100 millones de delitos en este sexenio: CNDH

100 millones de delitos en este sexenio: CNDH

Dennis A. García | Nacional
2012-11-26 | Hora de creación: 22:58:21 | Ultima modificación: 00:17:34
Raúl Plascencia resumió a Crónica un sexenio. Foto: Saúl Castillo

A una semana de que termine el mandato del presidente Felipe Calderón, ¿cómo se encuentra México en materia de seguridad y respeto a los derechos humanos?

Las cifras son alarmantes. Durante el sexenio fueron cometidos poco más de ¡100 millones de delitos!, de los cuales sólo un millón 800 mil fueron denunciados y de éstos únicamente en 26 mil casos se llegó a una sentencia condenatoria.

La radiografía no termina ahí. A ello se suman los 46 mil muertos producto del combate al crimen organizado; más de 2 mil casos de desapariciones forzadas, 5 mil 500 casos de feminicidio, 2 mil quejas por tratos crueles y degradantes, 8 mil indígenas en las cárceles, que no tuvieron un debido proceso, 24 mil personas que ya no se supo cuál fue su paradero…y un sistema penitenciario quebrantado.

En entrevista con Crónica, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva, hace un balance general del segundo gobierno federal panista.

—¿Qué falló en esta guerra contra el crimen organizado?

—Uno de los problemas principales fue la falta de coordinación entre las diversas instituciones encargadas de la seguridad pública que no lograron una plena articulación, y propició no solamente que hubiera una mayor violencia, sino también una mayor incidencia delictiva y muy poca eficiencia institucional en la lucha contra la delincuencia.

La cifra negra de delitos (los que se cometen pero no se denuncian) creció del 85 al 92 por ciento.

Sólo 26 mil ingresaron a las cárceles durante seis años, esto es una referencia concreta en cuanto al volumen de delincuentes que llegaron a prisión, contra los millones de delitos que se cometieron durante los últimos seis años.

Durante la plática, el ombudsman nacional explica que, de acuerdo con datos del INEGI, cada año fueron cometidos cerca de 18 millones de delitos, lo que da un total de poco más de 100 millones durante la administración que está por concluir.

“De estos 100 millones, la cifra negra es del 92 por ciento y solo el 8 por ciento, un millón 800 mil, fueron denunciados, y de este volumen sólo 26 mil sentenciados están en la cárcel. Esto nos explica el tema del incremento en la violencia y el reflejo de la eficiencia tan mínima”, comenta.

—¿La política de seguridad en este sexenio hace que Felipe Calderón pueda ser juzgado en instancias internacionales?

—No podríamos hablar de un aspecto de estas características, el Presidente es el titular del Ejecutivo, pero cuenta con un equipo de colaboradores, secretarios de Estado y con miles de servidores públicos como los policías. Las responsabilidades son individualizadas en términos de quién fue la persona que tuvo a su cargo la función en materia de seguridad pública y que lamentablemente no alcanzó la expectativa.

—¿Entonces sería el secretario de Seguridad Pública?

—Me parece que ahí sí, tratándose de los titulares de cada dependencia que legalmente tienen facultades específicas, ahí sí tendría que llevarse un proceso de revisión muy concreta.

Rechazó (el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna) cuatro recomendaciones, y ante eso, la acción que queda pendiente es acudir ante instancias internacionales y eso lo pueden hacer organizaciones. Ahí sí hay un tema de responsabilidades legales que sí pueden alcanzar.

Por eso es preferible encontrar la solución en México a estar esperando que llegue algún organismo internacional.

Por eso fue mi llamado al Senado para llamar a comparecer al secretario ante la renuencia de aceptar las cuatro recomendaciones de la CNDH que tienen qué ver con tortura y desapariciones forzadas y el nulo cumplimiento de la recomendación por violaciones graves a los derechos humanos en el caso Ayotzinapa.

Me parece inconcebible que un servidor público que ha protestado cumplir y hacer cumplir la ley se rehúse a aceptar una recomendación; creo que cuando no hay consecuencia alguna, se va generando una conciencia de que violar la ley es muy sencillo y no pasa nada.

—¿En términos generales, cómo entrega el país el Presidente en materia de derechos humanos?

—Estamos en una clara involución; en lugar de haberse dado una reducción en las violaciones a los derechos humanos, éstas se fueron incrementando de manera exponencial.

Sí hubo una reforma a la Constitución en materia de derechos humanos, pero fue en 2011y para entonces los indicadores se encuentran delicados, como los de cateos, detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas.

—¿El gobierno está reprobado?

—No daría una calificación, pero en materia de derechos humanos y seguridad pública no hay una mejor condición.

—En cuanto al tema de la población indígena, en qué condiciones nos encontramos?

—Son cerca de 15 millones de indígenas, la mitad de ellos no comprenden plenamente el español; hay alrededor de 8 mil 500 de ellos en las cárceles y están ahí por falta de un abogado, por no comprender plenamente el idioma español, por haber sido juzgados sin un intérprete y están enfrentando procesos tan lamentables.

Es una agenda que está pendiente. Están en un abandono en materia de seguridad social, educativa y es una situación tan clara como la pobreza en la cual se encuentran y que fue incrementándose en los últimos años.

—¿Tortura y tratos crueles?

—Es un tema tan dramático como que en 2005 la CNDH registró un caso de tortura y unos 400 de tratos crueles; sólo en 2011 se registraron 2 mil 40 casos, esto es un 500 por ciento más.

Estamos en una involución en el proceso administrativo en el país, en lugar de haber avanzado en este fenómeno, con un mayor control de los servidores públicos, se perdieron los controles y hoy tenemos practicas tan lamentables.

—¿Desapariciones forzadas?

—En 2005 no llegábamos ni a una decena y terminamos el sexenio con 2 mil 126 casos de desaparecidos que tenemos abiertos en investigación en donde existen algunos elementos que permiten identificar la probable participación de servidores públicos. Pero también tenemos reportes de 24 mil personas que no se sabe cuál fue su paradero…en este caso concreto se dio un repunte muy lamentable.

—¿Feminicidios?

—Después de que esto se genero en Ciudad Juárez, Chihuahua, se fue extendiendo y tenemos registrados 5 mil 500 casos en 27 estados. Lamentablemente se va extendiendo esta práctica.

Aún y cuando fueron creadas una comisión nacional para prevenir y erradicar la violencia en contra de la mujer y una fiscalía para atender los delitos, en lugar de contener, tal parece que se fue incitando una mayor violencia contra la mujer.

—¿Migrantes a su paso por territorio mexicano?

—Fue un fenómeno que se transformó de una mala manera. De ser un fenómeno administrativo, fue transformándose en un área de influencia del crimen organizado.

Hoy los cerca de 400 mil migrantes indocumentados que ingresan al país son presa fácil del crimen organizado que ha convertido al tráfico de personas en uno de los negocios más lucrativos solo por debajo del tráfico de droga y de armas.

Tiene que revisarse la manera en que operó la política migratoria para poder controlar y evitar criminalizar el tema migratorio, porque el crimen organizado se apodero de la agenda migratoria.

—¿Cuál es el reto del próximo gobierno?

—Se tiene que poner orden y establecer controles que permitan evaluar si se está avanzando. El gran reto es fortalecer a las instituciones con una plena vigencia de la ley y que quede claro que quien quebrante la ley sufrirá una consecuencia.



Algunas cifras sobre Seguridad y Derechos Humanos

De los 100 millones de delitos, sólo el 8%, es decir, 1.8 millones fueron denunciados y de éstos únicamente 26 mil casos concluyeron en sentencia, lo que equivale a 1.4%.

En la guerra contra el crimen organizado han muerto 46 mil personas

Más de 2 mil casos de desapariciones

En 2005 se registró un caso de tortura y 400 de tratos crueles. En 2011 sumaron 2,040 casos, el aumento fue de 500%

En México existen cerca de 15 millones de indígenas y unos 8,500 están encarcelados por falta de un abogado y por no hablar español