Testigos protegidos: una lacra

20 millones para 60 testigos colaboradores

3. junio, 2012 Nancy Flores

Son testigos colaboradores de la PGR 60 criminales. A éstos, el erario les paga desde la alimentación hasta el vehículo; algunos de ellos reciben incluso ayuda económica para sus familias. A cambio, el abogado de la nación obtiene “datos” sobre las redes del crimen organizado. Al finalizar el sexenio de Calderón, la erogación por este concepto superará los 100 millones de pesos, con un promedio de gasto anual de 20 millones. El programa de los “delincuentes protegidos” también incluye a militares ligados al cártel de los Beltrán Leyva. La Sedena admite que al menos 121 de sus integrantes han sido detenidos por colaborar con el narcotráfico



La nómina de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) paga la manutención de 60 criminales confesos que se han acogido al programa de los testigos colaboradores, revela la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0001700026812, de fecha 2 de abril de 2012.

Entre esos 60 se encuentran los beneficios que el erario paga a la Barbie (Édgar Valdez Villarreal), al Grande (Sergio Villarreal, miembro del programa hasta el momento de su extradición, el pasado 22 de mayo) y a Jennifer (Roberto López Nájera), quienes recientemente acusaron a los generales de división Tomás Ángeles Dauahare y Ricardo Escorcia Vargas, así como al general brigadier Roberto Dawe González y al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto de colaborar, supuestamente, con el cártel de los Beltrán Leyva.

El dinero que la SIEDO emplea para la alimentación, el vestido, la vivienda y el transporte (entre otros beneficios) de sus testigos, e incluso de sus familias, proviene del gasto corriente de la institución, se desprende del oficio SJA/DGAJ/3274/2012 de la Procuraduría General de la República (PGR), que encabeza Marisela Morales. En 2012, el presupuesto para el capítulo 1000, “Servicios personales” de la Subprocuraduría asciende a 559 millones 850 mil pesos; de éstos, al menos 20 millones se destinarán a los beneficios para los testigos colaboradores.

Esto es que la PGR gastará de 250 mil a más de 300 mil pesos por cada testigo colaborador tan sólo en este año. La lista de beneficiarios también está conformada por exmilitares, a quienes el Ejército Mexicano considera traidores de la patria por haberse unido a las filas del crimen organizado.

Tales son los casos del mayor Arturo González, exintegrante del Cuerpo de Guardias Presidenciales, y del teniente de arma blindada Pedro Sergio Jonguitud Barragán, de nombre clave Emiliano. Ambos, ligados al cártel de los hermanos Beltrán Leyva y acogidos al programa de los testigos. De 2007 a mayo de 2011, 121 militares han sido detenidos por supuestos nexos con el narcotráfico, descubre la respuesta a la solicitud de información ciudadana 0000700084511.

El pago para los testigos colaboradores habría oscilado, en promedio, entre 10 millones y 20 millones de pesos anuales en el periodo de 2007 a 2011. Esta estimación se deriva de la información oficial que obtuvo el diario La Jornada y que apunta un gasto en 2007 de 10 millones 913 mil pesos; en 2008, de 15 millones 123 mil; en 2009, de 20 millones 197 mil, y en parte de 2010, de 14 millones 825 mil pesos (Gustavo Castillo García, 19 de enero de 2012).



El uso de los testigos colaboradores en este gobierno se ha caracterizado por ser la única “prueba” en contra de supuestos delincuentes, explica Teresa del Carmen Incháustegui Romero, diputada por el Partido de la Revolución Democrática: “Sin tener realmente una investigación integrada y con el pretexto de la existencia de testigos protegidos se llevan a las personas a arraigarlas y en ese transcurso las autoridades buscan las pruebas. Éste es un uso pervertido de la figura del testigo protegido”.

La integrante de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados señala que el arraigo es “una atrocidad, porque se realiza sin que haya un expediente bien integrado”. Y agrega que “el cruce de testigos protegidos como existe actualmente con el arraigo es una bomba en términos de derechos humanos y en términos del debido proceso”. Ambas figuras violan el principio de presunción de inocencia.



La figura del testigo

Las detenciones y posteriores arraigos de los generales Ángeles Dauahare, Escorcia Vargas, Dawe González y del teniente coronel Hernández Soto, ocurridas a mediados de mayo, reavivaron la discusión sobre el uso de los testigos protegidos o colaboradores. Éstas, se dieron a partir de las declaraciones de la Barbie, el Grande, Jennifer y del mayor Arturo González, en su calidad de criminales colaboradores.

José Antonio Ortega Sánchez, abogado de Ángeles Dauahare, ha declarado a los medios de comunicación que es ilegal la retención de su cliente porque se basa en “testigos de oídas”, con lo que cuestiona la calidad de las imputaciones.

Aunque en retiro, Ángeles Dauahare, general de división diplomado del Estado Mayor, es hasta ahora el militar de más alto rango supuestamente vinculado con el crimen organizado. Su último cargo, subsecretario de Defensa Nacional, lo obtuvo por el nombramiento directo del presidente Felipe Calderón. Con el arraigo, la PGR intenta sostener el dicho de sus testigos: que el general está supuestamente vinculado con el cártel de los Beltrán Leyva.

El doctor en derecho Daniel Márquez Gómez señala que la figura del testigo colaborador implica a un personaje que ha violado la ley y que para purgar su pena obtiene beneficios económicos o procesales. El debate, explica, consiste en que su testimonio está viciado de origen, pues hay un interés de por medio.

El investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México agrega que el mecanismo también ha sido criticado porque genera impunidad, justamente al condonar la pena o una parte de la pena al delincuente a cambio de su testimonio.

El artículo 35 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada establece que será un testigo colaborador “el miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de otros miembros de la misma”. Esa disposición indica los beneficios que el criminal confeso recibirá por su “cooperación”:

“I. Cuando no exista averiguación previa en su contra, los elementos de prueba que aporte o se deriven de la averiguación previa iniciada por su colaboración no serán tomados en cuenta en su contra. Este beneficio sólo podrá otorgarse en una ocasión respecto de la misma persona; II. Cuando exista una averiguación previa en la que el colaborador esté implicado y éste aporte indicios para la consignación de otros miembros de la delincuencia organizada, la pena que le correspondería por los delitos por él cometidos podrá ser reducida hasta en dos terceras partes; III. Cuando durante el proceso penal el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, la pena que le correspondería por los delitos por los que se le juzga podrá reducirse hasta en una mitad, y IV. Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de administración, dirección o supervisión, podrá otorgársele la remisión parcial de la pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.”

Édgar Valdez Villarreal –a quien el presidente Felipe Calderón describió en su cuenta de Twitter, en 2010, como “uno de los criminales más buscados en México y en el extranjero”– es uno de esos beneficiarios del programa de los testigos colaboradores. La Barbie, considerado como uno de los sicarios más violentos del cártel de los Beltrán Leyva, fue capturado en agosto de 2010 y actualmente testifica en contra de los tres generales y el coronel arraigados por la SIEDO.

El doctor Daniel Márquez indica que el uso desmedido de la figura del testigo colaborador en las averiguaciones previas implica un riesgo para el sistema de justicia, porque se le puede estar dando valor a testimonios de “gente muy fantasiosa que acusa a cualquiera sin ningún fundamento”. Por ello, considera importante que, antes de realizar las detenciones, la PGR obtenga pruebas sólidas para llevar a los supuestos criminales a juicio y que se les condene.

Uso ineficaz de la figura

Saúl López Noriega, académico del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, explica que en la historia del país no ha habido “un buen uso” de esta figura, pero en este sexenio se ha acentuado el “mal uso” de los testigos protegidos. Ello, porque es un error “que la autoridad sólo se quede con lo que dice un testigo que nadie conoce, porque su identidad está protegida. Lo importante es corroborar lo que dice con otras pruebas. En ocasiones la autoridad no lo está haciendo. Se le da demasiado peso al tema de los testigos protegidos aun cuando no sabemos la calidad del testigo protegido”.

El profesor de derecho considera que no debe descartarse el uso de testigos protegidos: “en la investigación de la justicia es indispensable su uso, pero lo que dicen los testigos protegidos sirve para facilitar ciertos casos que luego la autoridad debe comprobar con otros elementos. Una vez que el testigo protegido da indicios se necesitan pruebas fehacientes”.

No obstante, es frecuente que, sin contar con más pruebas, la SIEDO detenga, arraigue e incluso consigne a personas señaladas por testigos colaboradores. Así ocurrió con el caso del michoacanazo, que llevó a juicio a más de 40 servidores públicos de esa entidad (entre ellos 12 alcaldes) supuestamente vinculados al narcotráfico. La PGR perdió, porque la única prueba que presentó fue la declaración de un testigo protegido, de nombre clave Zajed.

López Noriega apunta que hay otro problema en el sistema de justicia mexicano ligado con esta figura: “otro vicio es que las autoridades filtran [a los medios de comunicación] lo que dicen algunos testigos protegidos, para efectos de crear una percepción determinada respecto de una persona que ha sido aprehendida o acusada. Esto va en contra de la lógica del testigo protegido, que consiste en que no se sepa ni quién es ni qué es lo que está diciendo, porque eso es lo que le da una enorme ventaja a la autoridad para investigar”.

La filtración, apunta, pone en riesgo no sólo el proceso judicial, sino también la vida del testigo colaborador. El caso más reciente de desprotección es justamente el de Zajed, quien “desapareció” en febrero de 2012.

“El indicio de que está mal la política de protección es justamente porque la misma autoridad inicia con la filtración [de información] de los testigos protegidos. El reto es que toda esa información sirva para apuntalar la investigación por parte de la autoridad, que vaya quedando en el expediente. Cuando han sido condenadas las personas acusadas, inevitablemente va a salir en los medios; pero el que lo filtren incluso antes de que haya una acusación, como en el caso de los generales (que todavía están arraigados), habla de que no se está cuidando de manera seria la información que proveen estas personas y por tanto tampoco su identidad e integridad”, dice en entrevista Saúl López Noriega.

Agrega que la PGR debe “repensar cómo debe usar esta figura, porque la clave es cómo usan a los testigos protegidos. Las dos líneas para repensar esto son: uno, la protección de los testigos, y dos, que no se apueste a construir el caso a partir de sólo lo que dice el testigo protegido. El testimonio debe servir a otras pruebas duras que hagan el caso mucho más sólido”.

Testigos protegidos: una lacra

En Privado
Joaquín López-Dóriga
2012-12-20 • Al Frente


Nos echaron de la verdad
a mentiras. Florestán

Los dos hombres claves de Peña Nieto en el tema de la seguridad, Miguel Osorio Chong, y de la justicia, Jesús Murillo Karam, han expresado su rechazo a la utilización indiscriminada de los testigos protegidos y el recurso del arraigo, lo que presenta una línea de gobierno.

Por años se ha recurrido en México en forma indiscriminada a uno y otro recoveco, testigo protegido y arraigo, que combinados han producido resultados fatales.

En el primer caso estamos ante la palabra de un delincuente capaz de decir todo lo que la autoridad quiera escuchar con tal de obtener una serie de prebendas y protección; en el segundo estamos ante la negación del principio de que todos somos inocentes hasta que demostremos lo contrario. Con el arraigo, todos resultamos culpables hasta que no probemos la inocencia, y en esa perversión se ha endosado al acusado la carga de la prueba, obligación del acusador.

Entiendo que en algunas ocasiones testigos protegidos han aportado información realmente importante y por la vía del arraigo se han dado espacios para la integración jurídica de algunos casos.

Pero esa es la excepción.

Por eso saludo que tanto el secretario de Gobernación como el procurador general de la República los hayan rechazado, antesala de su eliminación como método.

Y en el terreno de los hechos, la primera decisión de Murillo Karam al llegar a la PGR fue la de levantar el arraigo, vía judicial, por el que una mexicana que trabajó cuatro años en la embajada de Estados Unidos había sido arraigada con base en el dicho de un testigo protegido que refirió un caso de oídas.

Es la primera vez que se rompe un arraigo antes del plazo establecido por un juez.

Murillo Karam ha establecido un precedente que debe ser tomado en cuenta por el Poder Judicial para que no dispare, así como así, arraigos que vulneren los derechos humanos, de los presuntos responsables, figura que es indispensable recuperar.

RETALES

1. CENA. Antes de viajar a Madrid, donde pasará estas fiestas en familia, el ex presidente Calderón cenó con varios de sus legisladores en el Senado y salieron dos temas: su partido, con el caso Madero, claro, y el Pacto Peña Nieto. No les gusta ninguno de los dos;

2. DISLOQUE. Los presidente del PAN y del PRD tienen una relación dislocada con sus bancadas. Gustavo Madero con la mayoría de sus senadores y Jesús Zambrano con los sectores moreno y bejaranista de sus diputados. Ahí está rota la cadena de transmisión; y

3. REPOSO. En el periodo de la Permanente, que presidirá el PRI en San Lázaro, le favorecerá la aritmética para sacar lo que se le complica en el Senado. Allí, sí, serán marcada mayoría, que no es el caso en Reforma.

Revisará PGR si mantiene algunos testigos protegidos.

-Analiza si sus declaraciones han sido verídicas y útiles.
-Cinco jueces han solicitado que se actúe contra ellos por falsedades.


Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2013, p. 7

La Procuraduría General de la República (PGR) revisará la permanencia de quienes integran su programa de testigos protegidos, y para ello analiza si las declaraciones realizadas ante el Ministerio Público y jueces federales han sido verídicas y útiles en los procedimientos penales; en caso contrario, se les dará de baja, revelaron colaboradores del procurador Jesús Murillo Karam.

Los funcionarios consultados señalaron que desde enero, tras ser anuladas las declaraciones de algunos testigos protegidos en el caso de seis militares acusados de apoyar actividades del narcotráfico, la PGR decidió analizar cada una de las imputaciones vertidas para depurar el programa.

Señalaron que en lo que va de esta administración, al menos dos jueces federales, el tercero con sede en Toluca, Raúl Valerio Ramírez, y el primero con sede en Nayarit, Mauricio Fernández de la Mora, solicitaron a la PGR que actuara contra varios de sus testigos protegidos por haber incurrido en falsedades en sus declaraciones

El juez Valerio Ramírez tiene bajo su responsabilidad –entre otros casos de delincuencia organizada– dictar sentencia en el proceso penal iniciado en contra del ex subsecretario de la Defensa Nacional, general de división en retiro Tomás Ángeles Dauahare, quien fue acusado de brindar protección a integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Como juez tercero de distrito con sede en Toluca, también ha recibido información que pone en tela de duda los señalamientos vertidos por el testigo protegido identificado con la clave Jennifer, cuyo nombre real es Roberto López Nájera, quien se acogió al programa respectivo de la PGR en 2008, luego de trabajar como abogado de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, uno de los operadores del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Jennifer ha sido utilizado por la Procuraduría General de la República como testigo de cargo en juicios de delincuencia organizada en los cuales todos los inculpados resultaron absueltos o fueron dejados en libertad por falta de elementos para procesarlos, entre ellos, el que fuera presidente municipal de Benito Juárez (Cancún), Gregorio (Greg) Sánchez; también rindió declaraciones con base en las cuales la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido, antes Siedo) acusó penalmente a 49 alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán.

Asimismo, Jennifer sirvió como uno de los acusadores en contra del ex comandante y coordinador de seguridad regional de la Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, quien también fue exonerado luego de haber permanecido cuatro años en prisión.

El caso en el cual públicamente un juez dio a conocer que el testigo protegido conocido con el nombre de Jennifer ‘‘se condujo con falta de probidad’’ y ‘‘mintió al momento de rendir sus declaraciones’’, fue con la absolución otorgada al ex titular de la Siedo, Noé Ramírez Mandujano, quien recuperó su libertad el lunes pasado.

automan escribió:ahora se entiende porque de los mas de 100,000 detenidos en el sexenio pasado más del 85% quedo libre, es decir todo fueron puros inventos sin sustento.

Lanceros de Toluca escribió:

Le aplican amparo con el 14, 16 constitucional y salen cagados de la risa. Se violaron sus garantias procesales, ergo todo el proceso se declara nulo. Salen libres

Por eso o los detienen con las ordenes bien, los detienen en flagrancia o mejor los matan a la hora de detenerlos..

Testigos de la PGR: “chafas” y caros

Arturo Ángel
Mayo 7, 2013 1:54 am

La dependencia gastó 178 millones 261 mil 500 pesos en la manutención y protección de testigos de 2000 a 2012

En los últimos 12 años, la Procuraduría General de la República gastó casi 180 millones de pesos en testigos protegidos. En promedio, cada uno costó entre 88 y 341 mil pesos por año. En 2000 eran apenas 27 y para 2012 la PGR ya debía cuidar a 65.

Estos testigos son los que se han utilizado para acusar y encarcelar a narcotraficantes y funcionarios, casos que luego se han caído por la falta de credibilidad en las declaraciones, como ocurrió con el ex zar antidrogas Noé Ramírez Mandujano o el ex subsecretario de la defensa, Tomás Ángeles Dauahare.

Es decir, se han gastado millones de pesos en testigos colaboradores, generalmente delincuentes, cuyos dichos no se han podido comprobar.

Los datos oficiales de la PGR evidencian que la dependencia gastó 178 millones 261 mil 500 pesos en la manutención y protección de testigos de 2000 a 2012.

En 2000, la PGR contaba con 27 testigos colaboradores y en cada uno gastó en promedio 88 mil 201 pesos; en 2007, la PGR tuvo 50 testigos y derogó en cada uno 203 mil 787 pesos; para 2012; la PGR reportó 65 testigos y cada uno le costó 341 mil pesos.

El monto dado a conocer por la dependencia no incluye a aquellos que fueron “contratados” como una forma de ofrecer un salario permanente, por lo que aparecían, sin serlo, como agentes federales, asesores o peritos.

Durante el sexenio de Vicente Fox, de 2001 a 2006, la PGR gastó en números redondos 74 millones 530 mil pesos en testigos. Con Calderón, de 2007 a 2012, fueron 101 millones 332 mil pesos, casi 25% más.

Los gastos que se derogan en los testigos incluyen los servicios de seguridad, su alimentación, traslados y viajes, entre otros.

La Procuraduría señala en su información, revelada por una solicitud de transparencia, que sería un error sumar cada año el número de testigos para obtener un total, pues un mismo testigo se contabiliza de un año a otro mientras se encuentre dentro del programa.

Lo que si se aprecia es como el grupo se fue haciendo más grande. El año pasado, con Marisela Morales al frente de la PGR, se alcanzó la cifra más alta de testigos protegidos, casi el triple de los que había en 2000.

La Procuraduría decidió mantener bajo reserva la identidad de las personas que han intervenido en los casos y afirmó, en la solicitud de información, que la Subprocuraduría especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) no “tiene una estadística” de a qué organización pertenece cada uno, si se encuentran en el país o no y el desglose del gasto por concepto.

Fiascos

La utilización de los dichos de testigos colaboradores como único medio de prueba por parte de la PGR, sin otro sustento que corrobore sus dichos, ha derivado en la libertad de la mayoría de los acusados.

En la Operación Limpieza, por ejemplo, los ex funcionarios de mayor rango de la PGR y la Policía Federal detenidos y encarcelas cerca de 4 años, fueron absueltos por los jueces. El último fue el ex titular de SEIDO, Noé Ramírez Mandujano.

Más reciente fue el proceso en contra del ex general y ex subsecretario de la Defensa, Tomás Ángeles Dauahare, encarcelado el año pasado y liberado en abril pasado, luego de que la PGR tuvo que reconocer que no había evidencia que sustentara lo dicho por el testigo Jennifer.

Otros casos, como El Michoacanazo, con el aseguramiento de más de 30 alcaldes de Michoacán, o la detención del ex alcalde de Cancún, Gregorio Sánchez, también se cayeron.

Aunque los testigos tienen nombre claves, en los proceso se ha revelado que los principales son ex delincuentes. Por ejemplo, Jennifer es Roberto López Nájera, un ex abogado de los Beltrán Leyva, o Mateo es el ex lugarteniente de la misma organización delictiva, Sergio Villarreal barragán, El Grande.

TESTIGOS PROTEGIDOS PGR



2000

Testigos: 27

Costo total: 2.39 mdp

Promedio c/u: 88 mil pesos



2007

Testigos: 50

Costo total: 10.91 mdp

Promedio c/u: 203 mil pesos



2012

Testigos: 65

Costo total: 22.17 mdp

Promedio c/u: 341 mil pesos

Lanceros de Toluca escribió:este titulo lo dice todo en el calderonato se vivio la peor crisis en el pais porque nadie hizo su trabajo solamente se dedicaron a invertar e irse por el camino facil.

No, esto no es del todo correcto

Hicieron su trabajo. Pero quienes hicieron el trabajo era gente que legalmente NO TENIA LAS ATRIBUCIONES para hacerlo.

Asi la PF, que tiene que hacer labores preventivas, disuasivas o en flagrancia como lo marca la Ley Organica de la Administracion Publica Federal, se puso a hacer labores de investigacion. Esas labores esa misma ley (pero mas importante, la Csnstitucion) estan reservadas para la PGR, y su brazo ejecutor la AFI (Ahora Policia Federal Ministerial)

Cuando GGL se llevo a todo mundo de la AFI a la PF, para hacer su intento de super policia, se llevo casi todo lo que tenia PGR, para hacer las mismas cosas pero al ser PF no eran sus atribuciones.

Luego entonces le ponian las pruebas al juez y no eran validas pues esas pruebas no tenian validez, o o eran de origen valido, al ser presentadas por una autoridad que no tenia las atribuciones de presentarlas.

La culpa no fue, por decirlo asi, de los del area de Policia Investigadora, de la PF.

Fue de los weyes que pusieron eso de Investigacion en una institucion que no era para eso.

IFAI pide a PGR revelar número de testigos protegidos


Redacción Eje Central | 17/07/2013 ,3:12 pm



El Instituto Federal de Acceso a la Información instruyó a la PGR para que informe sobre el número de integrantes de la delincuencia organizada que se beneficiaron con la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por ayudar en la investigación y persecución de otros delincuentes.



El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) informó en un comunicado que un particular solicitó esos datos, correspondientes al periodo del 24 de abril de 2012 al 24 de abril de este año en curso.



La Procuraduría General de la República declaró inexistente la información, luego de que en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) se señaló que no lleva un control o estadística de los indicadores requeridos.



Sin embargo en el análisis jurídico del IFAI se estableció que la dependencia federal no cumplió con el procedimiento de búsqueda previsto en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), ya que no turnó la solicitud a todas las unidades administrativas competentes.



Ante ello revocó la inexistencia e instruyó a la procuraduría para que realice una nueva búsqueda exhaustiva de la información, en la que no podrá omitir los archivos del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Investigación de Delincuencia Organizada.



El IFAI determinó que la información solicitada por el particular no deberá indicar la organización a la que pertenecía la persona objeto del beneficio como testigo protegido, toda vez que dicho dato fue clasificado.



De igual forma estableció que la Procuraduría General de la República (PGR) deberá declarar la inexistencia sólo que una vez realizada una búsqueda exhaustiva, no localice los datos solicitados. (Notimex)

Busca ventajas testigo protegido

18 de abril del 2014


México, 18 de abril (Reforma).- Un testigo protegido de la PGR que se encuentra en prisión busca una reducción de su condena mayor a la que ya obtuvo.

Un tribunal federal ordenó analizar y determinar si debe recibir mayores beneficios legales a la disminución de las dos terceras partes a sus condenas de cárcel mediante la compurgación simultánea de penas.
Herlinda Velasco Villavicencio, magistrada del Quinto Tribunal Unitario Penal del DF, concedió el amparo 7/2014 para el efecto de que se revise el caso de César Vicente Fabregat Ocampo, operador del Cártel del Norte del Valle de Colombia en México, informaron funcionarios judiciales.

Fabregat fue condenado a 13 años de prisión: 8 por delincuencia organizada y 5 por lavado de dinero.
Sin embargo, litigó hasta conseguir demostrar que había recibido beneficios legales de la PGR por haber delatado a uno de sus cómplices.

Gracias a este reconocimiento de su calidad de colaborador, su condena quedó reducida a 4 años con 4 meses de cárcel, distribuidos en 2 años 8 meses por el primer delito y un año con 8 meses por el otro, castigo que cumplirá en junio de 2015.

No conforme con esta reducción, Fabregat se amparó para conseguir la compurgación simultánea de su castigo y salir de prisión cuanto antes, pues en su opinión la prisión preventiva debe contarse en cada uno de los delitos y no de manera conjunta.

Su alegato es que no debe pagar los más de 4 años de cárcel, sino sólo los 2 años con 8 meses que le impusieron por delincuencia organizada, porque la condena de un año con 8 meses por lavado debe estar comprendida dentro de la anterior, pues corren en forma simultánea.

Si Fabregat tuviera la razón, estaría libre desde octubre del año pasado.

El magistrado Ricardo Paredes Calderón, titular del Segundo Tribunal Unitario, rechazó desde el 2013 concederle la compurgación simultánea, porque estimó que ésta sólo aplica cuando existen sentencias por distintos juicios y aquí se trata de una sola sentencia por diversos delitos.

Fue precisamente este resolutivo contra el que se amparó el testigo protegido y consiguió que la magistrada Velasco ordenara a su homólogo revisar el caso, pues en su opinión no estaba debidamente fundada y motivada la negativa.

La Policía Federal Ministerial capturó a Fabregat el 2 de febrero de 2011 en la Plaza 222 de Reforma, frente a las oficinas centrales de la PGR, y lo encarceló en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde a la fecha permanece.

El traficante fue hallado culpable de tratar de enviar a Colombia 7 millones 871 mil 320 dólares en efectivo, asegurados el 24 de agosto de 2005 en compartimentos secretos de aparatos electrodomésticos, los cuales eran parte de un lote hallado en el Aeropuerto capitalino.

Abel Barajas

Se le 'esfuman' a la PGR tres testigos protegidos
Uno más mintió a las autoridades federales sobre su identidad; otros fueron asesinados.

Ignacio Alzaga 08/05/2014 01:00 AM

México

Al menos tres testigos "protegidos" que reclutó la Procuraduría General de la República (PGR) en el sexenio pasado permanecen "desaparecidos", y se detectó que uno de ellos, que declaró en el denominado michoacanazo, mintió a las autoridades federales sobre su verdadera identidad. Otros han sido asesinados.

De acuerdo con información obtenida por MILENIO, Jorge Luis Velásquez Sánchez, registrado con nombre clave Paco y cuyo testimonio fue utilizado en el fallido multiproceso que inició el gobierno calderonista contra alcaldes y funcionarios de Michoacán por nexos con el narcotráfico, fue secuestrado.

En la actual administración, la PGR no solo notificó a un juez federal que este sujeto fue "sustraído recientemente" de su domicilio y no era posible presentarlo como parte de un proceso, sino que se descubrió que cuando fue "contratado" se identificó con documentos falsos ante el Ministerio Público federal.

Según reportes oficiales, en la Dirección General del Registro Nacional de Población no hay dato alguno respecto a Jorge Luis Velásquez Sánchez.

En el oficio con fecha 29 de noviembre de 2012, el director general adjunto de Registro Poblacional, Óscar Víctor Juárez, notificó la inexistencia de información sobre Velásquez Sánchez ante el juzgado Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, como parte de un juicio contra Pedro Díaz Parada, uno de los llamados líderes históricos del narcotráfico en México y ex dirigente del cártel del Istmo.

Además se descubrió que resultó falsa la licencia de conducir que presentó ante la PGR para "identificarse" y poder ser reclutado en la pasada administración como el testigo con indicativo Paco.

Ello, luego de que el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Nayarit, adscrito al penal federal El Rincón, que se localiza en Tepic, solicitó al gobierno del Edomex información sobre la licencia de conducir 450000023852.

La dirección del Registro de Licencias y Operadores del Estado de México informó que dicha credencial sí fue expedida, pero no a nombre de Jorge Luis Velásquez Sánchez, por lo que el documento de identificación que presentó era apócrifo.

Paco supuestamente es originario de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y nació el 3 de agosto de 1981, además de que aseguró que tenía información "relevante" sobre el crimen organizado, pues perteneció a Los Zetas.

Velásquez Sánchez, alias El Muerto, fue detenido en septiembre de 2008 junto con otros sujetos en Ciudad del Carmen, Campeche, con armas y drogas, por su probable relación en el homicidio de tres policías ministeriales en julio de ese año.

A pesar de los delitos que se le imputaron, la Unidad de Delitos contra la Salud de la PGR —entonces a cargo de María Isabel González Chávez— le ofreció ingresar en el programa de testigos "colaboradores" a cambio de una serie de beneficios, como su libertad, protección y un pago mensual, para que declarara en contra de otros delincuentes detenidos.

A esta desaparición se suma la José Salvador Puga Quintanilla, clave Pitufo; Bryant Cabrera Castillo, con indicativo Zajed, mientras que Onofre Hernández Valdés, con nombre clave Emilio fue hallado muerto en marzo de 2013 en Jiutepec, Morelos.

Según registros oficiales, han sido asesinados testigos como Fernando López Salinas, quien al igual que Paco testificó en el "michoacanazo" y

Édgar Enrique Bayardo, ex inspector de la Policía Federal, ligado a Ismael Zambada, El Mayo, líder del Cártel de Sinaloa, con clave Tigre fue ejecuto en la ciudad de México en diciembre de 2009.

Otro testigo protegido muerto fue Jesús Zambada, hijo del capo de la droga Reynaldo Zambada García, Rey Zambada, quien apareció ahorcado en una casa de seguridad de la PGR en noviembre de 2009.

Califica la PGR veracidad de dichos de cada testigo protegido: Murillo
Gustavo Castillo García

Periódico La Jornada
Domingo 11 de mayo de 2014, p. 7

La Procuraduría General de la República (PGR) se encuentra en un proceso de revisión de la figura de testigo protegido, pues ha tenido que invalidar testimonios debido a que existen declaraciones de personas que recibieron ese beneficio e hicieron imputaciones sin ser veraces, "simplemente para disminuir la sentencia", dio a conocer el procurador Jesús Murillo Karam.

Colaboradores del titular de la PGR refirieron que desde el inicio de esta administración federal, el programa de testigos protegidos se encuentra sujeto a revisión, por lo que las declaraciones de cada presunto integrante de grupos criminales, como los cárteles de Los Zetas, del Golfo, de Sinaloa o el de Juárez, hechas en gestiones anteriores, sobre todo entre 2000 y 2012, se han analizado una por una, porque en muchos expedientes que apenas se están resolviendo en tribunales se ha puesto en duda su credibilidad.

Entre los casos en que ha sido evidente que los testigos mintieron están los procesos penales abiertos contra tres generales, entre los que se encuentra el de Tomás Ángeles Dauahare, ex subsecretario de la Defensa Nacional; nueve servidores públicos que colaboraron en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), caso que fue conocido como operación limpieza, en el cual fueron juzgados y exonerados el ex director de Interpol México Rodolfo de la Guardia García y el subprocurador de la Seido Noé Ramírez Mandujano.

Salvador Puga Quintanilla, El Pitufo, quien fue detenido por la comisión de delitos contra la salud y delincuencia organizada por colaborar con Los Zetas, como testigo protegido fue beneficiario de la protección gubernamental y durante la administración de Marisela Morales Ibáñez la PGR le pagaba 50 mil pesos mensuales, le brindaba seguridad y le dotaba de vivienda.

El Pitufo declaró contra cientos de presuntos delincuentes y funcionarios que supuestamente estarían relacionados con grupos criminales. Sin embargo, se encuentra en calidad de prófugo porque se le busca por falsedad de declaraciones, delincuencia organizada y delitos contra la salud, pero la PGR le cambió su fisonomía y le pagó una cirugía plástica con la cual redujo de 160 a 80 kilogramos.

El viernes por la noche, Murillo Karam reveló que la dependencia está "calificando" la veracidad de las declaraciones de cada testigo protegido: “estamos determinando qué vamos a hacer y cómo vamos a usar la figura legal.

“Existen varios tipos: uno que es muy importante es el de aquellas personas que no tienen implicación alguna, fueron simplemente testigos y quieren la protección porque tienen miedo de que si declaran podrían ser afectados.

"Esa figura es válida y la mantendremos; la que nos preocupa y debemos darle un tratamiento adecuado es la de quien está involucrado en algún delito y actúa como testigo."

Señaló que su administración no se ha visto sorprendida por algún testigo protegido, pero reconoció que "hay testimonios que nosotros mismos hemos invalidado en razón de que se utiliza la figura simplemente para disminuir la sentencia o la pena, por eso está en revisión".

Se abusa en México de la figura de testigo protegido, acusan abogados penalistas

Las normas actuales permiten a criminales confesos recuperar la libertad con rapidez, señalan
Alfredo Méndez

Periódico La Jornada
Viernes 4 de julio de 2014, p. 13

Delinquir, ser detenidos y convertirse en testigos protegidos de la Procuraduría General de la República (PGR) permite a criminales confesos recuperar la libertad en un corto plazo, por lo que urge reformar la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y otros ordenamientos, con el fin de impedir que "se siga abusando" de esa figura jurídica, indicaron abogados penalistas entrevistados por La Jornada.

Martín Millán y Federico Díaz Cárdenas, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como Marco Antonio Carazo, con maestría en la Universidad Panamericana, señalaron que países europeos y autoridades de Estados Unidos aprovechan la colaboración de los testigos protegidos en aras de perseguir a integrantes del crimen organizado, pero no es tan fácil acceder a esa figura, pues las legislaciones de esas naciones señalan límites extremos.

Millán refirió que el abuso en México de la figura del testigo protegido se demuestra con el caso de César Vicente Fabregat Ocampo, presunto operador en México del cártel del Norte del Valle de Colombia.

Fabregat es un testigo protegido a quien el pasado martes un tribunal federal impidió quedar en libertad, en un litigio en el cual el imputado buscaba beneficios adicionales a los obtenidos con base en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El litigante afirmó que el segundo tribunal unitario penal de la ciudad de México, a cargo del magistrado Ricardo Paredes Calderón, rechazó disminuir una condena de más de cuatro años de prisión a Fabregat Ocampo.

El juzgador determinó que no debe aplicarse la compurgación simultánea de penas a un testigo protegido que ya recibió los beneficios de la disminución de dos terceras partes a su condena.

Fabregat fue detenido el 2 de febrero de 2011. Se le condenó originalmente a 13 años de cárcel, ocho por delincuencia organizada y cinco por lavado de dinero.

Tras una serie de amparos y apelaciones, el inculpado consiguió que la PGR lo reconociera ante tribunales como testigo colaborador, con lo cual a su pena de prisión le recortaron dos terceras partes, como señala la ley contra la delincuencia organizada.

Así, su sentencia fue fijada en dos años ocho meses por delincuencia organizada y un año ocho meses por lavado, es decir, un total de cuatro años cuatro meses de prisión.

No obstante ese beneficio, Fabregat reclamó que debía compurgar su pena en forma simultánea, es decir, la condena de un año ocho meses debía quedar comprendida dentro de la de dos años ocho meses, por lo que demandaba quedar libre de inmediato, pues cumplió ese castigo desde octubre de 2013.

Mantiene PGR uso frecuente del testigo protegido
Marcos Muedano| El Universal
Viernes 03 de abril de 2015
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Mantiene PGR uso frecuente del testigo protegido

OPINIÓN. "Es preocupante el uso dado al testigo protegido contra la delincuencia organizada; en ocasiones sólo ha beneficiado a los criminales colaboradores para reducir sus sentencias" Jesús Murillo Karam, ex titular de PGR al inicio del sexenio . (Foto: ARCHIVO. EL UNIVERSAL )
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Editorial EL UNIVERSAL El riesgo de los testigos protegidos

A pesar de que en esta administración se anunció que la figura jurídica del testigo protegido sería utilizada en casos de excepción, entre enero de 2013 y enero de este año la PGR ha recurrido a 126 de estos colaboradores para integrar expedientes contra el crimen organizado

marcos.muedano@eluniversal.com.mx

A pesar de las críticas al uso de los testigos protegidos por los abusos que se cometieron en el sexenio anterior, y aunque se anunció que se utilizarían en casos de excepción, en esta administración la Procuraduría General de la República (PGR) ha recurrido cada vez más a esta figura para fortalecer sus investigaciones de delincuencia organizada: en el lapso de dos años suman 126 colaboradores.

Aunque el ex procurador Jesús Murillo Karam criticó su uso, por los excesos y anomalías que se cometieron durante el gobierno de Felipe Calderón, ante la inducción para que declararan y porque fueron un vehículo para la fabricación de pruebas en casos clave como la Operación Limpieza, son una figura jurídica cada vez más frecuente a la que recurre el Ministerio Público de la Federación.

Mientras que en el sexenio anterior la PGR utilizó a 336 testigos protegidos, entre enero de 2013 y enero del presente año suman 126 los colaboradores cuyas declaraciones se integraron a averiguaciones previas.

Un informe de la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales de la PGR detalla que en 2013 la PGR se apoyó en 44 personas para declarar bajo confidencialidad, mientras que en 2014 se acogieron a este programa 41 personas, en tanto que sólo en enero de este año la dependencia utilizó a 41 testigos protegidos más.

En este programa y ante los servicios prestados por estas 126 personas se destinaron 38 millones 644 mil 677 mil pesos, 38% del total que se invirtió en la administración pasada cuando se erogaron 101 millones 332 mil 994 pesos.

Algunos casos. Durante esta gestión la PGR ha utilizado a los testigos protegidos en juicios contra Joaquín El Chapo Guzmán Loera, ex líder del cártel de Sinaloa; Elba Esther Gordillo, quien fuera dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), así como en contra de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del ex alcalde José Luis Abarca Velázquez, presuntos autores intelectuales de la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero.

La figura del testigo protegido es criticada por organizaciones de derechos humanos, que argumentan que esta figura se utiliza recurrentemente ante la falta de elementos por parte del Ministerio Público para presentar cargos con otras evidencias sólidas.

En mayo del año pasado, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, dijo que montajes —como el de la francesa Florence Cassez— no aportan una credibilidad a la actuación de las autoridades, ya que los casos que se basan en esta figura son un revés para el gobierno.

“Ya vieron ustedes cómo se está cayendo una y otra resolución, porque realmente no hay una fiabilidad en la prueba testimonial”, comentó la ministra al emitir su voto en ese caso en el que la veracidad de esta figura fue analizada además bajo una óptica de vulneración de derechos humanos.

Al inicio de este gobierno, el ex procurador Jesús Murillo Karam anunció la revisión de la figura de los testigos protegidos debido a la falsedad de declaraciones en las que cayeron y al aleccionamiento de éstos por parte de las autoridades y por la fabricación de algunos expedientes.

Reconoció que era preocupante el uso que se le había dado a esta herramienta de investigación contra la delincuencia organizada, que en ocasiones sólo ha traído beneficios para los criminales colaboradores como la reducción de sus sentencias.

Por ejemplo, en mayo de 2014 José Salvador Puga Quintanilla, testigo colaborador identificado como Pitufo, quien fue utilizado en por lo menos 43 casos que integró la PGR en el sexenio calderonista, fue dado de baja del programa de testigos protegidos por las falsedades en las que cayó, de acuerdo con resoluciones del Poder Judicial de la Federación. Este integrante del crimen organizado recibía un pago de 50 mil pesos mensuales por declarar en contra de funcionarios, así como personas vinculadas grupos criminales.

Beneficios de ley. Esta figura permite a una persona mantener oculta su verdadera identidad con el fin de presentar su testimonio sobre crímenes y presuntos delincuentes en juicio para no ser víctima de represalias. A los testigos protegidos se les denomina con un nombre ficticio y, en algunos casos, se les proporciona dinero para su manutención por el tiempo que dure el proceso.

En el capítulo siete de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada se establecen las condiciones de la colaboración en la persecución de estos crímenes, donde se establece que si el declarante no está relacionado con un hecho delictivo en averiguación previa, los elementos que aporte como prueba no serán usados en su contra.

En caso de que sí exista averiguación previa por crímenes en los que participe, la pena correspondiente al colaborador podría ser reducida hasta en dos terceras partes.

Si durante el proceso penal se aportan pruebas suficientes para condenar a un miembro del crimen organizado con funciones de administración, dirección o supervisión, la condena del colaborador podría reducirse hasta la mitad.

Cuando el testigo está sentenciado y aporta pruebas para condenar a otros miembros del crimen organizado, a valoración de un juez, se puede remitir parcialmente la pena hasta en dos terceras partes.