Si hay dudas, ¡que pregunten!

Si hay dudas, ¡que pregunten!

Cadena de mandoJuan Ibarrola
2012-11-21 • Acentos

Para muchos mexicanos la principal preocupación con la que comenzarán el próximo sexenio es, sin lugar a dudas, la seguridad pública. Ojalá para los políticos esté dentro de sus muchas preocupaciones la seguridad nacional y su adecuación, empate y uso dentro de la seguridad pública.

Al ciudadano no le importan las diferencias que puedan existir entre ambas; a ese mexicano común y corriente solamente le interesa vivir en una colonia más segura, donde sus hijos no se conviertan en “daños colaterales”; le interesa sobremanera que no lo levanten para después pedirle a su familia un rescate que puede representarle todo su patrimonio.

Para el nuevo gabinete de seguridad encabezado por la futura supersecretaría de Gobernación, las diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional deben ser claras, suficientes y urgentes para poderlas desasociar. Todo indica que ha sido más la ignorancia y la confusión de los civiles por otorgar mayores fortalezas a la seguridad nacional, creyendo tal vez, que de hacerlo, sobrevendrá un conflicto político-social de grandes dimensiones. Brindarle una importancia real y actual a la seguridad nacional será la diferencia de sustento, para un “nuevo modo” de gobierno y también para un partido que regresa al poder después de largos 12 años. Estamos en tiempo para otorgar una justa dimensión y valía a la seguridad nacional y definir con qué objeto, por quién y para qué se llevarán a cabo las acciones de la misma.

Debemos comenzar por encontrar la diferencia conceptual entre ambas, ya que seguridad nacional es la condición permanente de libertad, paz, y justicia social que dentro de un marco institucional y de derecho, procuran los poderes de la federación, sociales, económicos y militares tendientes a equilibrar dinámicamente las aspiraciones y los intereses de los diversos sectores de la población y del propio país. En el ámbito internacional, salvaguardando la integridad territorial y ejerciendo soberanía e independencia. Mientras que la seguridad pública es la función a cargo del Estado que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

Ojalá que los ejemplos de sexenios anteriores —propios y extraños— hayan servido para entender que se necesita una Ley de Seguridad Nacional con visión de Estado, misma que defina normas precisas de responsabilidad para los poderes de la federación y los tres niveles de gobierno, para que éstas no queden únicamente en las fuerzas armadas.

Se deben establecer las bases de integración y de acción coordinada de las instituciones y autoridades encargadas de la seguridad nacional, clarificando y precisando el empleo de todos los recursos del Estado mexicano, incluyendo a las fuerzas armadas para atender una afectación a la seguridad interior. Si se logra establecer que la seguridad nacional comprende las vertientes de seguridad interior y defensa exterior, se fijarán así las bases de su conceptualización jurídica.

Otro aspecto fundamental será eliminar la discrecionalidad para establecer las condiciones bajo las cuales se determinan y declaran los riesgos, amenazas y afectaciones a la seguridad interior, mediante procedimientos específicos y por supuesto con la participación, se insiste, tanto de los poderes de la federación como de los tres niveles de gobierno.

Ojalá exista la voluntad y el valor de establecer las atribuciones a las fuerzas armadas permanentes, delimitando con claridad las acciones que estarán posibilitados a desarrollar en la atención de una afectación a la seguridad interior. Una realidad donde habrá de insistirse también es la certeza jurídica de la participación del personal militar contra la delincuencia organizada, no privando al Ejecutivo federal del empleo de todos los recursos que la nación ha puesto a su disposición para hacer prevalecer el estado de derecho y conservar la seguridad, estableciendo como objetivo esencial la integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano.

Es necesario anteponer el interés de la nación a cualquier otro, ya que la actuación de las fuerzas armadas beneficia directamente a la sociedad, misma que a su vez es la que más resulta afectada por los hechos de violencia derivados del narcotráfico y de la delincuencia organizada.

Si se cuenta con una Ley de Seguridad Nacional, actualizada y acorde a las exigencias y necesidades de la nación, se dará legitimidad a la participación del personal militar en el combate al narcotráfico y delincuencia organizada, sin perder de vista que las fuerzas armadas tienen expresamente asignada como misión general garantizar la seguridad interior y la defensa exterior.

La seguridad (nacional y pública) ha sido en las leyes, un tema que se soporta en la fortaleza de las instituciones armadas; es decir, los gobiernos de los últimos 30 años han sido indolentes en otorgarle mayor certeza jurídica, misma que pueda demostrarle al ciudadano que no es abuso de poder, que no es el empoderamiento de los soldados en contra del pueblo.

Hoy las necesidades son muchas. Quien —dentro del nuevo gobierno— no entienda las diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional, está llevando al país a un riesgo innecesario.

Están a tiempo de preguntar.