Federales de desecho, ante un incierto destino

Federales de desecho, ante un incierto destino

Marcela Turati
17 de noviembre de 2012 · Sin comentarios
Destacado

Le hicieron caso a los promocionales de la Policía Federal y se enrolaron. Creyeron que su futuro estaba asegurado. Luego la realidad los golpeó. Heridos en acción, con lesiones que los incapacitan para el trabajo, los refundieron en “El 20”, el agrupamiento de los desechados, desde donde ya habían denunciado a este semanario los maltratos que padecen. Pero su panorama ahora es más negro: el próximo mes la Secretaría de Seguridad Pública dejará de existir y los lisiados de la guerra de Calderón se quedarán en la calle.

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La anunciada desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública, que se hará efectiva en cuanto asuma el poder Enrique Peña Nieto, provocó angustia en los policías federales heridos en operativos o faenas de trabajo y que permanecen o han pasado por “El 20”, el Agrupamiento 20, el de los lisiados.

Los “veteranos de guerra” mexicanos en vez de ganar honores temen ser despedidos.

“Tenemos miedo porque sabemos que cuando entre ‘el nuevo’ no quieren entregarle a gente discapacitada; quieren deshacerse de nosotros. Han corrido a compañeros lisiados o los mandan a operativos para hacerlos renunciar”, explica a Proceso un joven treintañero lesionado por la tortura que le aplicaron narcotraficantes que lo levantaron.

“Preocupa qué va a pasar con los lesionados porque no vamos a encontrar trabajo. (No te contratan) si eres mayor de 30, tampoco si vienes lesionado, menos si vienes de gobierno y peor si eres policía. ¿Si no quedo bien qué voy a hacer? ¿Mi esposa, mis hijos, de qué van a vivir?”, comenta otro que quedó condenado de por vida a usar bastón.

Desde marzo pasado –cuando Proceso publicó el primer reportaje sobre la discriminación y maltrato laboral que sufren los policías federales lesionados– la situación ha empeorado: No se cumplieron las promesas del excomisionado Facundo Rosas de apoyarlos para obtener reconocimiento médico por riesgo de trabajo, ni los estímulos y ascensos por enfrentamientos, ni la reubicación a puestos administrativos con horarios flexibles para sus terapias, ni la posibilidad de cobrar el bono de operatividad (que les quitaron al lesionarse y que significaba la mitad de sus ingresos).

Son tratados como inservibles luego de que fueron heridos en enfrentamientos en Michoacán, Coahuila, Tamaulipas, Sinaloa o Chihuahua o en emboscadas mientras patrullaban montañas con narcocultivos o al salir disparados de la pick up en la que patrullaban. Algunos tienen esquirlas y hasta balas en el cuerpo.

Con el cambio de sexenio y el próximo desmantelamiento de la secretaría dirigida por Genaro García Luna enfrentan, además, la incertidumbre laboral.

“Yo serví a mi país, a mi institución; di lo mejor. Por eso sólo pido, como los demás, un cambio de adscripción, que nos saquen de la división de Fuerzas Federales, que es operativa, y nos manden a un área administrativa. Me lo merezco”, explica el más joven quien, pese a su edad, teme que sus lesiones lo inhabiliten de por vida.

“Que mejor digan ‘te toca tanto’ o nos den de por vida un seguro médico. Pero nadie dice nada de nuestro futuro. Todos se echan la bolita”, señala el del bastón.

A los testimonios de los cuatro policías lisiados presentados en la edición 1847 de Proceso y con quienes se habló de nuevo, se suman tres nuevos declarantes que comparten la misma incertidumbre. Todos piden que se reserven sus nombres. Argumentan que si los descubren los pueden “subir” a los operativos antinarco, de donde podrían no volver, o pueden someterlos a las amañadas pruebas de control de confianza con las que eliminan a los problemáticos.

“¿Cómo no vamos a salir mal en esos exámenes si andamos con antidepresivos para relajar ligamentos y articulaciones?”, reflexiona uno de ellos, quien tuvo que suspender su rehabilitación desde que lo incorporaron a labores.

El Agrupamiento 20 del Cuerpo de Reacción y Alerta Inmediata de la División de Fuerzas Federales, ubicado en la base Contel de Iztapalapa, llegó a tener 470 policías a principios de este año. La mayoría tuvo atención médica negligente y enfrentó malos servicios del ISSSTE, discriminación por parte de sus mandos y obstáculos para recibir constancias de incapacidad, terapias y pago de salarios o pensión. Actualmente quedan 70.

“Nos han ido dispersando para quitarnos fuerza, para que perdamos contacto, para poder hostigarnos hasta que renunciemos o nos incorporen a un área operativa”, explica un joven. El colega que lo acompaña, policía de carrera lastimado al caer de una pick up en movimiento, dice que los turnos de 24 horas le hacen sentir “mucha ansiedad en las piernas”.

Los de “El 20” acuden diariamente a las 7 de la mañana al pase de lista, marchan aunque lleven bastón y permanecen de pie hasta mediodía. Antes les daban desayunos fríos, mientras los policías sanos disfrutaban comida caliente. Ahora les retiraron hasta ese servicio.

El director del agrupamiento es el inspector Fausto Eduardo Arenas Castillo, el subdirector es Julio César Romero Zarazúa y la encargada directa, Adriana Blanco. A los dos últimos los señalan como los oficiales que desestiman las lesiones y presionan a los policías para que se incorporen a los operativos.

“A muchos compañeros que están mal de las piernas, de la columna, los cambiaron de actividad, los metieron uno o dos meses a puestos administrativos como habían prometido y luego los mandaron a operativos donde los hacen correr, cargar como 25 kilos de equipo, subir corriendo a las camionetas en turnos de 24 horas”, señala otro lesionado, sobreviviente de una emboscada en Michoacán.

El trato que reciben dista mucho del glamour publicitario con el que la Policía Federal (PF) y García Luna presumen a sus efectivos en los promocionales: armados para la guerra, a bordo de camionetas nuevas, orgullosos de portar el uniforme.

Los anuncios no muestran la placa de ocho metros que está a la entrada de la base de Iztapalapa y donde han grabado los nombres de los muertos en combate este sexenio. Tampoco incluye a los desaparecidos. Menos a los heridos.

“Antes en el pase de lista decían el número de caídos el día anterior. Ahora a casi todos los ocultan, por eso la placa está incompleta. Ya no hacen ceremonias con las familias, ya ni los mencionan; tampoco a los desaparecidos”, dice un federal cuarentón.

Según una nota de El Universal de febrero de este año, 792 federales habían sido heridos este sexenio en operativos contra el crimen organizado.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1881, en circulación)

Reubican a federales heridos en operativos
Arturo Ángel Julio 8, 2014 3:00 am

Por lo menos 60 elementos fueron trasladados a los estados pese a su mermada condición física; piden apoyo de oficio de la CNDH
Foto: Cuartoscuro

Agentes de la Policía Federal (PF) que padecen lesiones graves o permanentes acusaron que varios de sus compañeros fueron enviados bajo presiones a operativos contra el crimen a entidades como Michoacán, Chihuahua o el Estado de México, a cambio de pagarles el apoyo económico extra denominado “operatividad”.





Dichos policías pertenecen al 20 Agrupamiento, una unidad dirigida por el inspector Fausto Arenas Castillo, que concentra a elementos de la División de Fuerzas Federales que han sufrido algún tipo de accidente o han sido víctimas de una agresión que requiere un tratamiento a largo plazo y limita su desempeño regular.


En mayo pasado, 24 HORAS publicó que estos agentes eran víctimas de discriminación de los mandos en el interior de la propia PF, ya que no se les asignaban funciones acordes a su perfil y que eran concentrados por horas en las gradas de la pista de atletismo del Centro de Mando en Iztapalapa sin tarea alguna y sin el referido apoyo económico. Lo anterior además de otras irregularidades e incluso maltratos verbales.


El policía tercero David Mendoza Orozco, quien pertenece a ese agrupamiento, dijo que en las últimas semanas los mandos intentaron convencerlos con intimidaciones para que aceptaran irse a otras entidades.


“Nos dijeron que teníamos que escoger un destino porque eran las órdenes del mando, que si no lo hacíamos sería el jefe de División (de Fuerzas federales) Salvador Camacho Aguirre quien decidiría, nos han estado intimidado” dijo.


El uniformado señaló que aproximadamente 60 de sus compañeros lesionados aceptaron irse a otro estado por temor a represalias y por la necesidad que tienen de recibir el pago de la “operatividad” que les sirve para solventar gastos en su tratamiento.


En tanto, 70 policías que no han querido aceptar su traslado continúan en las gradas del Centro de Mando sin que se les asigne ninguna otra función, y sin el referido pago de operatividad, que les representa por lo menos una pérdida de casi 10 mil pesos al mes, añadió.


“El problema es que además te envían sin un oficio de comisión a esos estados u operativos; lo que hacen es cambiarte de agrupamiento. Te sacan del 20 (agrupamiento) donde llevan tu historial para quitarse la carga y te cambian simplemente, sin tomar en cuenta en qué condiciones” dijo.




Uno de varios


Uno de estos casos señalados es el del policía Juan Barragán Reyes, quien en febrero del 2011 resultó herido luego de que se volteara el vehículo denominado “Rino” de la Policía federal, en el tramo Baja California-La Paz. Su diagnóstico fue de esguince cervical grado dos y columna inestable.


El policía dijo que hace menos de dos meses fue enviado a Ciudad Juárez, Chihuahua, al operativo permanente que tiene la Policía Federal, pero su situación sigue siendo delicada pues más allá de que le cubren el pago de operatividad, físicamente está imposibilitado para tener un buen desempeño. A esto se suman anomalías en su diagnóstico.


“Mi diagnóstico fue el esguince y la columna inestable pero en la certificación que me hizo el ISSSTE del riesgo de trabajo no me calificaron lo de la columna y así mandaron el oficio a la División y me movieron, me pasaron del 20 Agrupamiento al 4 Agrupamiento. Ahora estoy padeciendo las secuelas”, dijo a 24 HORAS.


Por lo menos una decena de policías más narraron a este diario irregularidades similares, entre ellos Miguel Ángel Casasola Sánchez, Emanuel Cárdenas Domínguez, César Barajas Guzmán, Julio César Cruz Ruiz, Alejandro Cortés Jiménez, José Luis Vite Plata, Fabián de la Cruz Loera’ Gastón Santos Constantino, y otros que no quisieron que su nombre se publicara por temor a represalias.




Piden apoyo a la CNDH


Los agentes afectados pidieron públicamente que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indague de oficio las situaciones de discriminación e irregularidades que se están presentando en el 20 Agrupamiento.


“Nosotros no tenemos para pagar abogados que nos asesoren y tampoco nos dan tiempo de casi nada. Nuestro tiempo se va entre venir aquí (al centro de mando) e ir al hospital. Y los compañeros que ya están en los estados, menos. Ojalá que en la Comisión puedan escucharnos y asesorarnos”, dijo Mendoza Orozco.


Los uniformados entrevistados recordaron que entre las irregularidades que padecen se encuentran retrasos en sus constancias de riesgo de trabajo, diagnósticos incompletos por parte del ISSSTE, daño psicológico de parte de los mandos al relegarlos de actividades en las que sí podrían participar, obligaciones de ir a un servicio médico en particular solamente, entre otros.


El área de Derechos Humanos de la PF tiene conocimiento de estos casos, pero hasta ahora no les han dado solución alguna.
CNS omite explicación



Sobre la situación del 20 Agrupamiento, 24 HORAS solicitó desde mayo un posicionamiento de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), instancia de la que depende la Policía Federal.


El requerimiento fue realizado a la unidad de Comunicación Social de la CNS, que encabezaba Carlos Cervantes, quien renunció al cargo la semana pasada. En su momento dijo que se “analizaría una respuesta”, sin que hubiera otro dato.


Ayer se requirió nuevamente alguna información sobre esta denuncia, pero hasta el cierre de esta edición no había respuesta.

Indaga PGR falsificación


La Procuraduría General de la República (PGR) tiene abierta una averiguación previa por la falsificación de documentos en la División de Fuerzas Federales, tras la denuncia interpuesta por el policía David Mendoza.


El pasado 24 de junio el policía entregó al Ministerio Público la evidencia documental sobre un documento falso que describía de forma errónea la lesión que sufrió junto con su firma falsificada. Dicho documento fue elaborado por el área de Recursos Humanos de la referida división según la denuncia.


La investigación está asentada en el expediente PGR/DDF/SZN-VIII/475/2012 a cargo del agente ministerial Sergio Naranjo, quien se prevé que en breve cite a declarar a los posibles involucrados.