Desplazados del narco: La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana

Desplazados del narco: La estampida del miedo en la frontera colombo-venezolana

Animal Político te presenta la investigación de Verdad Abierta sobre cómo muchos colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia del viejo conflicto armado entre el Estado y las guerrillas, y de nuevas mafias criminales.

octubre 6, 2012
Foto: Verdad Abierta

Aunque ya no son las masas de hace una década, aún demasiados colombianos que habitan en los límites entre Colombia y Venezuela se están viendo forzados a huir de sus hogares para escapar de la violencia.

Insight Crime presenta un especial realizado por cuatro medios latinoamericanos sobre crimen organizado y derechos humanos. El primer especial es sobre desplazamiento forzado en México, Colombia, Guatemala y El Salvador.

Después de los tres reportajes de Animal Político sobres desplazados, (La fuga del Triángulo Dorado, Mejor me voy para San Diego y Los exiliados de Juárez) te traemos el reportaje de Verdad Abierta, un medio de comunicación colombiano que constató cómo el viejo conflicto entre el Estado y las guerrillas en Colombia sigue forzando a la gente a desplazarse, y que además cuenta qué tiene que ver el narcotráfico en todo esto.

Reportaje: La gente sigue huyendo

Cuentan que en los peores tiempos, por allá entre 1999 y 2002, cuando la arremetida violenta de los paramilitares de las Auc en el Catatumbo, esa selva entre Colombia y Venezuela al norte del departamento de Norte de Santander, expulsaba diariamente a cinco familias por día de Tibú y a dos de El Tarra, los niños, apostados sobre las pilas de hoja de coca, ponían en la mira imaginaria de sus palos al transeúnte, mientras gritaban el traqueteo de las metralletas.

Una década después, esos paramilitares ya no existen pues dejaron las armas a fines de 2004, pero a esos niños que jugaban a imitar a los guerreros no les mejoró mucho la vida. Menos de la mitad de los que viven en el pueblo El Tarra completan la primaria, y apenas el 14 por ciento terminan el bachillerato. Allí y en Tibú, la mayoría de los jóvenes no saben hacer mucho y tienen poco para hacer. Pueden meterse a raspachines –como se le dice en Colombia al oficio de procesar la hoja de coca con químicos para fabricar una pasta base de la cocaína– porque hay coca sembrada en más de tres mil hectáreas; los ejércitos legales e ilegales se los pelean. Faltan las vías, beben agua mala y los esfuerzos oficiales por brindar salud y educación son como remiendos que no alcanzan a cubrir los agujeros de la pobreza.

El nuevo gobierno ha reforzado batallones y bases militares que intentan mantener a raya a la guerrilla que acecha, intentando recuperar el territorio perdido en Catatumbo. En El Tarra abundan los uniformados, hay una estación de policía y una base militar. También hay otra a cuatro minutos en automóvil, en una aldea llamada Motilonia (los colonos de la región llamaron motilones a los indígenas Bari por la forma en que se cortaban el pelo). Desde El Tarra, el ejército intenta con dificultad avanzar selva adentro, pues la guerrilla bloquea rutas, siembra minas, lanza explosivos y protege sus cultivos ilícitos a muerte.

Foto: Verdad AbiertaEntre 2008 y 2011 se desplazaron en Norte de Santander más de 27 mil personas, y en el primer semestre de este año ya iban casi mil personas que se han tenido que ir de sus hogares de afán en grupos grandes, y muchas decenas más en forma individual.

En diciembre de 2011 las Farc lanzaron una granada contra la estación de policía; en enero y febrero de 2012 hubo 13 combates en la zona rural y según actores humanitarios de la región, unas 800 personas salieron de sus casas buscando refugio. Algunos se desplazan por unos días, se refugian incluso en la casa del personero o del alcalde, y después regresan a sus casas.

“Huir es una estrategia de protección de la gente”, dijo una persona que atiende la catástrofe humanitaria en la región. En marzo pasado, en San Pablo, Teorama, otro municipio de Catatumbo, iba entrando la fuerza pública este año y la guerrilla la atacó. Hubo varios muertos y heridos, entre ellos una mujer y un bebé. La población huyó, pero para cuando llegó la ayuda de emergencia, ya la gente había vuelto a sus casas. En esos días de terror, sin embargo, cuando más necesitaron atención médica y sicológica, alimentos y abrigo, no hubo nadie que los auxiliara.

El 14 de mayo, como a las 11 de la mañana, se armó la balacera en Filo El Gringo, otro pueblito de El Tarra. Las Farc tiraron un cilindro explosivo contra el puesto móvil del Ejército que queda enfrente a la escuela primaria. Los militares abrieron fuego y la escuela llena de niños quedó en medio del tiroteo. Por años la escuela había estado vacía, después de que en 2001 las autodefensas sacaran corriendo a las familias de este corregimiento ejemplarmente organizado y bonito, quemando sus casas y amedrentando a todos. La gente progresista de Filo El Gringo comenzó a retornar en 2008, pero ahora la guerra ha vuelto a aterrorizarlos y los niños no quieren volver a estudiar.

El pasado 11 de junio, luego de un ataque a la base militar de Motilonia que destruyó varias casas de la gente, 33 familias salieron corriendo hacia el pueblo. Al poco tiempo todas las familias de esa vereda, unas 86 en total, huyeron “por físico y mero miedo”, como dijo el personero Alexander Collantes al diario local, La Opinión, y se refugiaron en una finca que tiene la Alcaldía pegada al pueblo. Diecinueve niños no quieren volver al colegio, dice un funcionario que los atiende, tienen pesadillas cargadas de olor a pólvora y algunos se orinan en la cama.

La ironía de Motilonia, como dijo un entrevistado con sonrisa agria, es que es casi la única vereda del Catatumbo donde la gente no vive de la coca. Allí las familias aprendieron a cultivar el pescado cachama en estanques. Durante el día la gente ha seguido yendo a ver sus cachamas, pero éstas no reciben el cuidado que requieren y además el zumbido de las balas y estruendo de las explosiones las aturde y no engordan como deberían.

Víctor Ramón Navarro, conocido como Megateo, jefe de frente del Ejército Popular de Liberación, una guerrilla desmovilizada en su mayoría en 1991, sobrevivió la invasión paramilitar y ha construido un poder considerable sobre la base de un narco-emporio y la ejecución de obras públicas y sociales en beneficio de la comunidad. En el territorio bajo su dominio, el número de personas forzadas a desplazarse ha sido constantemente alto en los últimos años.

De Tibú, por decirlo así la capital del Catatumbo, también están huyendo, de a diez personas por mes, según reportó a fin de junio La Opinión. Pero allí no es la guerra la que desarraiga y desplaza, sino son las bandas de criminales que extorsionan y matonean para conseguir dinero rápido de quienes lo han conseguido con años de trabajo. En Tibú un grupo de delincuentes que dice ser de los Rastrojos, el ejército privado creado por un narcotraficante del departamento del Valle al sur del país hacia 2004, es el que extorsiona. La gente no los denuncia porque desconfía, sabe que siempre hay infiltrados en la fuerza pública. De vez en cuando la policía da un golpe, y captura a unos cuantos criminales, pero la fila de jóvenes dispuestos a reemplazarlos es larga, pues hay mucho dinero en juego, y salvo su desdichada vida, tienen poco qué perder.

Dijo un especialista en desarrollo rural que conoce bien la zona, que el narcotráfico se ha ido comiendo al Estado y a las mismas guerrillas como el comején devora la madera en estas tierras tropicales, y cuando hay debilidad en la jefatura, cualquiera hace lo que le dé la gana. Así, cada petardo aparece como hecho terrorista, cuando detrás hay pleitos de negocios por el tráfico ilegal de gasolina, químicos para preparar la cocaína, fertilizantes, lavado de dineros, en los que también están involucrados agentes estatales.