Alerta Roja: Hay desapariciones en la mayor parte del país
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Alerta Roja: Hay desapariciones en la mayor parte del país
Hay desapariciones de personas en la mayor parte del país
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2016, p. 3
La mayor parte del país está afectada por el problema de las desapariciones a manos del crimen organizado, admitió el gobierno federal, el cual alerta acerca del ‘‘muy alto impacto’’ de ello, tanto en costos como en imagen para el Estado mexicano.
El flagelo se reproduce en casi todas las entidades como práctica, no de un grupo delictivo en particular, sino de la mayoría de ellos, dijo.
‘‘Esto representa una atomización agravada por la propia descomposición y recomposición de las bandas delictivas’’, reconoció la Procuraduría General de la República (PGR).
En un documento enviado a través de la Secretaría de Gobernación (SG) a todas las entidades federativas, afirma que esta problemática se deriva de la ola de violencia que ha padecido México de 2007 a la fecha, lapso en el que ‘‘las cifras de personas desaparecidas han aumentado en toda la República’’.
Alerta para entidades federativas
El apunte es una alerta para las entidades federativas donde se concentra el mayor número de denuncias. El llamado, por tanto, es a crear y/o fortalecer la operación de las unidades estatales de búsqueda de personas desaparecidas y mejorar las prácticas de prevención.
‘‘El fenómeno es hoy por hoy de muy alto impacto y está imponiendo costos muy altos a la imagen del Estado mexicano y cargas de carácter económico que exponencialmente pueden resultar incosteables’’, se precisa en el texto difundido en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la SG.
Al corte más reciente, correspondiente al 31 de octubre de 2015, las procuradurías y fiscalías reportaron en conjunto 26 mil 670 casos de personas no localizadas, 752 más que el trimestre anterior y 3 mil 399 más que en octubre de 2014. Los datos forman parte de una estadística histórica, es decir, averiguaciones registradas durante el periodo 2007-2015 y anteriores.
A ello se añaden las del gobierno federal, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales a noviembre de 2015 sumaban 968 expedientes. Adicionalmente se reportan 147 localizados y de éstos 103 están con vida y 44 muertos.
La PGR precisó que al 13 de enero pasado tenía 809 ‘‘expedientes de búsqueda’’ y 147 de ‘‘personas localizadas’’, aunque en otra lista se hace referencia a un total de mil 111 casos (de atención federal), incluidos mexicanos que se buscan en el extranjero o de quienes, en calidad de migrantes, no se sabe en qué entidad desaparecieron.
De este grupo de poco más de mil personas hay un expediente del año 1981, tres de 1994, uno de 1996, otro de 2003 y uno más de 2004. Igualmente, 14 de 2005, seis de 2006 y 13 de 2007.
En cuanto a los actores involucrados (de los casos del fuero federal) se adjudican, del total de mil 111, 77 al Ejército, 25 a Policía Federal, 24 a la municipal y 36 a la estatal, situaciones que, de probarse, serían presuntas desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos. Por tanto, hoy día las autoridades federales y estatales tienen pendientes de resolución 27 mil 638 expedientes.
Si bien las causas de no localización son múltiples (acción del crimen, migración o presunta ausencia voluntaria), en el compendio estadístico del SNSP no se detalla el origen de la no localización.
Las propios integrantes del gabinete de seguridad apremian a las autoridades locales y federales a dar una lucha frontal al problema , con capacidad de reacción y verdadera eficiencia para inhibir el fenómeno.
Para ello es necesario, apunta la PGR, homologar los mecanismos de búsqueda con el soporte necesario en capacitación, uso de tecnologías, esquemas de colaboración y comunicación que permitan una capacidad de respuesta ‘‘ante la innegable impunidad’’, se apunta en la página 5 del citado documento, incluido en la página secretariadoejecutivo.gob.mx
Enseguida, cita las acciones y avances recientes para combatir la problemática, tanto en el marco legal como en el operativo, específicamente en la integración del registro de personas extraviadas o desaparecidas.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 establece como línea de acción para los tres niveles de gobierno protocolos de actuación y búsqueda de personas, con base en el cual la PGR ha intensificado labores para responder al reclamo nacional e internacional ante el creciente fenómeno.
Sin embargo, se añade en el texto, la tarea no es fácil; el tema nos lleva a la atención local, subraya.
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/003n1pol
Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 22 de enero de 2016, p. 3
La mayor parte del país está afectada por el problema de las desapariciones a manos del crimen organizado, admitió el gobierno federal, el cual alerta acerca del ‘‘muy alto impacto’’ de ello, tanto en costos como en imagen para el Estado mexicano.
El flagelo se reproduce en casi todas las entidades como práctica, no de un grupo delictivo en particular, sino de la mayoría de ellos, dijo.
‘‘Esto representa una atomización agravada por la propia descomposición y recomposición de las bandas delictivas’’, reconoció la Procuraduría General de la República (PGR).
En un documento enviado a través de la Secretaría de Gobernación (SG) a todas las entidades federativas, afirma que esta problemática se deriva de la ola de violencia que ha padecido México de 2007 a la fecha, lapso en el que ‘‘las cifras de personas desaparecidas han aumentado en toda la República’’.
Alerta para entidades federativas
El apunte es una alerta para las entidades federativas donde se concentra el mayor número de denuncias. El llamado, por tanto, es a crear y/o fortalecer la operación de las unidades estatales de búsqueda de personas desaparecidas y mejorar las prácticas de prevención.
‘‘El fenómeno es hoy por hoy de muy alto impacto y está imponiendo costos muy altos a la imagen del Estado mexicano y cargas de carácter económico que exponencialmente pueden resultar incosteables’’, se precisa en el texto difundido en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la SG.
Al corte más reciente, correspondiente al 31 de octubre de 2015, las procuradurías y fiscalías reportaron en conjunto 26 mil 670 casos de personas no localizadas, 752 más que el trimestre anterior y 3 mil 399 más que en octubre de 2014. Los datos forman parte de una estadística histórica, es decir, averiguaciones registradas durante el periodo 2007-2015 y anteriores.
A ello se añaden las del gobierno federal, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales a noviembre de 2015 sumaban 968 expedientes. Adicionalmente se reportan 147 localizados y de éstos 103 están con vida y 44 muertos.
La PGR precisó que al 13 de enero pasado tenía 809 ‘‘expedientes de búsqueda’’ y 147 de ‘‘personas localizadas’’, aunque en otra lista se hace referencia a un total de mil 111 casos (de atención federal), incluidos mexicanos que se buscan en el extranjero o de quienes, en calidad de migrantes, no se sabe en qué entidad desaparecieron.
De este grupo de poco más de mil personas hay un expediente del año 1981, tres de 1994, uno de 1996, otro de 2003 y uno más de 2004. Igualmente, 14 de 2005, seis de 2006 y 13 de 2007.
En cuanto a los actores involucrados (de los casos del fuero federal) se adjudican, del total de mil 111, 77 al Ejército, 25 a Policía Federal, 24 a la municipal y 36 a la estatal, situaciones que, de probarse, serían presuntas desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos. Por tanto, hoy día las autoridades federales y estatales tienen pendientes de resolución 27 mil 638 expedientes.
Si bien las causas de no localización son múltiples (acción del crimen, migración o presunta ausencia voluntaria), en el compendio estadístico del SNSP no se detalla el origen de la no localización.
Las propios integrantes del gabinete de seguridad apremian a las autoridades locales y federales a dar una lucha frontal al problema , con capacidad de reacción y verdadera eficiencia para inhibir el fenómeno.
Para ello es necesario, apunta la PGR, homologar los mecanismos de búsqueda con el soporte necesario en capacitación, uso de tecnologías, esquemas de colaboración y comunicación que permitan una capacidad de respuesta ‘‘ante la innegable impunidad’’, se apunta en la página 5 del citado documento, incluido en la página secretariadoejecutivo.gob.mx
Enseguida, cita las acciones y avances recientes para combatir la problemática, tanto en el marco legal como en el operativo, específicamente en la integración del registro de personas extraviadas o desaparecidas.
El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 establece como línea de acción para los tres niveles de gobierno protocolos de actuación y búsqueda de personas, con base en el cual la PGR ha intensificado labores para responder al reclamo nacional e internacional ante el creciente fenómeno.
Sin embargo, se añade en el texto, la tarea no es fácil; el tema nos lleva a la atención local, subraya.
http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/003n1pol
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Impunidad enmarca desapariciones en México, denuncia Cadhac ante la ONU
Impunidad enmarca desapariciones en México, denuncia Cadhac ante la ONU
LUCIANO CAMPOS GARZA
27 DE ENERO DE 2016
NACIONAL
Consuelo Morales Elizondo, activista. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Consuelo Morales Elizondo, activista.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MONTERREY, NL (apro).- La hermana Consuelo Morales Elizondo, recientemente galardonada con el premio nacional de Derechos Humanos, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la impunidad generalizada que prevalece en México en el caso de las desapariciones.
La fundadora del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se presentó hoy en el foro internacional en Nueva York, y pidió a las autoridades mexicanas aceptar la ayuda de especialistas del exterior para resolver los casos relacionados con estas ausencias.
“Nuestra experiencia en Monterrey nos está mostrando resultados, pero en muchas partes de México, familias de desaparecidos aún son victimizadas e ignoradas. La impunidad sigue siendo la norma. Las desapariciones continúan. Y las familias siguen sufriendo”.
“En este esfuerzo, el apoyo de la sociedad civil internacional e instituciones internacionales, particularmente de expertos como la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado, han jugado un papel crítico. Gobiernos como el mío deberían aceptar su ayuda, no temerla ni rechazarla”, expuso la religiosa en su presentación de cinco minutos.
Durante la sesión de dos horas, denominada “El reto global de rendir cuentas por personas desaparecidas en conflictos, violaciones a derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración y otras razones involuntarias”, Morales Elizondo invitó a la comunidad internacional a caminar con los mexicanos para afrontar el problema con tecnología, experiencia y voluntad política.
En el evento convocado por el Reino Unido y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), aseveró que la violencia que se vive en México ha generado desaparición de miles de personas, de parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, lo que ha provocado un gran dolor para los familiares de las víctimas.
También expuso que en un principio, cuando se agudizó el problema, acudían a Cadhac mayormente hombres jóvenes y niños, procedentes de familias pobres, que al pedir ayuda a la policía, con frecuencia recibían como respuesta una negativa, pues les decían que sus allegados merecían la desaparición, “porque seguramente andaban en malos pasos”.
Los activistas se percataron de que la desaparición de tantas personas era posible sólo porque había quienes lo permitían. Además, los familiares se enteraban de que la policía no entrevistaba a los sospechosos, las instancias ministeriales no abrían expedientes y oficiales corruptos colaboraban con el crimen organizado.
“En este ambiente, cárteles, fuerzas de seguridad y políticos hacían lo que querían. Impunidad total”, señaló la presidenta de Cadhac, quien expuso cómo en Nuevo León han colaborado exitosamente familiares y autoridades en la investigación de las desapariciones.
Luego recordó que, para encontrar una solución al problema, acudió junto con afectados ante el procurador estatal, quien estuvo de acuerdo en aceptar colaboración de la sociedad civil, en un arranque difícil, pues había desconfianza de las partes.
Sin embargo, cuando encontraron las coincidencias, se obtuvieron avances, como identificaciones de algunos restos humanos, y criminales procesados. Pese a todo, los resultados han sido discretos y la mayoría de los expedientes siguen sin ser resueltos, expuso.
“Nos dimos cuenta de que gran parte del problema era que nadie buscaba a las personas desaparecidas aun cuando los casos se habían reportado en el tiempo dentro del cual es muy probable que puedan encontrarse”, mencionó en su presentación.
Sin embargo, en el 2013 Cadhac y los familiares trabajaron con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con la oficina del Alto Comisionado, y con personas con experiencia de toda Latinoamérica, para crear un protocolo de búsqueda, que fue adoptado por el gobierno de Nuevo León en 2014 cuando se recibe un aviso de este delito.
La nueva disposición fue benéfica: entre marzo de 2014 al mismo mes de 2015 hubo unos mil 500 casos reportados, en los que mil 400 personas fueron halladas, y de ellas mil 300 con vida, lo que representa 88% de efectividad, dijo.
Concluyó la hermana Consuelo: “Las madres y los padres, hijos e hijas de los desaparecidos son personas con gran dignidad. Ellos poseen el coraje más inspirador. Frente al miedo, la violencia y la corrupción, ellos continúan en su búsqueda por la verdad, guiados por lo que llamamos amor. Es un honor ir caminando a su lado”.
En el evento también participaron Matthew Rycroft, representante de Gran Bretaña ante la ONU; Thomas Miller, representante de ICMP; Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Giuseppina Maria Nicolini, alcaldesa de Lampedusa, Italia, y David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
http://www.proceso.com.mx/?p=427920
LUCIANO CAMPOS GARZA
27 DE ENERO DE 2016
NACIONAL
Consuelo Morales Elizondo, activista. Foto: Víctor Hugo Valdivia
Consuelo Morales Elizondo, activista.
Foto: Víctor Hugo Valdivia
MONTERREY, NL (apro).- La hermana Consuelo Morales Elizondo, recientemente galardonada con el premio nacional de Derechos Humanos, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU la impunidad generalizada que prevalece en México en el caso de las desapariciones.
La fundadora del organismo Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) se presentó hoy en el foro internacional en Nueva York, y pidió a las autoridades mexicanas aceptar la ayuda de especialistas del exterior para resolver los casos relacionados con estas ausencias.
“Nuestra experiencia en Monterrey nos está mostrando resultados, pero en muchas partes de México, familias de desaparecidos aún son victimizadas e ignoradas. La impunidad sigue siendo la norma. Las desapariciones continúan. Y las familias siguen sufriendo”.
“En este esfuerzo, el apoyo de la sociedad civil internacional e instituciones internacionales, particularmente de expertos como la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas, Human Rights Watch y la Oficina del Alto Comisionado, han jugado un papel crítico. Gobiernos como el mío deberían aceptar su ayuda, no temerla ni rechazarla”, expuso la religiosa en su presentación de cinco minutos.
Durante la sesión de dos horas, denominada “El reto global de rendir cuentas por personas desaparecidas en conflictos, violaciones a derechos humanos, desastres, crimen organizado, migración y otras razones involuntarias”, Morales Elizondo invitó a la comunidad internacional a caminar con los mexicanos para afrontar el problema con tecnología, experiencia y voluntad política.
En el evento convocado por el Reino Unido y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas (ICMP), aseveró que la violencia que se vive en México ha generado desaparición de miles de personas, de parte de las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, lo que ha provocado un gran dolor para los familiares de las víctimas.
También expuso que en un principio, cuando se agudizó el problema, acudían a Cadhac mayormente hombres jóvenes y niños, procedentes de familias pobres, que al pedir ayuda a la policía, con frecuencia recibían como respuesta una negativa, pues les decían que sus allegados merecían la desaparición, “porque seguramente andaban en malos pasos”.
Los activistas se percataron de que la desaparición de tantas personas era posible sólo porque había quienes lo permitían. Además, los familiares se enteraban de que la policía no entrevistaba a los sospechosos, las instancias ministeriales no abrían expedientes y oficiales corruptos colaboraban con el crimen organizado.
“En este ambiente, cárteles, fuerzas de seguridad y políticos hacían lo que querían. Impunidad total”, señaló la presidenta de Cadhac, quien expuso cómo en Nuevo León han colaborado exitosamente familiares y autoridades en la investigación de las desapariciones.
Luego recordó que, para encontrar una solución al problema, acudió junto con afectados ante el procurador estatal, quien estuvo de acuerdo en aceptar colaboración de la sociedad civil, en un arranque difícil, pues había desconfianza de las partes.
Sin embargo, cuando encontraron las coincidencias, se obtuvieron avances, como identificaciones de algunos restos humanos, y criminales procesados. Pese a todo, los resultados han sido discretos y la mayoría de los expedientes siguen sin ser resueltos, expuso.
“Nos dimos cuenta de que gran parte del problema era que nadie buscaba a las personas desaparecidas aun cuando los casos se habían reportado en el tiempo dentro del cual es muy probable que puedan encontrarse”, mencionó en su presentación.
Sin embargo, en el 2013 Cadhac y los familiares trabajaron con el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas, con la oficina del Alto Comisionado, y con personas con experiencia de toda Latinoamérica, para crear un protocolo de búsqueda, que fue adoptado por el gobierno de Nuevo León en 2014 cuando se recibe un aviso de este delito.
La nueva disposición fue benéfica: entre marzo de 2014 al mismo mes de 2015 hubo unos mil 500 casos reportados, en los que mil 400 personas fueron halladas, y de ellas mil 300 con vida, lo que representa 88% de efectividad, dijo.
Concluyó la hermana Consuelo: “Las madres y los padres, hijos e hijas de los desaparecidos son personas con gran dignidad. Ellos poseen el coraje más inspirador. Frente al miedo, la violencia y la corrupción, ellos continúan en su búsqueda por la verdad, guiados por lo que llamamos amor. Es un honor ir caminando a su lado”.
En el evento también participaron Matthew Rycroft, representante de Gran Bretaña ante la ONU; Thomas Miller, representante de ICMP; Zeid Ra’ad Al Hussein, alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Giuseppina Maria Nicolini, alcaldesa de Lampedusa, Italia, y David Tolbert, presidente del Centro Internacional para la Justicia Transicional.
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