La guerra de FCH costó miles de millones de pesos.

Ciudad de México, 28 de nov (sinembargo.mx) – El 8 de diciembre de 2006, el presidente Felipe Calderón declaró el inicio de la “guerra” de su gobierno contra el crimen organizado, así, a tan sólo siete días de haber llegado al poder y sin una planificación o estrategia previa, lanzó el Operativo Conjunto Michoacán, con el que ordenó el despliegue de 4 mil 200 miembros del Ejército, mil elementos de la Armada, mil 400 policías federales y 50 agentes del Ministerio Público. Ese fue el inicio de su cuestionada, y ahora calificada como “fallida”, estrategia de seguridad nacional. La lucha antinarco de Calderón ha dejado 83 mil 191 homicidios relacionados con el crimen organizado, según un recuento del 1 de diciembre de 2006 al 31 de octubre de 2012 realizado por el Semanario Zeta, con base en estadísticas del Sistema Nacional de Información, procuradurías estatales, secretarías de Seguridad Pública de las entidades, registros hemerográficos en los estados y cifras de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs). La cantidad de 83 mil 191 ejecuciones registradas por el semanario corresponde al 72.8% del total de 114 mil 158 homicidios dolosos ocurridos en el sexenio calderonista, de acuerdo con información obtenida del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Sistema Nacional de Información. Pero no todos los muertos son reconocidos por el gobierno federal. En enero pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) aceptó una cifra “preliminar” de 47 mil 515 ejecuciones hasta septiembre de 2011. Ese año se registraron 24 mil 068, mientras que en 2007 se contabilizaron 2 mil 826. Pero no sólo aumentaron las ejecuciones, también los narcos. Semanario Zeta publicó que el Jefe del Ejecutivo recibió el país con siete cárteles y lo entregará con 31 células delictivas organizadas. Además, mientras el crimen proliferaba y diversos políticos, activistas y ONG’s pedían el fin de esta guerra, Calderón incrementó el gasto en seguridad en su administración y fortaleció a la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) y a la Policía Federal, organismos encabezados por el polémico Genaro García Luna. Foto: Cuartoscuro Para el Gobierno Federal fue mucho más importante acrecentar el presupuesto para las fuerzas federales que en otros rubros. El 26 de septiembre de 2011, en pleno debate por el Presupuesto de Egresos 2012 que se aprobaría en noviembre, La Jornada publicó que la Cámara de Diputados por medio de su Centro de Estudios de las Finanzas Públicas aseveró que en contraste con el aumento de 11% al presupuesto militar y en seguridad pública para 2012, el incremento para educación propuesto era de sólo 0.3%, al pasar de 530 mil 31.9 millones de pesos a 531 mil 758.1. El centro resaltó que el gasto en educación básica consideraba un mínimo crecimiento de 1.5%; esto es, de 314 mil 967.1 millones a 319 mil 624.4. En tanto, para la educación media superior se pedía 7.7% adicional en términos reales respecto de 2011, pero a costa de una reducción de 1.7% en educación superior y 6.3% en posgrado. Tras la aprobación del Presupuesto para 2012 –3 billones 706 mil millones 922 mil 200 pesos– en noviembre del año pasado, la partida de la Secretaría de Educación Pública se estableció en 251 mil 764 millones 577 mil 932 pesos. Por otro lado, para Salud se autorizaron 113 mil 479 millones 679 mil pesos, mientras que los recursos destinados al ISSSTE quedaron en 141 mil 452 millones 104 mil 610 millones de pesos, lo que representó una reducción de mil 050 millones de pesos respecto a lo solicitado por la dependencia que fueron 142 mil 852 millones 104 mil 810 pesos. Desarrollo Social también recibió menos de lo solicitado, al tener una reducción de 2 mil 197 millones de pesos y quedar en 84 mil 859 millones 857 mil 194 pesos. En contraste, y de acuerdo con cifras publicadas por Excélsior, el año pasado los diputados aprobaron sin cambios las partidas solicitadas para la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por 40 mil 536 millones 522 mil 049 pesos y la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) por 55 mil 610 millones 989 mil 782 pesos. Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) recibió 3 mil millones de pesos adicionales a lo solicitado, quedando en 19 mil 679 millones 581 mil 522 pesos. Además del lamentable costo humano que esta lucha ha tenido a lo largo de seis años, el gobierno ha destinado cifras millonarias para la estrategia de seguridad. El pasado 4 de abril, la entonces bancada del PRI en la Cámara de Diputados presentó el estudio “Diez años de panismo. Resultados”, en el que denunciaba que la lucha contra el crimen organizado emprendida por el presidente Felipe Calderón ha costado al país 467 mil millones de pesos con resultados “poco exitosos”. El documento, citado por Milenio, indica que de 2007 a 2011 “los aumentos han sido considerables en las dependencias encargadas de la seguridad y procuración de justicia, que han recibido incrementos de hasta 75 por ciento”. El informe de los priistas, sustentado en cifras de la Auditoría Superior de Federación, informaba también que la Sedena incrementó su presupuesto en 55.4 por ciento, la Secretaría de Marina en 66.8% y la Procuraduría General de la República (PGR) lo hizo en 30.1% en los últimos seis años. Pese a ello, “es claro que a pesar del incremento significativo que tuvo el gasto en seguridad en los últimos cuatro años, que incluso equivale anualmente a la mitad del gasto dedicado a salud, los esfuerzos han sido poco exitosos, obligando a las empresas mexicanas a destinar anualmente más de 8 millones de dólares para la contratación de diversos servicios de seguridad privada, lo que implica un elevado costo de oportunidad”. Además, da cuenta de que entre 2006 y 2009 los delitos no disminuyeron, “siendo el secuestro el que mayor incremento tuvo al aumentar en 83.3 por ciento; seguido de los homicidios dolosos, con 33.9%, y el robo con violencia, que se incrementó 31.6%, por lo que las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública no han sido suficientes para alcanzar el punto de inflexión en que se comience a revertir la incidencia de los delitos”. Por otro lado, de acuerdo con Contralínea, en base a información arrojada por cuatro estudios elaborados por el Centro de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados, de enero de 2007 a diciembre de 2012, el gobierno federal habrá destinado 320 mil 30 millones de pesos a la preservación de la seguridad nacional. Según el texto “320 millones para seguridad nacional” de Nancy Flores publicado en la revista el 22 de abril pasado, de esta cuantiosa cifra “la Sedena habrá ejercido a diciembre próximo el 69.04% (220 mil 967 millones); Semar, el 25.97% (83 mil 133 millones); Gobernación, a través del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional, el 4.27% (13 mil 673 millones), y la Presidencia, el 0.7% (2 mil 256 millones de pesos)”. La reportera detalla que ese dinero representaría “18.7 veces más la ayuda entregada por Estados Unidos a México a través de la Iniciativa Mérida” (tomando en cuenta el tipo de cambio en abril pasado) y también es equivalente a “54.2 veces más el presupuesto 2012 para el Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas”. Recientemente, el 24 de noviembre, la vicecoordinadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Dolores Padierna, se quejó de la lucha emprendida por el gobierno y aseguró que en ella el Ejército usó 38 millones de balas, 668 mil granadas, 84 millones de cartuchos producidos y se registró la baja de 65 elementos que fallecieron en operaciones diversas. Incluso la perredista aseveró que la administración saliente invirtió en promedio un millón de pesos por cada elemento de la Policía Federal. Además, Padierna se refirió al dinero destinado para la seguridad pública, pues –afirmó– hace seis años se le destinaron 9 mil 274 millones de pesos, para 2009 el aumento fue de 32 mil 916 millones de pesos y cierra con 40 mil 536 millones de pesos., lo que suma un presupuesto sexenal de 184 mil 057 millones de pesos. Foto: Cuartoscuro Y a pesar de los recursos, la estrategia y el uso de fuerzas federales en la tareas de seguridad ha sido duramente criticada y en más de una ocasión se le ha tildado de “fallida”. A principios de 2012, la directora de comunicación de Human Rights Watch (HRW), Emma Daly, explicó a la agencia Efe que el presidente Felipe Calderón empleaba a los militares para luchar contra los narcotraficantes y la delincuencia organizada, pero las Fuerzas Armadas no están bien entrenadas para realizar acciones policiales y gozan de impunidad cuando cometen abusos. Por su parte, al presentar su Informe sobre el Estado de los Derechos Humanos en el Mundo en mayo pasado, Amnistía Internacional (AI) criticó la labor del Gobierno de México, debido a que el accionar de las Fuerzas Armadas en contra del crimen organizado ha ocasionado tortura, desapariciones forzadas y homicidios. Sobre este tema también se pronunció Senado de Estados Unidos el 13 de julio, cuando, a través de un informe, manifestó que el despliegue de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico en México ha sidoinefectivo y hasta podría haber empeorado la violencia. También propuso un giro de estrategia. Indicó que a pesar del esfuerzo de Felipe Calderón, su “estrategia anticrimen centrada en combatir a los capos ha sido ampliamente criticada por colocar en segundo plano las necesidades de seguridad cotidianas de los mexicanos”. Pero esto no ha frenado a Felipe Calderón para en más de una ocasión reconocer la labor de las Fuerzas Federales en su combate al crimen organizado, incluso el mandatario ha llamado “héroes” a los militares que participan en la lucha. En tanto, el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, pidió el 18 de octubre pasado un cambio de estrategia en la guerra contra las drogas centrado en la despenalización y opinó que la táctica del presidente mexicano “no ha funcionado”. “Cuando uno mira a los resultados de la estrategia de Calderón, la mayoría de la gente dirá que no ha funcionado. Ha muerto demasiada gente”, dijo Annan en una conferencia en el centro de estudios Brookings de Washington. Además, varias Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) presentaron un informe el 29 de octubre pasado que revela que los casos de tortura en México aumentaron alrededor del 500% en los últimos seis años, en el marco de la lucha contra el narcotráfico emprendida. De acuerdo con el documento, “la militarización de la guerra contra el crimen” es uno de los principales factores que ha motivado este incremento y, como prueba, señalan el aumento de las denuncias en contra de la Sedena. Apenas el martes pasado el diario The Washington Post publicó un reportaje donde indica que el Presidente de México erró su estatrategia de seguridad al enviar “batallones de soldados mal entrenados a las calles para luchar contra poderosas organizaciones criminales, deja esta semana el campo de batalla después de seis años, con un saldo de al menos 60 mil muertos por la violencia del narcotráfico y con su guerra esencialmente en un punto muerto”. Aunque a nivel internacional la lucha anticrimen del aún Presidente sobresale más por sus deficiencias y la estela de muertos que dejó, Calderón insistió en mantenerla durante seis años, sin importar los costos económicos y humanos que provocó.