La Triste Situacion de la Flota Aerea de la PGR

eulelio escribió:Son MI-17 no MI-16.

Investigan traslado de drogas y saqueo en la flota aérea de PGR

-Revela auditoría graves irregularidades
-Hay más de 12 funcionarios involucrados
-Detectan robo y tráfico de refacciones
-Reportan inexistencia de manuales de operación y simulación de reparaciones
-Volaban naves en malas condiciones

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La auditoría ordenada por la procuradora Marisela Morales reveló que con presupuesto de la propia PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y luego enviaban a los compradoresFoto Alfredo Domínguez
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En imagen de archivo, el ex banquero Carlos Cabal Peniche es escoltado al llegar al hangar de la PGR en la ciudad de Mexico, el 6 de septiembre de 2001Foto Carlos Cisneros
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Viernes 7 de septiembre de 2012, p. 2

El descubrimiento de graves irregularidades en el manejo de la flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR), que van desde la inexistencia de manuales de operación hasta robo y tráfico de refacciones, simulación de reparaciones, "extravío" de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que no sirven, la realización de vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad, e incluso la sospecha de que algunos aviones han sido utilizados para transportar droga, dieron origen a una de las investigaciones de mayor envergadura que se desarrollan en la dependencia.

Se abrió una indagatoria en la que están involucrados más de 12 funcionarios que laboraron desde 2006 en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR, donde además la procuradora Marisela Morales Ibáñez descubrió que con presupuesto de la propia PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y que luego enviaban a los compradores.

Morales Ibáñez también ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos, porque una auditoría que está en marcha y aún no concluye determinó que del total de 80 aeronaves, sólo cinco están en condiciones de volar sin problemas.

Se pidió a la oficialía mayor, a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales (SIEDF) y a la visitaduría general, que "vayan a fondo. Hasta donde tope", para descubrir las redes de corrupción que existen entre funcionarios de la DGSA, empresas privadas y servidores públicos de otras instituciones, como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y se lleve a los tribunales a todos los involucrados, de acuerdo con información obtenida de altos funcionarios del gabinete de seguridad nacional.

Las fuentes consultadas revelaron que las acciones de la procuradora generaron "advertencias de que no se metiera con la DGSA", y que en lugar de detener la investigación, la auditoría y la suspensión de vuelos, ordenó: "no detengan la investigación. Tope donde tope".

A finales de los años 90 la PGR llegó a tener una flota de 180 aeronaves, que se consideró la más grande de América Latina. En la actualidad tiene 80, entre aviones y helicópteros, en condiciones desastrosas.

La auditoría a la DGSA también descubrió que cada hora de vuelo en esas naves significa una erogación de 4 mil 629 dólares, mientras una empresa privada cobra 3 mil dólares por el mismo servicio, sin tener que pagar salarios, seguros, mantenimiento ni derechos de plataforma o pernocta en aeropuertos.

Las fuentes consultadas indicaron que el caso inició en mayo, cuando la oficialía mayor solicitó por escrito al ex director de la DGSA, capitán Manuel Jesús González Flores, que enviara los manuales de operación del área, incluidos los de procedimientos de taller y de manejo de aeronaves. La contestación "fue que no sería posible y no eran necesarios".

En la indagatoria, según los funcionarios entrevistados, se han agregado los resultados de la auditoría que lleva a cabo la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

El presidente de JDA es Joseph del Balzo, ex administrador interino de la FAA; administrador adjunto de operaciones y desarrollo de sistemas y director del centro técnico de ese organismo.

La auditora fue fundada en 1994, “es una firma consultora de aviación internacionalmente conocida que se especializa en el desarrollo de soluciones para las líneas aéreas regulares, los operadores de charter, aviación corporativa, fabricantes de aeronaves y proveedores de componentes, estaciones de reparación, centros de formación, los aeropuertos y las autoridades aeroportuarias, compañías de tecnología, desarrolladores y empresas legales.

Lo primero que solicitaron los auditores a la DGSA fueron los manuales de operación y confirmaron que no existen. Descubrieron también que los representantes de la DGAC no cumplieron con su obligación de realizar inspecciones y supervisión de instalaciones aeronavales, personal técnico aeronáutico, ni supervisar que los trabajos se realizaran de acuerdo con las normas internacionales.

La obligación de la DGAC es que exista "un transporte aéreo seguro, eficiente y competitivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana".

Las fuentes consultadas señalaron que los organismos de la SCT no realizaron inspecciones a Servicios Aéreos de la PGR, porque un funcionario –del cual no se reveló su identidad– trabajaba en ambas instituciones y encubrió las anomalías, por eso, al igual que el ex titular de la DGSA, Manuel Jesús González Flores, está sujeto a investigación.

Los auditores comenzaron la revisión física de las bases y talleres de mantenimiento en el sur del país. Las instalaciones ubicadas en Tapachula, Chiapas, y Chetumal, Quintana Roo, fueron las primeras. Siguieron las de Acapulco, Guerrero, y Cuernavaca, Morelos.

Pero el trabajo más minucioso se realizó en las instalaciones de Guadalajara, Jalisco, y la llamada Base México, ubicada en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la capital del país, ya que ahí se encuentran los almacenes de Servicios Aéreos; en ellos se detectó un faltante de 600 refacciones aeronáuticas y la existencia de miles de piezas que no son utilizables porque la PGR no posee naves que las requieran.

En días recientes la PGR suspendió la adquisición de un motor para un avión. Se detectó que el contrato de 3 millones de dólares solicitaba el envío de un motor para un avión que no existe en la flota.

Con la intensificación de las revisiones contables y operativas surgieron más resultados: al menos 20 de las 80 aeronaves de la flota tendrán que ser desechadas por encontrarse en "estado deplorable. Cualquier intento de ponerlas operativamente funcionales es incosteable", revelaron los funcionarios entrevistados.

La PGR tendrá que solicitar al Servicio de Administración de Bienes Asegurados que informe sobre la situación jurídica que guardan los 20 equipos para que se pongan en subasta o se declaren como baja de los bienes gubernamentales, ya que fueron asegurados a grupos criminales años atrás.

Asimismo, los auditores descubrieron que en bases de operación aérea, como la de Hermosillo, Sonora, la PGR tenía montados sus talleres en cajas de camiones de carga y los mecánicos y técnicos no contaban con instalaciones ni herramientas adecuadas para realizar su trabajo.

En una visita, observaron cómo fue bajado manualmente el motor principal de un helicóptero y cómo fue "reparado" sin utilizar herramientas de precisión y vuelto a colocar.

En varias instalaciones encontraron reportes de reparaciones pagadas por la institución a empresas privadas, pero los trabajos nunca se realizaron.

Desde 2006, La Jornada informó que trabajadores de la DGSA denunciaron la existencia de actos de corrupción en los que estaban involucrados los directores de esa área, pero nunca se inició una averiguación previa. La flota contaba con 163 naves. El titular de la PGR era Daniel Cabeza de Vaca y la operatividad era de 47 por ciento.

La investigación ordenada por la procuradora Marisela Morales "abarcará hasta 2004 de ser necesario, cuando supuestamente la operatividad de la flota superaba el 75 por ciento, con la finalidad de detectar en qué fecha comenzaron las complicidades y desmantelamiento de aeronaves", indicaron los funcionarios entrevistados.

Los aviones de Marisela, el affaire Biz Jet

Jorge Fernández Menéndez
2012-10-29 01:15:00

La semana pasada se concentró a todos los trabajadores y funcionarios relacionados con la flota aérea de la PGR, más de 600, por el descubrimiento de graves irregularidades en el manejo de la misma, irregularidades que van desde la inexistencia de manuales de operación hasta robo y tráfico de refacciones, simulación de reparaciones, “extravío” de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento, contratación de seguros para helicópteros y aviones que no vuelan, la realización de vuelos sin condiciones de aeronavegabilidad, e incluso la sospecha de que algunos aviones han sido utilizados para transportar droga. Según la información oficial, la propia procuradora Marisela Morales indagó que con presupuesto de la PGR se pagaba a empresas que embalaban las piezas que los servidores públicos se robaban y que luego regresaban como nuevas a la PGR. Del total de 80 aeronaves con las que cuenta la dependencia, sólo cinco estarían en condiciones de volar sin problemas.

La investigación comenzó cuando en un viaje proveniente de Sudamérica el avión de la procuradora tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia porque estuvo a punto de estallar un parabrisas de la aeronave por fallas en el mantenimiento.

El hecho de por sí es muy grave, pero resulta mucho más grave aún, porque es parte de una serie de investigaciones, de las que no tenemos resultados, que involucran una y otra vez naves aéreas dependientes del gobierno federal, con un costo de vidas y material muy alto.

Desde marzo el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que había concluido un juicio contra la empresa Biz Jet, acusada de pagar sobornos a funcionarios de México y Panamá para ganar contratos de mantenimiento de las flotas de aviones oficiales de esos dos países. También se informó que funcionarios del Estado Mayor Presidencial, de la Policía Federal, de los gobiernos de Sonora y Sinaloa, recibieron sobornos, entre 2004 y 2009, de representantes de Biz Jet para beneficiarse de esos contratos. No fue un asunto menor: Biz Jet fue multada, después de un acuerdo con la justicia estadunidense, con 11 millones 800 mil dólares.

Ahora sabemos que la procuradora Marisela Morales estuvo en peligro lo mismo que todos los funcionarios que viajaban en la amplia flota de la PGR, pero los accidentes se suceden desde hace diez años. Durante el sexenio de Fox, se desplomó el helicóptero donde murió su secretario de Seguridad Pública, Ramón Martín Huerta, con buena parte de los mandos de la secretaría; años después fue el avión de Juan Camilo Mouriño y sus colaboradores, incluyendo al ex subprocurador José Luis Santiago Vasconcelos; hace un año también se cayó el helicóptero que transportaba al secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora y varios funcionarios de la Segob.

En Panamá, el otro país involucrado, en los sobornos de Biz Jet, ocurrió otro accidente en mayo de 2008. Ahí cayó el helicóptero donde viajaba el director general de carabineros de Chile, José Alejandro Bernales, quien se encontraba en una gira por ese país, su esposa y varios funcionarios policiales de Panamá. Igual que los accidentes ocurridos en México, nunca hubo una explicación concluyente sobre lo sucedido.

Es imprescindible saber si estos accidentes, o las recurrentes fallas que mostraron estos vuelos, incluidos los de la PGR, se dieron por un mantenimiento inadecuado de las aeronaves. Si una empresa logró contratos pagando sobornos millonarios, también pudo haber proporcionando un mantenimiento de baja calidad, como se ha comprobado en la PGR.

Se dice que los accidentes señalados se dieron particularmente por fallas humanas, pero éstas muchas veces ocurren porque las aeronaves no responden como deberían por la falta mantenimiento. ¿Se quedarán todas estas historias en el olvido?

Precisiones sobre Brenda Quevedo

Hace unos días nos preguntábamos si, vía un amparo, se quería dejar en libertad a Brenda Quevedo, acusada del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace, el hijo de Isabel Miranda. El juez Jesús Alberto Chávez Hernández (y la propia Isabel) nos explicaron que la sentencia emitida el día 22 no tenía como efecto dejar en libertad a esta mujer. Lo que ocurrió fue “que la autoridad judicial responsable analizó el cuerpo del delito de privación ilegal de la libertad, en modalidad de secuestro, y estimó que ese ilícito es de naturaleza federal; sin embargo, inadvirtió que ese delito corresponde al fuero común, por lo que el estudio relativo se debió realizar acorde con la legislación penal del DF vigente en la época de los hechos por los que se ejerció acción penal en su contra… la concesión del amparo, nos aclara el juez, radicó en vincular a la autoridad responsable para que dejara insubsistente la determinación reclamada y emitiera otra con plenitud de jurisdicción, en que subsanara esa violación”. Brenda no quedará en libertad sino bien juzgada.

Despide la PGR a 150 empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos

"Es terrorismo laboral; un día nos hacen sorpresivo interrogatorio y otro nos notifican el cese"
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 31 de octubre de 2012, p. 10

Como parte del programa de restructuración de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), la Procuraduría General de la República (PGR) notificó el despido a 150 de los 780 empleados de esa área por no acreditar, supuestamente, los exámenes de confianza.

Funcionarios que participan en el Gabinete de Seguridad Nacional y empleados de la PGR revelaron que desde las nueve de la mañana arribaron notificadores a todas las bases de la PGR y una hora más tarde los trabajadores a los que debían comunicarles de su baja fueron llamados uno por uno a las áreas administrativas y tras pedirles que se identificaran con su gafete institucional, les entregaban el escrito de cese y les pedían la entrega formal de todo lo que estuviera bajo su resguardo.

"Es terrorismo laboral. Un día nos hacen sorpresivos interrogatorios y otro hacen notificaciones de despido sin presencia de abogados ni posibilidad de defensa. Hoy fueron despedidos servidores públicos de todos los niveles, desde secretarias hasta pilotos, técnicos y mecánicos", señalaron trabajadores entrevistados en la llamada Base México.

El pasado 7 de septiembre La Jornada dio a conocer en exclusiva que la PGR había descubierto una red de corrupción y por ello la procuradora general, Marisela Morales Ibáñez, ordenó una auditoría operativa y administrativa, y que se suspendieran todas las operaciones, pues las irregularidades con que se movilizaba la flota puso en riesgo a funcionarios, personas detenidas y a la aviación, ya que "en cualquier momento pudo ocurrir un percance de gran magnitud", de acuerdo con la información obtenida de funcionarios y documentos federales.

La titular de la PGR informó al Gabinete de Seguridad Nacional del estado que guardaba la DGSA, y ante las necesidades para el traslado de personas, entre servidores públicos y presuntos delincuentes detenidos, así como de materiales y suministros, las secretarías de la Defensa Nacional y de Seguridad Pública federal prestaron naves a la PGR. Independientemente de ello, la institución ministerial ha contratado en esquema de renta ocho aeronaves, cinco con una empresa con sede en Saltillo, y tres con base en Estados Unidos.

Las notificaciones de despido se realizaron en momentos en los cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf) está tomando declaraciones ministeriales a todos los empleados, como parte de la integración de una indagatoria de tipo penal por diversos delitos cometidos por servidores públicos, y también están en integración más de 300 procedimientos de tipo administrativo por la no comprobación de viáticos, por montos que llegan hasta los 200 mil pesos.

Los notificadores se presentaron en la bases México, Hermosillo, Cuernavaca, Tapachula, Guerrero, Guadalajara, Chihuahua y Culiacán.

Como informó este diario, según fuentes oficiales, la plantilla de la DGSA se reducirá en 25 por ciento debido al número de los que habrían reprobado alguna de las prueba de confianza que están integradas por exámenes toxicológicos, médicos, de entorno social, sicológicos y físicos.

La PGR reactiva pesquisas de 2004 sobre robo de refacciones y partes de aeronaves

Pagó la dependencia 170 mil pesos a una empresa para que empacara piezas hurtadas
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 9 de septiembre de 2012, p. 15

Como parte de la investigación que se inició para desarticular la red de corrupción detectada en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR), fueron reactivadas todas las denuncias que existen en su órgano interno de control (OIC), entre las cuales hay señalamientos de 2004 sobre robo de refacciones y partes, así como asignación ilegal de contratos, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La auditoría que realiza la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution descubrió que hay naves que fueron utilizadas sin los instrumentos obligatorios que estipulan las normas nacionales e internacionales. “Los pilotos volaban por ojímetro, es decir, solamente se guiaban por su experiencia y estimaban la altitud y la presión atmosférica a la que ascendían los helicópteros, debido a que algunas máquinas no contaban con altímetros.

"Eso sí, se detectó a tiempo que existía una orden de compra que estaba a punto de ser concretada, la cual se relaciona con la adquisición de un motor de avión que valía 3 millones de dólares y no correspondía con ninguna nave de la PGR. La compra fue suspendida", indicaron los funcionarios consultados.

La Jornada publicó en días pasados que, debido a graves irregularidades detectadas en la DGSA, la procuradora Marisela Morales Ibáñez ordenó realizar una auditoría a todas las áreas de esa dirección, abrir una investigación de carácter penal y que el OIC y la visitaduría general actuaran en la parte de las responsabilidades administrativas sobre situaciones como robo de piezas y refacciones de naves en uso y descompuestas.

Otro resultado de la pesquisa es que al menos en el primer semestre de este año la PGR pagó más de 170 mil pesos a una empresa para que empacara las piezas robadas, las cuales fueron entregadas ilícitamente a personas ajenas a la institución.

Toda la flota de la PGR consta de 80 aeronaves, de acuerdo con datos de la auditoría y proporcionados por funcionarios del gabinete de seguridad nacional. De ellas, 40 tienen posibilidades de volar en condiciones de riesgo; cinco están en condiciones de aeronavegabilidad, es decir, que pueden realizar cualquier traslado sin problemas; 20 se encuentran inutilizables, y el resto necesitan mantenimiento.

Por órdenes Marisela Morales toda la flota está detenida hasta que concluya la parte técnica de la auditoría, pues se descubrió que no existen los manuales de operación y mantenimiento, y mientras se determina cuáles máquinas servirán, la dependencia contrató los servicios de empresas privadas. La PGR cuenta momentáneamente con dos aviones y un helicóptero.

De acuerdo con los funcionarios consultados, además de las naves rentadas, la PGR se ha apoyado en la Secretaría de la Defensa Nacional para realizar algunos traslados de personal, equipo y reos de una entidad a otra.

Según una encuesta titulada Clima y cultura organizacional, del programa de acciones para la mejora en la PGR, realizada en 2011 y firmada por el entonces director de Servicios Aéreos Pedro Alberto Alcalá López, en la DGSA los empleados advertían sobre la necesidad de "poner más énfasis para que el trabajador reciba capacitación de acuerdo con sus funciones y obligaciones laborables".

El documento, del cual posee copia La Jornada, indica que los empleados de la DGSA consideraban que "era escaso el material que se necesita para el desarrollo de sus funciones".

Sin embargo, contrario a lo que ha descubierto la revisión en curso, supuestamente el personal encuestado "percibe que conoce la normatividad aplicable a su trabajo y que es adecuada a las necesidades actuales. Además, que los procedimientos están actualizados e implementan algunas sugerencias para simplificar los procesos de trabajo".

De igual manera, en la cuesta se menciona que "la percepción de los servidores públicos hacia sus superiores es excelente, respecto de que son austeros y responsables en el manejo de los recursos del área. En lo que se refiere a la corrupción, los resultados obtenidos muestran que si los trabajadores ven corrupción están dispuestos a denunciarla, pues consideran que se sancionan adecuadamente. Son excelentes tanto las medidas para prevenirla como el ejemplo de la PGR de transparencia y combate a la corrupción".

Aplica la PGR operativo simultáneo en 3 estados por corrupción en DGSA

Fue descubierta una red de ilícitos en esa dirección que reactivó todas las denuncias que existen en su órgano interno de control (OIC), entre las cuales hay señalamientos de 2004 sobre robo de refacciones y partes.

Gustavo Castillo
Publicado: 25/10/2012 13:56



México, DF. La Procuraduría General de la República (PGR) realiza diligencias ministeriales relacionadas con la investigación de actos de corrupción de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de esta dependencia.

Trabajadores de la institución revelaron que funcionarios de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidef), apoyados por elementos de la Policía Federal Ministerial, realizan toma de declaraciones ministeriales a presuntos involucrados y supuestos testigos de diversos delitos de manera simultánea en las bases de Cuernavaca, Guadalajara y el Distrito Federal.

De acuerdo con las fuentes consultadas, los trabajadores fueron citados a esas instalaciones a partir de las nueve de la mañana, incluyendo empleados administrativos, pilotos, técnicos y mecánicos, que participaron en el curso del llamado Proyecto Diamante que está encaminado a capacitar a funcionarios de esta institución en el nuevo sistema de justicia penal.

La PGR impartió desde la semana pasada este curso en lo que fueron las instalaciones de la Dirección General de Servicios Periciales, que se localizan en la calle de Jaime Nunó esquina con Paseo de la Reforma.

En septiembre, La Jornada dio a conocer en exclusiva que la PGR descubrió una red de corrupción al interior de la DGSA, y que reactivó todas las denuncias que existen en su órgano interno de control (OIC), entre las cuales hay señalamientos de 2004 sobre robo de refacciones y partes, así como asignación ilegal de contratos, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Empleados de Servicios Aéreos reprobaron exámenes de confianza
Permanecerá la DGSA, pero se prevé reducir 25% su plantilla

Se abrieron procesos debido a que faltó comprobación de viáticos
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de octubre de 2012, p. 14

La Procuraduría General de la República (PGR) no desaparecerá su Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), pero reducirá 25 por ciento su plantilla, debido al elevado índice de reprobación de los exámenes de confianza y también al inicio de averiguaciones previas y procedimientos administrativos por no comprobar viáticos; en esto último hay casos que van de los 5 mil a los 300 mil pesos, revelaron funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional.

La plantilla actual de la DGSA es de casi 800 empleados, entre administrativos, técnicos, mecánicos, despachadores, controladores de vuelo y pilotos. Más de 170 han fallado en las pruebas de confianza, mencionaron los funcionarios entrevistados.

Como parte de las acciones que se han emprendido desde julio pasado, ya se concluyó la auditoría operativa. De acuerdo con los funcionarios, de más de 90 aeronaves que fueron evaluadas, 40 ya han sido rehabilitadas y reiniciarán operaciones en las próximas semanas.

El pasado 9 de septiembre, La Jornada dio a conocer graves irregularidades en el manejo de la flota aérea de la PGR, entre ellas la inexistencia de manuales de operación; robo y tráfico de refacciones; simulación de reparaciones; "extravío" de bitácoras de vuelo y de reportes de mantenimiento; contratación de seguros para helicópteros y aviones que no servían, así como la realización de vuelos en naves sin condiciones de aeronavegabilidad.

Con base en la información proporcionada por la compañía estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación del gobierno de Estados Unidos, se ordenó la suspensión de todas las operaciones de la flota, la concentración del personal y la revisión inmediata de todos los equipos, y se solicitó a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales y a la Visitaduría General que iniciaran averiguaciones de tipo administrativo y penal para descubrir quiénes integran la red de corrupción.

En la primera etapa, en la cual se auditaron las operaciones, la compañía JDA determinó que de 89 aeronaves sólo cinco eran aptas, debido a que existió "incumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, inexistencia de manuales para las operaciones de vuelo y de mantenimiento; inexistencia de control de calidad capaz de vigilar y dar seguimiento a los elementos críticos de seguridad".

La compañía estadunidense informó a la PGR que si la DGSA "no actualiza su departamento de mantenimiento serán inevitables accidentes de las aeronaves"

Amplía PGR pesquisa sobre la corrupción en servicios aéreos

Desde septiembre la institución trabaja con aeronaves rentadas
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Sábado 27 de octubre de 2012, p. 8

La Procuraduría General de la República (PGR) llamará a más de 40 ex funcionarios de alto nivel de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de esa dependencia, para que declaren dentro de la averiguación previa que se inició tras el descubrimiento de una red de corrupción relacionada con el manejo de la flota aérea de la institución ministerial.

En tanto, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (Seidf, antes Siedf) mantendrá el despliegue de 230 agentes del Ministerio Público y más de cien policías federales ministeriales hasta que declaren los más de 700 empleados de la DGSA, de los cuales más de 200 ya han sido interrogados en diligencias que han tomado entre una y cuatro horas en las bases de Guadalajara, Cuernavaca y el Distrito Federal.

De acuerdo con información obtenida de trabajadores y funcionarios federales, durante las actuaciones realizadas el jueves y viernes se detectó que en algunos vehículos particulares, propiedad de empleados de la DGSA, se guardaban piezas de aeronaves, notas relacionadas con adquisiciones de partes y hasta herramientas que debían estar bajo resguardo en los talleres institucionales.

Entre los funcionarios que serán llamados a comparecer, pero de los cuales no se reveló su identidad, se encuentran ex director de administración y finanzas de la DGSA, ex subdirector de recursos materiales y servicios generales, ex jefe de seguridad aérea, ex director general adjunto de operaciones aéreas y ex director de mantenimiento mayor y del mantenimiento de aeronaves en campaña.

A decir de las fuentes oficiales, en la averiguación previa PGR/UEIDCSPCAJ/SP/3415/2012 y en las investigaciones iniciadas por la visitaduría de la PGR y el Órgano Interno de Control (OIC), dependiente de la Secretaría de la Función Pública, se han integrado los resultados de la auditoría operativa y técnico-administrativa que realizó la empresa estadunidense JDA Aviation Technology Solution, integrada por especialistas retirados de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos.

La Jornada dio a conocer en septiembre pasado que la empresa JDA fue contratada a solicitud expresa de la procuradora Marisela Morales Ibáñez para realizar la auditoría, toda vez que el presidente de JDA, Joseph del Balzo, fungió como administrador interino de la FAA y como administrador adjunto de operaciones y desarrollo de sistemas y director del centro técnico de ese organismo, lo que ha permitido que se realicen investigaciones como la realizada en 2005, cuando miembros de esa empresa participaron en una revisión operativa de la compañía Aerovías del Continente Americano (Avianca), que descubrió que a cuatro aviones Boeing de esa empresa se les realizaba mantenimiento inadecuado.

La auditoría se inició en mayo, pero fue hasta agosto cuando se conocieron los primeros resultados: sólo cinco de las 90 naves estaban en condiciones de volar sin riesgos; el avión que utilizaba la procuradora para asistir a una reunión en Chile tenía el parabrisas astillado, lo que podría provocar su desplome en cualquier momento; por tanto, se determinó parar toda la flota y desde los primeros días del pasado mes de septiembre han sido rentadas varias naves para traslados de mercancía, funcionarios y detenidos.

La Siedf realiza la toma de declaraciones a empleados y ex empleados de la DGSA. A todos aquellos que el jueves abandonaron la llamada Base México, que se localiza en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se les enviará citatorio para que comparezcan, señalaron funcionarios de la PGR.

De julio a septiembre fueron despedidos 69 empleados de la DGSA por no acreditar los exámenes de confianza, 49 trabajaban en áreas de mantenimiento y 20 restantes como pilotos; según autoridades federales más de 170 empleados más que aún laboran en Servicios Aéreos de la PGR, reprobaron los exámenes de confianza y están en proceso de ser removidos.

PGR perdió flota aérea en últimos 2 sexenios

02 de noviembre del 2012
Silvia Otero

México, 2 de noviembre (El Universal).- En los dos últimos sexenios se dejó perder la flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR). En el año 2000 había 168 aeronaves y 63% estaban en condiciones de operación, hoy de 98 aparatos sólo ocho funcionan, el nivel más bajo en más de una década. Al final del foxismo se aseguró que se tomaron medidas para reestructurar a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) y revertir la situación… fracasaron.

El gobierno de Vicente Fox reconoció desde 2005 el paulatino deterioro de la flota, “por falta de mantenimiento y de esquemas de control de partes y refacciones”, por lo que se anunciaron acciones como la implementación de un sistema computarizado de control de almacenes y de los programas de mantenimiento preventivo, al final no se impidió la pérdida millonaria de los aparatos.

Ahora, la PGR se vio obligada a arrendar 10 aeronaves para cumplir con tareas como el traslado de personal y detenidos, en tanto se reestructura la DGSA, cuyo personal está sujeto a investigaciones penales y administrativas.

El Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2000-2006 y los seis informes de labores de la PGR durante esta administración (de 2007 a 2012), revelan cómo el patrimonio aéreo de la institución se fue inutilizando; y en los últimos dos años se dejó de rendir cuentas sobre cuántas aeronaves existían y su disponibilidad. En ninguno de los reportes se indica el valor de estos bienes ni el monto de las inversiones para el área.

En el reporte elaborado al final del gobierno de Fox, se indica que la DGSA con casi 300 pilotos y más de 700 mecánicos era estratégica para cumplir programas sustantivos de la PGR: combate a la delincuencia organizada, erradicación de cultivos ilícitos, narco e intercepción aérea.

Para el año 2000 contaba con 168 aeronaves y 63% estaban en condiciones operativas. Al año siguiente había 166 aparatos y 96 (57.8%) estaban en servicio; en 2002 bajó a 161 (de ala fija y rotativo) de las que estaban disponibles 83. La flota en 2003 estaba integrada por 157 aparatos y funcionaban 74; para el siguiente año había 177 y eran operativos 70 (39.5%). Para 2005 se redujo a 117, de los que 66 servían.

En 2006 aumentó la flotilla a 160 aeronaves, de las que 59 estaban en condiciones de aeronavegabilidad y 97 inoperativas, “por estar en servicios de mantenimiento, falta de partes y componentes aéreos y/o en taller externo”, detalla el documento.

Se reconoce que el nivel de disponibilidad de los aparatos “se empezó a deteriorar conforme avanzó el sexenio, hasta llegar a su punto más bajo a principios de 2005, con un 36% de aeronaves operativas, principalmente por falta de mantenimiento preventivo y esquemas de control de compras de partes y refacciones”.

El documento indica que en 2006 se tomaron acciones para revertir la situación: “se reestructuró el área de mantenimiento y de almacenes; se implantó un sistema computarizado de control de almacenes y del programa de mantenimiento; se iniciaron negociaciones con proveedores fabricantes para agilizar el proceso de abastecimiento de refacciones, y se inició el proceso de baja de las aeronaves no necesarias y de reparación de las necesarias”.

En el informe del gobierno de Fox, se aseguró que “para fin de sexenio se tendrá funcionando una flota a plenitud: se manejará un total de 110 aeronaves, todas ellas operativas”. No se informó sobre la inversión para este proyecto, cuyo objetivo nunca se cumplió.

Los cambios con Calderón

Para 2007 la flota área de la PGR se componía de 61 helicópteros y 41 aviones, con una operabilidad de 63%. El número se redujo ya que ese año se inició la transferencia de 58 aparatos -con un valor de 355 millones 600 mil pesos-, a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pues el presidente Felipe Calderón ordenó que las tareas de erradicación de cultivos ilícitos que realizaba la dependencia serían responsabilidad del Ejército.

En el informe de labores de ese año se fijó la meta de que 75% de las naves serían utilizables al final de 2007. Se afirmó que para cumplir con ese objetivo la DGSA estaba realizando acciones como “programa intensivo de reparaciones del equipo de vuelo; baja de aeronaves obsoletas o cuya reparación no es económicamente viable”.

La estrategia incluía medidas como el sistema computarizado para control del Programa de Mantenimiento Preventivo, que el gobierno anterior aseguró que ya estaba implementado; así como contratos con proveedores de fabricantes para el abastecimiento de refacciones, cuyas gestiones se iniciaron durante el foxismo.

El reporte de labores de 2008 de la PGR reitera que la DGSA proporciona apoyo aéreo a “programas sustantivos” para el combate al narcotráfico, la delincuencia y el intercambio y traslado de reos, pero no señala a cuánto asciende la flota de la que sólo 62% es operativa. Además se enumeran las mismas acciones y objetivos del año anterior.

Para 2009 y 2010 los informes sobre la DGSA son exactamente los mismos en su redacción, sólo varía el dato de que 63% y 65% de las aeronaves son operativas, para cada año respectivamente.

En 2011 se dejó de reportar el nivel de operabilidad de las aeronaves. Sólo se indica que las operaciones aumentaron 11% con más de 4 mil horas de vuelo, y el número de servicios creció al transportar a 10 mil 616 pasajeros y trasladar a mil 808 reos, ya que se incorporaron tres aeronaves a la flota: una para 32 pasajeros y dos aeronaves para ocho pasajeros; además de que se racionalizó el uso de las aeronaves y se aplicó un programa integral de mantenimiento con lo que “se elevó el índice de disponibilidad de la flota, permitiendo una mejor utilización de la misma”, sin que se precisaran cifras.

El informe de labores de 2012 replica la información para explicar que aumentó la eficiencia de las operaciones de la DGSA, pero no se rindieron cuentas sobre el número de aeronaves ni cuántas son útiles.

Desde 2008 empleados de servicios aéreos de PGR reprobaron exámenes de confianza.

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 4 de noviembre de 2012, p. 11

Desde 2008 empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), de la Procuraduría General de la República (PGR), reprobaron exámenes de confianza y sus jefes ocultaron los resultados, permitiendo que las irregularidades llegaran a niveles en los cuales la seguridad de pasajeros y naves estaban en riesgo, señalaron funcionaros del gabinete de seguridad nacional que han tenido acceso a la integración de averiguaciones previas por estos delitos relacionados con una red de corrupción detectada en esa área.

La Jornada accedió a informes gubernamentales dados a conocer en gabinete de seguridad nacional, referentes a los resultados de las autorías a las áreas operativas y administrativas que realizó en la DGSA desde julio pasado la empresa que dirige Joseph del Balzo, director de la compañía estadunidense JDA, que estableció que existía “incumplimiento de las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorios, programa de inspección, registros de mantenimiento inadecuado y omisión de instrucciones de mantenimiento del fabricante.

“De las 89 aeronaves revisadas, porque cuatro se encontraban en talleres ajenos a la institución, solamente ocho (cinco rentadas y tres de la PGR) se encuentran en condiciones de aeronavegabilidad; no se cuenta con un sistema de manuales para las operaciones vuelo y las actividades de mantenimiento.

No se tiene control de calidad capaz de vigilar y de dar seguimiento a los elementos críticos de seguridad, señaló Del Balzo en su informe a la PGR, que fue puesto ya en conocimiento del presidente electo, Enrique Peña Nieto, según la información recabada entre funcionarios entrevistados.

El dictamen refiere que si la DGSA no actualiza y repara su departamento de mantenimiento será inevitable un incidente o accidente de las aeronaves. Agrega que por esa razón desde el 1º de septiembre “suspendió de manera inmediata el tránsito de sus aeronaves y contrató el servicio de arrendamiento de nueve aviones y un helicóptero, que incluye pilotos, mantenimiento y cobertura de seguros para fortalecer su flota aérea y la seguridad en la realización de operativos y el traslado de servidores públicos, e inició el reordenamiento de la DGSA”.

Los documentos obtenidos refieren que adicionalmente a esta auditoría, instancias internas de la PGR, como el Órgano Interno de Control, la Visitaduría General y la Oficialía Mayor, efectuaron acciones de verificación a los procedimientos y encontraron inconsistencias, como falta de controles en el suministro de refacciones y rezago respecto de los avances tecnológicos en materia de aviación.

Durante las auditorías y con el inicio de averiguaciones previas han declarado ante el Ministerio Público de la Federación 544 trabajadores y empleados de niveles técnicos, operativos, administrativos y de mando, adscritos a las bases de la DGSA, en las ciudades de México, Guadalajara, Jalisco y Cuernavaca, Morelos, y que el Órgano Interno de Control en la PGR integra siete expedientes de investigación e instruye ocho expedientes de responsabilidades en los que están involucradas, hasta ahora, 120 personas.

En ese contexto, se detectó que decenas de trabajadores que debían ser despedidos o sometidos a nuevas evaluaciones de confianza continuaron laborando, de manera contraria a las normas institucionales, por lo cual se agregó un probable ilícito a las imputaciones que se investigan contra cuatro ex directores de la DGSA, y en la parte operativa “se recuperó un twin-pack de motores y una transmisión de un helicóptero con valor aproximado de un millón de dólares; se reparó también un avión siniestrado King Air para su adecuada operación y, para mayor seguridad de las aeronaves, se modernizó el sistema integral de rastreo y seguimiento en navegación”.

La PGR y el desastre de la flota aérea

Julián Andrade

La flota de la PGR está destruida. De las cientos de aeronaves que la integraban sólo ocho están funcionado y es un decir.

El tema siempre fue delicado.

Los resultados son de claroscuros, y desde hace décadas, porque los programas eficaces, con los que se logró disminuir el trasiego aéreo de drogas, siempre estuvieron amenazados por la corrupción.

Varios procuradores enfrentaron la podredumbre de un área que, sin embrago, es muy importante para las labores que realiza el Ministerio Público.

La procuradora Marisela Morales acaba de realizar una profunda limpia en la dirección de Servicios Aéreos, luego de auditorías que revelaron la situación penosa y de riesgo en la que se encuentran los aparatos.

Pero lo que ocurrió en los últimos años tiene que ver también con un modelo en el que se privilegió a la Secretaría de Seguridad Pública y permitió que la PGR perdiera o mitigara algunas de sus funciones.

Desde el inicio del mandato del presidente Felipe Calderón las tensiones entre el procurador Eduardo Medina Mora y el secretario de Seguridad, Genaro García Luna, fueron más que evidentes y respondían a la concepción misma de la ruta a seguir en el combate a grupos criminales que estaban demostrando una capacidad de fuego y logística hasta ese momento desconocida. Ganó García Luna y perdió la Procuraduría.

La utilización de las fuerzas armadas, en tareas de seguridad pública, contribuyó, también, a que algunas de las tareas de la Procuraduría se hicieran irrelevantes.

El problema fundamental consistió en la renuncia a un esquema de seguridad que se fue elaborando a lo largo de décadas y que tenía lógica, la que permitió, por cierto, sellar la frontera sur y prácticamente detener los vuelos clandestinos de los narcotraficantes colombianos y de modo particular los de la organización de Pablo Escobar, quien revolucionó el mercado justo por la capacidad de trasportar toneladas y toneladas de droga con su flota de aviones.

Pero respecto a la destrucción del equipo aéreo de la PGR, en una mezcla de negligencia y corrupción, deben dar explicaciones puntuales y, en su caso, sanciones para quien resulte responsable de la pérdida de patrimonio nacional.

Ya se está avanzando por esa ruta, aunque parece insuficiente el cese de funcionarios de servicios aéreos para dar cuenta de un problema que podría ser de grandes dimensiones.

Se debe reconocer el valor de la procuradora Morales, pero sospecho que eso no será suficiente.

En unas semanas el presidente, ahora electo, Enrique Peña Nieto, propondrá el Senado al próximo titular del Ministerio Público.

Una de la tareas más urgentes e importantes será la de rescatar funciones que la ley le confiere a la Procuraduría.

A estas alturas es evidente que la PGR no representó una prioridad dentro de la estrategia de combate a la criminalidad.

Definir si el Ministerio Público requiere de una flota aérea no es un asunto menor y debe ser visto a la luz de un proyecto integral que aliente la colaboración entre dependencias y no su enfrentamiento.

julian.andrade@razon.com.mx
Twitter: @jandradej

Flota de PGR volaba con alto riesgo: auditoría.

Una auditoría a la flota aérea de la Procuraduría General de la República realizada por una empresa estadounidense urgió a modificar su departamento de mantenimiento ya que de lo contrario "sería inevitable" un incidente o accidente

EVALUACIÓN. La Procuraduría General de la República integra 13 averiguaciones previas que involucran, en principio, a 20 servidores públicos por actividades ilícitas en el manejo de la Dirección General de Servicios Aéreos . (Foto: ARCHIVO EL UNIVERSAL )

Lunes 12 de noviembre de 2012
Silvia Otero | El Universal
silvia.otero@eluniversal.com.mx

Ante las condiciones y el manejo de la flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR) era “inevitable” un accidente. Se utilizaban aeronaves que no estaban en condiciones de vuelo, y ni siquiera existía el mantenimiento que garantizara la operación segura de los aparatos, reveló la auditoría que hizo una empresa estadounidense a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA).

A partir de este dictamen, elaborado por la firma Joseph del Balzo Associates (JDA), la titular de la dependencia, Marisela Morales Ibáñez, ordenó la reestructuración del área, y en agosto pasado decretó de inmediato la suspensión de vuelos en aeronaves no seguras, para evitar poner en riesgo la vida del personal.

Ante las irregularidades detectadas, la PGR integra 13 averiguaciones previas, que inicialmente involucran a 20 servidores públicos por actividades ilícitas como robo de aeropartes, desvío de recursos y compras fraudulentas, así como actos de corrupción, entre otras; acciones que se suman al cese de siete mandos de la DGSA, y la separación del cargo de 136 empleados por no aprobar los controles de confianza.

De acuerdo con el dictamen, el mal manejo del área durante más de una década desmanteló la flotilla de la dependencia. Mientras en el año 2000 existían 168 aeronaves, las auditorías de este año concluyeron que de 92 existentes sólo 8 funcionan (21 más los utiliza el Ejército en acciones contra el narcotráfico). Al final de la reestructuración, la meta es recuperar 65 aparatos.

A fin de que no se paralizaran las operaciones que realiza la DGSA, de traslado de personal sustantivo y de detenidos, así como contra el crimen organizado, la PGR se vio precisada a arrendar nueve aviones y un helicóptero, por un periodo inicial de cuatro meses, en un contrato por hasta 7.5 millones de dólares.

Seguridad aérea en riesgo

Morales Ibáñez ordenó una primera auditoría a la DGSA —que se practicó entre diciembre de 2011 y enero de este año—, que encontró serias deficiencias en materia de personal y capacitación, en el sistema de manuales, en el control de calidad, así como en el manejo de partes y materiales.

Ante los resultados, la PGR contrató los servicios de la empresa JDA, que desarrolla soluciones para aerolíneas, operadores, compañías de aviación, constructores de aeronaves y refacciones, estaciones de servicio, centros de entrenamiento y aeropuertos, y que en 2005 obtuvo el reconocimiento de la Federal Aviation Administration (FAA) como consultora calificada y certificada.

Entre junio y septiembre de este año la JDA hizo una revisión a fondo del área. El dictamen reveló: “Si la DGSA no actualiza y repara su departamento actual de mantenimiento, seguirán con una disponibilidad baja de aeronaves y habrá operaciones inseguras, por lo que es inevitable que se dé un incidente o accidente que involucre la aeronavegabilidad de las aeronaves”.

La auditoría que concluyó hace dos meses detectó “continuo despacho de aeronaves en condición no aeronavegable”, y que “para el personal directivo la seguridad no es una prioridad”.

Además se descubrió que “el sistema de mantenimiento actual de la Dirección General de Servicios Aéreos carece de los elementos básicos para asegurar la aeronavegabilidad y operación segura de las aeronaves como lo evidencia la condición de la flota. De 89 aeronaves inspeccionadas (dos más están en el extranjero y una en Sonora), sólo 8 se encontraron en condición de aeronavegabilidad”.

No se utilizaban los manuales para las operaciones de vuelo y mantenimiento, era inexistente un programa de capacitación aprobado, y los registros de capacitación de pilotos (2010-2012) revelan que no estaban calificados para vuelo; además de un deficiente control de las refacciones, ya que incluso se encontraron en almacenes 6 mil 500 partes que no corresponden a las aeronaves de la DGSA, y se usaban refacciones no autorizadas. Se concluyó que la gestión del aérea era ineficaz. La reingeniería que está en curso y concluirá el 31 de diciembre próximo, era obligada.

Contrasta que mientras sólo 8 aeronaves están en condiciones de operación, la plantilla laboral de la DGSA es de 874 personas, de las cuales 96 son pilotos; por lo que también se realiza un diagnóstico sobre los servidores públicos adscritos al área, que cuenta además con 623 comandantes, capitanes de vuelo, coordinadores de mantenimiento y supervisores de norma.

De hecho, entre las medidas recientes que se adoptaron para mejorar la DGSA, se designó a cinco nuevos mandos provenientes de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar), y se implementó un Sistema de Gestión de Calidad, que incluye a los 10 almacenes de la dependencia.

Investigaciones abiertas

Las anomalías implican responsabilidades penales y administrativas: están 13 expedientes abiertos por estos hechos. Hay 10 averiguaciones previas que involucran a 20 servidores públicos, identificados como presuntos responsables de delitos como compras fraudulentas, robo de piezas o refacciones y desvío de recursos, entre otros ilícitos.

Además, de tres indagatorias en la Visitaduría General de la PGR, por ejercicio indebido del servicio público; y un expediente de investigación por posibles actos de corrupción, ante indicios de que personal de la DGSA solicitaba dinero a sus compañeros a cambio de otorgar comisiones.

Los expedientes se integran contra los presuntos responsables por los delitos de robo de piezas, ejercicio indebido del servicio público, uso indebido de atribuciones y facultades, fraude, y los ilícitos que resulten.

Como parte de estas pesquisas el 25 de octubre pasado se realizaron operativos simultáneos en los hangares de la PGR ubicados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México; en Cuernavaca, Morelos y en Guadalajara, Jalisco.

Acciones similares se realizarán en los próximos días en las bases aéreas en Chilpancingo y Acapulco, Guerrero; Culiacán, Sinaloa; Hermosillo, Sonora; Toluca, Estado de México; Chetumal, Quintana Roo y Chihuahua.

En materia administrativa, hasta la fecha se cesó a siete mandos de la Dirección General de Servicios Aéreos, “por pérdida de confianza”; se dieron de baja a 136 servidores públicos (16% del total asignado) que no acreditaron los controles de confianza, entre ellos, técnicos de control de mantenimiento, supervisores de normas y procedimientos, coordinadores de mantenimiento y comandantes de vuelo.

Pide el Senado a la procuraduría indagar corrupción en dirección de servicios aéreos

Víctor Ballinas y Andrea Becerril

Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 14
El Senado demandó a la Procuraduría General de la República (PGR) que continúe las averiguaciones previas y los procedimientos administrativos por los actos de corrupción en su Dirección General de Servicios Aéreos, y a más tardar en 15 días haga llegar un informe de las unidades administrativas más vulnerables a la corrupción.

En tanto, el PRI advirtió que en los últimos 12 años la flota aérea de la PGR se redujo 92.45 por ciento, al pasar de 106 a sólo ocho aeronaves en plenas condiciones de operatividad. El senador Ricardo Barroso, presidente de la Comisión de Marina, pidió que la dependencia dé una explicación al Senado, ya que hay demasiadas anomalías, entre ellas que se ha visto obligada a arrendar 10 aeronaves.

La propuesta aprobada ayer por el pleno derivó de una sugerencia con punto de acuerdo presentada el pasado 11 de septiembre por el petista David Monreal, quien pidió que el Senado demandara a la titular de la PGR ampliar la auditoría a todas las áreas estratégicas a su cargo, así como a las empresas relacionadas con la misma, debido a la corrupción denunciada en servicios aéreos.

Sin embargo, Ricardo Barroso presentó ayer otro punto de acuerdo por medio del cual solicitó que la PGR explique lo ocurrido con la flota aérea, “sobre todo porque el presupuesto destinado a la institución se ha incrementado 61 por ciento en los últimos seis años, al pasar de 9 mil 216 millones a 14 mil 905 millones de pesos.

En el punto de acuerdo Barroso denunció que al inicio de la administración de Vicente Fox, la flota aérea era de 168 unidades, entre aviones y helicópteros, de las cuales 106 se encontraban en condiciones de operación. Esa cifra contrasta con la actual, de que hay 98 aeronaves, de las cuales únicamente ocho están en condiciones plenas de volar.

Ante esa problemática, la PGR se ha visto obligada a arrendar 10 aeronaves que le permitan cumplir con sus obligaciones para el traslado de personal y de detenidos.

El priísta destacó que se refirió a los informes de rendición de cuentas de la administración pública federal 2000-2006 y los seis últimos de labores de la PGR, en los que se reconoce que el patrimonio aéreo ha ido disminuyendo y deteriorándose.

Incluso, abundó, en los dos últimos años se excluyó del informe el número de aeronaves y su disponibilidad, el valor de los bienes y el monto de inversiones realizadas en ese renglón.

Cesó la PGR a 230 elementos; no atendió exigencia de liquidación

Nos trataron como criminales, dicen afectados por el reordenamiento

Pilotos de la PGR fueron citados ayer en el hangar de la dependencia en el aeropuerto capitalino, donde se les informó de su despidoFoto Víctor Camacho
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Viernes 23 de noviembre de 2012, p. 14
La Procuraduría General de la República (PGR) despidió ayer a 230 elementos de la Dirección General de Servicios Aéreos, entre quienes están 120 pilotos. Aseguró que esto es consecuencia del reordenamiento empezado a principios de año en la institución.

Sin embargo, un grupo de pilotos cesados denunció que hay al menos 70 aeronaves que cuentan con el certificado para volar, pero inexplicablemente están en tierra desde hace tres meses, por lo que no opera la flota encargada de interceptar aviones con droga procedentes de Sudamérica y de los helicópteros que fumigaban cultivos ilícitos.

La dependencia precisó que el cese de los funcionarios, que van desde mandos medios y personal administrativo hasta pilotos y mecánicos, no se basó exclusivamente en los resultados de los exámenes de confianza que les aplicaron, sino también en que sus servicios ya no son necesarios para la institución.

Funcionarios de la PGR agregaron que incluso hay un acuerdo con el sindicato para dar de baja a quienes no aprueben los exámenes de control de confianza.

Por la mañana, los pilotos fueron citados en el hangar de la PGR en el aeropuerto capitalino, donde les notificaron que a partir de ese momento dejaban de laborar, y les advirtieron que no los dejarían retirarse hasta que firmaran su cese.

Los pilotos –la mayoría con antigüedad de entre nueve y 30 años– reclamaron que los indemnizaran conforme a la ley, sin obtener respuesta favorable del personal que les anunció el despido.

Entrevistados fuera del hangar en el que laboraron por años, denunciaron que fueron tratados como criminales, a pesar de que todos aprobaron los exámenes de control de confianza e incluso –hace aproximadamente un mes– personal de la Oficialía Mayor de la PGR les había dicho en una reunión que no se preocuparan por la restructuración, que su puesto estaba asegurado.

Los capitanes Gilberto Vargas Cruz, Claudio Aguilar Enríquez y Fernando Acevedo Luna señalaron que es inexplicable la actitud de la PGR de dejar en tierra 70 helicópteros y aviones autorizados por la Dirección General de Aeronática Civil, además de que esa acción de la procuraduría contrasta con la declaraciones del presidente Felipe Calderón de combatir frontalmente el narcotráfico, cuando los aviones que interceptaban las naves con droga y los helicópteros que fumigaban los plantíos de droga llevan tres meses parados.

Precisaron que ni la Fuerza Aérea Mexicana ni la Secretaría de Marina cuentan con las unidades suficientes para llevar a cabo esa tarea. Agregaron que a pesar de que las naves de la PGR están listas para volar, la procuradora Marisela Morales autorizó la renta de aviones, a un costo de entre 5 y 7 mil dólares la hora.

Los entrevistados añadieron que los actos de corrupción y venta de refacciones detectados desde 2008 en la Dirección General de Servicios Aéreos los cometieron los funcionarios de alto nivel designados por Marisela Morales, y que, en todo caso, a quien deben investigar y castigar es a los mandos que cometieron los ilícitos.

Cuestionaron también el hecho de que las naves no estén en servicio por indicaciones de la compañía estadunidense JDA, la cual realizó la auditoría que detectó las irregularidades en la Dirección General de Servicios Aéreos, con el argumento de que no cumplen las directivas de aeronavegabilidad, boletines de servicio obligatorio, programa de inspección, registros de mantenimiento y cumplimiento de instrucciones de mantenimiento del fabricante.

Argumentaron que la Dirección de Aeronáutica Civil es la única autoridad en la materia en el país, y que ésta es la que debe determinar qué nave está en condiciones de volar y cuál no, y al menos las 70 que no están en servicio cuentan con dicha autorización.

Procuraduría cesa a 213 del sector aéreo

La Procuraduría General de la República (PGR) cesó a 213 servidores públicos de diversos niveles que estaban adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), como parte de la reestructuración que la dependencia realiza en esta área



DESPIDOS. Pilotos de la PGR protestan ante la reestructuración de la dependencia; promoverán amparos ante recortes . (Foto: JORGE SERRATOS EL UNIVERSAL )

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Viernes 23 de noviembre de 2012
Silvia Otero y Marcos Muedano | El Universal



politica@eluniversal.com.mx

La Procuraduría General de la República (PGR) cesó a 213 servidores públicos de diversos niveles que estaban adscritos a la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA), como parte de la reestructuración que la dependencia realiza en esta área.

Entre el personal que fue separado de sus cargos están más de 120 pilotos a quienes se les notificó que ante la “sensible” reducción de la flota aérea de la dependencia, sus servicios eran innecesarios, por lo que los afectados anunciaron que tramitarán amparos para ser liquidados conforme a la ley.

El resto de los servidores públicos despedidos ayer son mandos, elementos administrativos, secretarias, mecánicos y técnicos “quienes no cuentan con las capacidades adecuadas para desempeñarse en el cargo”, pues incluso muchos de ellos no aprobaron los exámenes de control de confianza que aplica la institución, explicaron autoridades de la dependencia.

Desde febrero de este año a la fecha suman así 349 los empleados de la DGSA separados de la dependencia, ya que hasta octubre pasado eran 136 los servidores públicos que dejaron de pertenecer a la institución.

Respecto a los nuevos ceses, las autoridades argumentaron que la depuración del personal forma del proceso con el que se busca mejorar las condiciones de seguridad, transparencia, así como el servicio aéreo de la PGR, luego de que la auditoría realizada por una empresa estadounidense, reveló graves irregularidades en la operación de la DGSA.

Destaca en la auditoría que el área carecía de elementos básicos para asegurar la aeronavegabilidad y operación segura de las aeronaves, ya que de las 92 que integran la flota, al ser inspeccionadas 89 (dos más están en el extranjero y una en Sonora), sólo 8 estaban en condiciones de operación.

Ante el mal manejo del área se iniciaron 13 averiguaciones previas, en las que inicialmente se implica a 20 servidores públicos por los presuntos delitos de robo de auto partes, desvío de recursos y compras fraudulentas, así como actos de corrupción, que se suman a 306 expedientes por abuso de confianza por no comprobar viáticos.

La falta de aeronaves —ya que la que flota se desmanteló en los últimos dos sexenio— llevó al despido colectivo de pilotos. En un escrito que se les entregó ayer a los operadores aéreos cesados, firmado por Rodolfo de la O Hernández, director general de Recursos Humanos y Organización de la PGR, se explica que ésta es una de las razones del cese.

Pilotos cesados de la PGR piden amparos; los despidos son injustificados, sostienen

Rechazan trabajadores que no haya aeronaves para laborar; más de 70 están en tierra, aseguran
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Lunes 26 de noviembre de 2012, p. 5

Los trabajadores de confianza de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) pueden ser despedidos en cualquier momento, afirma la dependencia en los comunicados en que notificó a los empleados sus ceses, sin importar la antigüedad en sus cargos.

En los documentos, a los que La Jornada tuvo acceso, se da a conocer la modificación de los horarios laborales en las unidades aéreas de la dependencia a escala nacional y se recuerda a los funcionarios cesados que tenían cargos de confianza que sólo tienen derecho a sueldo y prestaciones sociales mientras dura su empleo.

Trascendió que los pilotos adscritos a la DGSA presentaron demandas de amparo contra su despido, por considerar que la rescisión es injustificada.

En los textos enviados al personal de la DGSA que ha sido dado de baja en días recientes (más de 200, de los cuales 120 son pilotos) se señala que a partir de hoy lunes el horario de trabajo en las direcciones de Mantenimiento Mayor y Mantenimiento de Aeronaves en Campaña en Guadalajara, Jalisco; Cuernavaca, Morelos, y ciudad de México será de nueve de la mañana a seis de la tarde, con horario de comida de 14 a 15 horas, de lunes a viernes.

El escrito añade que el personal que trabaja 15 x 15 (días de trabajo por días de descanso en las subdirecciones regionales) tendrá nuevo horario: de lunes a viernes de nueve de la mañana a 18 horas.

En el caso de las bases ubicadas en Hermosillo y Chihuahua, los horarios locales deberán ajustarse con el del centro del país para que operen de la misma manera.

Este cambio obedece a la intención de unificar un horario en la PGR.

En cuanto a los amparos interpuestos presuntamente por los pilotos contra su despido, argumentan que la acción de la PGR fue ilegal, porque pretexta que no hay aeronaves para que trabajen, pero en realidad hay más de 70 helicópteros y aviones en tierra, a pesar de que se encuentran en buenas condiciones técnicas y con la autorización de la Dirección General de Aeronáutica Civil para operar.

Arguyen que hubo irregularidades en la forma en que fueron notificados sobre su despido. Además, dicen que fueron obligados a firmar la constancia de su cese, la cual es el mismo machote para todos los casos, es decir, la rescisión no fue de manera individual, como estipula la ley.

Sostienen que la PGR utiliza los servicios de una arrendadora de aeronaves para transportar a sus funcionarios. Paga miles de dólares en alquiler, en lugar de invertir en la mejora de su flota. Ello sin contar que desde hace tres meses las labores que realizaban los pilotos de la procuraduría para interceptar aviones que ingresan de manera ilícita con estupefacientes a territorio nacional y la fumigación de plantíos de droga están detenidas. Los únicos beneficiarios de esa situación, apuntan, son los integrantes del crimen organizado.

Por otra parte, en los comunicados entregados a los trabajadores despedidos, firmados por el director general de recursos humanos y organización de la PGR, Rodolfo de la O Hernández, se subraya que, debido a que el número de aeronaves de la institución ha disminuido sensiblemente, no se justifica el excedente de personal.

Los documentos advierten que los empleados de confianza no tienen estabilidad laboral y se deja abierta la puerta para que los afectados no sean indemnizados conforme a la ley.

Señalan que la autoridad ya perdió la confianza en ellos y por eso los cesa, lo cual deja abierta la posibilidad de que la PGR alegue que, como no pasaron los exámenes de confianza, ellos son los responsables de la rescisión. De ese modo la dependencia no es responsable de pagarles ninguna indemnización.

Anomalías en talleres, almacenes y hangares de la flota aérea de la PGR
Jesús Aranda

Periódico La Jornada
Martes 27 de noviembre de 2012, p. 11

Dentro de la reordenación integral de la estructura de la flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) realizó una verificación técnico-administrativa mayor ordinaria en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la dependencia, la cual reveló la carencia de manuales de procedimientos, bitácoras y controles de mantenimiento, entre otras irregularidades.

La verificación realizada por la Dirección General de Aeronaútica Civil de la SCT en enero pasado, a petición de la propia PGR, en las instalaciones de servicios aéreos en el Distrito Federal y en otras entidades del país, reveló la existencia de numerosas anomalías en talleres de mantenimiento, almacenes y hangares.

Entre las irregularidades se encuentran turbinas sin tarjeta de identificación, aviones en servicios subidos en gatos montados inadecuadamente, llantas, motores y hélices mal almacenados.

El análisis agrega que, por ejemplo, en los almacenes el material destinado a ser desechado se encontraba en el piso y no en contenedores o anaqueles.

En hangares, la verificación –señala el documento de la SCT– encontró elementos fuselados y superficies de control sin identificación alguna, e incluso en un área de desechos encontró un contenedor con fugas de líquido.

La investigación de Comunicaciones y Transportes, que forma parte de la averiguación sobre presuntos actos de corrupción en el área de servicios aéreos de la PGR, afirma también que personal técnico del área no tenía conocimiento del Manual de Procedimientos de Taller o encargados de taller que desconocían sus funciones.

Señala el documento que también se detectaron simuladores de vuelo que no están actualizados y con el software obsoleto.

El informe indica que independientemente de las verificación técnicas no cumplidas, se han descubierto conductas que exhiben grave irresponsabilidad administrativa que propician incluso actos de corrupción.

Un ejemplo extremo de estas irregularidades, señala el texto, es el caso de un avión que durante 12 años le ha faltado un motor y una hélice, y que la revisión permitió encontrar las aeropartes que le faltaban, una en Cuernavaca y otra en Toluca; además de que, por este aparato, la institución ha pagado seguro contra accidentes en el hangar.

Cabe señalar que el despido reciente de personal administrativo, mecánicos y pilotos de la DGSA lo ha justificado la PGR por las investigaciones internas relacionadas con posibles actos de corrupción y por lo obsoleto de la flota aérea, y la reducción considerable del número de aeronaves capaces de garantizar la seguridad de los vuelos.

Renta PGR aviones que no cumplen seguridad

Policía • 25 Diciembre 2012 - 3:47am — Rubén Mosso

A través de una carta enviada al titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, detallaron que las irregularidades se han presentado especialmente en el área de operaciones.

La mayoría de la flota tiene una antigüedad de 30 a 35 años.

México • El personal de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la Procuraduría General de la República (PGR) denunció que las empresas que rentan aeronaves a la institución operan sin cumplir los mínimos estándares de seguridad.

A través de una carta enviada al titular de la dependencia, Jesús Murillo Karam, detallaron que las irregularidades se han presentado especialmente en el área de operaciones, esto a pesar de existir una auditoría de la JDA Aviation Solution, quien cobró millones de dólares por hacerla.

“…si bien es cierto que existen estas irregularidades no son generadas por el personal operativo que es al que están corriendo”, y estas compañías ponen en riesgo las operaciones aéreas porque hacen caso omiso a leyes, normas, reglamentos y directivas de la aviación nacional como internacional, señalaron.

Afirmaron que nunca se tomó en cuenta que parte de las aeronaves de la PGR estaban certificadas por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y en “mejores condiciones” que las de las compañías a las que hoy se les renta.

Indicaron que la empresa RAJET, nunca registra en bitácoras lo que le pasa a las aeronaves, además de que no tienen personal de mantenimiento para que realicen pre-vuelos. El contrato abierto con RAJET es el PGR/AD/CM/SERV/192/2012.

“Si usted o su personal asignado analizan el contrato con este taxi aéreo se darán cuenta que desde el principio existieron irregularidades que no han corregido y lo peor, se paga una disponibilidad que es más falsa”.

El contrato se firmó para tener una disponibilidad desde el 1 de septiembre de 9 aviones y un helicóptero, pero la PGR no ha tenido tal disponibilidad.

“Esto se puede comprobar con seguimiento de vuelo de PGR, informes y permisos en DGAC para su internación a México y a la flota de PGR, trámites con ASA (Aeropuertos y Servicios Auxiliares) para la asignación de permisos de carga de combustible a las aeronaves de nueva contratación por PGR efectuadas por el ingeniero Rogelio Rangel”.

En cuanto a mantenimiento, agregaron, falta mucho por verificar, porque no hay una revisión formal del estado de las aeronaves.

A finales de noviembre, la Procuraduría reconoció que sí pidió a la empresa JDA Aviation Solutions realizar una auditoría a la Dirección General de Servicios Aéreos de la institución, debido a las “graves” anomalías que detectó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Los funcionarios de la Procuraduría explicaron que el 20 de enero de este año, la Dirección General de Aeronáutica Civil de la SCT hizo constar en un acta los resultados de dicha visita de Verificación Técnico-Administrativa Mayor Ordinaria, efectuada en instalaciones de servicios aéreos de la PGR en el DF y otros estados del país.

La verificación comprendió no sólo las condiciones y la calidad de los servicios de mantenimiento que reciben las aeronaves, e incluyó la verificación de las operaciones a las que deben sujetarse los servicios aéreos y la capacitación que debe tener el personal asignado.

Claves

Funcionarios advierten de anomalías

- Informaron que la situación en su flota aérea era la carencia de manuales de procedimientos, bitácoras y controles de mantenimiento exigibles en todas las operaciones.

- Un ejemplo de las anomalías es el caso de un avión que durante 12 años le faltó un motor y una hélice, partes que se localizaron en Cuernavaca y en Toluca.

- Por esa aeronave la Procuraduría General de la República continuaba pagando un seguro contra accidentes en el hangar, denunciaron.

Positivo, informe de Servicios Aéreos de PGR

Los resultados, pese a indagación en curso

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Domingo 30 de diciembre de 2012, p. 13

A pesar de las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República contra más de 200 empleados y mandos de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) por presuntas irregularidades administrativas y operativas, y que la flota solamente contaba con ocho naves en condiciones de aeronavegabilidad al cierre de este año, el Informe de Rendición de Cuentas de la Administración Pública Federal 2006-2012 señala que en esa área "mes con mes los resultados operativos se fueron incrementando, teniendo mayor eficiencia".

El documento elaborado en la gestión de Marisela Morales Ibáñez refiere que las operaciones de la DGSA disminuyeron de 33 mil 487 en 2011 a 5 mil 271 en 2012, y las horas de vuelo pasaron de 75 mil 116 a 11 mil 928 horas en los últimos dos años.

El informe de gestión abarca inicialmente del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2011, y en él se menciona que durante ese lapso la DGSA "proporcionó servicios a programas sustantivos relacionados con el combate al narcotráfico, la delincuencia organizada, la procuración de justicia y traslado de reos".

En esta etapa se desarrollaron actividades de transporte y carga, capacitación, intercepción aérea y brindó apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con naves de ala fija y rotativa y se efectuaron 33 mil 487 operaciones, que requirieron 75 mil 116 horas de vuelo, y durante esas acciones se transportaron 86 mil 695 pasajeros, y como tales 8 mil 651 reos.

Se menciona que "en la comparación de cada año, los resultados operativos se fueron incrementando, teniendo una mayor eficiencia en la atención a las solicitudes de vuelo demandadas, destacando los rubros de Operaciones y de Pasajeros, logrando un apoyo fundamental para el cumplimiento de las tareas y/o acciones de la PGR".

Supuestamente en los primeros cinco años de la gestión de Felipe Calderón, cuando al frente de la PGR estuvieron Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, "el aumento en la eficiencia de las operaciones" se llevó a cabo en razón de haber incorporado a la flota una aeronave para 32 pasajeros; la optimización de la flota aplicando medidas orientadas a racionalizar el uso de las aeronaves, llevando a cabo un mayor número de traslados de pasajeros en menor cantidad de operaciones; y la aplicación de un programa integral de mantenimiento, lo cual elevó el índice de disponibilidad de la flota, permitiendo una mejor utilización de la misma.

Para 2012, a pesar de que se menciona que "es de destacar que mes con mes, los resultados operativos se fueron incrementando, teniendo una mayor eficiencia en la atención a las solicitudes de vuelo demandadas", la PGR inició una averiguación previa, despidió a más de 200 empleados de la DGSA, inicio actas administrativas contra los empleados y ex directivos, y detuvo las operaciones de toda la flota desde septiembre por una auditoría que determinó que de 80 naves, sólo ocho tenían condiciones para volar.

A pesar de esa circunstancia, el reporte de la PGR abarca de enero a noviembre de 2012 y refiere que se llevaron a cabo 5 mil 271 operaciones; 11 mil 928 horas de vuelo; y se trasladaron 17 mil 914 pasajeros, así como 2 mil 198 reos.

La PGR, sin aeronaves para realizar traslados

Su flota de 90 vehículos sigue paralizada
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Jueves 10 de enero de 2013, p. 14

La Procuraduría General de la República (PGR) suspendió la renta de aeronaves para el traslado de personal, detenidos y reos, revelaron funcionarios de la institución.

En tanto, ex trabajadores de la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) solicitaron un encuentro con el procurador de la República, Jesús Murillo Karam, para solicitar su reinstalación y en algunos casos que se aclare por qué, si no fueron notificados de su baja durante la gestión de Marisela Morales, se les impide desempeñar sus puestos como pilotos y técnicos en distintas especialidades en aeronaútica.

Desde el primero de septiembre de 2012, la flota de la PGR, que oficialmente cuenta con más de 90 naves, pero de las cuales sólo ocho tenían condiciones de aeronavegabilidad, se encuentra parada, y para realizar las funciones de traslados se contrataron unos ocho aviones y helicópteros a empresas mexicanas y estadunidenses, con la autorización de Marisela Morales.

Los contratos, según las fuentes consultadas, no fueron renovados con fecha primero de enero, supuestamente por el alto costo que esas rentas significaban para la institución, por lo que la flota sigue paralizada aunque 40 naves ya fueron reparadas.

Las fuentes consultadas indicaron que la nueva administración analiza la reorganización de la DGSA y la reposición de las operaciones.

Señalaron que la Oficialía Mayor de la PGR suspendió los despidos de personal técnico o administrativo de la DGSA, pero no han accedido a un encuentro con los más de 200 trabajadores cesados entre los meses de septiembre y noviembre de 2012, cuando la administración precedente ordenó una auditoría técnica y operativa, y el inicio de investigaciones ministeriales por delitos como robo y fraude, por el presunto descubrimiento de sustracción de partes de aviones y helicópteros de la flota de la PGR.

En la Subprocuraduría de Delitos Federales se inició una averiguación previa por la mala administración de las naves y la falta de operatividad, pero se desconoce el avance de las indagatorias.

Godínez Téllez, oficial mayor de PGR; Alcántara Silva dirige Servicios Aéreos

Murillo Karam nombra nuevos colaboradores

Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de enero de 2013, p. 12

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, designó oficial mayor de la dependencia a Carlos Alejandro Godínez Téllez, ex secretario de finanzas en el gobierno de Hidalgo, y como nuevo director de Servicios Aéreos a Jaime Alcántara Silva, ex diputado federal priísta por el estado de Puebla.

Godínez Téllez cursó de 1984 a 1987 la licenciatura en ciencias políticas y administración pública en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, realizó estudios de posgrado y ha trabajado en diversas áreas de la administración pública federal, entre ellas en las secretarías de Gobernación, de la Reforma Agraria y de Seguridad Pública.

En el estado de Hidalgo, el actual oficial mayor de la PGR fue coordinador general del comité de planeación para el desarrollo de esa entidad, y de 1994 a 1998 fungió como secretario de finanzas y administración estatal, cuando Murillo Karam era gobernador de la entidad.

Jaime Alcántara Silva formó parte de la 59 Legislatura federal y participó en las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Defensa Nacional de la Cámara de Diputados; también fue coordinador general de asuntos políticos del sector agrario en el Comité Ejecutivo del PRI.

En la PGR se mantiene hermetismo acerca de los candidatos a ocupar las subprocuradurías de Delitos Federales y Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada, donde Murillo Karam ha mantenido a encargados de despacho.

Sigue en tierra la flota aérea de la PGR; ahora faltan permisos de navegabilidad

De las 90 naves, la mitad serán desechadas por inoperables

Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 27 de enero de 2013, p. 13

La flota aérea de la Procuraduría General de la República (PGR) lleva cinco meses sin volar, y pese a que ya fueron reparadas 40 naves, la dependencia no ha concluido el trámite de los permisos de aeronavegabilidad, revelaron funcionarios de la Dirección General de Servicios Aéreos.

La PGR cuenta con 90 naves, de ellas 50 por ciento serán desechadas por inoperables; sin embargo, existen convenios internacionales que obligarán a la institución a revisar cuáles fueron donadas a cedidas por el gobierno de Estados Unidos, y notificarle que ya no están en condiciones de volar, para que se determine el procedimiento a seguir y, por otra parte, algunas naves fueron entregadas en comodato por el Servicio de Administración de Bienes Asegurados, y también debe revisarse el mecanismo para darlas de baja, ya que en algunos casos eran aviones o helicópteros que se decomisaron a grupos criminales.

De acuerdo con la información recabada, existen seis naves de la Policía Federal Ministerial que se encuentran pendientes de validación, entre ellos las de matrículas XC-DAD, XC-ALA, XC-LMI, XC-LMN, esto es, que desde el 8 de septiembre de 2012, ocho días después de que Marisela Morales ordenó que se suspendieran operaciones, la naves fueron arregladas, pero no se les realizaron pruebas de aeronavegabilidad.

Además, como desde 2007 la PGR transfirió naves a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), también existen seis helicópteros que ya se encuentran reparados, pero que no han sido validados, y según los registros de la DGSA, su fecha de terminación es "indefinida", por lo cual, en algunos casos ya se cumplió el plazo para que se les realicen los servicios obligatorios, sin que hayan volado, señalaron funcionarios consultados.

La plantilla de pilotos, mecánicos y técnicos en aeronáutica se encuentran sin tareas asignadas desde septiembre de 2012, cuando una auditoría descubrió graves irregularidades operativas y administrativas que revelaron que solamente ocho de las 90 naves estaban en condiciones de volar sin peligro, pero aunque se abrió una averiguación previa, no ha sido detenido ninguno de los ex directores de servicios aéreos, que fueron señalados por la administración anterior como presuntos responsables de robos de partes y refacciones, y de la baja operatividad de la flota.

Mandan a volar reglas mexicanas

La anterior titular de la PGR, Marisela Morales, tenía un plan de vuelo para cortar las alas del organismo: encargar auditorías a empresas estadounidenses para declarar los aviones inservibles y rentar otros a precios millonarios.

Por Armando Estrop - Martes 29 de enero de 2013

Al aplicar la legislación de EU, la mayoría de las naves no pasaban la revisión y el absurdo llegaba a que las auditoras exigían hasta letreros en inglés

La ex procuradora, Marisela Morales, mandó a volar la normatividad aeronáutica mexicana y logró dejar en tierra a la mayoría de los aviones de la Procuraduría General de la República (PGR).

De acuerdo a documentos internos y a la versión de los pilotos de la extinta Dirección de Servicios Aéreos de la PGR, en la pasada administración se realizó una auditoría por una empresa estadounidense con el fin de evitar vuelos con aeronaves propias.

La estrategia habría tenido como finalidad rentar aviones a empresas consentidas mediante pagos millonarios.

La empresa JDA revisó decenas de aviones que se utilizaban para intercepción, erradicación de plantíos y traslado de funcionarios y reos

Al aplicar la reglamentación del país del Norte, la mayoría de los aviones de la Procuraduría no pasaron la revisión y se calificaron como imposibilitados para dar servicio.

Por esto se rentaron, principalmente a la empresa RAJET, por montos que alcanzaron un millón 416 dólares tan sólo en el mes de octubre de 2012.

Esto a pesar de que la propia Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes había dado el aval para el funcionamiento de los aviones propios.

Los pilotos y mecánicos, todos con decenas de años de experiencia y labor en la PGR, coinciden en que todo fue una medida premeditada para poder rentar aviones y, poco a poco, hacer desaparecer el área de servicios aéreos.

Y es que a finales de noviembre del año pasado, justo a una semana de que acabara el sexenio de Felipe Calderón, se citó a todos los pilotos en el hangar de la PGR para anunciarles su despido.

Se les dijo que por la falta “sensible” de aviones ya no se requería el servicio de pilotos. Mediante una carta se advirtió que al ser empleados de confianza no tenían derecho a ninguna indemnización o finiquito.

La auditoría extranjera

Miguel Ángel Escalante Palacios fue coordinador de mantenimiento aéreo en PGR durante 22 años. Nunca como en los dos sexenios panistas vio tal descuido hacia la flota área de la dependencia.

Primero, fue la caída de los presupuestos. Año tras año disminuían los montos para refacciones y mantenimiento preventivo.

Ante esto sólo quedaba improvisar y, por último, poner piezas de un avión en otro. Pero el colmo fue cuando, mediante oficio de la Oficialía Mayor, les pidieron brindar todo el apoyo a una empresa norteamericana que realizaría una auditoría.

Lo extraño es que hacía escasos meses ya se había realizado una revisión de este tipo por la instancia oficial en México, la Dirección General de Servicios Aéreos.

Fue entonces cuando llegaron representantes de JDA Aviation Technology Solutions.

Ocurrió a mediados de 2012 y se hizo a petición de la propia ex procuradora, Marisela Morales, a través de la Oficialía Mayor. El resultado fue devastador pues gran parte de la flotilla de aviones tenían que salir de vuelo.

“La auditoría que nos aplicó la JDA el año pasado, ellos fundamentaron mal los resultados de esa auditoría, basándose en que las aeronaves no servían para la navegación. Y lo que pasa es que no se les invirtió el dinero.

“Los de la auditoría solicitaban cosas como compra de cinturones, que porque los que había eran inseguros. Por eso pararon unos helicópteros, porque como no tenían los cinturones originales del fabricante, por eso pararon aeronaves”.

A pesar de que ya se había aprobado la inspección oficial en México, los mecánicos y pilotos no pudieron inconformarse por esta auditoría pues eran órdenes superiores.

“Nosotros nos regimos por la autoridad mexicana, pero estos amigos, sin tener autoridad, nos pararon los aviones”.

El ingeniero asegura que las exigencias de los auditores cada vez fueron más absurdas, hasta el grado de pedir avisos en inglés cuando todos los aviones los tenían en español por estar en México.

“De acuerdo a su criterio, cosas irrelevantes, como que los letreros de advertencia estuvieran en inglés cuando nosotros los teníamos en español. Los aviones nosotros los teníamos en México, no estábamos volando en Estados Unidos”.

Y es que al pedirles el historial de los aviones no podían entregarlos porque todo el tiempo utilizaron aeronaves decomisadas a las bandas del crimen organizado.

“Los aviones, todos son decomisados, entonces Servicios Aéreos se encargaba de darles el mantenimiento. Los helicópteros eran propios, entonces de esos sí teníamos el historial”.

Durante la inspección se desató una polémica con la ventanilla de un avión que la empresa JDA decía que estaba rota e impedía realizar un vuelo en condiciones seguras. Los mecánicos de la PGR solicitaron la opinión del fabricante y le enviaron fotos de la ventanilla.

El fabricante respondió que si se le hacía una reparación menor, la cual explicaron, no habría problema. La Oficialía Mayor le hizo caso a JDA y la aeronave se quedó en tierra.

Piloto del procurador

Durante más de 30 años fue el piloto del procurador en turno. Los recuerda por su nombre prácticamente a todos.

“Yo volé con los últimos siete procuradores”, presume Ismael Medina Castro.

Es otro de los casi 230 pilotos que desocuparon al terminar el sexenio de Felipe Calderón.

Ya en una ocasión lo despidieron alegando que no pasó los exámenes de control de confianza. Se mostró inconforme y logró que lo pusieran nuevamente a cargo del avión que movía al titular de la PGR.

Incluso asegura que llevó a San Francisco, California, al ex secretario de Gobernación, Alejandro Poiré.

“Me preguntó qué tan seguros vamos, capitán, ya ve que no estamos para sustos. Totalmente seguros le dije. Y es que nosotros no sentimos ninguna presión psicológica de llevarlos a ellos”.



Destacó que, a diferencia de los pilotos militares y del Estado Mayor Presidencial, en la PGR nunca tuvieron un accidente en el que perdiera la vida un funcionario o secretario de Estado.

Medina Castro segura que, tras las administraciones panistas, hubo un plan para desarticular Servicios Aéreos de PGR.

No tiene claro cual sería el objetivo central de hacer desaparecer su departamento. Lo que sí tiene claro es que el espacio aéreo está libre para el narcotráfico y la erradicación de plantíos de droga ya no se hace.

“Al terminar el presidente Fox su mandato, el 30 de noviembre del 2006, ese día ordenaron parar las aeronaves que erradicaban cultivos ilícitos, cosa que yo creo que fue mal hecha porque en la República erradicábamos de una manera bastante profesional”.

Cese fulminante

Joel Valencia ha sido uno de los pilotos más inconformes con la desaparición de Servicios Aéreos. Trabajo ahí 22 años. Fue de los primeros en denunciar que las irregularidades con las que se estaba trabajando en PGR.

“Ellos dicen que siendo empleados de confianza no tenemos derecho a nada, a ninguna liquidación al respecto. Simplemente tenemos derecho al sueldo hasta ese momento y al Seguro Social, así lo quieren manejar porque es la forma más fácil de deshacerse de nosotros”.

Denunció desde mayo de 2012 la falta de equipo, las aeronaves detenidas y la estrategia para despedirlos.

Encabezó dos plantones frente a las instalaciones de PGR en la Avenida Reforma de la Ciudad de México.

Ahora, con la nueva administración priista, está intentando, junto a otros compañeros, ser reinstalados en sus puestos.

Sobre los argumentos de que no hay aviones y por eso no hay empleo, el piloto ironiza. Coincide con sus compañeros en que sí existen aeronaves y que, en realidad, todo apunta a una estrategia de la ex procuradora para rentar en vez de usar los propios.

“No hay aviones viejos, se puede decir que hay aviones que se van haciendo viejos por falta de servicio y mantenimiento, y es lo que pasó en la PGR porque, después de haber sido una de las flotas áreas más grandes de Latinoamérica, en dos sexenios se acabaron”.

Sin embargo a la única persona a la que han tenido acceso es al director General de Recursos Humanos, Rodolfo de la O Hernández, quien firmó sus ceses con la pasada administración del PAN, cuando Marisela Morales todavía era procuradora.

“Se acabó la flota y el empleo”

¿Y la labor que hacían?

“Se acabó la erradicación de cultivos ilícitos y lo que era el trabajo de intercepción aérea. Y el traslado de funcionarios y reos, esas eran las tres funciones que venía realizando Servicios Aéreos de PGR”.

Pagan millones por reprobar a todas las naves.

La empresa estadounidense Aviation Technology Solutions implementó requerimientos absurdos como el que los letreros de las aeronaves estuvieran en inglés
Por Armando Estrop - Miércoles 30 de enero de 2013

La PGR contrató a externos para una auditoría que hacen periódicamente las autoridades mexicanas

La PGR pagó una millonaria revisión aérea a una empresa extranjera que terminó dejando en tierra la mayoría de sus aviones.

Durante la gestión de la exprocuradora Marisela Morales, la dependencia gastó un total de un millón 519 mil 105 dólares en pagos a la empresa JDA Aviation Technology Solutions.

Esa empresa, establecida en el estado de Maryland, en Estados Unidos, prácticamente hizo la tarea de las autoridades aeronáuticas mexicanas.

Ante el resultado de la auditoría la PGR optó por rentar aviones a la empresa RAJET pagando montos de hasta un millón y medio de dólares mensuales.

Los pilotos que trabajaron en la dependencia aseguran que durante la evaluación de la empresa estadounidense se implementaron requerimientos absurdos como el que los letreros de las aeronaves estuvieran en inglés.

En los documentos que la propia PGR presentó como propuesta para que esta empresa hiciera esa evaluación, aparecen los precios y los alcances de la auditoría.

La mayor parte de las revisiones propuestas en el documento, con carácter de confidencial, se hace referencia a las facultades de revisión que tiene la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Es decir, que se pagó por una auditoría que hacen periódicamente las autoridades mexicanas. Sin embargo, cuando se hizo por la DGAC pasaron todos requerimientos, y al ser inspeccionados por la empresa extranjera el resultado fue dejar los aviones en tierra.

En la primera fase de la auditoría se hicieron revisiones de las estructuras organizacionales con un costo de 569 mil 664 dólares.

La auditoría específica sobre vuelos y aeronaves fue en la fase 2. La PGR pagó por esto 379 mil 776 dólares.

“Realizar auditoría de la gestión y control, de los departamentos de vuelo y mantenimiento de la PGR. Contar en la PGR una estructura organizacional de las áreas de operaciones y mantenimiento, que tengan continuidad a través de la organización y que aseguren la supervisión y el control de todos los responsables de operaciones y seguridad operacional y mantenimiento”, se establece como objetivo principal.

En el documento se enlistan otras facultades que tendría la JDA a la hora de revisar a la Dirección de Servicios Aéreos de PGR, todas ellas actividades normales que debe de realizar una dependencia de gobierno.

Entre los objetivos del servicio que prestó JDA están auditar el control operacional de despacho de vuelo y la documentación con la que se realiza el proceso de gestión y procedimiento de vuelos. Además los procesos de control de calidad.

También el de revisar “todo el historial de aeronaves operables e historial que esté disponible”.

Se asegura, aunque los pilotos dicen lo contrario, que se les otorgaría un entrenamiento especial para el manejo de los recursos de cabina, política y procedimiento de la cabina de vuelo, efectos en el desarrollo de la aeronave.

En realidad todo lo que un piloto aprendió en la academia y que se verifica periódicamente por la DGAC y cuando refrendan sus horas de vuelo.

En la parte final de la propuesta que hizo la PGR, que fue aceptada, se establece que la JDA revisará las licencias de los pilotos, sus exámenes médicos y dar una calificación de los chequeos de vuelo.

Esa parte del trabajo de la empresa estadounidense tuvo un precio de 569 mil 665 dólares, aunque en su mayoría era duplicidad de funciones con la DGAC, la cual hasta la fecha no ha emitido una opinión al respecto.

El resultado

La empresa JDA Aviation Technology Solutions realizó en octubre la auditoría y revisión a las casi 100 aeronaves que tiene la PGR. Emitió un dictamen del estado en el que se encuentran y determinó que 12 no están en condiciones de vuelo.

El calificativo que otorgó a estos aviones fue “scrap”, que en inglés quiere decir chatarra. Son cinco Gulfstream, tres Sabreliner, un Beechcraft, un De Havillan y un Cessna Citation II.

Los otros 78 aviones requieren de reparaciones. Las reparaciones de tipo mayor son para 33 aviones, las de tipo menor son para 19 aeronaves y 26 están en una condición de fácil retorno a las condiciones de vuelo.

El 26 de octubre y con este dictamen, Miguel Ángel Escalante Palacios, uno de los ingenieros a cargo de los talleres de la Dirección de Servicios Aéreos, envió un correo a todas las bases de mantenimiento, informando el estatus de los aviones.

Aún así, a finales de noviembre del 2012, a una semana del fin del sexenio de Calderón, se despidió a todos los explicando que, ante la “sensible” baja de aviones no se requería de ese trabajo.

Hay titular pero no hay aviones.

Desde hace un mes aproximadamente, los pilotos despedidos de la PGR buscan sin éxito una reunión con Jesús Murillo Karam para plantear su caso
Por Armando Estrop - Martes 15 de enero de 2013


La dirección general de servicios aéreos de la Procuraduría General de la República tiene titular pero no tiene aviones, pilotos, ni empleados.

Luego del recorte masivo que hiciera una semana antes de su salida la exprocuradora Marisela Morales, el organismo es prácticamente un fantasma.

El nuevo titular de la entidad que desmantelaron en la pasada administración es Jaime Alcántara Silva.

Este diario publicó los oficios donde la PGR daba el estatus de las aeronaves y que por lo tanto ya no se requerían de los servicios de los pilotos, pues prácticamente se habían quedado sin aviones.

“Mediante el oficio DGSA/20126860 de fecha 16 de noviembre del 2012, el director general de Servicios Aéreos, señala que la plantilla de diverso personal a esa unidad administrativa, resulta innecesaria, derivado de que las aeronaves propiedad de la institución en funciones han disminuido en forma sensible, por tanto, no se justifica el excedente de personal con funciones como las que ocupa usted”, decía el resolutivo tercero del documento de la Oficialía Mayor de PGR entregado a los pilotos a finales de noviembre.

Los trabajadores que fueron despedidos sin justificación buscan desde diciembre un encuentro con el nuevo procurador Jesús Murillo Karam o con el oficial mayor, sin lograrlo.

En la misiva exponen la forma en que fueron desocupados y los problemas que esto podría ocasionar a la dependencia al dejar de contar con el personal especializado sobre todo para la labor de erradicación de plantíos e intercepción de aeronaves del narcotráfico.

“Solicitamos audiencia con su persona, o con el funcionario que usted sirva designar, para atender diversos problemas que nos aquejan como ex empleados de la Dirección General de Servicios Aéreos de esta institución, toda vez que varios de nosotros quedamos cesados a través de ceses (sic) que consideramos ilegales”, dice el documento sellado el 7 de diciembre.

Sin embargo hasta ahora la respuesta de la PGR ha sido canalizar a todos los pilotos con el director general de Recursos Humanos, Rodolfo de la O, que fue a su vez quien los despidió a finales de noviembre. En un principio se les hizo firmar un documento en el que se les negaba cualquier tipo de pago por ser empleados de confianza.

En la carta que no les ha sido respondida destacan su labor durante 15 años también adiestrando a pilotos de otras dependencias y del traslado de reos, militares y funcionarios.

“Obviamente esto generó experiencia en la erradicación de cultivos ilícitos, la intercepción de aeronaves que entraban al espacio aéreo nacional en carácter de sospechosas y sin permisos registrados. Se firmó un convenio con SEDENA para reconocimiento y nos hemos encargado del traslado de personal militar de alto rango y funcionarios públicos”.

Aterriza PGR su "flota"

Arturo Ángel Mayo 2, 2013 1:56 am


Solo había dos aviones útiles, uno ya se estrelló

El King Air bimotor de casi tres décadas de servicio que se desplomó el martes matando a su seis ocupantes en Zacatecas, era uno de los dos únicos aviones en condiciones supuestamente aceptables, que le quedaban a la Procuraduría General de la República (PGR) para realizar operaciones aéreas de forma cotidiana.

El otro avión, de características similares, es aún más viejo, pues tiene más de 30 años de operar.



Por ello y para evitar un nuevo accidente, autoridades de la PGR informaron que se tomó la determinación de no recurrir a esa aeronave en los próximos días, ni rescatar alguno de los otros 96 aviones que tiene parados desde principios de año por desperfectos, hasta no realizarle una nueva verificación mecánica que permita establecer si alguno es recuperable.
Las operaciones que se tengan que llevar a cabo en el corto plazo se harán con el apoyo de otras instancias federales.



La crisis en la Dirección General de Servicios Aéreos (DGSA) de la PGR comenzó durante la administración de Rafael Macedo de la Concha en la PGR, durante el sexenio foxista (200-2006), y terminó con la ex procuradora Marisela Morales, en 2012.



En un periodo de diez años, entre el 2002 y 2012, la DGSA pasó de contar con una flota de 166 aeronaves y 833 empleados, a solo 98 aeronaves y 400 empleados. Es decir, en una década la Procuraduría perdió la mitad de sus aeronaves.



Convenios con otras instancias federales y estatales para cederles aeronaves y malos manejos de recursos durante ese lapso, provocaron la reducción de la flota de la PGR.



Pero el problema no terminó con la reducción de sus aeronaves. El año pasado, una revisión Técnico-Administrativa Mayor Ordinaria ordenada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y dos auditorías, una extranjera y otra nacional, revelaron que apenas 8 de las 98 aeronaves con las que contaba la PGR estaban en “condiciones óptimas” de vuelo.



El origen del mal



24 HORAS publicó que las anomalías en el área fueron desde aspectos como falta de manuales de procedimientos o simuladores obsoletos, hasta fallas mayores como aeronaves mutiladas, aviones sin identificar y fuga de químicos en los talleres de mantenimiento, entre otros.



La determinación que tomó la ex procuradora Morales, entre octubre y noviembre del año pasado, no fue el rescate del área, sino el despido de 213 trabajadores del área, entre ellos 125 pilotos y el resto trabajadores de mantenimiento y administrativos. La forma fue a través de un oficio donde se les indicó que como ya no había suficientes aeronaves, sus servicios “no se justificaban”.



A principios de año, la actual administración de la PGR realizó una nueva revisión de las aeronaves, y se concluyó que no eran ocho sino dos las aeronaves en condiciones de vuelo. Una de ellas se desplomó el martes en Zacatecas.



Se salvan Murillo y Benítez



La aeronave King Air 300, 1985, matrícula XC-LMV, que se desplomó en Zacatecas con saldo de seis personas muertas, fue utilizada este mismo año por el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien viajó en ella el pasado 23 de marzo a Zacatecas.



No solo eso, la misma aeronave fue utilizada por la subprocuradura Jurídica de PGR, Mariana Benítez Tiburcio, en tres ocasiones este mismo año para viajes en el interior del país.



“El avión que se estrelló era uno de los dos que nos quedaban (…) la flota de PGR llegó a ser la más grande de América Latina, pero se donaron aviones a Policía Federal, al Ejército y hasta a gobierno locales”, reconoció Murillo en una entrevista de televisión.



El Procurador dijo que se trabajará de inmediato para resolver esta situación en dos vías: modificar el sistema de distribución de reos en cárceles, y adquirir aviones que sean funcionales. El año pasado, la PGR realizó 29 mil traslados en aeronaves propias y rentadas.