Nuestra guerra: Una conversación

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Esta largo pero realmente vale la pena. Una discucion sin exageraciones y tratando de ver lo mas objetivamente posible el problema. Lectura indispensable.


Nuestra guerra: Una conversación
Fernando Escalante Gonzalbo • Eduardo Guerrero Gutiérrez Alejandro Hope • Denise Maerker • Ana Laura Magaloni • Héctor de Mauleón Natalia Mendoza Rockwell • Guillermo Valdés • Joaquín Villalobos ( Ver todos sus artículos )

El 17 de septiembre se reunieron en la revista nexos diversos autores de ensayos, análisis y reflexiones clave sobre el problema de seguridad y la violencia que han marcado el destino reciente de México. Bajo la conducción de Denise Maerker se sentaron a la mesa a conversar y discutir Fernando Escalante Gonzalbo, Eduardo Guerrero Gutiérrez, Alejandro Hope, Ana Laura Magaloni, Héctor de Mauleón, Natalia Mendoza Rockwell, Guillermo Valdés y Joaquín Villalobos. Hablaron durante cuatro horas, la versión estenográfica de la conversación fue editada y enviada a sus autores para que corrigieran y añadieran lo que juzgaran pertinente. Este es el resultado


Denise Maerker: Todos ustedes han escrito o generado piezas clave sobre la crisis de seguridad y violencia que enfrenta México. En algunos puntos coinciden, en otros discrepan. Lo cierto es que la situación, desde que sus textos fueron publicados o sus estudios hechos, ha cambiado constantemente y hay nuevos elementos de reflexión. Queremos volver sobre las primeras hipótesis o explicaciones, hacer un alto en este camino, regresar a nuestras hipótesis originales, encontrar —por qué no— puntos comunes que nos den una visión más clara de en qué consiste la crisis, qué la desencadenó, y si era inevitable o no. Les propongo empezar por el principio, preguntarnos qué ocurrió en el país con eso que podríamos llamar “la tormenta perfecta” en la que concurrieron muchas cosas: el cierre al narcotráfico de “La Ruta del Caribe”, la transición democrática de México que puede haber diluido los mecanismos de control social que existían; la debilidad histórica de los gobiernos y las policías locales, el fin de la prohibición de la venta de armas de alto poder en Estados Unidos…

Eduardo Guerrero: Desde los ochenta en México tenían lugar episodios de violencia en varias regiones del país ligados con el narcotráfico, pero me parece que la pregunta que ahora nos hacemos todos es: ¿por qué a partir de mayo de 2008 aumentaron súbita y sostenidamente los homicidios relacionados con la delincuencia organizada a niveles nunca vistos? El aumento de la violencia se registra en un momento en que el gobierno mexicano coloca en el centro de su agenda el combate al narcotráfico y el fortalecimiento del sector de seguridad. Y sucede que, paradójicamente, esas decisiones gubernamentales para fortalecer la seguridad son un grupo de variables clave para explicar esta violencia extraordinaria. La violencia aumenta, por ejemplo, cuando tienen lugar detenciones de capos, decomisos de armas y automóviles. Me parece a mí que la política actual de detenciones (y quizás algunos decomisos) es relevante para explicar la violencia actual.

Alejandro Hope: Puede haber un primer punto de acuerdo en que la raíz de la crisis no es estructural. Sabemos de las debilidades de las instituciones de seguridad y justicia, pero con esas mismas policías y esos ministerios públicos, tuvimos una caída sostenida de algunos indicadores de delitos violentos durante un periodo largo, digamos de 1993 a 2007. Lo que sorprende y hace difícil el diagnóstico es lo abrupto del incremento que se da en 2008. Hay que explorar factores coyunturales, entre 2005 y 2008, que puedan explicar esto. Algunos de esos factores están asociados a las decisiones de gobierno, pero otros no. Por ejemplo, entre 2007 y 2009 se da un incremento en el precio de la cocaína en Estados Unidos. Según la base de datos de la DEA, en esos dos años se duplicó el precio de la cocaína. Ahora bien, si uno corre la gráfica de homicidios contra el precio de la cocaína verá que son comportamientos casi paralelos. Éste es un primer punto no trivial. Un segundo punto es el de las armas. No tenemos buena información al respecto, pero estudios recientes muestran que la disponibilidad de armas parece haber incrementado el número de delitos violentos en comunidades fronterizas. Tercer punto, también de coyuntura: el gobierno de Estados Unidos acelera la deportación de ex convictos a partir de 2002. Entre 2002 y 2008 se incrementa 35% el número de ex convictos deportados a México y crece todavía más en 2009 y 2010. En 2010 deportaron algo así como 120 mil ex convictos; en 2002 fueron 30 o 40 mil.

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Fernando Escalante: Creo que podemos estar de acuerdo en que la política del gobierno federal, lo que hizo y dejó de hacer el gobierno federal durante este sexenio, es el factor decisivo para explicar el salto. Hay otros factores también, pero un cambio de esa magnitud en un año sólo puede explicarse por factores coyunturales. Ahora bien, me parece importante subrayar que eso que haya hecho y dejado de hacer el gobierno federal afecta no sólo a las organizaciones criminales de que hablaba Eduardo Guerrero. Hay otras violencias, otras formas de violencia que no tienen que ver con el contrabando o la venta de drogas. Mirando regionalmente el mapa de la violencia, la que no está directamente asociada al narcotráfico me parece incluso más grave; no los pleitos entre organizaciones de delincuentes, que tarde o temprano llegarán a un acuerdo, sino esas otras violencias que parece que se han instalado en el país.

Denise Maerker: En el fondo hay una pregunta sobre la inevitabilidad de la intervención del Estado. ¿Era deseable esa intervención? ¿Era indispensable?

Eduardo Guerrero: Yo me atrevo a decir, ya me desmentirán, que en esta mesa hay un acuerdo en que el gobierno debe luchar contra el crimen organizado y contra la inseguridad. Lo que sorprende es la precipitación con la que el gobierno lanza su ofensiva. A 10 días de tomar posesión, el 11 de diciembre, el nuevo gobierno aplica un primer operativo en Michoacán con resultados —por cierto— aparentemente buenos. En ese año, 2006, Michoacán era el estado más violento del país. Hay asesinatos de mandos policiales, expresiones del gobernador Lázaro Cárdenas de que no es posible transitar en varios municipios de Michoacán. Este gobernador solicita, desde finales del sexenio de Vicente Fox, una intervención del gobierno federal. Fox, al parecer, no atendió la solicitud sino Felipe Calderón (quien nació en Michoacán, por cierto). Con el operativo del gobierno federal descendió la violencia y hubo importantes decomisos y detenciones. Se elevaron también los niveles de aprobación del presidente. La intervención del presidente estaba respondiendo a una exigencia social. Y la lucha era políticamente conveniente para mejorar las condiciones en que asumió el poder el presidente de la República. El factor sorpresa fue importante en el primer operativo en Michoacán, pero ese factor ya no estuvo presente en los siguientes y la eficacia disminuyó gradualmente.

Ana Laura Magaloni: A mí no me queda claro a qué denominamos la crisis de inseguridad. ¿Quién amenaza realmente a la sociedad? ¿Las otras violencias de que habla Fernando Escalante o a la violencia de las organizaciones criminales? Y eso lo digo con respecto a la pregunta de qué tan inevitable o necesaria era la intervención del Estado. Hay que preguntarse: inevitable o necesaria, ¿para qué? No sé cuál haya sido el indicador duro de la necesidad de intervención. Salvo Michoacán, los homicidios venían para abajo, la violencia no era un problema. Hoy tenemos una violencia que no sé cómo se va a contener y en delitos que duelen a la población: secuestro, extorsión, homicidio. La intervención era necesaria, ¿para qué? Porque, sin duda, en estos años ha cambiado el fenómeno: estamos ante otro fenómeno que requiere otro tipo de intervenciones. Es preciso definir qué era la crisis de seguridad de la que estamos hablando, por qué necesitaba el Estado sacar el ejército a las calles y a la policía. Porque si no nos ponemos de acuerdo sobre eso no vamos entender si fue adecuado o no.

Joaquín Villalobos: Hay un factor que no tiene tanto que ver con el número de homicidios. Me refiero al cambio en las características de la violencia que se da entre 2005 y 2007. La violencia que se observa en México antes de esos años tenía niveles de brutalidad mínima, era poco sistemática y no estaba organizada. Sin embargo, hacia el final del gobierno de Vicente Fox apareció una violencia sistemática, organizada y con un nivel de brutalidad extraordinaria, que era cualitativamente distinta y estaba asociada a factores estructurales como el mercado de drogas, la evolución de los grupos delincuenciales y la debilidad de las instituciones. Lo que yo observo es, entonces, que hubo un cambio cualitativo que se produce entre 2005 y 2007, y que en 2008 se manifiesta con toda su fuerza. Esta segunda violencia genera, por necesidad, la intervención del Estado, porque es una muestra de intimidación mucho más potente, que pone en jaque la capacidad del Estado de ser autoridad; reto completamente distinto al que plantea la violencia común.

Voy a poner un ejemplo todavía más claro en esta dirección: cuando se produce el estallido social en Chiapas (1994) los números de homicidios no fueron altos, casi no hubo violencia, pero la reacción del Estado fue proporcional al problema potencial, tanto en lo que se refiere al envío de fuerza, como en su disposición al diálogo e inversiones sociales en la zona. Es decir, que para dar respuesta a un problema de este tipo no podemos basarnos solamente en los números, hay que analizar el fenómeno en su dimensión completa. Y lo que pasó en México entre 2005 y 2007 fue que la violencia y los violentos se volvieron un reto para el Estado. Para decirlo coloquialmente, la basura se salió de abajo de la alfombra.

Guillermo Valdés: Si comparamos los niveles de violencia de 2010 y 2011 con los de 2007 y 2006 parece, ciertamente, que la intervención no se justificaba, porque el nivel de violencia en 2006 era muy bajo, pero quiero poner las cosas en perspectiva. El nivel de violencia actual, los más de 40 mil muertos de estos años, no se hubiera producido si antes no hubiera habido un proceso lento de acumulación de lo que podríamos llamar la “densidad criminal”. Para que haya más de 40 mil muertos en cinco años debe haber muchísima gente armada en la calle. Es imposible construir ejércitos con ese nivel de entrenamiento, equipamiento y disposición violenta de la noche a la mañana. El proceso de acumulación ya se había dado en 2007. La pregunta es: ¿por qué afloró allí? De acuerdo, hay que entrarle a las causas coyunturales para explicar todo esto, pero yo apuntaría también a una causa un poco más histórica, que explica por qué estas organizaciones ya eran tan poderosas en 2007. El hecho es que en México hubo a partir de finales de los ochenta un proceso de unificación de las organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en dos grandes organizaciones: la Federación —en donde estaban el Cártel de Juárez, el Cártel de Tijuana, el Cártel del Pacifico— y, por otro lado, el Cártel del Golfo. A partir de 1997 comenzó una etapa de fragmentación de estas organizaciones y en 2006 existían no dos, sino seis cárteles: Tijuana, Pacífico, Juárez, La Familia, Golfo, Los Zetas (que aunque eran parte del Golfo actuaban con cierta autonomía desde 2003), lo que provocó violencia en varias partes del país como Nuevo Laredo en 2005 o en Michoacán en 2006. Lo que estamos viendo a partir de 2008 es un conjunto de conflictos muy violentos entre esas organizaciones cuya lógica es terminar la fragmentación para que sólo permanezcan dos de ellas: por un lado sería el Cártel del Pacífico (si logra derrotar o controlar a los cárteles de Tijuana, Juárez y de Beltrán Leyva), y la otra sería la triunfadora del conflicto entre el Golfo y Los Zetas. Las guerras del Pacífico contra sus adversarios explican poco más de la mitad de los homicidios que van en el sexenio; los conflictos del Golfo con sus adversarios dan cuenta de otro 30% de asesinatos.

Ana Laura Magaloni: Es muy interesante lo de “la densidad criminal” de la que habla Guillermo. Pero no es trivial que esa densidad criminal no fuera violenta y ahora sí lo sea. México tenía una densidad criminal contenida u ordenada en un país en donde históricamente la línea divisoria entre ilegalidad y legalidad nunca ha sido completamente clara.

Natalia Mendoza: Si lo que se busca es entender qué es lo que está pasando en el país, creo que es necesario desmontar las ideas “Estado” y “crimen organizado”: ambos términos son ficciones que sirven para diseñar políticas públicas; no son conceptos que permitan explicar y ni siquiera describir la serie de procesos sociales que han dado lugar a esta crisis. Son categorías normativas, no analíticas. Cuando uno cambia de escala, y se acerca a la realidad local, la idea de que esto es una guerra entre “el Estado” y “los cárteles” pierde sentido: los pleitos y los actores son mucho más diversos. Eduardo Guerrero señala que ha habido una fragmentación de los cárteles. Eso puede ser verdad a una cierta escala. Lo curioso es que a nivel local la realidad puede ser otra. En 2005, cuando hice trabajo de campo en el municipio de Altar, Sonora, los cárteles no se vivían como una realidad local: había una serie de pequeños narcotraficantes que trabajaban como subcontratistas o incluso de manera independiente. Los mismos narcos te podían decir: “En la tele dicen que todo esto es territorio del Chapo, pero pues yo no sé, yo le compro mota a fulano”. La sensación que hay hoy en un lugar como Altar es que el tráfico de drogas se “cartelizó”. Es decir, que a medida que se vuelve más difícil el paso de la frontera los narcotraficantes que trabajaban de manera más o menos independiente se ven en la necesidad de aliarse con organizaciones poderosas que pueden pagar sicarios y que pueden negociar con miembros más altos en la jerarquía militar y policiaca. El sentido de pertenencia a un cártel es cada vez más fuerte.

No creo que el hecho de que una serie de familias vivan del tráfico de drogas signifique en sí mismo una amenaza a la “lógica del Estado”, al menos no más grave que la evasión sistemática de impuestos. Tampoco es cierto que ese tipo de tráfico de drogas relativamente independiente que existía desemboque necesariamente en la violencia que estamos viendo hoy. El efecto perverso de la intervención federal en la lucha contra el narcotráfico es que los cárteles han echado raíces más locales, se han profesionalizado —funcionan cada vez más con nómina— y por supuesto se han vuelto más violentos. Nos equivocamos de enemigo: el problema de México no es la venta de drogas en Estados Unidos, sino la violencia. Combatirla requiere otro tipo de respuesta por parte del Estado.

Denise Maerker: Más allá de si era inevitable o no la intervención del Estado en una zona que sí estaba perdida, como Michoacán y la Tierra Caliente, los únicos lugares que yo recuerde donde la violencia se había desatado en los términos planteados por Joaquín Villalobos, me pregunto por el objetivo que se planteó la intervención. ¿Fue para resolver un caso concreto o ya como una estrategia?

Alejandro Hope: La participación de las fuerzas armadas en tareas de combate al narcotráfico no es nueva. Desde la Operación Cóndor en los años setenta, las fuerzas armadas han participado en acciones antinarcóticos. Hubo varios operativos conjuntos previos a este sexenio, que tuvieron características similares a los de 2007 y 2008. Hay que recordar esto porque ahora nos parece que en el pasado todo fue distinto. No estoy muy seguro si en 2007 la intervención federal parecía claramente distinta de las anteriores, tanto desde la lógica del gobierno como desde la lógica de los narcotraficantes.

Fernando Escalante: Hay una cosa claramente distinta. A partir de 2008 comenzamos a ver prácticamente todos los días comunicados de la Secretaría de la Defensa que anuncian que el Ejército ha matado a ciudadanos mexicanos: siempre en enfrentamientos, siempre repeliendo la agresión, el Ejército anuncia que ha matado a 10, a 20, a 27 personas. Eso comienza de modo sistemático en 2008 y sí es nuevo. Son ya más de dos mil 300 ciudadanos mexicanos.

Héctor de Mauleón: Tenemos dos narrativas sobre la violencia. Una dice: el Estado intervino, el tráfico de drogas se dificultó, los cárteles entraron en guerra y eso trajo como consecuencia la violencia que estamos viendo. La segunda línea narrativa dice que el Estado intervino, pero intervino mal o precipitadamente, y eso desató lo que está pasando. Lo que esas líneas narrativas no nos explican es por qué la brutalidad creció cualitativamente desde 2007-2008. Se dice que los grandes cárteles se atomizaron y que desde entonces pequeños grupos rebeldes y sin control andan pegando en todas partes, lo que daría la idea de que se ha avanzado en algo: en desmembrar grandes organizaciones para dejar sueltas a otras más pequeñas. ¿Pero ésa es una narrativa del triunfo o del fracaso? Porque hasta ahora lo único claro es que la violencia dejó de ser esporádica para volverse sistemática y con niveles de brutalidad nunca antes vistos.

Eduardo Guerrero: Me parece que la política de captura de los miembros de las organizaciones criminales termina por tener un impacto estructural en la operación de los cárteles: las expectativas de negociación de los mandos medios del cártel con los capos se modifican radicalmente (en términos del cumplimiento de los contratos informales entre ellos). Éste es un asunto clave, porque los contratos al interior de los cárteles son de carácter verbal e informal. Sólo garantiza su cumplimiento la reputación del líder con el que se pactó y su permanencia en el cargo. Cuando el líder es removido constantemente —ya sea porque es arrestado o abatido—, desaparecen los incentivos de los mandos medios para seguir colaborando en el cártel, y muchas células se independizan de la organización. Aquí es cuando entra el tema de la fragmentación de las organizaciones y la puesta en marcha de sus negocios locales: extorsión, narcomenudeo, secuestro. La detención sistemática —y al parecer aleatoria— de capos terminó por propiciar modificaciones estructurales en el funcionamiento de la organización que produjeron a su vez más violencia.

Guillermo Valdés: Detenciones de capos y decomisos ha habido desde los setenta, y en muchas ocasiones, no en todas, esas intervenciones gubernamentales generan episodios de violencia temporales, que duran semanas o eventualmente meses. Aquí estamos hablando de un conflicto del Cártel del Pacífico contra el Cártel de los Beltrán Leyva que empieza en 2008, a raíz de la detención de El Mochomo, producto de una delación de gente de El Chapo. Esa guerra lleva tres años y medio y ha producido cerca de nueve mil muertes. No es el fenómeno de la violencia episódica por el reacomodo dentro de un cártel. Estamos hablando de algo mucho más grave. ¿Por qué El Chapo Guzmán y los Beltrán Leyva se enfrascan en una guerra que lleva tres años y medio y que ha producido nueve mil muertes en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Guerrero? Porque están peleándose el control de tráfico de 50 o 60 toneladas de cocaína que les genera cientos de millones de dólares. Ahí hay un conflicto económico claramente establecido. En el caso del Golfo es otro modelo. Hay otra guerra entre el Golfo y Los Zetas, que también lleva muchísimas muertes, sin que hubiera detención de capo o decomiso. Ahí hay una variable muy importante: Los Zetas se han convertido en una organización nacional, a partir del sometimiento y el control de bandas de delincuentes locales que ya eran secuestradores, que ya eran extorsionadores, que ya eran roba coches. Y no es cierto que la extorsión y el secuestro empezaron en este sexenio. Ahora hubo una explosión de información sobre eso, y nos puede parece que acaba de empezar. Pero empezó muchísimo antes. En 1995-1997, por ejemplo, hubo una explosión de secuestros violentísima; después tuvimos otra en 2004, aquella de la marcha ciudadana gigantesca en la ciudad de México. El otro modelo de Los Zetas al que me refiero es que ellos están trabajando, por un lado, la exportación de droga y, por el otro, la extracción de rentas a la sociedad mediante extorsiones, robos y secuestros. Son fenómenos que ahí están, que tienen razones económicas y que son de una magnitud que rebasa a los errores o aciertos de la intervención gubernamental.

Eduardo Guerrero: México tenía que enfrentar un problema de narcotráfico extendido y poderoso, pero al hacerlo generó otro problema que no tenía antes, un problema de violencia creciente y dispersa. La violencia se ha vuelto el asunto más importante en materia de seguridad. Y esto plantea el tema de los costos: ¿cuánto estamos los mexicanos dispuestos a pagar como sociedad para someter al crimen organizado? En el empeño del gobierno de debilitar al crimen organizado no parece existir un buen cálculo sobre la estrategia y las capacidades necesarias para resolver el problema sin generar costos demasiado elevados. Hubo falta de previsión y de un diagnóstico completo y preciso. Y después el gobierno quedó atrapado en esta violencia incontrolable que adquiere hoy rasgos de epidemia en varios puntos del país. El gobierno defiende a capa y espada su estrategia, a pesar de sus resultados magros y sus costos exorbitantes. Si nos basamos en un buen grupo de indicadores de resultados, hoy México no parece estar mejor que cuando declaró la guerra, hace casi cinco años, a las organizaciones criminales.

Natalia Mendoza: Creo que es muy peligrosa la facilidad en que se habla indistintamente de lucha contra el narcotráfico y lucha contra los narcotraficantes: como si fuera lo mismo. El cuidado de no llamar esto una guerra contra “los criminales” no obedece solamente a un afán de corrección política, se trata de tener presente que las formas de violencia más espeluznantes en la historia de la humanidad son aquellas que van dirigidas a tipos de población, tipos de individuo —llámese “judío”, “burgués”, “tutsi”, etcétera—. Los peores tipos de violencia son los motivados por fantasías de “exterminio del mal”. A eso se parece el de La Familia cuando pone una manta: “Señor ciudadano Felipe Calderón, permítame que limpie el territorio de perros”. El gobierno no debe usar nada ni remotamente parecido: no debe usar de “los malos”, sino de ciudadanos que han infringido la ley y que deben ser juzgados por acciones concretas.

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Lo preocupante es que parte de la violencia que vemos hoy no parece ser estrictamente instrumental: no se trata solamente de hacer cumplir pactos o controlar territorios. Parece volverse cada vez más arbitraria, obedece a criterios más caprichosos con rasgos regionalistas: “Que fulanito puso música banda, seguro es de Sinaloa, ¿qué anda buscando aquí? Mátalo de una vez”. Haciendo trabajo de campo en Sonora noté que había tipos de homicidios que suscitaban una venganza y otros que no. En general la violencia instrumental, por ejemplo los castigos a “los traidores”, no son vengados. Pero el tipo de violencia dirigida a alguien no por lo que ha hecho sino por lo que es —“sinaloa”, “Z”, “malo”— es la que desencadena ciclos de venganza imparables. Por eso me parece peligroso que funcionarios del Estado y miembros de la sociedad civil empiecen a hablar en esos términos: eso significa imitar la lógica en que operan organizaciones criminales ahora. Lo que hace falta detener es, precisamente, el contagio de formas cada vez más arbitrarias de violencia que susciten cadenas de venganza.

Denise Maerker: Te estás refiriendo al peligro de que el Estado diga: “Voy por…”.

Natalia Mendoza: Que diga: “Estoy combatiendo un tipo de población, un tipo de sujeto”. Me parece peligrosísimo porque ese tipo de argumento es, precisamente, bajo el que están funcionando, cada vez más, distintas organizaciones criminales.

Denise Maerker: Pero, ¿quién provoca que los asesinatos empiecen a ser por tipo de población? ¿El Estado o los grupos criminales?

Natalia Mendoza: No sé quién empezó, pero hay una tendencia compartida por funcionarios, miembros de las organizaciones criminales y población civil a hablar en esos términos. El Estado debe combatir y juzgar tipos de actividad, acciones concretas, no eliminar tipos de individuo. Pensar que muertos “los narcos” se acabó el problema, es igual de absurdo que pensar que la solución es que se mueran todos “los drogadictos”.

Ana Laura Magaloni: Retomo una idea de Villalobos con respecto a las estructuras criminales que amenazan la autoridad del Estado. Siempre hemos tenido un país en donde existen muchos mercados ilegales. Si vamos contra esas estructuras criminales, ¿qué es lo que se puede alcanzar ahí? ¿Verdaderamente podemos decir que va a haber un día en que no existan más esos mercados ilegales? Me parece una pregunta que exige un enorme pragmatismo, más cuando el Estado no tiene policías, no tiene procuradurías, no tiene tribunales y que existe una enorme descentralización del poder como para imponer una política desde el centro. ¿Qué es alcanzable dentro de ese contexto? ¿Cuál es una meta realista? Visto a retrospectiva, si algo que amenaza la autoridad del Estado es que los ciudadanos sean extorsionados, violentados. Eso sí va al corazón de la autoridad. Me parece que el primer objetivo, acabar a las bandas, no era realizable, pero el segundo, contener la violencia que afecta a la población, es de vital importancia para que el Estado tenga autoridad.

Joaquín Villalobos: Tengo la impresión, que no sólo es mía, la comparto con amigos colombianos y de Centroamérica, de que hay rasgos peculiares en la forma como se enfoca el problema de la violencia en México. Lo normal en una situación de inseguridad es la demanda de eficiencia. La sociedad pide acabar con lo que genera el problema, es decir, con los criminales. En Colombia, por ejemplo, la demanda era, básicamente, acabar o controlar a los violentos. En el caso de México la demanda es acabar con la manifestación del problema: la violencia. Decir esto puede ser políticamente incorrecto pero hace falta decirlo para entender el fenómeno: la violencia es la manifestación del problema, no es el problema. El problema son las estructuras que generan la violencia, la existencia de maquinarias paralelas al Estado, de estructuras que le disputan el monopolio del poder coercitivo en determinados espacios. Este modo particular de enfocar el asunto conduce a que el debate se centre en tratar de averiguar quién generó la violencia, y en esto se descubre algo que pareciera una resistencia a asumir los costos de lo que yo llamaría la crisis estructural de las instituciones de seguridad y justicia. El problema central que enfrenta México hoy en día es la debilidad institucional en un contexto de crisis de seguridad. En la década de los noventa cambió la ruta de la cocaína, México se convirtió en el paso para toda la cocaína que viajaba de Colombia hacia Estados Unidos, y este cambio lo sorprendió con una debilidad institucional grave, que había venido gestándose desde mucho antes. Hasta que se presentó la crisis no había incentivos para combatir a los grupos de narcotraficantes, no había incentivos para reevaluar todo el sistema de seguridad y justicia y hacer crecer a la Policía Federal, ni había incentivos para abordar el tema de las policías locales. Ni la clase política ni la sociedad veían esto como problema. Ahora hay una percepción de que el problema es la violencia y la búsqueda del culpable o responsable de la violencia, se vuelve un elemento dominante del análisis, en vez de tratar de explicar el problema de origen, la causa de la violencia. Como señalaba Guillermo Valdés, las estructuras que se formaron, la cantidad de gente que se armó, la cantidad de gente que está dispuesta a matar o morir, es un fenómeno complejo que no puede tener una explicación superficial y no depende de las acciones de este gobierno porque es resultado de un proceso que se ha dado a lo largo de muchos años. ¿Cómo es que tantos mexicanos se decidieron a matar? Buscando una respuesta a esta pregunta descubrí dos cosas sobre las que cambié de opinión con relación a este problema: una, creí que los mexicanos eran esencialmente pacíficos, pero hoy creo que no es así. No todas las sociedades se disponen a usar la violencia como ha ocurrido en México. Basta dar una mirada geográfica: Panamá, Costa Rica, Nicaragua, son todos países de la ruta de la cocaína. ¿Pero dónde se genera violencia? En Colombia, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, pero no en Panamá, que está al lado de Colombia, ni en Costa Rica, ni en Nicaragua, que son partes fundamentales de la ruta.

Lo que ocurre es que, resultado de sus procesos históricos, existen culturas que tienen una naturaleza más violenta que otras. El segundo cambio en mi percepción sobre el fenómeno de la inseguridad en México se refiere a que yo creía que México tenía un Estado fuerte, pero hoy percibo que tiene un Estado grande, pero no un Estado fuerte; es decir, que tiene posibilidades de controlar el problema, pero debe fortalecer sus instituciones, tanto federales como locales, para poder lograrlo. Entender que el corazón del problema está en la debilidad de las instituciones resulta fundamental para encontrar soluciones de largo plazo. De otra manera se corre el riesgo de caer en lo que mi amigo Jorge Castañeda ha llamado la tendencia cultural de los mexicanos a la “evasión al conflicto”, a esto en Colombia lo llamaron “la cultura del atajo”, que es la búsqueda de salidas que eviten enfrentar el problema. Los “atajos” que están presentes en el debate mexicano sobre el fenómeno del crimen organizado son: 1. Buscar la forma de convivir con estructuras potentes de crimen organizado; 2. Una variante del anterior: establecer una tregua o negociación; 3. No capturar capos ni quitarles grandes cargamentos de droga creyendo que con esto se evita la violencia; 4. Legalizar las drogas, aunque eso no esté en manos de México. La legalización de las drogas es un tema del primer mundo y no resuelve el problema de las estructuras criminales ni la debilidad de las instituciones; 5. Se plantea priorizar la prevención, como si se pudiese prevenir lo que ya está ocurriendo; 6. Se sugiere utilizar modelos de seguridad de primer mundo, pero es esto precisamente lo que no puede alcanzarse por la debilidad del Estado mexicano.

Denise Maerker: Me parece interesante la observación de que hablamos normalmente de la violencia y no de los criminales. Esto pone sobre la mesa la idea de que somos una sociedad acostumbrada históricamente a convivir con la ilegalidad, con una serie de situaciones límite, para la cual lo intolerable no es la ilegalidad, sino la violencia. Quisiera recordar que hay un momento insoportable en Michoacán, en 2006, cuando el Estado descubre que ha perdido la soberanía y las instituciones. En varios municipios se había recrudecido la imposibilidad de que el Estado ejerciera el monopolio de la violencia y funcionaran sus instituciones. Es decir, nuestra convivencia con la ilegalidad sí tuvo un punto de quiebre en Michoacán en 2006. Ahí dejó de ser viable convivir con la criminalidad, dejar que sigan su camino, siempre y cuando no se metan con la soberanía ni con la vida cotidiana. Eso sí era nuevo, aunque ahora ya ha ocurrido en todas partes

Alejandro Hope: Hay dos agendas que no hemos alcanzado a distinguir con precisión. Una es la reducción de los delitos violentos. Otra, reducir la influencia política, el peso económico y la capacidad de control territorial de organizaciones criminales. En el primer caso, creo que sí hay un rezago terrible. En términos de delitos violentos estamos notoriamente peor de lo que estábamos en 2006. Pero disiento de Eduardo Guerrero en suponer que no se ha afectado a las organizaciones criminales. Hoy no hay una sola organización criminal que tenga más recursos, más poder político o más capacidad militar de lo que tenía en 2006. Los cárteles de Tijuana y Juárez son una sombra de lo que fueron en los noventa. El Cártel del Pacífico perdió los brazos de Beltrán Leyva y de Nacho Coronel. El Cártel del Golfo se partió en dos. La Familia Michoacana para todo efecto práctico, ya no existe como tal. De la organización Beltrán Leyva queda un cascarón. En México no hay un “escenario Pablo Escobar”: no hay una organización que pueda retar frontalmente al Estado.

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Eduardo Guerrero: Sin negar el logro del Estado de dividir a algunos de los cárteles, yo mido la influencia o el poder de una organización criminal en términos del daño que causa. Para mí no importa tanto si es grande o es chica, sino su capacidad para cometer los delitos que más duelen a la sociedad. Podremos tenerlas divididas, pero con estos índices de homicidio, de extorsión, de secuestro, siguen infligiendo un enorme daño. Por otra parte, no creo que al iniciarse la guerra contra el narco hubiera un “escenario Pablo Escobar” en México, es decir, un escenario en que un gran cártel desafiara abierta y frontalmente la autoridad del Estado. Éste es un argumento que he escuchado a menudo para justificar la guerra, pero me parece un argumento falaz, con poco fundamento, que apela al miedo. En años recientes, México no enfrentó un escenario “a la Colombia” en el que estuviera, por ejemplo, amenazada la vida de un candidato presidencial o de un procurador general de la República.

Fernando Escalante: Voy a tratar de recuperar algo de la estructura de la conversación. Decía Héctor de Mauleón que el problema de interpretación consiste en que hay dos relatos. Mi impresión es que no se refieren exactamente a lo mismo, no son dos versiones del mismo asunto. De un lado está el relato del crimen organizado, cualquier cosa que esto sea. Y mi impresión es que decimos crimen organizado y ocultamos la realidad social que hay debajo: agricultores de Batopilas, pandillas de Juárez y transportistas de Matamoros, que no son lo mismo. Como quiera, ése es un primer relato, el relato del crimen organizado que cuenta, dice Guillermo Valdés, cuarenta y tantas mil víctimas en los últimos años. En el otro relato, en cambio, hay alrededor de 75 mil víctimas hasta ahora, porque se trata del fenómeno de violencia que hay en el país. No sabemos si son muertes del crimen organizado o desorganizado, o de qué. Ese fenómeno general de violencia sólo puede explicarse recurriendo a factores estructurales. Como señala Natalia Mendoza, cuando se cierra una frontera se pasa del contrabando hormiga al contrabando organizado, al contrabando de doble embudo, y eso organiza los tráficos y produce violencia. Pasó en nuestra frontera con Estados Unidos en el 93 y está pasando ahora con el Ejército. Visto así, no son los pleitos entre contrabandistas de drogas, sino factores estructurales los que explican por qué una política tiene unas consecuencias y no otras. Quiero recuperar el tema de la delincuencia empezando por poner en duda eso de que en México estemos particularmente acostumbrados a la ilegalidad. Mi impresión es que en México la inmensa mayoría de la gente cumple la mayoría de las leyes la mayor parte del tiempo, como en todo el mundo. En México hay tráfico, contrabando y venta de drogas, y no nos parece que sea tan grave, ¿significa que toleramos la ilegalidad? Bueno, en Estados Unidos circula y se consume más droga, lo mismo que en Francia, en Holanda, en España: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Hay en México una extensa economía informal, ¿quiere decir que estamos acostumbrados a la ilegalidad? En Estados Unidos hay unos 25 millones de trabajadores indocumentados, en Europa hay millones de turcos, argelinos y marroquíes trabajando sin permiso: ¿es que están acostumbrados a la ilegalidad? Pues sí, claro que sí: igual que nosotros. Mejor dejemos de pensar que somos algo especial porque toleramos la ilegalidad: somos tan legales o ilegales como los gringos o los franceses. Por otra parte, creo que sí es grave la idea de que “el factor generador del problema son los criminales”. Porque los criminales no lo son esencialmente. Un individuo que vive de trabajar en su rancho y que un día cruza la frontera con una mochila de “mota” ¿se convierte en “el criminal”? ¿Por qué no es sencillamente un agricultor que dio un mal paso? Cuando convertimos a un grupo social en “los criminales” y resulta que ellos son “el problema”, los colocamos fuera de la sociedad, y cabe entonces llamarlos, como los ha llamado el presidente, “cucarachas”. Es grave: nos estamos acostumbrando al lenguaje del exterminio. Cuando tenemos, por ejemplo, a un teniente del Ejército en un retén que dispara y mata a una familia, y para explicarlo dice que disparó “por inercia”, y no se obliga a dimitir al secretario de la Defensa, estamos en un mundo muy extraño. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado más de 100 casos en los cuales el Ejército ha disparado en contra de civiles absolutamente inocentes, y no dimite el secretario de la Defensa. Estamos acostumbrándonos a algo muy raro cuando hay editorialistas en la prensa nacional, en periódicos de circulación nacional, que piden escuadrones de la muerte, que piden que se ejecute directamente a “los criminales” y eso se aplaude. Algo muy grave nos ha pasado.

Héctor de Mauleón: Escalante se refirió al holocausto y al lenguaje del exterminio, que es el lenguaje del mal. No es extraño, porque en México la violencia está pasando del territorio del crimen, del simple delito, a una zona que se encuentra cada vez más lejos del delito y cada vez más cerca del mal. No nos hemos acercado a mirar desde esa perspectiva la violencia que afloró después de 2007. Otra cosa importante que ha quedado de lado es que en el relato de la violencia nos seguimos estrellando contra el muro de las cifras. El relato disponible suele quedarse en el conteo diario de los muertos. Pero no sabemos nada o casi nada de ellos. Guillermo Valdés habla de nueve mil bajas, producto de las guerras del Cártel del Pacífico. Escalante habla de dos mil ciudadanos muertos por el Ejército, según los boletines de la Sedena. El problema es que aún no sabemos quiénes eran, a qué tipo de población pertenecían. ¿Qué clase de mexicanos son los que mueren en esta guerra?

Denise Maerker: Iba en otro orden, pero retomo este asunto de los muertos porque uno de los temas que queremos tratar es quién mata y quiénes son los muertos. A partir de los textos de muchos de ustedes, la identidad de los muertos, no el número, ha adquirido una enorme importancia que culmina en la movilización creciente de los familiares de las víctimas. Joaquín Villalobos ha sido claro al decir: “En una guerra hay muertos, no sean ingenuos”. Pero la identidad, el nombre, la historia detrás de cada uno de esos muertos se ha vuelto una exigencia. La explicación de que cada muerto es un delincuente menos se ha debilitado en la opinión pública conforme vamos conociendo sus historias. La pregunta es clara: ¿quién mata y quiénes son los muertos?

Guillermo Valdés: En la tipología de los asesinatos, el gobierno clasifica tres tipos. Las ejecuciones, que son asesinatos cometidos con un patrón muy claro: hay un ataque premeditado contra uno o varios integrantes de una organización criminal por parte de otra; los “levantan”, los secuestran, los llevan a una casa de seguridad, los torturan, los matan, les dan el tiro de gracia, y tiempo después hacen públicos los cadáveres. El 85% o el 88% de los cuarenta y tantos mil muertos corresponden a ese patrón. Una segunda categoría son los muertos en enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y hombres armados, organizados o desorganizados, presuntamente delincuentes. Un 10% de las muertes ocurre en esta clase de sucesos. Y hay una tercera categoría, que son las agresiones de presuntos delincuentes contra autoridades o contra civiles inocentes. Ahí estamos hablando del 2% de las muertes, más o menos. Se está haciendo una reclasificación de algunos casos de ataques directos a civiles, como las narcofosas de San Fernando, el incendio del Casino Royale en Monterrey o el granadazo en Morelia.

Denise Maerker: Hay también los mal identificados, que son muchos.

Guillermo Valdés: Hay muchos muertos no identificados, sobre todo en el rubro de ejecuciones. Por ejemplo, hay cerca de 900 cadáveres de los que no se tiene el sexo. ¿Por qué? Porque están calcinados o mutilados en exceso, o porque son cadáveres en descomposición de muchísimo tiempo.

Héctor de Mauleón: ¿Esa clasificación permite saber cuáles son los cárteles que han acumulado más muertos? ¿Cuál es la organización que se está imponiendo sobre las otras? Joaquín Villalobos afirma que, en una guerra, uno de los métodos que permite saber quién va ganando es definir quién tiene más muertos. ¿Los muertos son una medición válida de cómo vamos?

Guillermo Valdés: Mira: el Cártel del Pacífico tiene cuatro guerras que explican la mitad de los muertos en conjunto. Tiene una guerra con el Cártel de Juárez, que produjo hasta la fecha 12 mil; tiene otra con los Beltrán Leyva, nueve mil; tuvo la guerra contra Tijuana, que fueron dos mil 500 o tres mil; y luego tiene una cuarta guerra por contener la invasión de Los Zetas en La Laguna. Entonces tú tienes la mitad de las cuarenta y tantas mil muertes explicadas por cuatro conflictos del Cártel del Pacífico. La única lógica que le veo a que el Pacífico se meta en un combate de este tamaño y de esta duración es el control de un negocio que le da un porcentaje significativo de un ingreso que, para el total de exportaciones de drogas a Estados Unidos, hemos estimado en cinco mil 500 millones de dólares.

Ana Laura Magaloni: Me parece importante explicar por qué se empezaron a matar. Pero creo también que en toda esta narrativa de cárteles contra cárteles desaparece por completo el ciudadano y el impacto que esto ha tenido en su vida. Lo que más me impresiona de las narrativas que oyes de las víctimas es la ausencia completa del Estado. Cuando se han desplegado las fuerzas federales con el objetivo de recuperar la autoridad del Estado, nadie tiene una ventana a la que ir a tocar y pedir ayuda. Es extraordinariamente paradójico que lo que estábamos peleando era la autoridad del Estado y que la autoridad del Estado, para el ciudadano en donde existen operativos conjuntos, se haya reducido a cero. Parecería ser entonces que ellos se están peleando y a nosotros no nos queda nada más que esperar y ver. ¿Qué pasa con la autoridad del Estado en la vida ordinaria de los ciudadanos?

Joaquín Villalobos: En relación al problema de los costos hay un punto fundamental, que es el tema del tiempo. El tiempo, juzgado en términos de este gobierno y con la dimensión que tiene del problema, el tiempo transcurrido es todavía un tiempo corto. Hay que considerar que esto va tomar más tiempo y que no hay modo de salir más rápido. La disminución de la violencia no está necesariamente asociada al tema de la victoria en el sentido clásico. ¿En qué momento el Estado logra ser hegemónico en el control del territorio? ¿En qué momento recupera su condición de autoridad, aun sabiendo que van a quedar estructuras criminales las cuales, aunque no dominantes, seguirán compitiendo con la autoridad? Este proceso es uno de los elementos más importantes. La presencia territorial del Estado y la disminución de la violencia son directamente proporcionales. Así pasó en Brasil con las favelas: apenas han llegado unidades de la Policía Pacificadora a reconquistar las zonas olvidadas durante años y comenzó a mejorar la seguridad. En Colombia el ejército y la policía se han convertido en los más grandes de América Latina: 440 mil y 160 mil efectivos, respectivamente. Ese crecimiento se dio porque llegaron a la conclusión de que si no ocupaban el territorio de forma permanente no se iba a resolver nunca el problema de los poderes armados paralelos y de una población con una cultura de ilegalidad. El crecimiento de la fuerza militar y policial produjo una mejora inmediata en la seguridad. Por eso me preocupa que la discusión en México algunos la centren en cómo organizamos a los criminales para que sean menos violentos y no cómo organizamos al Estado para que sea un factor de inhibición de la violencia. En Colombia uno de los giros fundamentales fue convencer a los militares de que los derechos humanos no son una carga ética que se les impone: son parte de la eficacia operacional. Cuando se les hizo entender que si respetaban estos derechos tendrían mejores resultados porque no convertían en enemiga a la población, comenzaron a bajar las violaciones a los derechos humanos.

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Fernando Escalante: Quisiera hablar de nuevo sobre lo que podríamos considerar criterios de éxito. El número de muertos no me sirve, porque no dice nada inteligible. La “recuperación del territorio” tampoco, porque no está claro qué territorio se había perdido, ni cómo se haya recuperado. Sí me parece claro, en cambio, que hemos perdido o estamos perdiendo una guerra cultural importantísima, en la medida en que es posible llamar cucarachas a una parte de la sociedad, y pensar y decir que “los criminales” no son seres humanos. Pero vuelvo al problema de la evaluación, a lo que cuenta como criterio de éxito. En el relato dominante, los únicos actores —lo decía Ana Laura hace un instante— son los “narcos”: el relato dominante es la historia de lo que los narcos hacen o quieren hacer, y lo que dejan de hacer, y con eso quedan siempre fuera de foco las políticas del Estado, que influyen de manera decisiva para que suceda una cosa o la otra. Veamos: si esta fuese sólo una guerra económica por un mercado millonario, el mercado más grande está en el Distrito Federal, y tendríamos que tener aquí el frente de batalla; si eso no sucede, tendríamos que preguntarnos si no tiene algo que ver el hecho de que se adopten determinadas políticas. Preguntemos: ¿por qué en Yucatán no hay esa violencia, por qué en Oaxaca no, por qué en Chiapas tampoco? Hay que tomar con cuidado también la idea del “control del territorio”. En muchos lugares han existido siempre otros actores sociales que intervienen y condicionan la acción del Estado, y el resultado normalmente no es catastrófico. Para resumir, podríamos decir que es el orden de los caciques, que ha funcionado siempre. Lo que estamos viendo en una parte del país es que se ha roto, o se está rompiendo ese orden. Ya nadie controla, ya nadie manda. Acaso porque ya no hay, o ya no tienen poder esos a los que llamábamos “caciques”. Insisto: sujetos sociales que disputen la autoridad a los agentes del Estado han existido siempre en México, y acaso en todas partes. El que pone el orden local es el cacique. Bueno, a lo mejor hay lugares del país en que estamos viviendo la derrota final de los caciques. Y a lo mejor de eso se trata esta historia.

Alejandro Hope: Creo que el problema con la métrica es también un problema de lenguaje. Yo no sé cómo se “come” el control territorial. No sé cómo operacionalizar esa variable. Por qué no medimos, por ejemplo, el tamaño relativo de la economía ilegal. Tratemos de poner ciertos números y dejarnos de las fantasías que circulan sobre el tema. Tengo la intuición de que la economía ilegal en México hoy es considerablemente menor que la que había en 2006. Porque siendo, con mucho, el tráfico internacional de drogas la actividad ilegal más grande, hoy es, probablemente, más chica de lo que era. Del otro lado, hay una agenda específica de reducción del delito violento, que debe ser un objetivo en sí mismo, más allá de lo que suceda en el combate a organizaciones criminales. Si hay más homicidios vamos mal en esa agenda. Punto.
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Denise Maerker: Creo que hay indicadores claros de cómo se come el control territorial. Yo lo diría así: ¿en dónde están cerrados los centros de salud?, ¿en dónde están cerradas las escuelas? Sabemos cómo se come el control territorial cuando sucede que hay lugares a los que ya no podemos ir. En este momento en la frontera de Guerrero y Michoacán, donde hay zonas enteras sin médicos. A esto yo le llamo perder el control territorial. Porque no ocurría antes, es completamente nuevo. El Estado no va, por ejemplo, a levantar el censo en algunos lugares y sabemos cuáles: se tuvo que levantar de manera aérea, porque el INEGI no podía ir. Hay lugares en donde no se puede ir a entregar Oportunidades.

Guillermo Valdés: Regreso a mi explicación de la violencia y el factor de debilidad institucional local. Me parece realmente injusto decir “ya van cuatro años y la cosa está peor”. En Italia les tomó muchos años medio apaciguar a la mafia. En Colombia la violencia creció de manera sistemática de 1983 a 1993, y luego hubo un disparo hasta 2001. Les llevó seis años más, en total 28 años, alcanzar una tasa de 36 muertos por cada 100 mil habitantes. Nosotros estamos en 18, y que en cuatro años nos digan “es un fracaso porque no han acabado la violencia”, me parece realmente ingenuo.

Denise Maerker: Pero, ¿cómo vamos?

Guillermo Valdés: Vamos mal en violencia; pero es ingenuo pensar que en cuatro años puedes acabarla, no sólo en términos de homicidios, sino en la extracción de las rentas que afectan a la sociedad. Cuando estos señores entran en una guerra de esas magnitudes, por un negocio de ese tamaño, las autoridades locales, las policías municipales y estatales, fundamentalmente, o se retraen y se esconden, o se ponen del lado de ellos (algunas ya lo estaban). Y entonces se crea un ambiente cultural, un contexto, un estado de ánimo que permite que aflore todo lo que estaba acumulado ahí. Se generalizan el secuestro, el robo, la extorsión. Lo que México está viviendo es un problema que por lo menos tuvo 20 años de crecimiento, 20 años de fortalecimiento de la densidad organizacional del crimen, y de un Estado al que no le importaba que estas organizaciones fueran creciendo y se fueran apropiando de policías municipales, de presidencias municipales, de las carreteras. Lo que veo a partir de 2007 es que las condiciones que permitieron ese proceso se empezaron a revertir.

Denise Maerker: ¿Con qué indicadores?

Guillermo Valdés: Uno fundamental es quién controla a las autoridades municipales. Ahora estamos en una lucha para ver si el Estado se queda con los municipios o se los quedan los criminales. Toda la violencia en torno al asesinato de policías y funcionarios municipales es la disputa que está haciendo el Estado para ver quién se queda con los municipios. En este momento puede no estar claro quién va ganando, pero la lucha ya está ahí y esos señores ya encontraron un límite de crecimiento y no tengo la menor duda de que el Estado recuperará para la sociedad a sus autoridades y policías municipales. La sociedad tiene en ese aspecto un papel fundamental: exigir autoridades del lado de ella, no del crimen organizado.

Fernando Escalante: El problema no es que la violencia no se haya resuelto. El problema es la violencia que surgió a partir de 2008. Si entrar a ese pleito era inevitable, necesario, eso es otra cosa. Pero ese problema surgió de los operativos federales por recuperar lo que fuera.

Guillermo Valdés: Eso es innegable. Pero no creo que haya sido por una política irresponsable del gobierno de entrarle a una guerra sin inteligencia, etcétera.

Ana Laura Magaloni: A mí me parece que el termómetro del éxito de una política de seguridad es cómo se comporta el indicador violencia. ¿Qué tan efectivos somos para gestionar la conflictividad violenta, para evitar que existan conflictos violentos? Ése es el objetivo que se puede proponer el Estado. No pensar en cuántos delitos se denuncian.

Guillermo Valdés: Creo que vamos a poder disminuir la violencia asociada a la extracción de rentas, el secuestro, etcétera, cuando tengamos instituciones de seguridad y de justicia medianamente eficaces. Ahora tenemos un proceso de retraimiento, de parálisis de las instituciones locales de seguridad; lo estás viendo en Veracruz, Tamaulipas, Michoacán y en Guerrero. Un objetivo fundamental es la eliminación de la violencia y de este tipo de inseguridad. Pero no podemos creer que esto se va a dar mágicamente si no reconstruimos las instituciones cuya tarea es hacer que la sociedad viva segura.

Fernando Escalante: Mi impresión es que buena parte de las confusiones conceptuales en que estamos obedecen a que los conceptos con los que nos movemos contribuyen sobre todo a tapar la realidad social que está detrás del problema. Y eso tiene que ver con una mirada federal. El problema del crimen organizado existe como tal para una lectura federal. Allá abajo, en los municipios, en cualquier lugar, se experimenta de una manera distinta. Hay una mirada federal que no solamente desconoce la infinita variedad de realidades municipales, sino que desprecia a las instituciones municipales; desprecia a los presidentes municipales que no saben leer y que están amarrados con el cacique local que planta “mota”. En esto, una de las claves de lectura para mí son los policías municipales. La policía municipal no servía para nada, porque no hacía nada, eso nos dicen. Pensemos un poco: en el orden aquel donde había caciques y contrabandistas los policías municipales no estaban pintados, participaban para organizar esos tráficos. Pregunta: ¿De verdad queremos, aparte de que fuese posible, tener una policía municipal impoluta, que no esté relacionada orgánicamente con la sociedad del municipio en el que está, esa sociedad donde se vende piratería, donde se venden falsificaciones, donde se trafica con drogas? ¿Queremos que la policía municipal esté separada y que se relacione con la población de su municipio solamente para repartir trancazos? ¿Ése es el tipo de acción del Estado que queremos en los municipios? Mi impresión es que necesitamos a los policías municipales para que organicen muchos tráficos locales. Y nuevamente, cuando convertimos a un policía municipal en corrupto, porque incurre en algún acto de corrupción, nos estamos olvidando de toda la enorme cantidad de cosas legales, ordenadas, decentes, queribles y deseables que hace ese policía en su municipio. Necesitamos seguramente a la Policía Federal, desarraigada, ubicada en el Distrito Federal, con capacidad de despliegue rápido, por supuesto que sí, para combatir el gran delito. Pero necesitamos también ese otro eslabón que es el policía municipal. Por otra parte, si desbandamos policías municipales por todo el territorio, como hemos hecho, si los ponemos en la calle y sustituimos esos pequeños controles locales por controles federales y se lo encargamos a un teniente del Ejército que va patrullar la carretera, que va a comandar un retén, ¿estamos seguros de que eso va ser más honesto, más eficiente? ¿Estamos seguros de que va a ser incorruptible? ¿Queremos que sea incorruptible?

Joaquín Villalobos: Visto desde la óptica de desarrollo del Estado, este asunto impone a México la modernización del poder coercitivo y de su sistema judicial y debe asumir la responsabilidad de zonas que ha tenido olvidadas. Eso fue lo que le ocurrió a los colombianos. Tenían un régimen de convivencia con esmeralderos, con grupos paramilitares, con al menos cinco guerrillas y con decenas de cárteles que se fueron fragmentando. Esa convivencia les estalló en una violencia brutal de más 20 años, con dos guerras, una rural y una urbana, más de 400 mil muertos, varios millones de desplazados y la necesidad de iniciar un proceso de reconstrucción del Estado. En México hay gran disponibilidad de armas, hay zonas de difícil acceso y con pocos servicios, donde la economía legal es incapaz de competir con la economía criminal, la corrupción es un antivalor generalizado, hay instituciones de seguridad corruptas e ineficientes, hay pobreza y una disponibilidad cultural para la violencia; la pregunta es si nos olvidamos de todo eso o si lo asumimos como reto para construir un México moderno, distinto. Por otra parte, aunque la reducción de la violencia tomará un buen rato, hay evidencias de que se está avanzando. Las estructuras criminales han perdido poder para cooptar al Estado. Ahora hay una ventaja en inteligencia por parte del Estado. Antes los criminales sabían más; ahora quien sabe más es el gobierno y por eso se repiten con mayor frecuencia los golpes a los cárteles. Hay un crecimiento de la fuerza policial federal. Al inicio era una fuerza irrelevante, 12 mil hombres para 112 millones de habitantes y dos millones de kilómetros cuadrados. Prácticamente no había Policía Federal, y las policías locales estaban cooptadas. Ahora ha habido un proceso de calificación, y se ha creado la Plataforma México que no tiene comparación como centro de información en Latinoamérica.

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Hay evidencias que apuntan a una modernización que a futuro va a rendir resultados positivos. Finalmente, el tema de la seguridad, del crimen organizado, de la necesidad de tener autoridad en el territorio, de atender el problema de los jóvenes que se pueden ir a las estructuras criminales, ha entrado en la agenda política, y eso es fundamental. Aunque ahora se vea como negativo que el problema se traslade a los estados, a la larga forzará a los gobiernos locales a enfrentar la situación y resolverla, de otra manera no se iba a resolver nunca. Ahora bien, hay un dato importante que no ha sido suficientemente valorado: está bajando la rentabilidad de la ruta mexicana para la cocaína. México se está volviendo caro para los narcotraficantes y la ruta se está moviendo nuevamente al Caribe.

Alejandro Hope: Efectivamente, según algunas cifras de agencias estadunidenses, hay un incremento importante en los decomisos en Florida, que se triplican en un periodo de cuatro o cinco años. Lo paradójico es que no bajan mayormente los decomisos en la frontera México-Estados Unidos, y entonces no sabemos a ciencia cierta lo que está pasando con el trasiego de cocaína. Pero sí hay algunos indicios de que la ruta podría estarse moviendo hacia el Caribe. Tal vez el tema de fondo es que estamos en el principio del fin del narcotráfico tradicional en México. Hay varias razones para pensar esto. Uno: los estadunidenses previsiblemente van a legalizar la marihuana en algún punto de la próxima década. Dos: hay una tendencia de reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos: se ha caído 25% el número de usuarios en los últimos cinco años. Tres: empieza a haber algunas indicaciones de que se podría estar reabriendo la ruta del Caribe. Eso podría significar una caída de 60% a 80% de los ingresos que tienen ahora los narcos mexicanos.

Denise Maerker: ¿En México se consume más droga?

Alejandro Hope: El último dato que tenemos es la Encuesta Nacional de Adicciones de 2008. Los números siguen siendo relativamente bajos. El problema es menor al que se presenta prácticamente en cualquier país de la OCDE, pero el crecimiento sí es importante. Sin embargo, hay que considerar que las encuestas de adicciones tienen un problema no trivial. Se hacen en hogares y no capturan a los usuarios crónicos, a la población que está en situación de cárcel o en situación de calle. La mayor parte de los usuarios crónicos de drogas duras está probablemente en esas categorías. Lo crucial en esto es que el mercado al menudeo es mucho más violento que el tráfico a gran escala. Hay más transacciones, hay más participantes y es más visible. Cada consumidor adicional de cocaína produce hasta 96 transacciones más en un año. Su crecimiento, así sea desde niveles bajos, puede ser un importante generador de violencia.

Eduardo Guerrero: De la base de narcomensajes que he levantado en periódicos, más o menos el 10% de las ejecuciones está vinculada con narcomenudeo. Esos muertos tienen que ver con este mercado emergente.


Fernando Escalante: Hay que entender también la dimensión territorial. Porque la crisis de violencia no es uniforme. Es muy importante subrayar que en algunos estados la tasa de homicidios se multiplica por ocho, por 10 o por 100, y en otros, como en el Distrito Federal, con el mayor mercado de drogas del país, los números se mantienen básicamente estables e incluso en el último año a la baja. Habría que explicar por qué.

Denise Maerker: La anomalía de la ciudad de México es digna de reflexión: un mercado extraordinario, donde se consume mucha droga, hay mucho narcomenudeo y el nivel de violencia está controlado. ¿De qué se trata?

Guillermo Valdés: Hay varios factores, pero menciono uno: en la ciudad de México hay 83 mil policías, 10 por cada mil habitantes. La ONU sugiere tres por cada mil habitantes. Yo creo que sí hay un efecto cuantitativo, y la voluntad del jefe de gobierno de decir “aquí no se me va a crear una ola de violencia”. Es raro que tú hagas un trayecto relativamente largo en la ciudad de México sin encontrar varias patrullas a cualquier hora del día. La cantidad de información y la capacidad de control que le da al jefe de gobierno este aparato policiaco puede neutralizar perfectamente al que llegue. La diferencia obvia es que en Monterrey pueden poner narcomantas frente al Palacio Municipal y en el Distrito Federal no, pues atraparían al que lo intentara. Es la densidad policial que neutraliza la densidad criminal.

Alejandro Hope: Mucho de lo que estamos viendo puede ser un accidente histórico. En el Distrito Federal habría que ser más preciso en el análisis, porque hay diferencias no menores entre Iztapalapa y Miguel Hidalgo, entre la colonia Guerrero y las Lomas de Chapultepec. Creo que hay una diferencia no sólo en términos cuantitativos respecto al número de policías, además de que todas las fuerzas federales están concentradas en la ciudad de México. A lo mejor hay también un aspecto cualitativo, porque mal que bien estas policías sí disponen de mayores capacidades que sus pares en otras partes del país, tienen cámaras de vigilancia, tienen más recursos, más presupuesto. Y a lo mejor en la ciudad de México se aplica la definición clásica de delincuencia organizada de Thomas Shelling, según el cual delincuencia organizada es el “cobrador de rentas de la policía”.

Fernando Escalante: Puede ser que en la ciudad de México haya un sistema de administración de mercados ilegales más o menos funcional. Pero hay otras “anomalías”: Oaxaca o Chiapas, por ejemplo. En Oaxaca llevan 20 años disminuyendo los homicidios, y la tendencia continúa. En Chiapas hay toda clase de tráficos, es un paso de frontera, con migrantes y droga y pandillas, y no se ha producido una epidemia de violencia. ¿Por qué? Mi impresión es que, más que a una baja “densidad criminal”, para usar la expresión de Guillermo Valdés, esto se debe tal vez a lo que se podría llamar la densidad social. En particular, la densidad de vínculos sociales tradicionales. Para decirlo en términos muy gráficos, aunque sea inexacto, podría ser que se debiera a que en esos lugares aún no han sido derrotados los caciques, que todavía están en condiciones de ordenar los espacios locales. Cosa que ya no sucede en Sinaloa, en Michoacán.

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Denise Maerker: La pregunta es si podemos pasar del control de los caciques a un control democrático, a una sociedad de ciudadanos y no de caciques. ¿Dónde está la posibilidad de un Estado con ciudadanos? ¿Sería una crisis cultural? ¿Será que podemos?

Ana Laura Magaloni: De lo que conozco del Distrito Federal, la Policía Judicial administra una buena parte de los mercados ilegales, como el secuestro, el robo de coches. ¿Por qué todavía se mantienen acotados esos mercados ilegales? Mi hipótesis es que, por un lado, no se ha depurado la Policía Judicial y, por el otro, Marcelo Ebrard sí tiene algún tipo de control sobre sus policías. Sabe lo que hace cada quien. Es una forma de gestionar el conflicto violento más del viejo régimen que de uno democrático pero, asombrosamente, todavía funciona.

Eduardo Guerrero: En términos de estructura de mercados ilegales, la violencia que se registra en éstos es menor cuando nos encontramos con una estructura monopólica o con un cúmulo de organizaciones más o menos del mismo tamaño que compiten intensamente. Son los mercados ilegales oligopólicos los que registran altos niveles de violencia. El Distrito Federal parece ser mercado ilegal de alta competencia, por la gran cantidad de pequeñas mafias que existen. No hay una mafia claramente dominante que busque absorber a las demás. Por otra parte, coincido con la tesis de Guillermo: el que haya tal cantidad de policías en el Distrito Federal tiene un efecto disuasivo. Con este nivel de presencia policial las grandes células criminales serían altamente detectables y podrían ser rápidamente incapacitadas.

Joaquín Villalobos: En términos generales la seguridad tiene dos pilares: el control social y la presencia policial. Estos dos elementos son los que van a definir si una sociedad va tener una mayor o una menor proclividad al delito. En el Distrito Federal hay niveles de control social de todo tipo: de los trabajadores, de los comerciantes, de la presencia de los medios de opinión pública, de la presencia de la gente y la ocupación del espacio público en sus colonias. Hay maneras de reaccionar, de denunciar, de actuar, de fiscalizar; las marchas por la seguridad, ocurridas durante el gobierno de López Obrador, hablan también del control social: de una sociedad demandante de seguridad que exige el aislamiento de las estructuras criminales. Todo ello genera condiciones para que no exista una densidad criminal como la que hay en el norte, a pesar de que haya mercados de consumidores. Oaxaca tiene otro tipo de violencia, pero se trata de un estado muy rebelde, con población activa, organizada, que tiene formas de control que impiden la formación de estructuras criminales potentes. En el caso de los estados del norte, en cambio, esos equilibrios de presencia y participación social están rotos. Cuando está inhibida la sociedad, la coerción tiene que estar en primer orden para que la sociedad se active.

Guillermo Valdés: Un apunte sobre el tema de los derechos humanos: en la CNDH hay alrededor de 150 denuncias por homicidio, y otras más por cateos y acciones de legalidad dudosa. A pesar de estos errores, yo sí defiendo que no hay una política de violación de los derechos humanos, ni mucho menos de exterminio o de señalización de grupos o ciertas personas. Si tomas en cuenta que hay 30 mil soldados emprendiendo acciones contra el narcotráfico todos los días, y multiplicas eso por los mil 600 días que lleva el sexenio, si cada unidad hace una acción al día, entre retenes, patrullajes, etcétera, lo que tienes es un millón 600 mil acciones del Ejército en las calles. La cantidad de denuncias documentadas que existen en la CNDH es realmente un porcentaje ínfimo. Creo que hay una política general de respeto. No quiere decir que no haya errores de comunicación, que no haya errores en el manejo de casos emblemáticos. Pero las instituciones son unas, con ciertas características, y con éstas se tuvo que hacer la lucha. Nos hubieran gustado instituciones absolutamente limpias, sin asomo de penetración. Pero la lucha contra el crimen organizado es terriblemente compleja. El Ejército está preparado para ser Ejército, no para ser policía, y capacitar soldados para que actúen como policías lleva tiempo.

Denise Maerker: Villalobos dice que costó mucho trabajo hacer entender al Ejército colombiano que matando criminales no avanzaban. Por los datos que tiene Fernando Escalante tengo la impresión de que, dada la limitación y la fragilidad del sistema de justicia de nuestro país, de la incapacidad para procesar a los detenidos, hay un incentivo perverso para matar a los criminales en lugar de detenerlos.

Ana Laura Magaloni: Me parece que la revisión sobre lo que ha pasado en derechos humanos va ser una revisión del siguiente sexenio. Esa revisión va a ser muy dura. Aún no dimensionamos el tamaño del abuso y la arbitrariedad. Por la forma en que se ha estructurado la estrategia contra el crimen, hay muchos policías y militares en las calles, sin ningún contrapeso legal. Los contrapesos los deberían ejercer ministerios públicos y jueces. La policía se porta bien en cualquier parte del mundo porque tiene contrapesos legales que evitan que se porte mal. La única forma de mantener una policía ordenada no es sólo con disciplina interna, sino con los frenos que le impone un sistema de procuración e impartición de justicia que funciona. Como todos sabemos, nuestro sistema de justicia está colapsado. Los policías y militares que están desplegados en las zonas de más violencia viven en la adrenalina y el peligro, lo que genera un contexto perfecto para el abuso y la arbitrariedad. Creo que fue un error de la estrategia no haber intentado al menos apuntalar la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia y centrarse sólo en el ejercicio del poder coactivo. Una estrategia así genera un contexto perfecto para abusos y agresiones por parte de la autoridad hacia los ciudadanos. La revisión de esas historias concretas me parece que está pendiente.

Guillermo Valdés: Es cierto que han habido abusos, pero no han sido sistemáticos ni generalizados. Ya el presidente anunció la creación de la Procuraduría Social de las Víctimas, para abordar lo que decía De Mauleón hace un rato: ¿de los cuarenta y tantos mil muertos dónde están los nombres, bajo qué condiciones murieron, quiénes fueron, etcétera? Ahí está la voluntad de decir: hay que entrarle al tema de las víctimas. No se está escondiendo nada.

Fernando Escalante: Con independencia de los errores o abusos del Ejército, lo que yo me pregunto es ¿por qué entró a esto el Ejército? Es decir, ¿qué es lo que sí puede hacer el Ejército que no podía hacer nadie más? El relato dominante es que el Ejército es honrado y las policías corruptas. El que esté dispuesto a pensar así, ya tiene su respuesta. Yo no. ¿Por qué pensamos que es preferible que el Ejército sea el que esté organizando el contrabando de drogas? Porque lo que hemos decidido es que el Ejército sea el que se haga cargo de ordenar el tráfico. No sé si es la decisión correcta. Me preocupa porque hay la tentación no sólo de prolongar la presencia del Ejército, sino de ampliar sus facultades y atribuciones de manera considerable. La iniciativa de Ley de Seguridad Nacional que está en este momento detenida en la Cámara es un verdadero disparate: se quiere que el Ejército pueda asumir las facultades de todas las policías del país, incluso las del Ministerio Público. Darle todas esas facultades y sustituir a todos los cuerpos de policía por una gigantesca policía militar de 400 mil efectivos es un absurdo, pero se está planteando. Eso no es modernizar en ningún sentido razonable al Estado mexicano.

Eduardo Guerrero: Quiero poner rápidamente unos datos en la mesa que pueden ser interesantes para la discusión. Primero, el asunto de la violencia del narcomenudeo. Aunque genera aproximadamente el 10% de las ejecuciones a nivel nacional, en algunas ciudades como, por ejemplo, Campeche, el total de ejecutados está relacionado con el narcomenudeo. En Aguascalientes es el 61%. En Yucatán el 53%, en Quintana Roo 32%, en el Distrito Federal el 30%. En todas estas plazas el narcomenudeo es uno de los motores más importantes de la violencia. Un segundo punto: ¿qué epidemias de violencia aparecen en este sexenio y no parecen tener fin? Yo tengo registradas 10. La de Chihuahua, con una duración, hasta hoy, de 38 meses y un promedio mensual de 39 ejecutados. La de Juárez, que lleva 37 meses, con un promedio de 181 ejecutados mensuales. La de Culiacán, que lleva 33 meses, con un promedio mensual de 45 ejecuciones. Mazatlán, 30 meses, y promedio mensual de 17 ejecutados. Tijuana, 29 meses, 42 ejecuciones mensuales en promedio. Gómez Palacio, 29 meses, con un promedio de ejecuciones mensuales de 20. Monterrey, 12 meses, con un promedio de 50 ejecuciones mensuales. Torreón, 20 meses, con un promedio mensual de 25 ejecuciones; Acapulco, tres meses, con un promedio de 75 ejecuciones mensuales. Y Guadalajara, 10 meses, con un promedio mensual de 39 ejecuciones. Éstas son epidemias de violencia que se desataron en los primeros cuatro años de este gobierno, y que aún no han sido apaciguadas, es decir, sus grados de violencia (ejecuciones) aún no descienden a los niveles que se registraban antes del inicio de la epidemia. En varias ocasiones la causa inmediata de una epidemia de violencia ha sido el arresto o abatimiento de un capo.

Natalia Mendoza: Una precisión: no me gustaría que se quedara la idea de que mi argumento es que hay una política de exterminio. Lo que hay es una tendencia, compartida por muchos actores, a que se haga uso de un discurso de exterminio. El riesgo que señalo es que eso tiende a generar los tipos de violencia más difíciles de detener. El Estado no debe ver la violencia entre los cárteles como una manera de que “los criminales se acaben entre ellos”, sino como una oportunidad para probar que tiene algo cualitativamente distinto que ofrecerle a la población: procuración de justicia. Cuando trabajaba en el Ayuntamiento de Altar llegó un día una señora con una lista de firmas que había recolectado en las zonas más problemáticas del pueblo. La petición era que se pusiera un Ministerio Público en Altar. Le pregunté: “Oiga, señora ¿y por qué están ustedes tan interesados en que haya un Ministerio Público aquí? Y me contestó: “Porque mi esposo es narco, mis hijos son narcos y mis hermanos son narcos. Nos mataron a uno hace poco y casi se me echó a perder el cuerpo allí tirado, porque no llegaba el Ministerio Público de Caborca (la ciudad vecina)”. Es verdad: intervenir, investigar y aclarar los casos de la violencia entre narcos es la oportunidad del Estado de probar que hay algo que lo hace sustancialmente distinto a las organizaciones criminales. Investigar y castigar la violencia “entre narcos” le permite atraerse la lealtad de la población sin la cual es imposible plantearse un combate exitoso de las organizaciones criminales. La procuración de justicia es una demanda incluso de las familias de narcotraficantes que, por cierto, tienen el mismo derecho que cualquier otra a saber cómo murió su padre o su hermano. De lo que se trata es de incorporar a esas familias a la legalidad: ofrecerles protección a cambio de testimonios, idear mecanismos de entrega segura de las armas que se quedan en las casas, ayudarles a reinvertir herencias y ahorros en negocios legales etcétera. Hasta ahora la estrategia parece haber sido la contraria: hacerles ver que sólo “el cártel” les puede hacer justicia, estigmatizarlos y dejarlos como carne de cañón de esta guerra.

Alejandro Hope: Regresando al porqué de la intervención de las fuerzas armadas, parte del relato tradicional tiene que ver con la corrupción relativa frente a las policías, pero también parte del relato es que están mucho mejor armados los narcos que las policías municipales. Y toda persona que hay visto una Barret, una granada de fragmentación de las que arroja esa gente, entiende parte del argumento. Hay material de calibre militar del otro lado. La discusión de fondo es ¿para qué queremos exactamente a las fuerzas armadas en un país como México? ¿Debe seguir el Ejército erradicando cultivos ilícitos, a pesar de ser una tarea inútil para impedir el flujo de drogas y de conllevar riesgos de abuso a los derechos humanos? Yo creo que hay un problema doctrinal ahí que no se ha resuelto. ¿A dónde debe llegar la discusión? Probablemente a una reforma jurídica que fusione las dos secretarías militares, cree un Estado Mayor conjunto y ponga un staff civil a cargo de la organización militar. Pero ésa es una reforma para el futuro.

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Ana Laura Magaloni: A mí me parece que fue una elección de Felipe Calderón no entrarle al tema de la reforma a la Procuraduría de Justicia. Hoy los ministerios públicos pueden funcionar con muy bajos niveles de profesionalismo y hay jueces bastante sumisos que avalan su trabajo. Fue una decisión presidencial seguir operando con este aparato de procuración e impartición de justicia colapsado y no entrarle a la necesidad de reformarlo. La institución del Ejecutivo que mejor puede construir la autoridad del Estado es la Procuraduría no la policía: cuando el Ministerio Público habla, habla de la razón, de las pruebas, de la ley. No está hablando desde la imposición y la coacción como lo hace la policía y las fuerzas armadas. El no pensar que la estrategia anticrimen se tenía que canalizar a través de un aparato de procuración e impartición de justicia creíble, ha dejado en un tremendo nivel de fragilidad al Estado. Ésa fue una decisión de Felipe Calderón, quien hasta ahora piensa que a los criminales se les vence con poder coactivo, con la amenaza del poder coactivo, no con la amenaza de la ley.

Fernando Escalante: Me parece importantísimo lo que dice Ana Laura. No es casualidad que no se invierta en profesionalizar a los ministerios públicos. Hay una decisión que indica una manera de entender el problema. Es revelador, y preocupante, que todo el mundo termine hablando como agente del Ministerio Público hablando del capo, del cártel, de la plaza. El presidente mismo tiene un lenguaje de jefe operativo de la Policía Federal.

Deberíamos estar en otro registro. El problema no es sólo la droga y no son sólo los narcos. Hay un problema de violencia muy extendido, hay una forma de mirar al Estado, y de entenderlo, que está produciendo mucha violencia. No estamos inventando nada, ni es una situación inédita. Ya sabemos qué consecuencias tienen algunas políticas. Por ejemplo, el cierre de una frontera produce violencia, porque concentra los tráficos; una alternativa sería: abramos la frontera. Otro ejemplo: sabemos qué pasó en la Cuenca del Balsas, en Aguililla, en las zonas que Denise dice que ya perdimos; la Cuenca del Balsas se ocupó militarmente por el Estado mexicano entre 1956 y 1963, y tenemos esa historia detrás. Sabemos lo que provocó: lo que ahora vemos. Tenemos que aprender de lo sucedido.

Joaquín Villalobos: Una acotación sobre el tema de la inteligencia. Existe la creencia de que inteligencia es la infiltración de unos superespías que logran colarse por todos lados. Pero si no hay dominio social no hay inteligencia, es así de simple, el otro va a saber más que nosotros. Las grandes operaciones de penetración se logran cuando se tiene el control del territorio y la población. Otra posibilidad del trabajo de inteligencia son las capturas. Te dejan saber más y, por lo tanto, pegar más. Pero lo principal es el apoyo de la gente. En los espacios dominados por grupos criminales no es posible hacer trabajo de inteligencia mientras no se tenga una parte de la población del lado del Estado. Y esto nos lleva al tema de derechos humanos, porque éstos tienen relación directa con el ciclo de información. Cuando se afecta al núcleo de población que está en el entorno de los criminales se cierra la posibilidad de obtener información. Por eso es que es vital la buena conducta de policías y militares. Además, si la fuerza del Estado se comporta de la misma manera que los criminales, si abusa, pega, tortura, entonces la gente la identifica como otro grupo criminal, y eso le hace perder ventaja moral. Para mí la cosa es bastante simple: policías débiles y corruptas, igual a violencia; policías fuertes y eficaces, igual a paz. La crisis que hay en Monterrey para reclutar policías tiene como explicación el nivel de rechazo social de buena parte de México a la policía. No es la droga ni un cártel u otro, es la debilidad de las instituciones, y por ello lo fundamental es poner la casa en orden.

Denise Maerker: Vamos con una ronda final. ¿Qué sociedad se vislumbra a partir de lo que estamos viendo? ¿Estamos en el camino de lo que Joaquín Villalobos está diciendo? Yo claramente veo dos narrativas muy distintas: quienes consideran que vamos en el camino para construir otro tipo de país, y otros que están preocupados porque dicen: esto que hace falta no lo estamos consiguiendo, no estamos consiguiendo esos policías cercanos, no estamos consiguiendo que el Ejército intervenga de manera que no sea percibido como un agente exterior y agresivo.

Guillermo Valdés: Quisiera hacer algunas puntualizaciones sobre el tema general. La violencia sí es un problema y no está controlada. Lo que tenemos como dato duro es que la tasa de crecimiento de la violencia en 2011, con respecto a 2010, es significativamente menor que las tasas de crecimiento en los años anteriores. Podemos estar cerca del techo del nivel de violencia. La violencia creció 80% en 2010 con respecto a 2009, y más de 100% en 2009 con respecto a 2008. Pero el crecimiento en 2011 con respecto a 2010 es del 11%, y ese crecimiento se dio en los primeros meses del año. De mayo para acá tenemos bastante estabilizado el asunto.
Veamos el ejemplo de Ciudad Juárez, donde ya se produjo un descenso drástico, sistemático y sostenido. Existen ciclos, y un tipo de intervención bien hecha, planeada, con errores que se van corrigiendo, comienza a arrojar resultados. Se está trabajando en la reducción de la violencia, pero pueden ser ciclos que duren un poco más allá del sexenio. Ahora parte de la violencia está asociada a la debilidad de las instituciones locales. No la vamos a reducir si no contamos con un mínimo de presencia de fuerza del Estado. La gran interrogante es: ¿a qué ritmo y a qué velocidad vamos a recomponer las instituciones locales?

Natalia Mendoza: Para encontrar soluciones es necesario desagregar eso que llamamos “crimen organizado” en tipos concretos de actividades y buscar estrategias efectivas para combatir cada una de ellas: no se resuelve de la misma manera la extorsión que el narcomenudeo. Por ejemplo, un problema que se da mucho en algunas zonas de la frontera es el del “secuestro exprés” de migrantes: hay gente que compra la lista de números telefónicos en Estados Unidos marcados desde el último punto antes de cruzar a la frontera para llamar a los familiares, hacerse pasar por el pollero y hacer el cobro correspondiente. Ese problema concreto se ataca de manera mucho más efectiva imposibilitando la intervención de líneas telefónicas e informando a migrantes y familiares sobre cómo manejar las llamadas y los pagos, que movilizando al Ejército.

Alejandro Hope: Estamos en medio de varias transiciones. El narcotráfico a gran escala es probablemente una especie en extinción en México. El tráfico de drogas se va a volver mucho más local, más descentralizado de lo que es hoy. También es probable que otras formas de tráfico ilícito vayan disminuyendo. Pienso en el tráfico de personas. En la medida que se vayan reduciendo flujos migratorios, como ha venido sucediendo en los últimos cuatro años, irá disminuyendo ese tipo de actividades. La piratería de CDs y DVDs en 10 años será cosa de dinosaurios. Nos estamos moviendo de una situación donde el tráfico ilícito es dominante a otra donde la extracción de rentas es dominante. De organizaciones complejas a otras más sencillas y descentralizadas. Pasamos del delito transaccional al delito predatorio. En el delito transaccional no hay víctima. En el predatorio sí, y eso puede generar resistencia social. Creo que a la larga es más fácil combatir el secuestro que el narcotráfico. Con sus bemoles, puede haber una transición relativamente benigna.

Héctor de Mauleón: Lo que ya es inevitable es que este es el sexenio en el que se levantó el tabú de la sangre en México. “La muerte tiene permiso”, dice una portada de nexos. Este es el sexenio en el que México retomó culturalmente algo que en el siglo XIX ya habían contado Manuel Payno y Vicente Riva Palacio en El libro rojo: la pasión de matar de los mexicanos. Tras la llamada década violenta, en los años treinta del siglo XX, finalmente se le puso cerco a esa pasión y la estadística de homicidios no hizo sino bajar. El cerco ahora se ha levantado. Y no sólo eso: se nos hizo asistir a la socialización del crimen. A un momento en el que cada vez los ciudadanos ofrecen menos resistencia al crimen.

Eduardo Guerrero: Esta es la historia de un gobierno con buenas intenciones pero que no supo dar una batalla eficaz al crimen organizado. Su estrategia, cuando la hubo, fue un tanto torpe y precipitada, y encareció el costo de la guerra a niveles inaceptables: un promedio de mil 500 ejecutados mensuales a nivel nacional. El reto de reducir la violencia en el corto plazo me parece extremadamente importante. No nos podemos resignar a pagar esta cuota mensual de muertos, ni podemos consolarnos con el hecho de que un país del centro o sur de América tiene tasas de homicidio más altas que nosotros. Debemos armar estrategias que den resultados en el corto plazo, que nos permitan bajar el costo humano tanto como se pueda. El gobierno debe confrontar de modo contundente a las organizaciones más violentas; ésta es la premisa básica de cualquier estrategia disuasiva. Hoy el panorama se ve complicado. El cambio de gobierno parece que se dará en un contexto de alta violencia en algunas zonas del país, donde los dos grandes cárteles luchan por apropiarse de los mercados del otro. Tenemos, además, un nuevo conglomerado de mafias en la zona centro del país que puede volverse muy violento y que será difícil de neutralizar. Quizá el único saldo positivo de todo esto es que varios gobernadores y alcaldes por fin están reaccionando y están fortaleciendo sus cuerpos policiales. Tenemos que invertir mucho más en mejores policías. Qué bueno que el enorme trabajo que requiere tener un mejor cuerpo policiaco ya está emprendiéndose. Nos tomará muchos años, pero no hay atajos en este rubro.

Fernando Escalante: Efectivamente, lo más probable es que el proceso de disminución de la violencia sea lento. Pero hay desde el luego motivos para ver el futuro con optimismo. La Policía Federal me parece una buena idea, aunque en la PGR el futuro no se vea tan bien. Me preocupa, particularmente, lo que señalaba De Mauleón, la guerra cultural que ya perdimos. Me preocupa ese lenguaje en el que se vuelve habitual satanizar a una parte de la población. Que se haya vuelto tan natural hablar de homicidios, de asesinatos, y que la gente pida con tanta alegría pena de muerte y escuadrones de la muerte. Ahí sí podemos hacer algo inmediatamente: cambiar el lenguaje, la manera de hablar de esto; exigir a todos los actores públicos que sean responsables en su uso del lenguaje. Aparte de eso, está nuestra manera de pensar la violencia. Y también hay mucho que hacer, pero es posible, hasta fácil de hacer. La violencia la usa la sociedad, la usa cualquier sociedad para muchas cosas: sirve para regular relaciones sociales y fenómenos sociales. La violencia es productiva y hay un grupo de profesionales de la violencia: policías, militares, contrabandistas, guardias privados, cadeneros, porteros de discoteca. Lo que hay que preguntar es ¿en qué circunstancias una sociedad necesita de pronto más violencia para resolver qué clase de problemas? Porque nos sucedió en México que de pronto muchos actores sociales empezaron a utilizar mucha violencia para resolver cosas. ¿Qué relaciones son las que de pronto piden violencia o qué circunstancias aumentan el número de profesionales de la violencia? En esta crisis de seguridad si algo ha aumentado en México es el negocio de la seguridad privada: todo mundo está contratando gente armada. Ya estamos simplemente aumentando el pool de gente armada y dispuesta a la violencia. ¿En qué circunstancias es posible ordenarlos? Sobre todo esto hay precedentes históricos, hay trabajo sociológico, hay libros. ¿Se pueden mejorar las cosas? Creo que sí, muy drásticamente. Hay que empezar por plantear las preguntas correctas.

Ana Laura Magaloni: Va a venir un replanteamiento de la estrategia de seguridad pública. La estrategia ya está agotada, porque ha sido extremadamente costosa para la población. Ello la hace poco viable. Ahora bien, espero que en ese replanteamiento de la estrategia sepamos rescatar lo que sí vale la pena de ella. Me preocupa que se intente, por ejemplo, anular el trabajo que se ha hecho durante la administración del presidente Calderón para la construcción de una Policía Federal o para generar inteligencia. Nos tendremos que mover a una estrategia que ya no esté centrada en el problema del narcotráfico, el consumo de drogas o las organizaciones criminales per se, sino a la reducción de los delitos violentos que son las conductas que afectan a las poblaciones y que amenazan de forma más relevante la autoridad del Estado. También creo que, por primera vez, hay un contexto propicio para la reforma al sistema de procuración e impartición de justicia, que el movimiento de Javier Sicilia ha puesto en el centro. Los costos que está generando un sistema de justicia penal como el que tenemos son mucho más altos que los viejos beneficios.

Joaquín Villalobos: Qué bueno que lo dijo Fernando Escalante porque me abre la puerta para decir una cosa que en el contexto de México suena muy fuerte: la violencia es un agente de cambio porque obliga al Estado a transformarse. Es fundamental tener una lectura pragmática de la violencia, porque una lectura emocional impide ver el problema estructural que se generó en un largo periodo y que ahora se manifiesta en la necesidad del Estado de hacer uso de la fuerza para controlarlo, porque no hay otra forma. Hay que reconocer que hay un México violento, y que se impone transformarlo. La primera medida es establecer autoridad en donde está ese México violento. Es un gran progreso que el tema haya entrado a la agenda política y sea ahora un asunto de primer orden, esto tendrá implicaciones importantes en la modernización de México. La violencia es temporal, no va a ser endémica. Y me baso en lo siguiente: es menos difícil organizar al Estado para que pueda controlar la violencia, que organizar a los criminales para que sean pacíficos.

Fernando Escalante Gonzalbo. Investigador y catedrático de El Colegio de México. Algunos de sus artículos publicados en nexos son: Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso (enero 2011) y Territorios violentos (diciembre 2009).

Eduardo Guerrero Gutiérrez. Consultor en materia de políticas públicas (www.lantiaconsultores.com). Ha publicado en nexos: La raíz de la violencia (junio 2011) y Cómo reducir la violencia en México (noviembre 2010), entre otros artículos.

Alejandro Hope. Director del Proyecto Menos Crimen, Menos Castigo, iniciativa conjunta en materia de seguridad del IMCO y México Evalúa. Ha publicado en nexos: ¿Qué fumaron mientras medían? (septiembre 2011).

Denise Maerker. Periodista. Es columnista del periódico El Universal y titular de los programas Atando Cabos y Punto de Partida.

Ana Laura Magaloni. Profesora investigadora de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Ha publicado en nexos: Inercias autoritarias de la justicia penal mexicana (marzo 2011) y El crimen no es el problema (febrero 2011).

Héctor de Mauleón. Escritor y periodista. Ha publicado en nexos: Atentamente El Chapo (agosto 2010) y La ruta de sangre de Beltrán Leyva (febrero 2010).

Natalia Mendoza Rockwell. Candidata al doctorado en antropología por la Universidad de Columbia. Es autora del libro Conversaciones en el desierto: cultura, moral y tráfico de drogas. Ha publicado en nexos: Altar. El desierto tomado (abril 2009).

Guillermo Valdés. Licenciado en Ciencias Sociales por el ITAM. Se dedica a la consultoría política y a la función pública. Fue director del área política de GEA, Grupo de Economistas y Asociados y director general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).

Joaquín Villalobos. Ex miembro del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Consultor para la resolución de conflictos internacionales. Ha publicado en nexos: La guerra de México (agosto 2010) y Doce mitos de la guerra contra el narco (enero 2010).
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