Con Calderón, más de 8 mil quejas por abusos militares

Con Calderón, más de 8 mil quejas por abusos militares

24. febrero, 2013 Rogelio Velázquez

⇒ Parte I: Con Calderón, más de 8 mil quejas por abusos militares
Parte II: Sedena: 114 recomendaciones por violaciones a derechos humanos
Parte III Continúan quejas contra el Ejército al inicio del sexenio de Peña Nieto.

Los abusos de la milicia durante el sexenio pasado originaron más de 8 mil quejas ante la CNDH y colocaron a la Sedena como la secretaría con más asuntos relacionados con violaciones a los derechos humanos. Casos de violación sexual, tortura y homicidio se acumulan en los expedientes. “Tenemos un Ejército sui géneris que no cuenta con controles institucionales”, advierte general brigadier

El 3 de diciembre de 2009, dos ciudadanos del municipio de Guadalupe y Clavo, Chihuahua, salieron a recoger ganado. Cerca del lugar encontraron a elementos del Ejército Mexicano que destruían un secadero de mariguana y mantenían detenidas a varias personas.

Los militares detuvieron a los dos civiles, los golpearon en repetidas ocasiones en todo el cuerpo. Uno de ellos fue encontrado sin vida: una fractura cervical por golpes fue la causa. Además, tenía lesiones dermoabrasivas en el tórax, espalda y extremidades; lesiones equimóticas alrededor de las muñecas y tobillos y fractura en el húmero derecho. La otra persona fue víctima de severos golpes y maltratos en la cara, manos y tórax, mismos que le provocaron fractura en el arco costal izquierdo.

Casi 2 años después, el 4 de noviembre de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 66/2011 a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). En ésta documentó la comisión de los delitos de tortura y homicidio calificado.

No obstante, el 30 de mayo de 2012, la Secretaría declinó la competencia del caso, debido a que la averiguación previa se remitió al titular de la Unidad Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la Procuraduría General de la República.

La queja por la violación de los derechos humanos en el caso de los dos habitantes de Guadalupe y Calvo es una de las 8 mil 1 quejas contra personal de la Sedena que recibió la CNDH durante el gobierno de Felipe Calderón.

Los informes anuales de la Comisión señalan que la encargada de la defensa nacional fue la dependencia contra la que más quejas se presentaron por violación de derechos humanos en ese periodo. En segundo lugar se encuentra el Instituto Mexicano del Seguro Social, con 7 mil 350.

En 2007 se presentaron 375 quejas contra militares; en 2008 fueron 1 mil 230; en 2009 –el año con el mayor número de registros– se alcanzaron 1 mil 791; en 2010 bajaron a 1 mil 415; en 2011 se obtuvieron 1 mil 695, y el último año del sexenio de Felipe Calderón cerró con 1 mil 503.

Sin embargo, informes de la Secretaría de la Defensa Nacional indican que, desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012, únicamente les han notificado 7 mil 441 quejas, de las cuales ocho fueron comunicadas en diciembre de 2006; al siguiente año fueron 376; para 2008 les participaron 1 mil 143; en 2009, 1 mil 644; en 2010 les notificaron 1 mil 320; en 2011 fueron 1 mil 574, y en 2012 la cifra fue de 1 mil 376.

Las quejas están relacionadas con abuso de autoridad, retención ilegal, abusos sexuales, homicidios, tortura, lesiones graves y violencia contra las personas, entre otros delitos.

Del total de las quejas notificadas a la Sedena, 6 mil 986 fueron hechas por quejosos civiles y 455 por militares.

Jorge Luis Sierra Guzmán –especialista en seguridad nacional egresado del Centro Hemisférico de Estudios de la Defensa, de la Universidad de la Defensa Nacional en Washington, DC, Estados Unidos– indica que el número de quejas contra militares se debe, principalmente, a que en los últimos años se ha puesto al Ejército en una situación de roce directo con la población, en los operativos de alto impacto para combatir al narcotráfico.

“Al colocar a las Fuerzas Armadas tan cerca de la población, donde se combaten a narcotraficantes que están escondidos como civiles en barrios y vecindarios, se ha originado que la población entre en un riesgoso contacto con el ejercicio de la violencia”, explica.

Además, señala que otra razón es el deficiente entrenamiento de las Fuerzas Armadas en materia de derechos humanos, por lo cual algunos efectivos actúan fuera de la ley y violentan las garantías constitucionales y los derechos individuales de las personas.

De las 7 mil 441 quejas notificadas al Ejército, 6 mil 785 han sido concluidas: ya fueron sometidas a investigación y la CNDH determinó su conclusión. En ésta, la Sedena puede tener o no responsabilidad, de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento Interno de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Otras 656 quejas se encuentran en trámite, lo cual significa que la CNDH aún las está investigando, mientras la Secretaría recaba la información de éstas para satisfacer la petición del informe y facilita la labor de la Comisión en las investigaciones que consideren necesarias, incluso visitas a las instalaciones militares.

José Francisco Gallardo Rodríguez, general brigadier del Ejército Mexicano, señala que la milicia actúa sin controles institucionales; por ello existe el abuso de poder y las violaciones a los derechos humanos.

“El Ejército está entrenado para aniquilar a un enemigo, no para tutelar los derechos humanos. Si a la tropa le dices que combata a un narcotraficante, ellos están preparados para matarlo no para detenerlo y entregarlo a la autoridad civil.”

Explica que el mexicano es un Ejército sui géneris que nada tiene que ver con los ejércitos del siglo XVIII, los cuales fueron creados para llevar a cabo una defensa de la soberanía nacional; el nuestro, comenta, es un cuerpo policiaco militar.

“El Ejército Mexicano cumple 100 años de participar en labores del orden interno del país, nunca ha llevado a cabo una de defensa nacional. Realiza funciones de policía, suple al Ministerio Público en la persecución del delito, suple a diversas instituciones que tienen carácter social, por ejemplo con la aplicación del Plan DN-III, y aplica la Ley de Armas de Fuego como si fuera una autoridad civil.”

Agrega que a nivel federal no existe una definición clara de la política en materia de seguridad y las autoridades civiles planean resolver todos los problemas de dicha materia con los militares.

“Nunca vamos a pasar a la democracia si el Ejército sigue participando en política”, considera el general Gallardo.