La sierra de Guerrero, el reino de talamontes, narcos, paralimilitares…

La sierra de Guerrero, el reino de talamontes, narcos, paralimilitares…*

GLORIA LETICIA DÍAZ
29 DE NOVIEMBRE DE 2012 · SIN COMENTARIOS
REPORTAJE ESPECIAL

Ejecutados en la sierra de Guerrero. El pan de cada día
Foto: Claudio Vargas

*Este reportaje se publicó originalmente el 19 de junio de 2001 en la edición 1807 de la revista Proceso bajo el título: Guerrero: las comunidades se quedan solas. Y Juventina Villa, asesinada ayer miércoles junto con su hijo, fue una de las entrevistadas por Gloria Leticia Díaz.

Las comunidades serranas de Guerrero se están quedando desiertas. Sus habitantes huyen en masa para librarse de los ataques de paramilitares al servicio de talamontes y narcos, que asesinan a los líderes campesinos… pero también escapan del Ejército y de las corporaciones policiacas, que acosan a los defensores del medio ambiente. Los desplazados señalan que las agresiones tienen como objeto expulsarlos para que los caciques y capos sobreexploten los recursos naturales de la zona y cuenten con rutas libres para traficar drogas.

PUERTO LAS OLLAS, SIERRA DE GUERRERO (Proceso).- Como parte de la disputa por las rutas de tráfico de drogas y de recursos madereros, paramilitares vinculados al crimen organizado amenazaron de muerte y ahuyentaron a campesinos de la comunidad La Laguna, en el municipio de Coyuca de Catalán.
La noche del 21 de abril, 30 adultos, la mayoría mujeres y ancianos, con 77 niños, 34 de ellos menores de cinco años, atravesaron en siete camionetas y durante cinco horas el filo mayor de la Sierra Madre del Sur para llegar a Puerto Las Ollas, una comunidad encabezada por Álvaro García Ávila.
No es el único caso. El pasado miércoles 8, el secretario de Seguridad Pública de Guerrero, Ramón Almonte Borja, informó a medios de comunicación de Chilpancingo que se han registrado otros desplazamientos en el mismo municipio de Coyuca de Catalán, así como en los de Coahuayutla, La Unión, José Azueta, Petatlán, Ajuchitlán del Progreso y Pungarabato.
Ramón Almonte es hermano del que fuera primer secretario del consulado de México en Chicago, Jaime Almonte Borja, asesinado de cuatro balazos el pasado 1 de enero en El Naranjo, también en Coyuca de Catalán, de donde es originaria su familia.
Tras un acto oficial, Almonte Borja reconoció que la sierra guerrerense “está siendo devastada económicamente por grupos criminales; (y además) tenemos un gravísimo problema de robo de vehículos, extorsión, secuestro y de pago de piso”.
Para el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, la situación es más grave, puesto que la violencia la atizan grupos paramilitares vinculados con el narcotráfico.
“A mí también ya me han amenazado –señala en entrevista–; quieren invadir la sierra con sus porquerías. Han llegado a decirme que, si les dejo poner sus famosas tienditas, ellos me van a dar una parte de sus ganancias. No podemos permitir eso: de por sí somos pobres, y luego gastar lo poco que tenemos en drogas, como que no está bien, por eso estamos dispuestos a todo para que no entre esa gente.”
Sin embargo, se enfrentaron a un poder armado que no tiene contrapeso gubernamental. Sin dinero, sin comida ni ropa, los campesinos de La Laguna no soportaron más la situación. Su líder, Rubén Santana Alonso, fue asesinado el 16 de febrero pasado, en tanto que su hijo, Sergio Santana Villa, y otras dos personas corrieron la misma suerte el 17 de abril. Todos ellos fueron emboscados por paramilitares que, a decir de los campesinos, viven en las comunidades de Hacienda de Dolores y Los Ciruelos.
El 18 de abril, el líder de la comunidad La Morena, Javier Torres Cruz, también murió emboscado. Ya en diciembre de 2009 había sido detenido por militares y entregado a presuntos pistoleros de Rogaciano Alba Álvarez, el exalcalde de Petatlán ahora procesado por narcotráfico y a quien Torres denunció como asesino intelectual de la abogada Digna Ochoa.
En 1998, Santana Alonso, Torres Cruz y García Ávila participaron en la fundación de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos integrantes han sido constantemente hostigados por talamontes, soldados y policías.
Apenas este viernes 10, Felipe Torres Cruz, hermano de Javier y quien también resultó herido en la emboscada, informó por teléfono que a finales de mayo se comunicó con el procurador de justicia estatal, Alberto López Rosas, para conocer los avances en la investigación del esclarecimiento del crimen.
“La única demanda que hemos hecho al gobierno es que haga justicia –enfatiza Felipe Torres–, tan es así que cuando vino a La Morena gente de la procuraduría (estatal), yo le di nombres de algunos de los que mataron a mi hermano, que era un grupo de unos 60 hombres, pero cuando llamé al procurador me contestó que la cosa estaba muy difícil, y que si no sería más fácil que nos saliéramos de la sierra… Como si nosotros fuéramos los culpables. Y luego, ¿a dónde quiere que nos vayamos a morir de hambre?”
La indiferencia es la actitud que los tres órdenes de gobierno adoptan hacia los actos delictivos contra las comunidades. Felipe Torres agrega que el pasado lunes 6 se comunicó a las oficinas centrales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) para informar que paramilitares se reunirían el viernes 10 para recibir armas “de parte de Sergio Barragán, que está en la Ciudad de México y es con quien están aliados, pero en la Sedena me dijeron que tenían mucho trabajo y en la Marina que estaba muy lejos el lugar que les indiqué”.
En el sexenio de Felipe Calderón, sobre todo de 2007 a 2009, las comunidades serranas defensoras de los bosques han denunciado incursiones violentas de militares y policías que llegan disparando sin motivo.
A la OCESP pertenecían Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, detenidos y torturados por militares en mayo 1999, caso por el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria para el Estado mexicano.
Como prosiguió su labor de defender los bosques, García Ávila también fue detenido por militares en febrero de 1999 y estuvo encarcelado en el penal de Acapulco por supuesta portación de armas.
Agresiones desde el gobierno

El pasado 12 de mayo, Proceso acompañó hasta Puerto Las Ollas a una misión humanitaria coordinada por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), el Frente de Organizaciones Democráticas del Estado de Guerrero (FODEG) y la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos del Estado de Guerrero, y a la que se sumaron visitadores de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero (Coddehum-Gro).
Esta comunidad está a nueve horas del puerto de Acapulco. En el trayecto se cruzan Las Humedades y Rancho Nuevo, poblaciones abandonadas a causa de los ataques y las amenazas de los grupos paramilitares del narco.
El dirigente del FODEG, Bertoldo Martínez Cruz, informa que por lo menos 32 personas han sido asesinadas en ese tramo. “Todos esos crímenes tienen que ver con la ambición por los recursos naturales y por querer apropiarse de las rutas que usan los narcotraficantes. Es la ruta que siempre ha querido Rogaciano Alba”, puntualiza.
Los habitantes de Puerto Las Ollas sólo tienen cultivos de autoconsumo y carecen de los servicios básicos. A la pequeña escuela llega de vez en cuando una maestra para atender a decenas de niños de distintas edades. Pese a su pobreza, los habitantes de esta comunidad pusieron a disposición de los refugiados terrenos en los que se improvisaron viviendas con carpas y estructuras de madera.
Al frente del grupo de desplazados, Juventina Villa, viuda de Rubén Santana, revela entre sollozos que días antes de su asesinato, el líder recibió fuertes presiones de los talamontes para que les permitiera cortar madera. “Cuando mataron a mi esposo pensamos que todo era por las maderas, por eso decidimos quedarnos; pero cuando mataron a mi hijo y a otros dos más, nos mandaron decir que no levantáramos ninguna denuncia y que nos saliéramos de ahí”.
Ella y varios campesinos que huyeron de su comunidad dicen que el día que emboscaron a Santana Alonso había un contingente militar a unos dos kilómetros del lugar del ataque, pero no persiguió a los asesinos. Días después Juventina lloraba en la tumba de su marido, cuando unos soldados llegaron en tres vehículos del 40 Batallón de Infantería y fotografiaron el sepulcro.
“Toda la gente estaba asustada, pero los soldados dijeron que habían ido por una recomendación de derechos humanos, y yo les dije que para qué venían a sacar fotos si mi marido ya estaba muerto”, añade la señora Villa.
Los campesinos afirman que por la misma violencia quedaron abandonadas otras dos comunidades de la sierra, Los Órganos y Los Pescados. “Algunos se van al pueblo (la cabecera municipal de Coyuca de Catalán), unos más a otras comunidades o de plano a Estados Unidos; nosotros no podemos irnos a otro lado que no sea el campo, porque nadie tiene estudios, apenas y sabemos escribir nuestro nombre”, comenta José, de 22 años, quien se escapó de Los Ciruelos junto con su familia y se refugió en Puerto Las Ollas con los desplazados de La Laguna.
Éstos señalan como instigadores de la violencia a familiares del exdirector de la Policía Ministerial del estado, Erit Montúfar Mendoza, sobre todo su hermano Gilberto Montúfar, a quien identifican como líder de Los Pelones, el brazo armado del cártel de los Beltrán Leyva en la región.
Según ellos, en la zona se han cometido varios crímenes contra pobladores que se negaban a dejar sus propiedades para permitir la tala indiscriminada y dejar el paso libre al tráfico de drogas.
Como funcionario de la administración de Zeferino Torreblanca, Montúfar fue señalado en 2007 por encabezar un operativo de 100 policías estatales y ministeriales que provocaron destrozos y maltrataron a habitantes de La Laguna en 2007, lo que motivó la recomendación 38/2008 de la Coddehum. Sin embargo, en ésta sólo se consideró como responsables a los policías estatales.
El mismo 12 de mayo, los desplazados de La Laguna exigieron el esclarecimiento de los homicidios y que se castigue a los culpables, pero también le pidieron al visitador de la Coddehum Adelaido Memije que interviniera para atender las necesidades de vivienda, salud y alimentación, sobre todo para los ancianos, los niños y las embarazadas.
Justicia, la mejor ayuda

Las peticiones de justicia por los crímenes que obligaron a los campesinos a refugiarse en Las Ollas, así como protección para recuperar sus propiedades y reincorporarse a la vida productiva, fueron medianamente escuchadas por el gobierno de Ángel Aguirre Rivero ocho días después de que organizaciones sociales, la Coddehum y representantes de medios de comunicación acudieran a la región.
Enviados del gobierno estatal “llegaron el viernes 20 con cobertores, despensas, techos de lámina de cartón, herramientas para construir las casitas y trabajar la tierra. Vino una brigada de doctores… (Las autoridades) se echaron el compromiso de meter las manos para agarrar a esa gente que anda matando a los campesinos en la sierra y que iban a subir más policías para acompañar a la gente a La Laguna a recuperar algo de lo que dejaron en su comunidad”, dice por teléfono el líder campesino de esa comunidad, Álvaro García Ávila.
De todas formas, en conferencia de prensa, el 23 de mayo en Chilpancingo, el secretario General de Gobierno, Humberto Salgado Gómez, pidió la intervención federal para combatir la violencia en la sierra guerrerense, que atribuye al crimen organizado.
En el mismo encuentro con los medios de comunicación, el secretario de Seguridad Pública y Protección Civil (SSPPC) del estado, Almonte Borja, reconoció que tan sólo en La Laguna se han cometido 15 asesinatos recientemente.
Ahí mismo, el gobierno del estado informó que proporcionó material y equipo para la construcción de 54 casas para los desplazados de La Laguna en Las Ollas, en un operativo encabezado por Almonte Borja y Víctor Aguirre Alcaide, subsecretario de Asuntos Políticos de la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, y aun cuando expresó su reconocimiento al gobierno de Aguirre Rivero por este primer paso, el líder de Puerto Las Ollas, Álvaro García Ávila, manifestó que los habitantes de la sierra guerrerense necesitan más que despensas y techos de cartón:
“Hasta ahora lo que hay son tres camionetas de policías estatales que están patrullando Las Ollas, y aún no se ponen de acuerdo cuándo van a llevar a la gente a recuperar sus animalitos o lo poco que dejaron en sus casas.
“Aunque ya tienen espacio aquí para instalarse, lo que esa gente quiere es regresar a sus casitas, a sus tierras, pero sobre todo quieren justicia, que agarren a los asesinos de los defensores de los bosques, que, como sabemos, nomás quieren llevarse nuestros recursos naturales y vendernos su porquería de droga.”