Cuestionan activistas al secretario de seguridad en Chiapas; cometió tortura

Cuestionan activistas al secretario de seguridad en Chiapas; cometió tortura

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 16 de diciembre de 2012, p. 11

San Cristóbal de las Casas, Chis. 15 de diciembre. En un pronunciamiento conjunto, 13 organismos civiles pertenecientes a la Red por la Paz Chiapas y las 73 organizaciones de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, en 21 estados de la República, manifestaron preocupación y rechazo ante el nombramiento de Jorge Luis Llaven Abarca como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSP-PC) en la entidad, debido a sus antecedentes como violador a las garantías, incluso de cometer tortura.

El hoy secretario se desempeñaba como delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) y anteriormente fue titular de la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada (FECDO) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas (PGJE), durante el periodo de gobierno de Juan Sabines Guerrero. Ha sido agente del Ministerio Público (MP) del fuero común, fiscal del MP encargado de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, y jefe de la Unidad Especializada contra el Delito de Secuestro. Todos estos cargos en Chiapas.

Llaven Abarca ha sido señalado como responsable de tortura y otras violaciones a derechos humanos, como lo demuestra la recomendación 26/2002 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), por las detenciones y tortura durante el operativo en la comunidad San José, municipio Marqués de Comillas, cuando se desempeñaba como agente de MP, añadieron los organismos. Por los mismos hechos, hace 10 años la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió otra recomendación, para solicitar una investigación y la integración de una averiguación previa contra Llaven Abarca por los delitos de robo, lesiones, tortura, daño en propiedad ajena, allanamiento de domicilios, abuso de autoridad, así como por violar la Convención contra la Tortura y otros ordenamientos internacionales. Ambas recomendaciones fueron rechazadas por el gobierno de Pablo Salazar Mendiguchía, protegiendo a los perpetradores.

En 2005, la misma CEDH emitió una recomendación por la muerte bajo tortura de Luis Ignacio Lara Vidal, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la entonces Fiscalía General del Estado. Entre los perpetradores se encuentra Llaven Abarca, según el pronunciamiento. “Por esa muerte se inició una averiguación ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Relacionados con Servidores Públicos, la cual arrojó que, aparte de los agentes que custodiaban al detenido, estaban cuatro fiscales del MP, entre ellos Llaven Abarca.

Como fiscal de la FECDO, durante el periodo de Sabines Guerrero, el ahora secretario fue identificado como perpetrador en detenciones arbitrarias, uso desproporcionado e indebido de la fuerza pública, arraigo, amenazas, tortura y otras violaciones a derechos humanos. Entre los más conocidos se encuentran la detención y tortura de integrantes de la Otra Campaña de San Sebastián Bachajón, así como de David Potencian Torres, con amenazas de muerte a su familia, y la detención y tortura de Wilber Cortez Acosta. Durante su paso por la fiscalía, las organizaciones de derechos humanos registraron un elevado número de víctimas de tortura.

A pesar de este historial, en agosto de 2011 fue designado delegado de la PGR en el estado, “dentro del contexto de la ‘guerra contra la delincuencia’”.

El nombramiento de Llaven Abarca como titular de la SSP por el gobernador Manuel Velasco Coello, es una clara señal del desconocimiento de los instrumentos internacionales, así como de las recomendaciones nacionales e internacionales en el tema de la tortura en Chiapas. Asimismo, desconoce las recomendaciones del Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas y las últimas observaciones del Comité Contra la Tortura emitidas al Estado mexicano en noviembre pasado.

Las reformas en derechos humanos en Chiapas han sido nominativas, ya que las leyes locales en la materia no han sido reformadas ni adecuadas a la Constitución.

El nombramiento revela resistencia para implementar las reformas constitucionales en la materia, mientras continúan viejas prácticas que fomentan violaciones a los derechos e incentivan que la tortura siga siendo una práctica recurrente en Chiapas.