuestrados por el crimen organizado puede rastrearse hasta 2009, año en el que un grupo de nueve personas contratadas para instalar antenas de radiotelefonía en Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue raptado por hombres armados que, al día siguiente, volvieron por los vehículos y las herramientas de trabajo de las víctimas, de quienes no se ha vuelto a tener pista desde entonces.

Sus nombres son Julio César Ochoa Romo, Víctor Romero, José Hugo Camacho Fierro, Marcelino Moreno Leal, los hermanos Carlos y Ricardo Peña Mejía, Constantino García Jiménez, Roberto Gutiérrez Medina y Eduardo Toyota, todos vecinos de Guasave, Sinaloa, y algunos con hasta diez años de experiencia en montaje de equipos de microondas.

Ellos tenían dos semanas de haber llegado a la ciudad fronteriza, con un contrato por seis meses, y habían arrendado un departamento hasta el cual, el 19 de junio, a la medianoche, arribó un grupo de hombres con uniformes negros y encapuchados, a bordo de varias camionetas oscuras que, según las declaraciones de los vecinos, los extrajo a punta de pistola. Horas después, los captores volvieron por el instrumental de trabajo de los técnicos.

Este caso fue denunciado por la empresa de telecomunicaciones Nextel ante el mismo presidente Calderón, y sus representantes sostuvieron encuentros con las secretarías de Seguridad y Defensa Nacional.

Luego, el 1 de diciembre de 2009, el Senado de la República aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades federales (particularmente a las secretarías de Gobernación y Seguridad Pública, así como a la Procuraduría General de la República) a que “se realicen las tareas necesarias para coadyuvar con dependencias locales y municipales en materia de seguridad pública del estado de Tamaulipas, en las investigaciones que conlleven a la pronta localización de los nueve sinaloenses desaparecidos en Nuevo Laredo”.

Todos ellos, señaló en la exposición de motivos el senador Mario López Valdez, habían recibido la advertencia “de no entrar al territorio de Nuevo Laredo, por la inseguridad que priva en ese lugar y por su identidad de sinaloenses, debido a que, según comentarios, no eran queridos ni bien recibidos”. Por esa razón, dijo, en nombre de los familiares de las víctimas, “recurro a la máxima tribuna de este país, para que se atienda la petición de unos mexicanos que, como todos nosotros en su situación, se encuentran sumamente afligidos por la incertidumbre y la pesadez de los momentos por los que están pasando”.

Ninguna de estas acciones, sin embargo, han arrojado fruto alguno.

Otros tres empleados de esta firma, “levantados” en acciones distintas durante los últimos años, han sido recuperadas con vida, aunque se ignoran los detalles de su rescate. Por ello, el pasado 9 de mayo de 2012 –en el marco de una reunión de 150 familiares de personas desaparecidas en todo el país, que se congregaron en la Ciudad de México para conmemorar el Día de las Madres con la exigencia de justicia para sus hijos, padres, hermanos y hermanas ausentes–, Gabriela Peña Mejía, hermana de dos de los técnicos desaparecidos, aseguró que aún sigue viva la esperanza de rescatar a sus familiares y compañeros.

“Les estorban”

Es 27 de enero de 2009, han pasado 48 horas desde el secuestro del ingeniero José Antonio Robledo, y sus padres, Guadalupe Fernández y José Antonio Robledo Chavarría, ya han presentado denuncias en la capital de Coahuila y en el municipio de Monclova. Tres días más tarde lo harán también ante la Procuraduría General de la República.

El trato en cada oficina de gobierno es el mismo. “Hay mucha ineficiencia y apatía de las autoridades –dice Guadalupe–; en Monclova, incluso la agente del Ministerio Público nos da a entender que poco le importa la suerte de mi hijo”.

Pese a ello, en esos primeros días desde el secuestro, ahí están, “con la esperanza de regresar con nuestro hijo”.

Confían en que se trata de un plagio típico, creen que en cualquier momento recibirán una llamada exigiendo el pago de rescate, y esperan. Sin embargo, recuerda Guadalupe, llega un momento en el que, de forma abrupta, tenemos que salir de Monclova, el 5 de febrero de 2009, cuando los visita en su hotel Joaquín Benito del Ángel, jefe de seguridad de ICA en dicho municipio, acompañado por dos sujetos que afirman ser integrantes de Los Zetas en la región.

“Nos dijeron que no fuéramos a la policía (al día siguiente teníamos pactada una entrevista con el entonces subprocurador de Justicia del estado, Jesús Torres Charles), que ellos estaban controlando a la policía ministerial tanto en Monclova como en Saltillo, que ellos nos iban a ayudar y que el contacto sería el jefe de seguridad de ICA –narra Guadalupe–. Ellos tenían información de todo lo que habíamos ya tramitado ante las autoridades; estuvimos hablando como 15 minutos con esos hombres, y en cuanto terminó la plática y ellos se retiraron, nosotros salimos huyendo del hotel y nos fuimos directamente a Saltillo para ver al subprocurador Torres Charles, al que le contamos todo; estábamos muy espantados, pero él se negó a que esa información fuera agregada a la denuncia de secuestro: ‘corre peligro la vida de su hijo, no lo arriesguen’, nos decía”.

Don José, papá del ingeniero desaparecido, reflexiona: “En algunos momentos nos hemos dado de frentazos mi esposa y yo, pensando que tal vez hubiera sido mejor negociar con ellos, con los delincuentes, en vez de querer hacer las cosas por la vía legal, por la vía institucional… Torres Charles llegó a ser fiscal general del estado y asesor jurídico del actual gobernador Rubén Moreira (PRI), y en febrero de 2012 fue separado de la administración pública al saberse que su hermano, Humberto Torres Charles, agente de la Fiscalía General de Coahuila, recibía 300 mil pesos mensuales del crimen organizado a cambio de brindarles protección”.

Actualmente, la PGR ofrece una recompensa de tres millones de pesos a quien proporcione información que lleve a la captura del Humberto Torres Charles, mientras que mantiene presa y sometida a juicio a Claudia González López, exdelegada de esa misma institución federal en Coahuila, por sus presuntos vínculos con Los Zetas.

“En la PGR nos dijeron que había otros empleados de ICA desaparecidos –señala Guadalupe–; se trata de cinco ingenieros; y en 2011 se nos acercó la familia de un soldador argonero, raptado también en Monclova, y también empleado de ICA Fluor Daniel; pero luego no pudimos mantener el contacto, la familia tiene mucho miedo; sabemos de otro caso de un ingeniero de ICA secuestrado en Michoacán, y en la empresa nos informaron que, antes de mi hijo, otro técnico ya había sido desaparecido”.

–¿Qué papel ha jugado ICA, les ha brindado algún apoyo?

–Nuestro hijo tenía un año y tres meses trabajando para esa empresa… ellos se lo llevaron a Monclova, y cuando desapareció, no nos dijeron nada; si nos enteramos fue porque su novia estaba hablando con él por teléfono cuando fue atacado; pero dos días después del secuestro, el 27 de enero de 2009, ICA se deslindó, nos dijeron que lo que nosotros pudiéramos o quisiéramos hacer era cosa nuestra, que la compañía se deslindaba inmediatamente… eso nos lo dijo el ingeniero Raúl Alberto Medina Peralta, jefe del proyecto Fénix, y lo único que yo acerté a decirle -recuerda Guadalupe– fue que mi hijo no había llegado solo a Coahuila, que a él lo habían traído los de esa empresa, pero que si ellos no pensaban hacer nada por él, nosotros, sus padres, sí lo haríamos…

–A partir de las investigaciones de la autoridad y las realizadas por ustedes mismos, ¿qué hipótesis han formulado sobre el motivo por el que José Antonio fue raptado?

–Sabemos que la razón no era obtener dinero de su familia –dice Guadalupe– porque nunca se comunicaron con nosotros para exigir el cobro de un rescate; también sabemos que Los Zetas sí cobraban derecho de piso a ICA, y que de no hacerlo pesaban amenazas sobre su personal; de hecho, este dinero se le entregaba a los criminales a través de dos empleados de la empresa, compañeros de trabajo de mi hijo: Joaquín Benito, jefe de seguridad, y el chofer que transportaba a José Antonio de su casa al trabajo, y en cuyo vehículo encontraron una metralleta y 148 envoltorios de cocaína. Ellos dos, así como otros tres cómplices, están hoy presos, pero se niegan a revelar qué hicieron con José Antonio. Enfrentan cargos por delincuencia organizada, delitos contra la salud y secuestro.

–También sabemos –añade don José– que uno de los detenidos era el encargado de cobrar derecho de piso a las empresas contratistas que daban servicio a ICA, y mi hijo era el que vigilaba que esas firmas cumplieran con los requisitos técnicos; entonces, pensamos que, tal vez, en algún momento les molestó que mi hijo fuera cierto obstáculo para las empresas que no cumplían los lineamientos, pero que ya habían pagado su cuota a la delincuencia organizada.

Don José endurece la mirada y mide, palabra a palabra, su respuesta, cuando se le pregunta si es posible que, dado su perfil profesional, su hijo continúe vivo, cautivo por alguna banda delictiva.

–Yo sé que mi hijo pudo serles de utilidad: hablaba un perfecto inglés y tenía experiencia en encarpetado e instalación de antenas; bien podía serles útil para crear sistemas de comunicaciones o para hacer pistas de aterrizaje clandestinas… sin embargo, el de México no es el caso de Colombia, donde los grupos armados dominan espacios geográficos en los que los delincuentes pueden mantener cautivos a sus rehenes durante largo tiempo, y con cierta tranquilidad… pero en México se da una violencia tan animal, tan agresiva, tan homicida, que aunque algunos de los desaparecidos sean inicialmente usados, empleados a la fuerza, creo que después de un tiempo les estorban; ya después de que los explotan, se vuelven un peligro… ojalá existiera esta posibilidad, de que los tuvieran trabajando en algún lado, pero creo que no es necesario para la delincuencia organizada retenerlos indefinidamente; cuando necesitan gente especializada la agarran, la usan y la desechan; y si luego vuelven a necesitar a más especialistas, pues se llevan a otros.

Esclavos del Narco: Los niños del hampa.

Una investigación hecha por cuatro medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, de cómo el narco hace que personas con distintos perfiles, desde niños hasta adultos, y profesionales, trabajen para ellos a la fuerza.
OCTUBRE 30, 2012Paris Martínez @paris_martinez

Insight Crime presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.

Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.

Lee el segundo reportaje completo:

Los niños del hampa

Omar desapareció el 12 de agosto de 2008, a los 14 años de edad, en Reynosa, Tamaulipas, donde pasaba las vacaciones. Fue visto por última vez portando un videojuego de bolsillo y un cachorro, acompañado por una pareja de “veinteañeros” que lo interceptó cuando volvía de la tienda, a la casa donde se hospedaba.

A partir de ese momento, de Omar no se supo nada más, sino hasta tres años después, a mediados de 2011, cuando su cadáver fue encontrado en una calle de Acapulco, Guerrero, con una bala en la nuca.

¿Qué fue de este adolescente durante esos últimos tres años de vida en los que oficialmente estuvo “extraviado”? ¿Quiénes lo secuestraron en el norte del país? ¿Dónde y de qué forma lo mantuvieron retenido? ¿Por qué fue asesinado al otro lado de la república, en Acapulco? Ésas son las preguntas que desde aquel 12 de agosto de 2008 se vienen acumulando en la mente de Araceli, su mamá, quien adelgaza la voz hasta el mínimo audible al hacer un recuento de los datos que, por investigaciones propias, ante la inacción de las autoridades, ha logrado recabar sobre el destino de su hijo.

“Él cayó en manos de una red de trata de personas –dice, con los ojos permanentemente hinchados por el llanto– que, luego de llevárselo, lo convirtió en adicto, lo obligaban a prostituirse, a vender droga y sabrá Dios a qué otras cosas.”

A su lado, Araceli ha extendido la documentación que, desde 2008, viene acumulando sobre la desaparición y muerte de Omar. Mira los papeles, las fotos, y cuida que las lágrimas no caigan sobre ellos. “A pesar de todo lo que hice, nunca pude ver a mi hijo, todo fue inútil… yo me había aferrado y no sé si fue tanta mi insistencia que, cuando estaba a punto de recuperarlo, me lo mataron”.

La facultad de “usar”

De entre los parámetros internacionales que permiten establecer la existencia de un caso de esclavitud, el más evidente es el denominado ius utendi, o facultad de usar, y aquellas víctimas sobre las que éste se ejerce entran en la categoría de “persona en condición servil”, definición que en 1956 fue ampliada por la ONU para incluir en ella, de forma explícita, a los niños que son explotados por adultos no emparentados.

Más de 40 años después, en 1997, la explotación de infantes por parte de grupos armados, incluidos los de la delincuencia organizada, demandó que el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) adoptara los Principios de Ciudad del Cabo, que establecen una definición para el concepto “niño soldado”, que aplica para “toda persona menor de 18 años que forme parte de cualquier fuerza o grupo armado, regular o irregular, con independencia de las labores que desempeñe; por ejemplo y sin que la enumeración sea taxativa, labores de cocinero, recadero, mensajero y toda persona menor de 18 años que acompañe a esas fuerzas o grupos cuando ello no sea en condición de familiar. Se incluye también en esa categoría a las niñas a quienes se haya reclutado con fines sexuales o para obligarlas a casarse. Por tanto, (esta definición) no incluye sólo a los menores que porten o hayan portado armas”. Ese fue el caso de Omar y, según estimaciones oficiales, el de muchos otros infantes reclutados por el hampa, mediante amenazas, engaños o coacción.

Entre diciembre de 2006 y octubre de 2011, por ejemplo, la Procuraduría General de la República procesó a 142 menores de edad “por delitos contemplados en la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada” y el primer caso fue el de Rosalío Reta Junior, un joven texano de 16 años, quien, luego de romper con Los Zetas, grupo para el cual trabajaba desde los 13, se entregó a las autoridades mexicanas en Nuevo León, a condición de ser deportado a Estados Unidos, donde hoy purga sentencia de 80 años de cárcel por distintos delitos, incluidas ejecuciones en aquel lado de la frontera.

Sin embargo, el número de capturas es sólo una pequeña muestra del reclutamiento generalizado de menores de edad por parte del crimen organizado, dado que, según la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, al menos 25 mil adolescentes y adultos jóvenes (no mayores de 25 años) han sido coptados por los cárteles de la droga para desempeñar distintas funciones en sus estructuras operativas, cálculo elaborado con base en las estadísticas delictivas de los cuatro primeros años de gobierno del presidente Felipe Calderón.



Los reclutas

Carlos Cruz fue pandillero en su juventud y hoy es director de Cauce Ciudadano, asociación civil dedicada al rescate de niños y jóvenes en ambientes de violencia. Carlos es alto y robusto, de gran fuerza física y mirada dura, ensombrecida por ojeras permanentes.

Él se alejó del vandalismo hace varios años, pero nunca ha dejado de ser parte de la banda, los chavos, la pandilla y, a partir de ese contacto diario, afirma con seguridad que “aun esas estimaciones oficiales, que reconocen 25 o 30 mil menores reclutados, son absolutamente parciales y limitadas.”

Desde su óptica, que es compartida por otros organismos civiles dedicados a la protección de la niñez, como Save the Children México o la Red por los Derechos de la Infancia, “los menores de edad que son absorbidos por la delincuencia organizada entran en el rango de víctimas por el solo hecho de ser niños y adolescentes, y las bandas de criminales tienen muchas maneras para obligar a un chavo o a una chava a prestarles servicios…”

Así, destaca, todos los niños reclutados por el crimen organizado son víctimas de explotación, y ya que han sido reclutados, por la vía del rapto, el engaño o la coerción, “no tienen la posibilidad de negarse a hacer nada de lo que se les ordene”.

Carlos habla con fluidez, pero hace una pausa reflexiva al preguntársele si a esos niños puede considerárseles esclavos de los cárteles: “Pues, más allá de otros argumentos semánticos en torno a la definición de ‘esclavitud’, puedo decir que son adolescentes y jóvenes alejados de sus núcleos familiares y comunitarios mediante el uso de la fuerza física o con base en engaños, con promesas de salir de la pobreza opresora, que es la única vida que conocen; también son chavos que están pagando con su trabajo las deudas contraídas por sus papás u otros familiares adictos; chavos cuya obediencia obtienen las bandas de criminales por medio de amenazas no sólo a su vida, sino a la de sus familiares.”

Y pone el énfasis en un aspecto particular: “No es verdad que estos ‘reclutas’ tengan la oportunidad de desertar, como dicen las autoridades, la ley no los protege, estos niños se convierten en delincuentes a la vista de la autoridad. Es más, ni siquiera durante un combate podrían rendirse, porque saben que el Ejército y la Marina no dejan sobrevivientes, así que, en ese escenario, su única opción real de seguir con vida es jalar del gatillo… Ésta es una situación que hemos venido denunciando insistentemente, hay casos de niños secuestrados y coptados, víctimas de reclutamiento forzado, en prácticamente todo el país, pero, ¿dónde están las averiguaciones de la PGR, dónde están los detenidos? ¿Dónde están las bases de datos de víctimas? No los hay…”.



Muerte en Acapulco

Entre el 15 de junio de 2007 y el 23 de mayo de 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) inició 19 indagatorias por el rapto de 20 personas, que fueron privadas de la libertad para obligarlas a realizar trabajo forzado mediante intimidación y violencia, o para someterlas a servidumbre, en 13 entidades federativas.

En estos casos identificados por la PGR, una de las víctimas era un varón y el resto, mujeres; del total de víctimas, diez eran menores de 18 años y, aunque en algunos expedientes se detectó la operación coordinada de cómplices en hasta tres entidades distintas de la federación, la Procuraduría informó, a través de su oficio SJAI/DGAJ/ 6494/2012, que ninguna de las averiguaciones estaba vinculada con la actividad del crimen organizado.

Omar, sin embargo, no está en esa lista de la PGR sobre personas secuestradas con fines de explotación.

“Cuando desapareció mi niño –narra la señora Araceli–, yo estaba en la Ciudad de México, donde radicamos, Omar estaba de vacaciones en Tamaulipas, al cuidado de mi hermana y, tan pronto como reuní un poco de dinero, me trasladé a Reynosa y allá anduve recorriendo las oficinas del DIF (Sistema para el Desarrollo Integral para la Familia), los Centros Tutelares de Menores, los hospitales, incluso recorrí la frontera; ninguna autoridad me ayudó, anduve yo sola pegando carteles con su fotografía, caminando en lugares horribles, entre los maras, durante días, hasta que se me acabó el dinero”.

En su peregrinar, Araceli buscó respaldo en las procuradurías de Justicia de Tamaulipas, del Distrito Federal, así como de la PGR, “pero en todos lados me dijeron que era yo la que tenía que aportar elementos para su búsqueda”, así que se sumó a agrupaciones civiles dedicadas a la localización de menores extraviados en la que, afirma, “nos llevaban a programas de televisión y, aunque pocas veces podíamos exponer nuestros casos, fue a partir de una entrevista que me hicieron en un noticiario que, en julio de 2011, una persona nos informó, de forma anónima, que mi hijo había sido visto en Guerrero”.

Para entonces, Omar tenía ya 17 años, había pasado tres desde su desaparición.

“Yo quería abrazarlo, besarlo –recuerda Araceli, con la vista perdida–; iba yo con esa ilusión cuando me dijeron que había noticias de él; aquí en la casa preparamos una pancarta para recibirlo, le compramos un muñeco, estábamos contentos de que iba a regresar”.

Sin embargo, la espera por noticias de su rescate se prolongó hasta el 3 de octubre, cuando, a través de una llamada telefónica, Araceli fue notificada por las autoridades de Guerrero de que Omar había sido finalmente hallado, aunque en una fosa común, tras ser asesinado en abril.

Según el informe de su autopsia, Omar fue baleado por la espalda, “quizá intentó escapar, defenderse”, dice su madre. Un tiro se incrustó en su pierna, otro en la espalda y el disparo mortal impactó en la nuca y salió por su labio superior.

Según las declaraciones ministeriales presentadas por testigos, incluida la de una persona que solía conversar con el adolescente, una mujer adulta era la encargada de conducir a Omar en auto hasta la esquina de un barrio ubicado fuera de la zona turística de Acapulco, donde debía vender una cuota mínima de estupefacientes.

“Dicen que llegó desde agosto de 2008 a Acapulco –narra Araceli–; así como se lo robaron, se lo llevaron al sur… según lo poco que se ha investigado, una señora lo llevaba todos los días, lo dejaba ahí entre seis y ocho de la noche y luego regresaba por él. Le esculcaba las bolsas, para recoger todas las ganancias, y luego se lo llevaba. Supuestamente, a mi hijo lo tenía cautivo la banda de un sujeto al que sólo se identifica como Willy…”

Según la autopsia, al morir Omar estaba desnutrido, “muy delgadito, lo tenían muy mal, no comía habitualmente y su forma de sostenerse en pie era la droga (…) La persona que hablaba con él dice que días antes de que lo asesinaran, vio al niño muy golpeado; entonces le preguntó qué le había pasado y mi hijo le contó que la banda contraria lo atacó para quitarle su mercancía, pero que no se había dejado, porque si se la quitaban la tenía que pagar o, de lo contrario, el Willy lo mataba”. Dos semanas después, Omar fue abordado por un grupo de sujetos que descendió de un vehículo oscuro y lo acribilló en el punto de venta al que estaba asignado.



Carne de cañón

En noviembre de 2010, un mes después de que la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados diera a conocer sus cálculos sobre la existencia de 25 mil niños reclutados por el hampa en México, este concepto cobró rostro, voz y volumen a través de un video que circuló en internet, elaborado por integrantes del Cártel del Pacífico Sur (tal como se autodenominaba entonces la célula morelense del cártel de los Beltrán Leyva-Zetas), en el que se muestra a un hombre adulto con el torso lacerado, pendiendo por las muñecas de una viga en el techo. La víctima es torturada por distintas personas, pero una en particular destaca por su corta estatura y por su timbre, aún infantil, cuando se acerca con un palo de hockey entre las manos y golpea en distintas ocasiones al prisionero.

“¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere?”, se escucha al niño decir, como parte de las burlas que acompañan a los golpes, tan fuertes éstos que para los mismos verdugos suenan “como si le pegaras a un tambo”.

Se trata de Édgar N, apodado El Ponchis, un adolescente de 14 años que, capturado semanas después de emitido el video, en diciembre de 2010, confesó ser sicario desde tres años atrás, cuando fue “levantado” (es decir, secuestrado) por el líder de la banda, Jesús El Negro Radilla (aprehendido en 2011 por el asesinato de Juan Francisco Sicilia y seis personas más, crimen que dio origen a una de las mayores demostraciones ciudadanas de repudio a la violencia en México, hoy cristalizada en el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad).

Actualmente, Édgar recibe tratamiento especial para su reinserción social. Su pena, de tres años en reclusión por cuatro homicidios y delitos contra la salud, fue criticada ácidamente desde el Congreso de Morelos y se anunció una reforma a la Ley de Justicia Penal para Adolescentes en esa entidad, orientada a elevar las penas para menores implicados en delitos graves, como homicidio, secuestro o violación, e impedir que recobren la libertad en el corto plazo, con un efecto ejemplificador; y mientras éste es el nivel del debate, el crimen organizado capta cada vez más niños.

Según las estadísticas de la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, el empleo de menores de edad en labores de vigilancia, monitoreo, custodia y sicariato ha sido una práctica sistemática y progresiva durante los últimos años, ya que mientras en 2006 sólo se tomó conocimiento de un caso, esta cifra pasó a 20 en 2007; luego a 21, en 2008; a 25 para 2009; a 29 en 2010 y, entre enero y octubre de 2011, la PGR contabilizó 46 menores más laborando para cárteles, lo mismo en Aguascalientes que en Baja California, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Veracruz o Zacatecas.

Y, en 2012, el conteo no se detiene: tan sólo en abril pasado, una célula de 13 sicarios responsable de al menos 21 ejecuciones fue desmembrada en Nuevo León; siete de los detenidos son menores de edad. Al ser capturados, portaban seis rifles de asalto, cinco AR-15 y un AK-47, un millar de cartuchos y dos “tablas de tortura”, empleadas para castigar a víctimas de extorsión que no cumplen con sus pagos.

“El problema del reclutamiento forzoso y, en particular, del de jóvenes y menores de edad por parte del crimen organizado hoy comienza a ser visualizado claramente –señala el investigador Alejandro Hope, especialista en inseguridad y narcotráfico–, y es probable que en la actualidad existan muchos jóvenes dentro de los grupos criminales, aun sicarios, que desean salir, pero que no pueden hacerlo porque lo primero que hacen estas organizaciones es recabar información sobre la persona y sobre su familia, contra quienes pesa una amenaza real hacia su vida en caso de deserción”.

Se trata, señala el también titular del programa Menos Crimen, Menos Castigo, del Instituto Mexicano para la Competencia y del centro de análisis México Evalúa, “de relaciones de explotación por necesidad, por temor, que se engloban en un fenómeno de coerción relativamente poco estudiado y, desgraciadamente, mal documentado”.



La danza

M. es uno de esos jóvenes reclutados en su adolescencia por el crimen organizado. Por seguridad, su nombre, apodo y procedencia son omitidos. Sólo es posible decir que vive en uno de los estados con mayor índice delictivo del país y que creció en una zona marginal, “en donde nuestro elemento principal, el mío y el de mis homies, mis carnales, fueron los charcos y la tierra, porque no había canchas, no había un pastito… ahí andaba siempre la pandilla, nuestro mayor consuelo era la calle”.

M. anda tumbado, es decir, “visto guango, cholo”; es fornido, su mirada es fría, sus párpados son abultados, como los de un boxeador, y habla secamente cuando recuerda los años 90, con un tono de añoranza. “En ese entonces ser parte de la pandilla era todavía un juego, era cuestión de decir: ‘somos los locos, somos los malos’, ésa era nuestra razón”. Eran tiempos en que se dedicaban, reconoce, al robo menor, confinados, como estaban, al desempleo permanente.

“Y entonces –narra–, a finales de los 90 se empieza a manejar el asunto de los Equipos, los grupos del crimen organizado que se mueven en los barrios, que son una cosa distinta a la pandilla, definitivamente.

–¿Por qué dices que Equipo y pandilla son cosas distintas? –se le pregunta.

–La pandilla surge del núcleo familiar –explica M.–, surge del barrio, donde mi abuelita conoce a la abuelita de mi homie, y siempre va a haber un código de honor que te hace decir: ‘güey, espérate, es la jefita, es el barrio, son los niños, es la mujer, y son cosas que siempre tienes que respetar’; pero cuando llega el Equipo, el grupo criminal, se rompe con todo eso y lo único que vale es el dinero… Y opera así: te mando a un estado, te instalo en un hotel, te asigno una comunidad y, a través del vicio, de la droga, empiezas a conectar a la banda, empiezas a identificar quiénes son los locos del barrio, siempre mostrándote como un referente positivo: voy bien vestido, traigo una buena camioneta; entonces te ubico, veo si andas jodido y te digo: ‘¿Andas jodido, güey? Yo te enseño cómo le podemos hacer’, y después de eso te digo: ‘jálate a ese güey, jálate a ese otro’, y empieza a llegar la chula, la feria, el dinero fácil… y empieza a llegar buen material, buena droga, y eso siempre va a retumbar en los oídos de la pandilla, ¡siempre! Entonces, las pandillas iniciamos con una ideología que te mantenía dentro, con ciertos valores, con conceptos que por más que le muevan nunca iban a desaparecer, como el carnalismo, como la lealtad, como el respeto, pero cuando llegaron esos güeyes, los Equipos, todo valió v&#!@.

–¿De qué manera presionan a los jóvenes para servir al Equipo?

–Mira, la cosa pasa así, buscan a un homie torcido, que necesite varo, si hoy ven que no tienes pa’ comer, hoy mismo te mandan un compa pa’ avisarte que están contratando… el problema es que lo que te toca hacer es jalarle, ir a cobrar la extorsión, la renta, mover la droga, y esos güeyes te obligan a que ejecutes la danza para ver tu valor; primero te destruyen moralmente, te cierran los ojos y te dicen: “a la v&#!@, @%$#, usted ya no es dueño de su alma ni de su cuerpo, ahora nosotros somos los dueños… y también somos dueños de su familia, culero, porque si usted falla, los que la pagan son los de acá”… y así, dime: ¿quién no va a ejecutar la danza?



Nueva leva

En el año 2011, una década después de ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, de la ONU, el Estado mexicano presentó su primer informe sobre la situación de los niños soldados, con la conclusión de que “México no se encuentra involucrado en conflictos armados (internos o internacionales) y por tanto no se presenta el reclutamiento o utilización de niños por parte de grupos armados”.

Pero ante esta postura optimista, el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas opuso su “preocupación” ante lo que consideró falta de información “sobre el uso de niños por grupos armados no estatales y que, por consiguiente, (la autoridad) no tome ninguna medida para prevenirlo”.

Por ello, el organismo de la ONU recomendó al Estado mexicano “tomar todas las medidas necesarias para asegurarse de que los niños no sean reclutados por grupos armados no estatales, identificando y monitoreando los diferentes grupos armados en el país, incluso los grupos paramilitares y los grupos de la delincuencia organizada”.

–¿Los “niños sicarios” mexicanos caben en la definición de “niños soldados” del derecho internacional? –se pregunta al titular de Cauce Ciudadano, organización que ha realizado labores de intervención directa con jóvenes en situación de violencia no sólo en barrios de México, sino también de Colombia.

–Hoy los cárteles están integrando equipos operativos, armados, con esquemas militares y paramilitares, para el control del territorio que se disputan entre grupos rivales –señala Carlos Cruz–. Y se estima, por ejemplo, que sólo en Morelos, Puebla, el DF y Guerrero existen 450 puntos de distribución de droga al mayoreo para abastecer las narcotienditas de estas cuatro entidades, que son custodiados por equipos de diez integrantes, básicamente jóvenes y adolescentes, en los que al menos seis están armados, lo que nos da un total de 4 mil 500 menores involucrados en labores de “seguridad”, de los que 2 mil 700, aproximadamente, manejan armamento, y esto ocurre sólo en cuatro de las 32 entidades del país, así que si sumamos todas las plazas de la geografía mexicana, estimamos nosotros que podría haber entre 50 mil y 100 mil chavos y chavas enrolados en los distintos cárteles, cumpliendo distintas funciones: de vigilantes, de sicarios, de operadores.

Es por ello que, señala Cruz, en México existe un fenómeno de “leva”, de reclutamiento forzoso, cuya dimensión es tal que no puede ser abordado en términos penales, “porque son demasiados, no hay cárcel en la que puedan caber, no hay operativo que pueda arrestarlos; son una fuerza regular y como tal deben ser vistos; para todos esos chavos no debería haber persecución penal, sino un programa de desmovilización, de desarme y reintegración a la familia, al estudio y al trabajo, con incentivos económicos, tal como se hizo con los niños soldados que participaron en conflictos armados de Centroamérica o África”.

Y con él coincide Juan Martín Pérez, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México, para quien los niños absorbidos por el crimen organizado mexicano son víctimas de un fenómeno que denomina “narcoexplotación, la cual va más allá de la explotación laboral, tal como la entendemos”.

–¿Existe alguna diferencia entre los “niños soldados” de Colombia, reclutados por grupos armados que financia el narcotráfico, y los “niños sicarios” de México, enrolados también por grupos armados financiados por el narcotráfico? –se pregunta al director de la Red.

–No –responde, sin titubeos–. No hay ninguna en términos conductuales o cognitivos, ni tampoco en los métodos de reclutamiento forzado… hablar de un niño sicario en México es lo mismo que hablar de los niños soldados en África, Colombia o Centroamérica. Sin embargo –insiste–, en materia de derecho internacional, en México no se podría hablar de niños soldados porque no hay una guerra…

Y debido a esa interpretación legal, reconoce: “en México no existen programas de desmovilización para niños que han participado en hechos armados… no hay condiciones sociales para abordar el asunto y, de hecho, en ciertas áreas del país resulta suicida acercarse al tema en este momento”.

Esclavos del narco: Migrantes, la presa de caza

Una investigación hecha por cuatro medios latinoamericanos, entre ellos Animal Político, de cómo el narco hace que personas con distintos perfiles, desde niños hasta adultos, y profesionales, trabajen para ellos a la fuerza.
octubre 31, 2012Paris Martínez (@paris_martinez)
inShare
Email to a friend
Print this page
3
0
+ -Text Size



Insight Crime presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial fue sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Este segundo, que hoy te presentamos, es sobre esclavos del narco. Los hombres, mujeres, niños y profesionales que se convirtieron en trabajadores forzados para grupos delictivos.

Animal Político realizó una investigación en los estados de la República donde este problema se ha presentado de manera frecuente y te presenta los datos, las historias y testimonios de aquellos a quienes les fue arrebatado algún ser querido para trabajar para el narco.

Lee el tercer reportaje completo:



Migrantes, la presa de caza



Es julio e Irwin acaba de cumplir 20 años hace unos días. Lo celebró cruzando de Guatemala a México. Irwin es hondureño, taekwondoín desde la adolescencia y cursó los primeros meses de la carrera de administración, hasta que la imposibilidad de hallar un empleo lo orilló a dejar los estudios; decidió entonces partir hacia Estados Unidos.

Irwin camina hacia la central camionera de Tenosique, Tabasco, que es, junto con Chiapas, la puerta de entrada de los centroamericanos indocumentados a la geografía mexicana. Explora la posibilidad de burlar los retenes de Migración, tomando rutas de transporte local, pero lo persuade la presencia de un puesto de la Migra a unos metros de la salida carretera. Observa de lejos la línea de asfalto y enciende un cigarro.

Ésta es la segunda ocasión que toma el camino, luego de que fue deportado de Estados Unidos a finales de 2011, tras permanecer poco más de un año en Nueva Orleans. Como aquella primera vez, Irwin viene con las bolsas vacías, pero ahora le preocupa reunir dinero y estar, así, en condiciones de pagar su “cruce” a los grupos criminales que controlan la frontera norte y de los que ya fue víctima en su primer intento.

“Cuando uno no tiene para pagar –advierte–, vienen los de los cárteles, Los Zetas o El Golfo, o cualquier otro, y le dicen a uno: ‘Ah, ¿no tienes dinero para que te dejemos pasar? Entonces tienes que llevar 20 kilos de mota, o 10 de coca, desde la frontera hasta Houston’ o a la ciudad de Estados Unidos que ellos digan…”

Irwin fue usado como morralero, “así le dicen cuando te obligan a cruzar la droga por la frontera.”

–¿Y si te niegas?

Irwin suelta una carcajada.

–¡Pues te secuestran o te matan! –responde– Y yo lo que hice fue aceptar, si no, ¿pa’ dónde se hace uno? Si no aceptas, igual te va a ir mal. Y entonces uno se va a Estados Unidos arriesgándose a que lo agarren con la droga, y que lo manden a uno preso cinco, diez años, pero uno se arriesga… El que no arriesga no gana… –remata, sin triunfalismos– Entregué la droga donde me dijeron y me les fui a la c******a, me les escapé…

Irwin aplasta la colilla contra el asfalto de la carretera. En diez días ha cruzado de Honduras a Guatemala y, estando ya en territorio mexicano, es consciente de que lo peor del camino apenas empieza. Sabe que caer presa de “La Maña”, como él y otros nombran al conjunto de mafias que operan en el país, implica no ser más dueño de ti, de tu destino.

Más que secuestros

“La esclavitud ya no es como en el siglo XVIII”, explica la hermana Leticia Gutiérrez, directora de la Pastoral de la Movilidad Humana, la más amplia red de atención a migrantes en México, compuesta por 54 albergues y comedores que la Iglesia católica tiene repartidos a lo largo del país, y que intentan brindar, en la medida de sus capacidades, atención humanitaria a los 150 mil centroamericanos que cada año se internan en territorio nacional, con miras a llegar a Estados Unidos.

Se trata de una mujer joven y sonriente, en cuyo pecho pende una pequeña cruz cóncava, bella por la sencillez con la que fue tallada sobre un trozo de madera.

“Me parece –abunda– que la realidad mexicana y el contexto social mundial dan mucha tela de dónde cortar para hablar en este momento de esclavitud. Por ejemplo, en el caso de los migrantes secuestrados por el crimen organizado (entre 30 y 60 mil en los últimos tres años, según cálculos de grupos civiles), hay un control agresivo, violento, psicológico, físico y territorial contra la víctima. Y ese sometimiento va más allá de mantenerlos retenidos o ponerles grilletes mientras pagan por ellos.”

Además de ser privados de la libertad y torturados, destaca la religiosa, “una de las denuncias que encontramos recurrentemente, al hablar con migrantes que han sido raptados por las mafias, y sobrevivido, es que durante su cautiverio se les da un uso. Por ejemplo, los llevan a casas en donde hay entre 200 y 400 personas cautivas; fincas, quintas, haciendas, espacios grandes donde los ponen a trabajar para construir o reconstruir la casa, a realizar labores de albañilería o remodelación, siempre vigilados; además, a las mujeres las obligan preparar la comida para el grupo, así como a acostarse con los captores.”

Y en otros casos, añade, los migrantes cautivos son empleados directamente en la comisión de delitos. “Algunos son obligados a cruzar droga a Estados Unidos, o a involucrarse en otras actividades criminales mediante amenaza, mediante coacción.”

Estas prácticas, concluye, no deben verse como secuestros típicos, ya que “estos son abusos que conforman otras violencias dentro del delito de secuestro, que luego de una ardua lucha y denuncia han logrado, incluso, tipificarse penalmente, como ocurre con el trabajo forzado y la trata de personas con fines de explotación, que son términos que deben citarse explícitamente, y que nos hablan de esclavitud”.

Sicarios

El involucramiento por coacción en el trasiego fronterizo de drogas, señala Alfredo Díaz Barrera, cónsul general de El Salvador en México, es una práctica común a la que se ven sometidos los migrantes y, como muestra, narra el caso más reciente que ha llegado hasta su oficina. “Me llegó el testimonio de una persona salvadoreña, que fue capturada junto con un grupo mayor de centroamericanos poco antes de llegar a la frontera norte. A ellos se les acercaron los delincuentes y les dijeron: ‘Nosotros les ofrecemos trabajo, y va a consistir en cargar durante cierto tramo algo que les vamos a dar; el que no quiera sólo tiene que dar un paso al frente’. Dos personas –continúa el cónsul– dan el paso al frente y en ese instante las ejecutan, para luego preguntar al resto: ‘¿Alguien más no quiere trabajar para nosotros?”.

Y esto es así, expone, porque las rutas de los migrantes centroamericanos están sobrepuestas a las del narcotráfico y el contrabando, y es ahí, subraya, “donde se han desarrollado las formas más abyectas de esclavitud, las formas más bestiales de servidumbre y explotación, laboral y sexual, cometidas contra personas cuya vulnerabilidad es casi absoluta y llevadas a cabo con una impunidad increíble”.

Lamentablemente, señala el diplomático, es imposible cuantificar con precisión el número de víctimas, ya que la mayor parte de los casos no son denunciados, por el temor de los afectados a que las autoridades mexicanas terminen deportándolos.

Pero el trabajo de morraleros no es el único destino para aquellos migrantes cooptados por el hampa, explica, por su parte, el padre Pedro Pantoja, asesor episcopal en materia de migración y pionero en la defensa de los centroamericanos indocumentados en México, asentado actualmente en Coahuila, punto donde la vía que viene del sur se trifurca hacia los estados fronterizos de Tamaulipas, Nuevo León y Chihuahua, y en el que fundó la Posada del Migrante Belén.

Pantoja es un hombre alto, de gesto duro y voz suave, en cuyas arrugas faciales bien encajan lo mismo la alegría que la ira. Habla sin perder la cordialidad, aunque tampoco oculta la desesperación. “Son muchas las formas que emplean los delincuentes para trabajar la carne, la mercancía del migrante… aquí, en Coahuila, hemos visto que una de las formas en que los aprovechan, por ejemplo, es promoviéndolos como sicarios… tenemos testimonios de migrantes jóvenes que han sido forzados a trabajar como sicarios.”

Es la historia de C.M., quien aguarda al borde de los rieles, en la estación Lechería, a un costado de la Ciudad de México, punto nodal de la ruta ferroviaria donde se cruzan las vías que vienen de los cuatro puntos cardinales del país. Es un nicaragüense sonriente, cuyo brazo derecho apenas se recupera del tirón sufrido al intentar asirse de un vagón en movimiento.

C.M. ha sido deportado cinco veces de Estados Unidos, ésta será, “con suerte”, la sexta y última vez que llegue, “y ojalá que no me vuelvan a sacar”. En su primer viaje, fue raptado en la estación Orizaba, de Veracruz y, al no tener dinero ni familiares que pudieran pagar su rescate, narra, “fui reclutado”.

“Estuve como un mes y 15 días en un lugar grande, cerrado –narra, en la veloz dicción de los nicaragüenses–, al día me daban de comer tres tortillas, una cucharada de arroz, o de frijoles, o de huevo, y un vasito de agua, nada más, era sólo como para que no nos muriéramos de hambre.”

En ese lugar, recuerda, permaneció cautivo con 38 jóvenes más. “Había dos o tres mexicanos, pero la mayoría eran centroamericanos, como secuestrados… Así estuve, recibiendo cátedras, para aprender a desarmar un rifle EG-3, un R-15, un cuerno de chivo.”

Y en ese mes y medio, reconoce C.M., su único compañero fue el miedo. “Yo era el nuevo, y los otros (secuestrados) ya se tenían confianza, así que conmigo jodían, me molestaban, decían que me iba a escapar, ‘tú eres un contra’, me decían, un contrario, así siempre era conmigo, pero siempre estábamos todos con un temor: que llegara El Coma, el Comandante, y nos matara a todos… siempre con un temor, pero llegó el día en que pude salir de ahí, y me fui sin saber nunca para quién trabajaba, no supe en realidad el grupo ni a quién chingados servía eso”.

Las esclavas

En el caso particular de las mujeres migrantes que son raptadas en su camino al norte, señala la titular de la Pastoral de la Movilidad Humana en México, éstas son obligadas a preparar la comida para el grupo de cautivos, así como a ser esclavas sexuales de los delincuentes que las retienen, “y ésos son abusos que las víctimas describen de manera reiterada, que conforman otras violencias dentro del delito de secuestro, y que luego de una ardua lucha y denuncia han logrado ser tipificadas penalmente, como ocurre con el trabajo forzado y la trata de personas con fines de explotación”.

Esa es la experiencia sufrida por Ilse, hondureña de 23 años que se internó en México en mayo pasado, acompañada por dos primos. Junto a ellos, Ilse creía estar segura, sin embargo, cuando en Tabasco fue atacado el tren en que viajaban de polizones, sus dos familiares varones salieron huyendo despavoridos y abandonaron a su suerte a esta joven de piel morena, enormes pestañas recargadas de rímel y párpados manchados de azul.

“Vinieron unos muchachos e hicieron disparos al aire –narra, con voz enronquecida, una semana después de su liberación–; todos los que veníamos en el tren nos bajamos y ellos nos agarraron. Eran seis muchachos que nos llevaron a un rancho, en el poblado de Independencia; eran cinco mexicanos y un hondureño… me pusieron la pistola en la cabeza y me dijeron que si no les daba un número de teléfono (para exigir el rescate) me iban a matar.”

Ésta se trata de la segunda vez que Ilse es raptada por una banda del crimen organizado en su intento por reunirse con su familia en Estados Unidos y, en su primer cautiverio, fue agredida sexualmente por sus captores, revela el pasante de abogado que realiza sus prácticas profesionales en la Casa-Refugio para Migrantes La 72, de Tabasco, quien registró su testimonio.

En esta segunda ocasión, abunda el pasante, Ilse fue insultada, amenazada, pateada, golpeada con la cacha de una pistola y obligada a beber agua de un charco, además de que su familia debió enviar a los plagiarios 10 mil dólares, a cambio de su vida.

Al ser cuestionada si, además de golpes, durante este segundo secuestro hubo otro tipo de abusos que quisiera denunciar, Ilse mira fijamente a su interlocutor, con frialdad, medita una respuesta por unos segundos y, cuando está a punto de iniciar, desiste. “No –murmura, con desconfianza–, así está bien…”.

Y a las labores domésticas y el sometimiento sexual, abunda la hermana Leticia Gutiérrez, se suma la participación en delitos. “Hay víctimas varones que fueron enganchados por mujeres que los abordaron en centrales de autobuses, y que con engaños los llevaron a casas de seguridad, donde fueron retenidos… y los mismos secuestrados dicen que para ellas no había opción, porque tenían amenazadas a sus familias, los delincuentes sabían cuáles eran los pueblos de origen de estas mujeres y, dado que estas redes criminales son trasnacionales y mantienen un diálogo entre sus distintas plazas, ellas saben bien que una amenaza formulada en Tijuana puede ser cumplida en El Salvador al día siguiente”.

La espiral de violencia en que las víctimas capturadas por el crimen organizado se ven envueltas, se prolonga a extremos inhumanos, añade el padre Pantoja. “Tenemos testimonios de mujeres jóvenes que han sido forzadas a trabajar hasta como verdugos –explica el religioso–; es común que las mujeres que sobreviven al cautiverio narren cómo fueron otras mujeres, también centroamericanas, las que las golpeaban para que dieran información, y que al preguntarles ellas por qué lo hacían, la respuesta era: ‘si no lo hago, me matan a mí’…”

La negación

Cuando se captura a una persona y se dispone de su destino, para que de ella sea lo que el sojuzgador guste, como convertirla en sirviente, someterla a trabajos forzosos, e incluso venderla, cederla, desecharla, maltratarla o matarla, se configura un caso de esclavitud, según la definición vigente de la ONU, a la que México se adhirió desde 1934.

Con esta definición como base, explica Alberto Xicoténcatl, director de la asociación civil Frontera con Justicia, la captura, sistemática y continuada, de miles de centroamericanos en trayecto a Estados Unidos, es el primer rasgo que permite reconocer a ésta como una situación de “esclavismo”.

“El crimen organizado –explica el defensor de derechos humanos– ha asumido a esta población como presas de caza; para ellos, los migrantes se convierten en una mercancía por la que obtendrán una ganancia”, independientemente de las formas de explotación física de las que son sujetos, y el valor en el que tasan la vida de cada uno, afirma, “actualmente es de 3 mil dólares, por lo menos”, logrando así, al cabo de un trienio, ganancias superiores a los 50 millones de dólares.

“El secuestro de migrantes por parte del crimen organizado adquirió ya proporciones de tragedia humanitaria –subraya–, se trata de una práctica delictiva sistemática y continuada, que las autoridades no quisieron reconocer sino hasta que la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (agosto de 2010), volvió imposible que continuaran negando la existencia de este problema.”

El reconocimiento de esta práctica generalizada, sin embargo, va de más a menos: mientras las agrupaciones civiles dedicadas a la atención de migrantes han registrado alrededor de 60 mil secuestros en el último trienio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos logró documentar 21 mil casos. El gobierno mexicano, por su parte, niega la veracidad de tales datos y afirma que entre enero de 2008 y abril de 2010 sólo hubo 393 migrantes víctimas de secuestro.

No obstante, el mismo informe, sin embargo, presenta datos que se contradicen, pues asegura que en los últimos cuatro meses del periodo analizado, el Ejército liberó a 515 centroamericanos privados de la libertad por el crimen organizado, es decir, 122 más de las que el gobierno presentó como cifra total de víctimas.

Complicidad oficial

Poco después de la masacre de migrantes raptados en San Fernando, fray Tomás González llegó a Tenosique, Tabasco, donde además de encabezar las labores pastorales, fundó el Hogar-Refugio La 72, nombrado así en homenaje a las víctimas de aquella matanza.

“Nosotros no hemos tenido mucho tiempo para analizar la evolución de las estrategias de crimen –platica el franciscano, teniendo de fondo un óleo que muestra a Jesús, con características fisonómicas mayas, clavado a una cruz de grecas–, nosotros teníamos un río de sangre al cual era urgente poner un dique, llegaban los migrantes a denunciar secuestros, asaltos, violaciones sexuales, y también extorsiones de los distintos cuerpos de seguridad, desde la Policía Municipal, hasta el Ejército Mexicano, pasando por la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y el Instituto Nacional de Migración (INM)…. Y ese dique era la denuncia pública y ante las autoridades, aún estando infiltradas”.

–¿Cuál es el grado de complicidad entre funcionarios y crimen organizado, en materia migratoria? –se le pregunta.

–Es tanta que, por ejemplo, el año pasado nosotros detectamos una red de trata de mujeres centroamericanas, que era dirigida ni más ni menos que por el entonces delegado regional de Migración, Jorge Luis Mendoza Cruz, quien sometía a explotación sexual a jovencitas que enganchaba con la promesa de expedirles permisos de internamiento en el país.

Actualmente, este ex funcionario enfrenta proceso en prisión por la violación de una hondureña de 14 años, a la que sus cómplices extrajeron del mismo refugio de Fray Tomás y, destaca el fraile, antes de que el Mendoza Cruz fuera aprehendido, “en el Instituto Nacional de Migración hicieron de todo para encubrirlo, incluso lo movieron de Tenosique y lo pusieron al frente del órgano de control en Tabasco, para que él fuera su propio juez… hoy está preso”.

Por ello, admite, con frialdad: “No somos ingenuos, esto no hay quien lo pare. Parece una maldición el ser centroamericano, una maldición ser pobre, pues te conviertes en la mejor mercancía para el crimen organizado.”

Sin embargo, destaca este hombre moreno, vigoroso, así como ha florecido la estrategia de la delincuencia en contra de los migrantes, también han florecido en todo el país los refugios para protegerlos; y son albergues donde no sólo reciben agua, comida y hospedaje, sino donde se defienden sus derechos humanos, donde se pelea por una migración sin violencia.

“Nosotros no queremos que deje de haber migrantes –concluye–, nuestra meta final no es detener el flujo migratorio; de hecho, nuestra meta final es que deje de haber refugios para ellos, que desaparezcan todos los refugios, en el entendido de que vamos a llegar a una migración libre, no forzada, en donde las personas que van en el camino nos sean presa de nadie… sé que esto es una utopía, más en las circunstancias en las que está México, pero esa es la apuesta”.

Bajo amenaza del narco, profesionistas pasan droga a EU

ANTONIO HERAS
7 DE DICIEMBRE DE 2012 · 1 COMENTARIO
REPORTAJE ESPECIAL

La garita de San Isidro en Tijuana.
Foto: Claudio Vargas
MEXICALI, B.C. (apro).- En Baja California el crimen organizado empezó, bajó amenazas, a utilizar en el trasiego de droga a profesionistas mexicanos que laboran o viven en California.

Seleccionan a quienes cruzan a diario, con tarjeta Sentri que les permite evadir largas filas en las garitas y prestigio en la comunidad.

Las víctimas son obligadas a transportar en sus vehículos cargamentos de droga, sobre todo de cocaína, y cruzar por los puertos fronterizos de Tijuana.

Para ello reciben amenazas sobre la integridad de sus esposa y de sus hijos, por lo que se convierten, en silencio, en la enésima víctima del crimen organizado.

Su situación se agrava cuando son detenidos en las garitas porque se trata de cargamentos de sacrificio, como se denomina por ser distractores, ya que mientras los agentes de la vigilancia estadunidense se agolpan contra los portadores de droga detectados por los perros policías, en los otros carriles de los accesos de los puertos fronterizos cruzan decenas de cargamentos ante la complicidad de los oficiales.

Los profesionistas se refugian en el silencio ante el temor de que su reputación se haga añicos y prefieren enfrentar cargos federales para declararse culpables en busca de los beneficios del sistema penal de Estados Unidos.

Por ser la primera vez podrían conseguir trabajos comunitarios, en lugar de revelar la identidad y acusar a los narcotraficantes porque pondrían en riesgo la vida de sus familias.

Un caso

Diseñó los proyectos arquitectónicos del museo El Cubo del Centro Cultural TIjuana, el Centro Estatal de las Artes del parque Morelos y la Catedral Metropolitana de esta ciudad fronteriza, además de ser catedrático universitario e integrante del Colegio de Arquitectos.

En una carta a la opinión publica, el arquitecto Eugenio Velásquez reconoce estar involucrado en “una situación jurídica complicada en Estados Unidos por el tráfico de drogas desde México, y a la frontera con San Diego”, la cual no se puede entender fuera del contexto de la lucha contra el crimen organizado y sus consecuencias para los ciudadanos.

Señala que las víctimas no son sólo los muertos, que se cuentan por miles, y sus dolientes, sino también las personas que tienen la desgracia de llamar la atención al considerarlas presas fáciles.

En marzo conoció a un supuesto empresario originario de Guerrero que le pidió remodelar una zona de un rancho en Tecate. Una vez concluida la obra, volvió a aparecer en su vida, al lado de una mujer sinaloense, para exigirle que cruzara hacia Estados Unidos sin averiguar lo que se encontraba en la cajuela de su vehículo.

Le espetó la identidad de sus dos hijas y de su esposa, además confió en que sería fácil, toda vez que contaba con el acceso rápido que proporciona la tarjeta Sentri.

A diez vehículos de llegar a la caseta migratoria, la presencia de perros y agentes le provocaron una presión en el pecho y un vahído, pues sabía que estaba perdido. Antes de bajar del vehículo pasó por su mente el rostro de sus mujeres (esposa e hijas) y cerró los ojos.

En el centro de detención se encontró con decenas de historias de detenidos en circunstancias similares.

Por estrategia de su abogado emprendió una defensa legal para retomar su vida familiar fuera de los sistemas penitenciarios y acorde al sistema judicial estadunidense.

“Previo a este desafortunado incidente, jamás quebranté la ley de ningún país, no sufro de problemas de adicción de ningún tipo, mi compromiso es para mis clientes y empleados, y mi convicción es hacer el bien en todo momento”, dice.

Eugenio advierte que su vida tiene tres pasiones: Tijuana, la arquitectura y sus seres queridos, y se define como fruto de la cultura del esfuerzo que se ha ganado cada centavo que ha devengado.

“Si lo que me sucedió, entre paréntesis, y le sigue sucediendo a muchas personas, es el resultado de vivir en esta región fronteriza donde el tráfico de armas, drogas y personas es la constante; me considero afortunado, pues a pesar de haber perdido tanto, aún preservo el don más preciado: mi vida” dice al tiempo de señalar que sus acciones fueron resultado de una encrucijada, de una situación de alto riesgo, amenaza e intimidación.

El proceso legal está en camino y su sentencia será dictada este lunes 10 de diciembre en la Corte Federal de San Diego, California.

México reporta casos de trata para la extracción de órganos

Entre 2008 y 2010, en México se detectaron 320 casos de tráfico de personas con fines de esclavitud, específicamente para explotación sexual y para el sometimiento a trabajos forzados, así como dos caso en los que a las víctimas les fueron extirpados órganos

enero 1, 2013Paris Martínez @paris_martinez


Entre 2008 y 2010, en México se detectaron 320 casos de tráfico de personas con fines de esclavitud, específicamente para explotación sexual y para el sometimiento a trabajos forzados, así como dos caso en los que a las víctimas les fueron extirpados órganos, según el Reporte Global sobre Tráfico de Personas 2012, publicado en diciembre pasado por la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas (UNODC, por sus siglas en inglés).

Elaborado a partir de informes oficiales que cada estado presentó a la ONU, el Reporte Global señala que el tráfico humano con fines de remoción de órganos es un delito detectado en 16 naciones del mundo, tres de las cuales se encuentran en el continente americano: Brasil (con 24 casos confirmados oficialmente, y otros 15 documentados por fuentes extrajudiciales), México (con dos casos) y Bolivia (con dos casos).

En el caso concreto de México, los dos casos fueron reportados por la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y la Trata de Personas (Fevimtra), de la PGR, en el año 2010, aunque el reporte del gobierno federal no incluye la incidencia durante los dos años posteriores.

Según la definición del mismo reporte, los casos de tráfico humano para la extracción de órganos no forman parte del mercado internacional para transplantes, mismo que se encuentra regulado, y se constituyen cuando “una persona es reclutada por medio de coerción o amenazas de uso de la fuerza, con el objeto de removerle un órgano”.

Además de los casos reportados en América de 2007 a la fecha, la ONU ha identificado esta práctica en otros países de Medio Oriente, Europa, Asia y África, continente en el que la remoción de órganos y partes de cuerpos vivos se vincula con prácticas rituales.

El Muti africano

En torno al tráfico de personas con fines de extracción de órganos y otras mutilaciones corporales, estando las víctimas vivas, la Oficina de las Naciones Unidas para el Crimen y las Drogas puso énfasis en la práctica conocida como “Muti”, practicada en África y Oriente Medio, y que es usada en rituales.

“La creencia de que ciertas partes del cuerpo humano pueden proveer salud o prosperidad se encuentra en partes del Este y Sur de África, donde las partes que son removidas de personas vivas son consideradas más potentes que aquellas tomadas de cadáveres”, destaca el documento de la ONU.

En particular, las personas que nacen con albinismo son “particularmente vulnerables ante los crímenes que se vinculan con el muti, especialmente en el Este de África, donde las partes corporales de los albinos son consideradas por algunos como particularmente poderosas”.

Así, por ejemplo, en Burundi fue consignada entre 2007 y 2010 una veintena de personas vinculadas con el rapto de albinos, mientras que 12 personas con esta deficiencia de pigmentación fueron rescatadas antes de su sacrificio.

En el mismo periodo, en Siria fueron detenidas 12 personas por tráfico de órganos y partes humanas, mientras que en Uganda se reportó el sacrificio ritual de 54 niños.

Por último, en Yemen, nación de Oriente Medio, se tienes documentados 300 casos de mutilación ritual y remoción de órganos.

México, las otras víctimas

Además de reconocer que en México existe trata de personas para el comercio de órganos, el gobierno federal reportó a la ONU otros tipos de tráfico de humanos, con mayor impacto y expansión en el país, como el sometimiento a trabajos forzados (que es el de mayor incidencia) y la explotación sexual, así como una mezcla de ambos.

Así, entre 2008 y 2010, en el país se detectaron 210 casos de personas sometidas a trabajos forzosos mediante coerción, amenazas, uso de la fuerza, rapto o engaños.

Además, otras 94 víctimas reconocidas por el gobierno federal fueron sometidas a explotación sexual, en tanto que otras 16 eran, además de prostituidas, obligadas a realizar trabajos de servidumbre.

En total, de las 322 víctimas de tráfico humano en el lapso reportado, 108 eran mujeres, 76 niñas, 100 hombres y 38 hombres.

Además, 82 eran de nacionalidad mexicana, 154 guatemalteca, 19 hondureña, 17 salvadoreña, y 40 de otros países.

En Los Cabos operan bandas bien organizadas de trata de personas, asegura PGR.

El delegado de la procuraduría dijo que ya se tienen tres denuncias a las cuales se les ha dado seguimiento de manera sigilosa para poder detener y sancionar a los responsables.

Raymundo León, corresponsal
Publicado: 24/02/2013 17:52


La Paz, BCS. Tras la apertura en noviembre pasado de la primera agencia especializada en trata de personas en el país en esta entidad, el delegado de la Procuraduría General de la República, José Bernal Romero, informó que ya se tienen tres denuncias a las cuales se les ha dado seguimiento de manera sigilosa para poder detener y sancionar a los responsables.

Dijo que aunque se tienen conocimiento de los hechos denunciados en medios de comunicación y se abrieron las averiguaciones previas correspondientes no se han llevado a cabo operativos ni se ha detenido a nadie por estrategia, porque el objetivo es reunir todos los elementos para capturar a los responsables de la trata de personas y que no tengan la oportunidad de ser liberados por alguna falla en el procedimiento.

Mencionó que las tres denuncias son del municipio de Los Cabos, donde existe información de que operan bandas criminales muy organizadas dedicadas a la trata de personas.

Dijo que ya se reunió con el presidente municipal de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, para hablar sobre el asunto y porque son los elementos de la policía municipal quienes tienen mayor información, pero acordaron manejar las cosas con discreción para no ahuyentar a los delincuentes.

No se trata, dijo, de hacer operativos y detener a los niños que son utilizados para ejercer la mendicidad o menores atrapadas en la prostitución, porque además son renuentes a dar datos por diversos motivos, sino a quienes son responsables de este tipo de esclavitud.

“Topos”: los esclavos del narco.

Miembros del crimen organizado “reclutan” a obreros que buscan cruzar hacia EU para cavar los narcotúneles

El departamento de Seguridad Nacional de EU reveló en su último reporte del año 2012, que desde 1990, 150 túneles de droga fueron descubiertos en la frontera entre California y México Especial
●●●●●●●●

CONSTRUCCIÓN. La obra tiene iluminación y ventilación artificiales, un sistema hidráulico para descender, así como rieles para guiar un “carrito” similar a los que se usan en las minas. (Foto: LAURA SÁNCHEZ EL UNIVERSAL )

Domingo 24 de marzo de 2013 Laura Sánchez / Corresponsal | El Universal
Comenta la Nota

estados@eluniversal.com.mx

TIJUANA.- Cuando lo vio parado en la esquina del parque, susurrándole algo a otro que llevaba su mochila abrazada, Juan José supo que estaba en el lugar correcto: comprendió que se trataba de un coyote y que él lo cruzaría. Lo que nunca supuso fue que no llegaría jamás a Estados Unidos y que lo esclavizarían durante dos meses en la construcción de un narcotúnel.

Desde que salió de El Rosario, Sinaloa, hacía pequeñas paradas para preguntar a extraños como podía pasar a Estados Unidos. Desde hace meses, Juan José ideó en su cabeza llegar en camión a Sonora y agarrar otro camión y otro y otro... hasta llegar a San Luis Río Colorado.

Un día, dos días y ahí estaba Juan José, al despuntar la mañana, deambulando sin rumbo en un polvoriento parque de bancas descoloridas. Preguntar por un pollero para cruzar el desierto de Sonora “se me hizo fácil”. Eso sí, tenía miedo.

Era diciembre de 2012. El pollero le ofreció a Juan José un trato irrechazable: no tendría que pagar hasta que estuviera en Yuma, Arizona, y el cruce fronterizo se haría por el poblado de Algodones, localizado al este de Baja California.

“Me di cuenta que el camión siguió derecho por Mexicali y llegue a otra ciudad; se llamaba Tijuana”. El pollero le advirtió que para llegar a Estados Unidos tenía que ganarse unos centavos. Y hasta le haría un favor personal: lo dejaría en un almacén, con un tal “Juanito”. Un día sacaría tierra y se ganaría mil pesos. A Juan José ese mes “se lo tragó la tierra”.

Un golpe histórico

Amaneció nublado el 4 de febrero en Tijuana. Más oscuro que de costumbre. Aunque algunos dicen que Otay, localizada al norte de la frontera, casi siempre luce funesta: la adornan humos negros que emanan los parques maquiladores y los miles de camiones de carga que cruzan por la garita hacia Estados Unidos.

Ese día, los radios matra hicieron lo suyo y no dejaron de sonar: “¡Adelante! ¡Adelante!” “¡pi, pi!”. Terminaba la “operación narcotúnel”. A las tres de la tarde, personal del Ejército asestaban en la calle de Junípero Serra un golpe histórico: frustraba la construcción de un túnel con destino a Estados Unidos y resguardaba en el cuartel militar Morelos a 17 personas. En otros túneles no ha había detenidos, sólo sospechas.

Vejados, como esclavos, los detenidos vivieron en el sótano de una bodega de carga con el membrete “Asociación de distribuidores”, en el número 17603, un pequeño inmueble color verde que a primera vista sólo albergaba un escritorio, un teléfono de cable y un florero del que se desbordaban coloridas margaritas.

Estaba cerca de la aduana mexicana y a 200 metros de la garita internacional para ingresar a San Diego, California.

Durante tres meses, a 17 hombres jóvenes, en su mayoría originarios del Rosario, Sinaloa, se les prohibió contacto con el exterior: se convirtieron en “topos”.

El lunes 4 de febrero, Juan José volvió a existir. El día que el Ejército descubrió al migrante, contratado para hacer trabajos en la obra, reveló que en diciembre supuso que la “obra” era un túnel y concluyó que su encierro sería para largo.

Las opciones del sinaloense se redujeron a dos: escapar o trabajar. La primera implicaba que el “Juanito” lo matara, pues fue tajante y a mentadas de madre lo recibió: “¡Si te escapas, te voy a matar!”; la segunda, incluía la esperanza de que lo dejaran libre cuando terminara el pasadizo y cobrar mil pesos cada tres semanas.

Sólo un obrero

Cuando los cabos del 28 batallón de infantería, Hernández, Tinajero, Rosas, Hernández y Molina abrieron la puerta de la bodega, lo primero que vieron fue la silueta de un hombre. Vestía un pantalón de mezclilla café y una chamarra del mismo color. Una capa de polvo cubría su rostro. Era Juan José. Iba vestido de “topo”.

—¿A qué te dedicas? —le gritó el cabo Hernández.

—Soy obrero —respondió sin titubear Juan José.

Hernández lograba ver al fondo dos hombres que cargaban costales de tierra sobre una plataforma, mientras Tinajero se percataba que algo brillaba detrás de una puerta de madera. Era una canastilla de metal, empleada como elevador e instalada con sistema eléctrico, los militares encapuchados descendieron 10 metros bajo tierra. Encontraron el túnel.

El pasadizo tenía un metro con 20 centímetros de altura y 80 centímetros de ancho, sistema de iluminación, ventilación y rieles con dirección a la línea fronteriza. A pico y pala, una cuadrilla de hombres, sucios, delgados, vejados y tratados como esclavos excavaban para que Joaquín El Chapo Guzmán cruzara su droga hasta San Diego, California.

Debajo de la tierra, los 17 hombres relataron que habían sido llevados con engaños y una vez dentro fueron amenazados. Con Juan José, otros 16 nombres volvieron a salir del subsuelo: José de Jesús, Jesús, Fernando, Abel, Jairo, Fernando, Rogelio, Antonio, Juan, Roberto, Alonso, José, Daniel, Lucio, Leopoldo y Jesús.

Pasadizo salida

Los esclavos eran arriados por un tal “Juanito”. José de Jesús lo recuerda: “Yo estaba en Tijuana buscado quién me cruzara a Estados Unidos, y un hombre en la colonia Pegaso me dijo que un amigo podía hacerlo. Me llevó en la cajuela de su pick up, pero me dejó en una bodega. Ya ahí me dijeron que tenía que trabajar excavando, si no matarían a mi familia”.

Otro de los sometidos fue Juan Carlos, un joven de apenas 24 años de edad. Originario de Tijuana, se la sentenciaron: “Aquí ya no hay salida”. Pasaba frente a la bodega cuando un hombre le ofreció trabajo desarmando y armando “racas”. Al entrar le apuntaron en la cabeza: “Ya no hay salida, no hay”. Le advirtieron que de ahora en adelante su vida sería escarbar, escarbar y sacar tierra.

Alonso Guadalupe, de 31 años, nació en El Rosario, Sinaloa. Sabe leer y escribir, aunque no terminó la primaria. Lo agarraron con el pico en las manos, callosas y llenas de lodo.

Lejos de asustarse cuando llegaron los elementos del Ejército, se sintió aliviado. “Nadie corrió”. Total, todos estaban obligados y amenazados. Como era costumbre, a mentadas de madre les recordaban: “¡Si llego y no están haciendo nada, los voy a matar!”.

Los 17 hombres fueron “reclutados” durante diciembre. Algunos eran migrantes, otros desempleados; todos dicen que fueron obligados a cavar el subterráneo durante más de dos meses, hasta que el Ejército los capturó.

Les prometieron sueldos de 800 pesos para el que era campesino, tarimero u obrero; a los que tenían conocimientos de albañilería, les darían mil pesos. Nunca vieron el dinero.

Los “topos”, como los llaman, están recluidos en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana. Fueron acusados de delitos contra la salud, en su modalidad de colaboración al fomento para posibilitar la ejecución y se encuentran en la espera de su juicio. De ellos, 16 nunca fueron procesados en el pasado.

Frontera perforada

El Departamento de Justicia de Estados Unidos, en su reporte denominado “Riesgos de la droga”, documentó que aproximadamente 100 túneles habían sido hallados en la frontera de México del año 2005 a 2010.

Mientras que el Departamento de Seguridad Nacional reveló en su reporte del año 2012 que desde 1990 más de 150 túneles de droga fueron descubiertos en la frontera entre California y México, la mitad de ellos la detectaron en los últimos cuatro años.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de los Derechos Humanos, lanza una pregunta: “¿Qué iba a pasar con estas 17 personas? ¿Los narcotraficantes se iban a arriesgar a que platicaran sobre la construcción?”. La hipótesis del activista es que iban a ser asesinados.

Miles de personas han desaparecido en la frontera de México. Defensores de derechos humanos y el mismo centro binacional calculan que cientos de ellos pudieron ser asesinados en la construcción de los llamados narcotúneles.

“Son trabajadores, aspirantes a indocumentados, mano de obra barata y desechable. Esta parte de la frontera, Otay, está perforada. Es apta porque el ruido del aeropuerto de Tijuana les permite realizar las excavaciones”, dijo Clark Alfaro.

Son túneles con salida y sin ella, con rieles eléctricos, con cuerdas, elevador, refrigeración, recubrimientos, construidos a pico y pala por los “topos”, los esclavos modernos del narcotráfico.

La Redacción
13 de abril de 2013 · 11 Comentarios
Destacado



MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tras varias pesquisas, una niña de cuatro años robada el 1 de abril pasado en la Plaza Bicentenario de Texcoco, Estado de México fue localizada en El Salvador.

El ayuntamiento de Texcoco dio a conocer que Valeria fue encontrada por la policía en Sonsonate, provincia de El Salvador.

Valeria Hernández de Jesús fue secuestrada por un sujeto que le prometió comprarle un conejo, mientras ella y una prima jugaban.

La madre de la niña es comerciante y en esos momentos instalaba su puesto.

Las autoridades consulares indicaron que el estado de salud de la menor es bueno.

El secuestro de Valeria fue boletinado por medios nacionales y en las redes sociales, lo que también ayudó en su localización.

La familia de Valeria constató vía Internet que efectivamente se trataba de la niña, quien fue robada de la Plaza Bicentenario.

En un comunicado, el gobierno de Texcoco indicó que “la policía del país de El Salvador encontró a una niña deambulando por la calle y después de varias pesquisas se determinó que la infante de 4 años era la niña Valeria Hernández de Jesús”.

Se espera que en las próximas horas y con la intervención de la embajada de México, la menor llegue a México para reunirse nuevamente con su familia.

Por medio del sistema alerta Amber las autoridades del Estado de México lograron localizar a la pequeña.

Funcionarios de la Procuraduría General de Justicia del Edomex se trasladaron a El Salvador para confirmar la identidad de la niña y coordinar su repatriación a México.

Este domingo estaba prevista una manifestación en apoyo a la familia de Valeria.

jean-baptiste lamarck en Proceso escribió:

Manuel Burgos · Reportero en El Noticiero Canal 6
Soy reportero en El Salvador, la niña no estaba deambulando, alguien la dejo en un negocio de una zona del occidente de este país, es un hombre que llegó al negocio y dijo que la niña estaba cansada que si podía dejarla ahí mientras hacía una diligencia y presentó un pasaporte de México que lo dejo a quien entregó a la niña, pasaron horas y esta persona nunca volvió, la familia dueña del negocio llamó a la policía que detecto que la niña estaba siendo buscada en México el jefe del sistema 911 de la zona donde fue encontrada Valeria llamó a las autoridades de Texcoco y ellos confirmaron la información. El caso lo publicamos en la televisión de El Salvador la noche de este viernes, es una historia que sorprende, nunca imaginamos que esta historia tuviera un contexto tan extraño como este. La policía de El Salvador llamó a la embajada de México que ha dicho que hará las diligencias necesarias para llevar a la menor a su casa. La niña fue examinada por un médico y esta bien, ella tenía una bolsa con ropa, una muñeca y sonríe al sentirse observada. Yo la ví y me dijo que su madre se llama Ana Cecilia que con ella paseaba por la Plaza Bicentenario, lleve el caso a Twitter y bueno mucha gente comenzó a preguntar y decían que yo mentía que la niña la daban por muerta en México y que no era posible que estuviera aquí en El Salvador, por suerte la historia tuvo un final feliz y espero que pronto Valeria regrese a su casa y que este bien. saludos desde El Salvador..mi nombre es Manuel Burgos, trabajo en El Noticiero de Canal 6 de tv. @manu_TCS.

La venta de niñas y las bodas arregladas son comunes en Chiapas: ONG; el Estado le incumple a mujeres, dice

Por: Shaila Rosagel - marzo 17 de 2014 - 0:04


Ciudad de México, 17 de marzo (SinEmbargo).– El caso de una menor  tzotzil de 14 años, Roxana “N” que fue encarcelada en Chiapas al abandonar a su pareja y negarse a devolver 15 mil pesos más intereses que pagó por ella, no es el único: la venta de niñas en la región, en pleno Siglo XXI es una práctica frecuente, dijo Jennifer Haza Gutiérrez, directora general del Melel Xojobal.

“No hay información sistemática de cuál es la incidencia de pagos de mujeres que son vendidas a hombres para contraer matrimonio, pero es una práctica habitual en municipios como San Juan Chamula e incluso en San Cristóbal de las Casas, donde sucede a menudo”, dijo la defensora de los derechos de la infancia.

Roxana, de 14 años, permaneció en una cárcel comunitaria en San Juan Chamula durante 29 horas, cuando un Juez de la Paz le impuso una multa que no pudo pagar porque abandonó al hombre con la que la obligaron a casarse.

La familia de la menor recibió 15 mil pesos por ella. La metieron a la carcel porque ella huyó y, por lo tanto, no cumplió el acuerdo que hicieron sus padres.

“Aquí la familia argumenta que ese dinero lo pagó para gastos de la boda, pero el asunto es que los Usos y Costumbres no se pueden argumentar para evadir la responsabilidad que el Estado tiene y para ocultar que no puede garantizar los derechos de las adolescentes y de las niñas. De acuerdo con el Código Civil del Estado de Chiapas ningún menor de 16 años puede contraer matrimonio sin el permiso de los padres y de acuerdo con el Artículo 17 de la Constitución Mexicana nadie puede ir a prisión por deudas de carácter civil”, dijo la Haza Gutiérrez.

Sin embargo, la familia de Roxana dijo a la prensa el día de su liberación, que el juez ordenó a la niña pagar una multa de 24 mil 700 pesos por los gastos de la boda que demandaba la familia de su esposo, así como por los intereses generados. Al no poder pagar esta suma, fue encarcelada bajo promesa de ser liberada cuando abonara dicha deuda.

Estuvo entre “mierda y basura”, dijo, por negarse a tener una vida marital a los 14 años.

La Carta Magna es clara. En el artículo segundo de la Constitución, reformada el 14 de agosto de 2001, se establece el derecho de las comunidades indígenas a regirse bajo sus Usos y Costumbres, la Ley ampara a la mujer, al menos en teoría.

El párrafo segundo establece el derecho de las etnias de: “Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres”.

En el caso de Roxana se violaron todos sus derechos, pues la menor precisó al momento de su liberación al diario La Jornada que fue detenida para obligar a su familia a pagar 24 mil pesos por haberse separado de su pareja, Armando López de 18 años de edad, luego de vivir juntos tres meses.

“En general se violaron los derechos de la niña, sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho de elegir a su pareja y de decidir separarse de esa persona. Una niña indígena tiene exactamente los mismos derechos de una que no lo es y en este caso se debe investigar a quienes violentaron sus derechos y tomar las medidas necesarias para salvaguardar su integridad”, dijo.

Jennifer Haza indicó que la violación de los derechos de la mujer en Chiapas es grave y que el Estado se mantiene al margen.

“Este es un asunto más amplio, una situación de violencia contra las niñas, adolescentes y mujeres en el estado, muchos casos de indígenas que no se han atendido, pero también de no indígenas”, dijo.

UN ESTADO OMISO


El Estado permanece  omiso en casos de violencia contra la mujer. Foto: Cuartoscuro

En Chiapas no sólo se vende a las niñas indígenas, también se asesina a las mujeres y el Estado permanece omiso.

Alma Padilla García, coordinadora del Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, dijo que en lo que va de 2013 se registraron más de 80 casos de feminicidio en la entidad y un centenar más de denuncias de abusos.

El noviembre del año pasado varias organizaciones solicitaron al Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) emitir una alerta de género debido al incremento de las agresiones en la entidad, pero fue negada.

Ante la negativa, el colectivo de organizaciones decidió declarar su propia alerta de género e iniciar una campaña de concientización y prevención.

“El Estado no está cumpliendo con la parte que le toca en los procesos de transformación. En promedio  en lo que va de 2014 son como 100 casos de violaciones a nivel general. El Estado debería generar procesos reales de justicia y estar atento a las violaciones que se cometen en contra de las mujeres, el caso de la niña no es el único, hay muchos y no sólo en las comunidades indígenas y campesinas, también en las ciudades”, dijo Padilla.

La activista dijo que el Estado mexicano no ha generado procesos educativos y de justicia para las comunidades en Chiapas.

“Quedan en la impunidad, no se siguen los parámetros de las leyes reales, no les dan a las mujeres traductoras, no se le pone atención a su situación jurídica. El caso  de la niña encarcelada devela que no sólo es la situación de los usos y costumbres, sino que el Estado no atiende no está cumpliendo. No es sólo la responsabilidad de una comunidad, sino del gobierno mexicano”, dijo.

De acuerdo con Alma Padilla, la alerta de género tendría como función no sólo poner atención en los feminicidios, sino también en el resto de violaciones de derechos humanos que se cometen en Chiapas, como la venta de las hijas para matrimonio.

En México ningún estado del país ha emitido una alerta de género, cuando al día se cometen 6.4 feminicidios según datos del informe y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

Hasta la fecha el gobierno federal negó la alerta de género en ocho ocasiones en total a los estados de Oaxaca, Chiapas, Estado de México, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León.

La última declaratoria que se negó fue a Chiapas, pues la solicitó exactamente el 25 de noviembre, cuando se publicaron los cambios en el Diario Oficial de la Federación, pero se resolvió con el reglamento anterior, debido a que el nuevo entró en vigor un día después de su publicación.

15 de abril del 2014

México, 15 de abril.- El Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se reunió con las senadoras estadounidenses Amy Klobuchar de Minessota y Heidi Heitkamp, de Dakota del Norte, quienes abordaron la cooperación bilateral en el combate a las redes transnacionales de tráfico y trata de personas que afectan a ambos países.

En la reunión se hizo referencia a los logros alcanzados mediante el trabajo coordinado e intercambio de información entre la PGR con agencias americanas del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional.

La cooperación ha dado como resultado detenciones y condenas en contra de personas acusadas del delito de trata. La delegación americana manifestó su reconocimiento hacia el importante trabajo realizado por la FEVIMTRA en el combate a estos delitos.

Por su parte, la Sra. Cindy McCain, miembro activo de diversas organizaciones en contra de la trata y explotación de personas, y representante del Instituto para el Liderazgo Internacional McCain, se refirió a la importancia de combatir la trata desde una plataforma educativa y cultural, para lo que manifestó su interés en trabajar con la Fiscalía.

Asimismo, se hizo hincapié en la importancia de fortalecer la atención a las víctimas de este delito en ambos lados de la frontera, encaminada a lograr una adecuada resocialización de las mismas, así como de la relevancia de mantener una estrecha colaboración en la investigación del mismo.

La guerra de Calderón dejó a 30 mil niños en manos del narco: Red por los Derechos de la Infancia en México

Por: Shaila Rosagel - abril 16 de 2014 - 0:05



Ciudad de México, 16 de abril (SinEmbargo).– La guerra contra las drogas que emprendió la administración de Felipe Calderón Hinojosa, no sólo dejó a su paso una estela de muerte y desaparecidos, sino también alrededor de 30 mil niños esclavos del narcotráfico, dijo Juan Martín Pérez García, director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM).

Al fenómeno de la trata de niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual, los dos crímenes más frecuentes, se le sumó la privación de la libertad para convertirlos en sicarios, “halcones” o para obligarlos a trabajar en la cosecha de marihuana o en los laboratorios de metanfetaminas.

“A partir de 2007 cuando el Estado mexicano se confronta con grupos criminales, cuando hay una confrontación militar y hay uso de armas, municiones y se requiere de más gente, se da el reclutamiento forzado de adolescentes. Nosotros tenemos como cifra muy conservadora que para 2011 había entre 25 mil y 30 mil niños y adolescentes dentro de lo que llamamos la ‘narco explotación’, pero es sólo un cálculo en base a las cifras que hay disponibles del número de adolescentes detenidos por portación de armas de uso exclusivo del Ejército o daños contra la salud”, dijo el directivo.

Juan Martín recordó el caso de Édgar Jiménez, el jovencito de 14 años apodado “El Ponchis” que fue capturado en 2010 y que confesó participar en cuatro decapitaciones.

“Este niño fue criminalizado por todos, por las autoridades que lo presentaron a los medios y por la prensa a pesar de que lo primero que él dice es que fue levantado, drogado por estas personas que lo obligaron, pero eso no fue atendido por nadie y se le consideró como el único responsable cuando fue víctima de la narco explotación para cometer crímenes”, dijo.

“El Ponchis” fue detenido en el aeropuerto de Cuernavaca, Morelos cuando se disponía a viajar con dos de sus hermanas.

“He matado a cuatro personas, los degollaba. Sentía feo al hacerlo. Me obligaban. Que si no lo hacía me iban a matar. Yo nada más los degollo, pero nunca fui a colgar a los puentes, nunca”, dijo el adolescente.

NIÑAS PARA LA TRATA O NARCOEXPLOTACIÓN

El director de REDIM indicó que también durante los últimos años, especialmente durante 2013 se recrudeció la desaparición de jovencitas en todo el país.

Las adolescentes podrían ser reclutadas para la trata, otra de las variantes de la “narco explotación”.

“Quisiera destacar como uno de los temas delicados las desapariciones de mujeres adolescentes que han crecido en el último periodo, hay una percepción, que nos hace sospechar que puedan estar vinculadas con el crimen organizado, esclavitud sexual o trata”, dijo.

El tema de la explotación sexual o esclavitud sexual de las niñas y adolescentes ha sido denunciado en varias ocasiones por quienes viven las secuelas del narcotráfico diariamente.

El año pasado fue Juan Manuel Mireles Valverde, líder del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec, Michoacán, quien reveló que se levantaron en armas cuando Los Caballeros Templarios empezaron a violar a las mujeres.

“Llegaban a tocar a la puerta de las casas y decían: ‘me gusta mucho tu mujer, ahorita te la traigo, pero mientras me bañas a tu niña porque esa sí se va a quedar conmigo varios días’ y no te la regresaban hasta que estaba embarazada”, dijo Mireles en su primera aparición mediática.

En noviembre del año pasado, Javier Cortés, vicario General de la Diócesis de Apatzingán, reveló que cuando era párroco en La Ruana, Michoacán tuvo que escuchar en el confesionario el lamento de varias niñas entre 15 y 16 años violadas y obligadas a pasar uno o dos días con los narcotraficantes a cambio de la vida de sus padres.

Esa situación se convirtió en algo habitual para el sacerdote, quien presenció todo tipo de vejaciones: violaciones, extorsión, amenazas y hasta la muerte de un sacerdote de otra de las comunidades de Tierra Caliente.

“Era el párroco de La Ruana y me tocó tratar los casos de señoritas, muchachas donde les pedían que si no se iban con ellos, sus papás pagarían las consecuencias. Eran niñas, muchachitas, adolescentes entre los 15 y 16 años que se veían forzadas a estar con ellos uno o dos días”, afirmó el Vicario a SinEmbargo.

Primero fue La Familia Michoacana y después, Los Caballeros Templarios, quienes llegaron a las comunidades y dejaron a su paso madres solteras en toda la región.

“Hay muchos niños regados, ellos se van los cambian y se quedan solas las madres con sus hijos”, mencionó el sacerdote.

No todos esos hijos fueron producto de violaciones, dijo, pues las vejaciones a las jovencitas de las comunidades eran tan habituales, que las mujeres tomaban anticonceptivos.

“Las señoritas han tenido el cuidado de no quedar embarazadas, hasta ahí hemos llegado”, dijo.

Aquello fue el detonante para que las guardias comunitarias se levantaran en armas en febrero de este año.

“Decían los padres de familia que no era posible que las niñas fueran para ellos y sirvieran para ellos. Fue muy difícil tratar a estas niñas”, narró el sacerdote.

HACE FALTA UN A POLÍTICA DE ESTADO

Aunque en México de acuerdo con los últimos estudios hay alrededor de 85 mil niños explotados con fines sexuales y 30 mil esclavos del narcotráfico, el común denominador que denuncian los especialistas, es que no hay cifras exactas y tampoco un sistema que permita tener claridad del fenómeno.

Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas AC (Adivac), dijo que las estadísticas sobre la trata de niños en el país no se apegan a la realidad.

“El número de niñas y niñas que están siendo tratadas es muy elevado, la cuna de la trata es Tlaxcala y el corredor que va de Puebla a Veracruz. De ahí es de donde están obteniendo una gran cantidad de niños, puedes ver casitas bien pobres en una colonia de Tlaxcala y de repente una casita rosita, amarillita, muy arregladita donde se están tratando niños. En Nuevo León se están llevando a las niñas que van hacer ejercicio cuando regresan a su casa”, dijo.

El director de REDIM indicó que se requiere de un diagnóstico nacional sobre todas las formas de violencia en contra de la infancia que involucre regiones y características que permitan encontrar patrones.

“Nos hace falta un sistema de información integrado sobre infancia que nos ayude a entender qué relación tiene la desaparición de un adolescente en una región, si hay presencia del crimen organizado y un sistema nacional de garantía que permita que las acciones del gobierno estén articuladas”, dijo.

Isabel Margarita Nemecio, coordinadora del Área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, especializada en el tema de explotación infantil en los campos agrícolas del país, coincidió en que se necesita una política de Estado para mejorar la situación de los niños y niñas que son esclavos en el país.

“El gobierno federal sólo realiza operativos: va a un campo y supervisa y se encuentra niños los saca de ahí y nada más. El año pasado hicimos una investigación en Guanajuato y sigue habiendo trabajo infantil, no se ha erradicado y el gobierno sigue sin tener claridad de cuáles serán los mecanismos de seguridad y protección para esos niños y niñas adolescentes del campo”, dijo.

Nemecio reveló que 30 por ciento de los jornaleros agrícolas que laboran en los campos mexicanos tienen entre cinco y ochos años de edad y laboran en condiciones de esclavitud, parecidas a la época del porfiriato.

De acuerdo con los últimos datos del Módulo de Trabajo Infantil (MTI) 2011 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) hay aproximadamente tres millones de niños entre cinco y 17 años que realizan alguna actividad económica en el país.

El módulo indica que del total de la población femenina infantil y adolescente que trabaja en México 58.2 por ciento cubre una triple jornada y combina su trabajo con los quehaceres domésticos y además estudian.

El 31 por ciento de las niñas que trabaja y realiza quehaceres domésticos, no asiste a la escuela.

Nemecio aseguró que no existen mecanismos que prevean educación, guarderías, salud y las condiciones de los albergues en las zonas donde se emplea a los jornaleros y a sus familias.

“Son medidas urgentes las que se necesitan. Nosotros lo vimos en esta temporada de migración que empezó en noviembre en las zonas de atracción y de origen, los contratistas lo único que hacen es decir que no pueden admitir niño que no están en edad de trabajar y muchas mamás se quedaron con tres o cuatro pequeños en las comunidades, lugares donde no tienen escuelas o donde hay que caminar dos horas para ir a la más cercana. Entonces sí hay que sacarlos del campo, pero abocar esfuerzos para mejorar sus condiciones de vida”, dijo.

De acuerdo con datos de la organización Save the Children en el mundo existen 218 millones de niños y niñas que trabajan entre los cinco y los 17 años, de los cuales 126 millones hacen trabajos peligrosos y ocho millones lo hacen en condiciones de esclavitud.

El mayor número de pesquisas se inició en DF, Guerrero, Tamaulipas y Tlaxcala


El MPF proporciona los datos en respuesta a una solicitud de información pública
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada

Sábado 19 de abril de 2014, p. 12

Entre junio de 2012 y enero de este año el Ministerio Público Federal (MPF) rescató a más de 180 víctimas de trata de personas en todo el país; las entidades donde mayor número de investigaciones se iniciaron por la comisión de ese ilícito fueron el Distrito Federal, Guerrero, Tamaulipas y Tlaxcala, señalan informes de la Procuraduría General de la República (PGR).

Datos proporcionados por el MPF en respuesta a una solicitud de información pública refieren que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional, así como la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas, tienen registros de hombres y mujeres que han sido víctimas de esos ilícitos.

En Baja California se registraron dos casos de mujeres afectadas; en Coahuila, dos; en Chiapas, nueve; en Chihuahua, cuatro; en Durango, una, y en Baja California Sur, ocho y 13 hombres.

En el Distrito Federal se iniciaron investigaciones por los casos de 50 mujeres victimizadas y Guanajuato emprendió 11 indagatorias por ese delito cometido contra un varón y 10 mujeres.

Guerrero registró en ese lapso tres casos de trata contra mujeres; Hidalgo, dos; estado de México, 12; Morelos, dos; Nayarit, uno, y Oaxaca, ocho.

En Puebla, 16; en Querétaro, uno; en Quintana Roo, seis; en San Luis Potosí, uno; en Sonora, dos; en Tabasco, uno, y en Tamaulipas, 25; todos ellos contra mujeres.

En Tlaxcala (donde se han desmantelado tres redes de tratantes en las últimas semanas) se rescataron 33 mujeres que eran víctimas de ese delito; en Veracruz, seis, y en Yucatán, cuatro.

La mafia cubano-americana fue cediendo el control de esta actividad a la organización; operan en Isla Mujeres, Cozumel y Cancún, Quintana Roo

21/04/2014 05:41 David Vicenteño


Migrantes descansan en Villahermosa Unos 500 migrantes –procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador– encabezados por fray Tomás González Castillo llegaron ayer al refugio Casa de Retiro Renovación Carismática Católica en Tabasco. Vienen desde la fontera sur y pretenden cruzar el país para llegar a EU.


CIUDAD DE MÉXICO, 21 de abril.- A mediados de la década pasada, el grupo de Los Zetas tomó el control de las actividades de tráfico de indocumentados, principalmente de ciudadanos cubanos, en Isla Mujeres, Cozumel y Cancún, los tres puntos con más movimiento de este delito en el estado de Quintana Roo.

Fuentes del Gabinete de Seguridad explicaron que personas identificadas con la mafia cubano-americana fueron cediendo el control de esta actividad a Los Zetas, a partir del pago de derecho de piso o de enfrentamientos, en el que fueron perdiendo a sus principales operadores.

Tal es el caso de Yandris León Placía, quien era investigado por autoridades de México y Estados Unidos como uno de los principales operadores del tráfico de personas desde la isla del Caribe hacia Estados Unidos, con un centro de operaciones en Isla Mujeres.

El traficante de cubanos estuvo al frente de esta actividad hasta el 8 de octubre de 2012, cuando fue asesinado en calles del fraccionamiento Santa María Sike, en Cancún, en medio de la disputa con Los Zetas por el cobro de piso y las extorsiones que ya cobraban a los cubanos ilegales en México.

Antes del homicidio de León Placía, otro cubanoestadunidense vinculado con el tráfico de indocumentados, identificado como Oniel Torna Rosado, sufrió un ataque con un arma de fuego, del que resultó sólo con lesiones en una pierna. Al parecer, la autoridad le perdió el rastro.

Posteriormente fue ultimado Humberto Febles Santana, presunto cómplice de León Placía en el traslado de los cubanos de Isla Mujeres hacia Estados Unidos.

Las fuentes explicaron que el tráfico de ilegales cubanos opera a partir del pago que familiares realizan en Florida los grupos de la mafia cubano-americana, para sacar a las personas de la isla.

El traslado y recorrido de aproximadamente 150 kilómetros se realiza principalmente en lanchas rápidas y, ocasionalmente, en yates con matrículas de Florida, para evadir a las autoridades mexicanas.

De acuerdo con una investigación de ESPN magazine y Los Angeles magazine –en un adelanto de una publicación que aparecerá en mayo próximo–, el pelotero de Los Dodgers, Yasiel Puig, pudo haber sido víctima de estos grupos de traficantes de personas a su salida de Cuba.

De este caso en particular, las fuentes consultadas aseguraron no tener conocimiento.

Narcotráfico recluta a especialistas
Doris Gómora| El Universal
Domingo 25 de mayo de 2014
Tweet


OPINIÓN. "La situación económica también ha representado un elemento adicional de presión para que esos profesionistas acepten pagos que incluso están por encima de las ofertas laborales, estamos hablando de sueldos mensuales de 50 mil pesos, en promedio", precisó el agente de la DEA. (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )




Los cárteles mexicanos reclutan a profesionistas para operar en sus áreas estratégicas, de manera que incluso pueden pasar inadvertidos al llevar una vida paralela sin ser identificados, de acuerdo con información de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos


Los cárteles mexicanos del narcotráfico reclutan a profesionistas en áreas que son estratégicas para sus operaciones, lo que les permite contar con personal que puede pasar inadvertido e incluso llevar una vida profesional paralela para evitar ser identificados, señala información de la Agencia Antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

Entre los profesionistas que reclutan los cárteles se encuentran abogados, ingenieros químicos, contadores, ingenieros en sistemas, ingenieros constructores, arquitectos, ingenieros agroquímicos, notarios, pilotos y administradores, pero existen otros como los médicos, enfermeras e ingenieros en comunicaciones que son amenazados o secuestrados para que ayuden a esas organizaciones, indica la información.

El 23 de abril pasado, en Argentina fue detenido un ingeniero químico que procesó cocaína para diluirla en 2 mil litros de aceite y ocultarla dentro de dos transformadores que arribaron en un contenedor a Puerto Progreso, Yucatán, donde fue asegurada por fuerzas federales.

“Uno de los objetivos que tienen los cárteles al reclutar a profesionistas es lograr que sus operaciones sean ejecutadas por especialistas, y además que éstos pasen inadvertidos por las autoridades, pero normalmente el estilo de vida que llevan éstos es lo que los delata”, dijo un agente de la DEA que ha seguido este tipo de casos y que pidió no ser identificado.

A la fecha, explicó, no hay cifras precisas de los profesionistas reclutados por los cárteles de Sinaloa, Juárez, Los Zetas y La Tercera Hermandad, pero desde 2011 se calcula que el número aumentó 80%, especialmente tras la diversificación de sus operaciones en otros delitos.

El reclutamiento, detalló, lo realizan los cárteles normalmente a través de terceros, como abogados quienes, tras realizar un seguimiento y análisis de los candidatos, tienen acercamientos con ellos para informarles que desean contratarlos.

Los abogados tienen información con la que pueden extorsionar a los profesionistas, pero la mayor parte de las ocasiones no llegan a ese punto, debido a que la investigación previa a la reunión les permite saber que aceptarán, comentó.

“En otros casos, los profesionistas reclutados recomiendan a parientes o amigos, pero los abogados no se comprometen a nada y abren investigaciones, sólo de esa forma los contratan. La mayoría de los contratados cree que una vez que reúnan una cantidad y paguen sus deudas podrán salirse de ese trato, pero la realidad es que sólo muertos podrán hacerlo”, expresó.

Proceso de selección

Los abogados que trabajan para los cárteles mexicanos reclutan a profesionistas en México, Estados Unidos, Colombia y otros países mediante avisos en internet, bajo la figura de consultorías. Revisan los perfiles de webs especializadas en las que los profesionistas colocan sus currículums, piden información a agencias reclutadoras, a universidades y, en otros casos, ellos directamente se presentan con su objetivo, agregó.

“Sobre los profesionistas contratados por los cárteles de la droga, esas cifras no las tiene el gobierno de México o nosotros de manera precisa, porque es difícil obtenerlas, pero tenemos un número aproximado de ingenieros en comunicaciones secuestrados: más de 150 desde 2011 a la fecha”, comentó.

tenemos un número aproximado de ingenieros en comunicaciones secuestrados: más de 150 desde 2011 a la fecha

Difunde Estados Unidos lista de países que fallan en combatir tráfico de personas

Las naciones señaladas pueden perder inversiones y asistencia estadunidense

Migrantes detenidos en Zawiya, norte de Libia. El suroeste del país se ha convertido en atractivo para indocumentados que buscan llegar a Europa. Según autoridades, a diario cruzan 200 africanosFoto Reuters
Ap y Reuters

Periódico La Jornada
Sábado 21 de junio de 2014, p. 21

Washington, 20 de junio.

Estados Unidos agregó a Venezuela, Malasia y Tailandia a su lista de paíes en los que el tráfico humano es peor, elaborada por el Departamento de Estado. El informe, difundido este viernes, degradó a Belice, Bolivia y Panamá en la materia. El texto anual sobre tráfico de personas evalúa los esfuerzos por erradicar esa modalidad criminal y ubica a 188 naciones en cuatro grupos, según su efectividad.

Venezuela, Malasia y Tailandia descendieron a nivel tres en el Informe 2014 de tráfico de personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, ya que no cumplieron íntegramente los estándares mínimos para la eliminación del tráfico. Se trata del nivel más bajo en la clasificación de países y en la misma categoría están también Corea del Norte y Siria.

La nueva clasificación podría causar que algunas multinacionales reconsideren hacer inversiones en sectores a los que se acusa de usar el tráfico de personas, como en la pesca, negocio lucrativo en Tailandia, el mayor exportador mundial de camarón.

Las naciones también podrían perder la asistencia estadunidense no humanitaria y no vinculada con el comercio, y podrían enfrentar la negativa de Estados Unidos para ayudarlos en instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

Según el texto, Venezuela realiza esfuerzos insuficientes para combatir el tráfico sexual y el trabajo forzado. Además, no presentó un plan por escrito para alcanzar el cumplimiento de los estándares mínimos para eliminar ese tráfico.

"Estamos obviamente decepcionados por la decisión del Departamento de Estado", expresó en un comunicado el embajador de Tailandia en Estados Unidos, Vijavat Isarabhakdi.

El mes pasado Washington canceló algunos proyectos de cooperación en seguridad con Tailandia, en protesta por el golpe militar del 22 de mayo.

El presidente Barack Obama tiene 90 días para determinar si aplica sanciones a los países que recibieron la calificación inferior, pero suele no imponerlas alegando que perjudicaría la seguridad nacional estadunidense.

México tiene 45 mil niños desaparecidos y su fin es explotación sexual o tráfico de órganos, alerta fundación

Por: Shaila Rosagel - junio 28 de 2014 - 0:05
Causas, De revista, México, TIEMPO REAL, Último minuto - 13 comentarios

[img]http://www.sinembargo.mx/wp-content/uploads/2014/06/infante_vendedor_chicles-1.jpg]/img]

En México hay cerca de 45 mil niños desaparecidos que pueden ser utilizados para explotación sexual o tráfico de órganos. Foto: Cuartoscuro

Ciudad de México, 28 de junio (SinEmbargo).– En México existen 45 mil niños desaparecidos y una lista oficial de 3 mil averiguaciones previas por menores robados durante el último año y medio, que son sustraídos para explotación sexual, venta y tráfico de órganos, denunció Guillermo Gutiérrez Romero, presidente de la Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos.

Las bandas de secuestradores operan con mayor intensidad en el Distrito Federal, Estado de México, Veracruz, Tijuana, Monterrey, Guadalajara y en las zona fronterizas del norte y sur del país, gracias a la indolencia e impunidad de las autoridades mexicanas.

“Hay oficialmente en el último año y medio 3 mil casos de robo de niños y 45 mil que se consideran como desaparecidos, ausentes o que se fueron por su propia voluntad. No hay datos precisos de cuántos de ellos son para tráfico de órganos o explotación sexual, simplemente porque al gobierno mexicano no le interesa. Nosotros venimos luchando desde hace más de 10 años para que se cree el Centro Nacional Especializado para la Búsqueda Niños Robados, pero no pasa nada y eso les da luz verde a los secuestradores para que sigan llevándose a los niños”, dijo.

Prácticamente en todo el país se roban menores de cualquier edad a través de personas que operan solitarias, por su cuenta, por bandas pequeñas que se los venden a los traficantes de órganos y de explotación sexual y por el crimen organizado que sacan a sus víctimas del país con pasaportes y credenciales.

De acuerdo con Gutiérrez Romero, no existe un dato exacto de cuántas bandas de secuestradores de niños operan en el territorio mexicano, debido a la falta de interés de las autoridades. “En México los casos de desaparición de niños los lleva la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR [Procuraduría General de la República], que tiene funcionarios ahí que son ineficientes, que no saben lo que están haciendo”, dijo.

El crimen organizado opera a través de toda una red que incluye señuelos que atrapan a sus víctimas, principalmente adolescentes, a través de las redes sociales.

“Estas bandas utilizan jóvenes atractivos para llegar a sus víctimas. Muchos de ellos son para la explotación sexual”, indicó.

El tráfico de niños y de personas es el tercer negocio más lucrativo a nivel mundial después del tráfico de armas y de drogas, cuyo mercado representa cerca de los 32 millones de dólares anuales, explicó.

“El número de niñas y niños que son desaparecidos cada año a nivel mundial para la trata es de un millón 2000 mil de acuerdo con la UNICEF”, dijo.

TRÁFICO DE ÓRGANOS… Y TERROR
Agresiones contra menores han repuntado en los últimos días. Foto: Cuartoscuro

Estados Unidos y Francia realizan una investigación conjunta de cómo operan las bandas criminales en México. Foto: Cuartoscuro

Aunque en México se desconoce la cifra exacta de cuántos de los niños que son robados se destinan al tráfico de órganos, autoridades de Estados Unidos y de Francia tienen identificado perfectamente el modus operandi de las bandas delictivas.

“Los órganos de los niños no se los llevan de México en contenedores o hieleras, eso es ciencia ficción. Se los llevan vivos a Estados Unidos, estando allá hay clínicas y médicos corruptos que por miles de dólares los operan y les extraen todos los órganos. La prueba de que existe el tráfico de órganos, es que muchos de los niños robados, nunca aparecen”, explicó.

Guillermo Gutiérrez planteó que las autoridades estadounidenses y francesas aseguran que los restos de un niño que es intervenido quirúrgicamente para la extracción de sus órganos en alguna clínica clandestina es desaparecido de la forma más atroz.

“Yo he hablado con estas autoridades de alto nivel de Estados Unidos y Francia. Ellos dicen que nunca se va a encontrar a un niño abierto en canal, porque lo que hacen estas bandas es que los restos de las víctimas son echados a unas grandes trituradoras de carne. Como carne molida, se los echan a los perros”, dijo. “Es verdaderamente algo de horror”, añadió.

En cuanto al perfil de los niños robados que son ideales para el tráfico de órganos, las edades oscilan entre los siete y 10 años de edad. Los bebés hasta cinco años, son sustraídos generalmente para venderlos a parejas que no pueden tener hijos.

“Los recién nacidos son para el satanismo; para adopciones por parejas que no pueden tener hijos, son de cero a tres, cuatro y hasta cinco años”, explicó.

Los infantes, aunque en menor medida, también desaparecen en pequeños poblados y comunidades indígenas, pero de ellos en ocasiones no existe ni siquiera una averiguación previa.

El problema del tráfico de órganos de niños mexicanos hacia Estados Unidos ha cobrado visibilidad durante la última semana cuando fue denunciado por El Vaticano en el editorial del diario L”Osservatore Romano.

La autora del artículo, Lucetta Scaraffia, denunció que existe “un constante aumento” de tráfico de niños migrantes indocumentados entre el territorio mexicano y el estadounidense.

El negocio del tráfico de órganos también fue denunciado por un reportaje de Julia Preston en The New York Times, donde afirma que las familias y los menores se han vuelto un negocio de altas utilidades y bajo riesgo para los líderes de los cárteles mexicanos de la droga que se han apoderado del control del tráfico humano en el Río Bravo.

Ahora ofrecen paquetes familiares, cobrando hasta 7 mil 500 dólares por llevar desde América Central hasta el lado estadounidense del río a un menor solo o a una madre con hijos señalan agentes de la Patrulla Fronteriza y testimonios de migrantes.

Pero en México cualquier niño robado puede ser trasladado a Estados Unidos para venderlo y extirparle sus órganos, por lo que Guillermo Gutiérrez dio algunas de recomendaciones para evitar el robo de un menor.

“No dejarlos solos en ningún momento, inculcarles que deben rechazar cualquier regalo que provenga de un extraño, avisar a sus papás cualquier situación extraña y no contestar los teléfonos en sus hogares cuando están solos.

La Fundación Nacional de Investigaciones de Niños Robados y Desaparecidos realiza una campaña de prevención del robo de infantes en las escuelas del Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Puebla, pero está abierta para llevarla a cualquier plantel público o privado que lo requiera.

“La campaña es gratuita, hacemos el trabajo que no está haciendo el gobierno. Vamos a las escuelas y hablamos con los niños y con los papás”, dijo Guillermo Gutiérrez.

Los números de la fundación para solicitar información son: 01 (55) 5760 8979 y 6548 3709.

En redes sociales a través de Facebook y Twitter se le da seguimiento a la Alerta Amber y a información relevante para la prevención del robo de niños.
http://www.sinembargo.mx/28-06-2014/1039967

Necesario, redoblar los esfuerzos para resolver la trata de personas

Urge evitar otro caso como La Gran Familia
Foto
El subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y la senadora panista Adriana DávilaFoto Guillermo Sologuren
Georgina Saldierna y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Jueves 24 de julio de 2014, p. 14

El asunto de la casa hogar La Gran Familia es un foco rojo que obliga a todos a revisar las condiciones en que operan ese tipo de establecimientos, para que no se repitan situaciones similares, dijo ayer Roberto Campa Cifrían, subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, mientras el PRD cuestionó que se haya declarado inimputable a la responsable del albergue, Rosa del Carmen Verduzco.

Se ha argumentado que padece demencia senil, pero por las entrevistas que da se puede ver que tiene gran raciocinio, agregó.

Luego de reunirse con integrantes de la Comisión Contra Trata de Personas del Senado, Campa Cifrián explicó que las autoridades correspondientes determinaron declarar inimputable a Verduzco por sus condiciones de edad y por cuadrarse a lo que dice la ley, pero hay un grupo de personas que quedó sujeto a proceso por las anomalías en el albergue.

Nadie puede sentirse satisfecho por lo que pasó en el lugar; ni las instituciones ni la sociedad ni las familias. Esto nos obliga a reconocer la situación y hacer lo que a cada quien corresponda para que no se repita, subrayó.

La senadora del PRD Angélica de la Peña puso en duda la incapacidad mental de Verduzco, pero más allá de ello señaló que las violaciones a los derechos humanos en la casa hogar no son de ahora.

Resaltó que mamá Rosa dormía en el segundo patio del albergue, donde están los dormitorios que tienen barrotes, en los cuales encerraban a los niños con cadenas y candados. Presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso para que la Procuraduría General de la República (PGR) dé seguimiento al caso y se sancione a los responsables de violaciones a los derechos humanos de los menores.

Dijo que todos los gobiernos han sido omisos y hasta cómplices de lo que sucedía en ese sitio, el cual sirvió para llevar a cabo una limpieza social de pequeños abandonados o castigados por sus familias.

Durante la reunión, la senadora panista Adriana Dávila expuso que este problema no debe verse desde la compasión, pues no por esta se puede eliminar culpabilidad a alguien que comete un delito.

En lo que toca a la trata de personas, las integrantes de la comisión pidieron a Campa redoblar esfuerzos para buscar una solución integral a ese delito.

Durante el encuentro se exhibieron dos documentales que muestran escenas crudas relativas a la prostitución de mujeres y que próximamente serán presentados en el festival de cine de Morelia.

La senadora del PAN Luisa María Calderón explicó que la trata de personas es efecto del hambre y la falta de oportunidades, pero también es cultural y, por tanto, debe ser atacada desde esta perspectiva.

Recordó que en las comunidades del sur de Tlaxcala los hombres adquieren prestigio social en función del número de mujeres que someten a la prostitución, de manera que debe cambiarse esta visión.

Desaparecen tres menores en Edomex en un mes; los enganchan por Facebook

LA REDACCIÓN
22 DE NOVIEMBRE DE 2014
ESTADOS


MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- Tres menores residentes del Estado de México desaparecieron en el último mes tras ser contactados por desconocidos a través de Facebook.

Los jóvenes son Syama Shaky Lemus, de 15 años; Alizet Yolotzin Ortiz García, de 14; y Alan Alexis Mercado García, de 13, quienes fueron enganchados por medio de Internet por desconocidos, según dijeron sus padres a las autoridades.

El caso más reciente fue el de Alan Alexis, quien se fugó de su casa en la colonia San Antonio Zomeyucan, municipio de Naucalpan, luego de que contactó por redes sociales a una persona desconocida, con quien se citó en el Metro Doctores, en el Distrito Federal, según el diario mexiquense “A Fondo”.

Tras su desaparición, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) emitió la Alerta Ámber para localizarlo.

Los padres del menor dijeron que el adolescente salió de su domicilio el pasado martes 18 para ir a la secundaria pero nunca llegó.

De acuerdo con la PGJEM, los padres indicaron que encontraron una conversación en Facebook donde su hijo manifiesta que desea fugarse de su casa y se queda de ver con un sujeto desconocido en el Metro Doctores. Agregan que temen por su integridad ya que el joven comenta en dicha conversación que ha intentado suicidarse en varias ocasiones.

Al momento de su desaparición, el menor vestía el uniforme de secundaria, pants rojos y tenis blancos.

En los casos de las otras dos menores desaparecidas, la PGJEM también emitió Alerta Ámber.