Murillo Karam, tras ser ratificado en la PGR, advierte firmeza implacable

Murillo Karam advierte firmeza implacable, tras ser ratificado en la PGR

JENARO VILLAMIL
4 DE DICIEMBRE DE 2012 · 23 COMENTARIOS
DESTACADO

Murillo Karam, de diputado a policía.
Foto: Benjamin Flores

MÉXICO, D.F. (apro).- En menos de 30 minutos y con el apoyo de las fracciones legislativas que conforman la Comisión de Justicia, el exgobernador de Hidalgo y expresidente de la Cámara de Diputados, Jesús Murillo Karam, fue ratificado como titular de la Procuraduría General de la República (PGR).

En el caso de los nuevos nombramientos en la Secretaría de Hacienda, los coordinadores del PRI, PRD y PAN coincidieron que el próximo jueves estará lista la ratificación de los cargos del titular Luis Videgaray; de los dos subsecretarios Fernando Aportela y Miguel Messmacher, así como del jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Núñez, designados por el Ejecutivo federal.

Murillo Karam advirtió en su comparecencia que la PGR está “desmantelada” y exhortó a los legisladores para lograr que el Ministerio Público federal “vuelva a tener la confianza de la ciudadanía”.

El exgobernador de Hidalgo recibió el beneplácito de los legisladores del PRD; incluso, hasta del diputado federal por el Movimiento Ciudadano, Ricardo Monreal, quien fue compañero de Murillo Karam en el Senado, en la legislatura pasada.

Murillo Karam fue gobernador de Hidalgo de 1993 a 1998. Al dejar el cargo se incorporó como subsecretario de Seguridad Pública a la Secretaría de Gobernación, en la parte final del sexenio de Ernesto Zedillo. Fue integrante del equipo de campaña de Francisco Labastida, candidato presidencial del PRI, perdedor en el 2000.

Desde el 2006 se integró al Senado. Fue presidente de la comisión dictaminadora de la reforma política y de la reforma penal.

Reconocido como un buen abogado, Murillo Karam también participó en el dictamen sobre la Ley contra el Lavado de Dinero.

Tras rendir protesta, el exlegislador se comprometió a revisar la aplicación de figuras como el arraigo y los cateos.

“El arraigo deberá aplicarse lo menos posible. En el cateo se trata de una medida cautelar que habrá que revisar el funcionamiento para paliar una medida diseñada como excepcional y de ninguna manera dejarla sin control”, subrayó.

Y advirtió: “Vamos a restablecer el Estado de Derecho”.

Además, aseguró que actuará con firmeza implacable en la integración de las averiguaciones previas para perseguir a la delincuencia.

Asimismo, reiteró que, por convicción, no utilizará a la PGR como un instrumento de carácter político.

En el Senado también está pendiente la aprobación de los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que incluyen la desaparición de la Secretaría de Seguridad Pública y su incorporación como Subsecretaría a Gobernación, el mismo modelo anterior a la llegada del PAN al poder presidencial.

De acuerdo con Ernesto Cordero, coordinador de la bancada panista, y de Emilio Gamboa Patrón, del PRI, si las negociaciones concluyen este martes, el próximo jueves 6 de diciembre se podría aprobar en el pleno las reformas propuestas por Peña para la integración del gobierno federal.

Una PGR ¿renovada y confiable?

9. diciembre, 2012 Miguel Badillo * Oficio de Papel

Cómo creer en un expresidente que huye de su país

La Procuraduría General de la República (PGR), que hereda Jesús Murillo Karam, tiene cuatro características que la identifican por su operación de los últimos 6 años: corrupción, desconfianza, traición y que ha sido penetrada hasta su raíz por el crimen organizado.

Por eso al tomar posesión, el nuevo procurador se refirió a crear un nuevo órgano renovado y confiable, y se comprometió también a aplicar la ley con firmeza absoluta e implacable. Démosle entonces a Murillo Karam el beneficio de la duda hasta que demuestre la veracidad de sus palabras.

Un primer caso que la PGR podría explicar se relaciona con aquella acusación penal que hizo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de un destacado miembro del gabinete panista: Patricio Patrón Laviada, extitular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), quien hasta noviembre pasado fue protegido por su jefe, Felipe Calderón Hinojosa.

Dicha denuncia penal (de la cual tenemos una copia) fue presentada por primera vez en 2006 ante el Ministerio Público Federal; sin embargo, el expediente fue “extraviado” en las oficinas de la PGR, según la propia dependencia. Para subsanar esas deficiencias de la oficina que ahora ocupa el político hidalguense, la UIF entregó a la Procuraduría una segunda acusación en 2007, pero la respuesta a la Unidad de Hacienda esta vez fue contundente: olvidarse de esa acusación, “aquí no pasará”.

Si el gobierno de Enrique Peña Nieto es distinto al de Felipe Calderón será relativamente sencillo para el abogado de la nación –si creemos en sus palabras de que aplicará la ley con firmeza– conseguir en la SHCP dicho expediente que involucra a la familia yucateca Patrón Laviada con el crimen organizado, al cual según Felipe Calderón combatió con toda la fuerza del Estado, salvo cuando se veían involucrados miembros de su gabinete.

En una comparecencia en el Congreso de la Unión, uno de los últimos procuradores del calderonismo, Arturo Chávez Chávez, fue cuestionado por legisladores de oposición sobre el “sesgo político” con que la PGR había manejado este caso, ya que hasta 2010 no había iniciado una investigación en contra de los familiares de un miembro del gabinete de Felipe Calderón.

En aquel entonces, el procurador Chávez respondió así al señalamiento del legislador: “respecto a la familia Patrón Laviada, si hay una denuncia se va a investigar y se va a actuar conforme a derecho. No hay ni debe haber distingos”.

Sin embargo, cuatro procuradores del gobierno de Felipe Calderón fueron omisos e incapaces de integrar una denuncia penal sobre una acusación muy bien fundamentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Ahora toca el turno al procurador priísta, Murillo Karam, para saber si cumple con su palabra de aplicar la ley.

Aquella acusación que hizo la SHCP pide investigar a los hermanos Ricardo José, Alejandro José y Patricio Patrón Laviada (también exgobernador de Yucatán) por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La denuncia, presentada por la UIF en dos ocasiones ante la PGR, señala también a Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga, familiar del exgobernador yucateco, así como a Jhonny Alberto Benítez Cetina y José Baltazar Cetina Pech.

El expediente “extraviado” en la PGR denunciaba las millonarias operaciones bancarias de Ricardo José Patrón Laviada. De acuerdo con el oficio 110/F/26/2009 emitido por la UIF desde el 7 de noviembre de 2008, la SHCP entregó a la PGR un diagrama y las cédulas de operaciones relevantes de los tres hermanos Patrón Laviada; de las empresas Agropecuaria Sac Becan, DSPR de RL; Industrial Empacadora, SA de CV, y Propesca, SA de CV; así como de Pilar Cervera Hernández, Aída Amira Hernández Guerra y Alfonso Huberto Zabaleta Laviada. Pero la PGR devolvió el reporte y rechazó abrir una investigación.

El argumento esgrimido por la Procuraduría para regresar el expediente a la SHCP fue que no existían datos o registros de antecedentes de la denuncia de hechos ni del oficio por el cual fue presentada, como tampoco había averiguación previa iniciada en contra de las personas denunciadas.

La dependencia manifestó que el argumento usado entonces por la PGR de que no contaba con antecedentes de la denuncia ni de una averiguación previa iniciada “resulta contrario a derecho”, ya que la PGR “tenía la obligación de investigar los hechos denunciados a través del citado oficio”, conforme a las atribuciones conferidas al Ministerio Público en el Artículo 21 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 2 del Código Federal de Procedimientos Penales.

La entidad responsable de investigar las operaciones posiblemente relacionadas con el blanqueo de capitales presentó, de nueva cuenta, una acusación el 1 de septiembre, sin que hasta ahora se haya abierto una averiguación previa en contra de los acusados.

Operaciones inusuales

La acusación precisa que de 2000 a 2005, Ricardo José Patrón Laviada –hermano del entonces titular de la Profepa– recibió depósitos por 2 millones 487 mil 940.94 pesos y efectuó retiros por 1 millón 546 mil 365 pesos de seis cuentas del Banco Internacional, SA (Bital, hoy HSBC).

En 1998, Ricardo José había retirado 100 mil pesos de la cuenta 0000095050003488 de Banca Confía, SA, mientras que en el Banco Nacional de México, SA, tuvo depósitos por 884 mil 72 pesos, 131 mil dólares, y retiros por 1 millón 45 mil 500 pesos durante 1998, 1999, 2000, 2003 y 2005.

La UIF también refirió un depósito de 100 mil pesos en la cuenta 4014055206 de Bital, realizado el 5 de septiembre de 2005, y la compraventa de divisas por 4 mil y 10 mil dólares en Intercam Casa de Cambio, y por 13 mil 790 dólares en Vector Divisas Casa de Cambio.

Además de las operaciones “inusuales”, la investigación fiscal reportó que Ricardo José figuraba como cotitular y firmante autorizado de las cuentas bancarias que Jhonny Alberto Benítez Cetina, José Baltazar Cetina Pech y Cecilia Margarita Laviada Arrigunaga tenían en Bital. La acusación refiere también que Patrón Laviada, Benítez Cetina y Cetina Pech tenían el mismo domicilio fiscal en Mérida, Yucatán.

La UIF concluyó que los movimientos financieros observados en las cuentas de los acusados no guardaban relación con sus actividades económicas declaradas ni con sus manifestaciones de pago de impuestos. Asimismo consideró que el millonario manejo de efectivo, la poca permanencia de recursos en las cuentas utilizadas, la carencia de declaraciones fiscales que reflejaran los movimientos económicos y la posible vinculación de los denunciados con personas ligadas a actividades ilícitas son indicios que hacían presumible la procedencia ilícita de los recursos operados por los acusados.

De regreso, la policía política

12 de diciembre del 2012
Javier Corral
Rotafolio

México, 12 de diciembre (Sin Embargo).- A lo largo de mi experiencia en el Congreso mexicano nunca me había tocado presenciar un proceso parlamentario de ratificación a un funcionario público tan rápido y expedito como el que avaló por unanimidad en el Senado a Jesús Murillo Karam como Procurador General de la República; un auténtico fast track, no obstante que la trayectoria del hidalguense está marcada por una acción política muy partidista.

Sin embargo, se confía en que siendo Murillo un político confiable, respetable y con peso propio, sepa también separar sus convicciones partidistas del deber de imparcialidad e independencia que le impone su delicada y –según él–, desmantelada función. En contraste con esa colaboración y expeditez senatorial –reflejada también en las ratificaciones de los subsecretarios de Hacienda–, el procesamiento de la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal no ha corrido con igual suerte y ha encontrado en el Senado de la República un rechazo entre los partidos de izquierda y Acción Nacional.

Serias preocupaciones se producen por las modificaciones que propone, partícularmente el rediseño que plantea llevar a la Secretaría de Gobernación la administración de la policía federal y encargar esa fusión a otro hidalguense, el licenciado Miguel Osorio Chong. Concentrar facultades y atribuciones de naturaleza distinta, prácticamente incompatibles, no sólo puede terminar distorsionando la eficacia de ambas, sino poner otra vez en riesgo los avances que hemos tenido en la asunción y respeto de los derechos humanos como valor universal.

Ese esquema puede devolvernos, ni más ni menos, que a la policía política que durante décadas el PRI usó para reprimir a sus adversarios políticos. En ninguna parte del mundo democrático tenemos un antecedente de un órgano que concentre facultades y atribuciones en materia de política y seguridad interior. Mientras la política está llamada a procurar entendimientos para la gobernabilidad democrática, la policía está facultada para hacer un uso legítimo de la fuerza. No debemos olvidar que actualmente la Secretaría de Gobernación tiene facultades y atribuciones en materia de vigilancia de los contenidos en los medios de comunicación impresos y electrónicos de radio y televisión, así como de clasificación de contenidos en cinematografía, sobre gobernabilidad democrática, promoción y defensa de los Derechos Humanos; lo mínimo que debemos hacer es proponer controles democráticos.

Aunque la Cámara de Diputados la aprobó prácticamente como la envió el presidente Peña Nieto –sólo unos cambios menores–; la propuesta se detuvo en las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Primera del Senado de la República y se sometió a un análisis más riguroso. En realidad encontró la minuta –así se le llama a una iniciativa aprobada por una sola cámara–, un rechazo generalizado en los senadores del PAN, PRD, PT y MC, pero resolvimos dejar que transitara el nuevo modelo planteado por el Presidente de la República si a éste se le adicionaban algunos controles políticos parlamentarios que obligaran a rendir un informe del ejercicio de las nuevas atribuciones, así como requerir la comparecencia periódica del secretario de Gobernación al Senado y que los altos funcionarios de la policía sean también ratificados por ésta cámara.

Aprobar en lo general la nueva organización de la administración federal y poner mínimos controles fue una muy difícil pero importantísima decisión entre los senadores de oposición que el equipo de Peña Nieto no supo valorar en justa dimensión, ni alcanzaron a comprender la importancia de un aval así. El propio secretario de Gobernación, Miguel Osorio Chong, fue personalmente a presionar a los senadores priístas hasta su sede el miércoles pasado para hacerlos recular del compromiso público que en voz de Emilio Gamboa Patrón hicieron de aceptar las adiciones y modificaciones al proyecto de dictamen. En la bancada del PAN hemos resuelto no obstaculizar al nuevo gobierno del presidente Peña Nieto, ni ponerle piedras en el camino o diques a su desempeño; continuar con la actitud mezquina con la que los priístas le regatearon a México reformas necesarias sólo para demeritar el trabajo de nuestros gobiernos, conduciría a la perdida de oportunidades para todos.

Pero tampoco entregaremos un cheque en blanco; colaborar entraña también un deber de contrapeso, de equilibrio, de crítica y denuncia, sobre todo, ante abusos, excesos o intentos de regresión, como ésta indebida concentración de poder. Esta ha sido nuestra mayor preocupación. Hemos estado de acuerdo en el fortalecimiento de la Oficina de la Presidencia de la República, una reorganización de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, así como el cambio de denominación de la Secretaría de la Reforma Agraria a Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Propusimos diversas modificaciones entre las que se encuentran: que en el Diario Oficial de la Federación no sólo se publiquen las leyes que aprueba el Congreso y los reglamentos que expida el Presidente de la República, sino también los proyectos no devueltos con observaciones a las Cámaras por parte del Titular del Ejecutivo Federal; que el titular de la dependencia con nuevas atribuciones en materia de seguridad pública comparezca cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública; eliminar una fracción que pretendía que el secretario de Gobernación regulara y autorizara la portación de armas de fuego a los empleados de la Federación en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional; esto nos recordó de inmediato los tiempos de la Dirección Federal de Seguridad, esa instancia que sirvió por un lado como brazo armado protector de narcotraficantes y por el otro, como policía política para reprimir a los adversarios del régimen priísta.

Al eliminar esa fracción hemos incorporado la obligación del secretario para comparecer cada seis meses a la Comisión Bicamaral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional. Se eliminó la propuesta que preveía la administración del Archivo General de la Nación, en virtud de que la Ley Federal de Archivos establece otra naturaleza jurídica a dicho órgano, se propuso que las tareas de promoción y defensa de los derechos humanos sea en vinculación con las organizaciones de la sociedad civil, que quede excluida la materia electoral de las atribuciones de promoción de la participación ciudadana que compete en exclusiva al IFE, así como que los nombramientos del Comisionado Nacional de Seguridad y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sean ratificados por el Senado. En eso se centró el desencuentro que se pudo apreciar en la tribuna el pasado 6 de diciembre, mientras PAN y PRD propusimos que estos cargos fueran ratificados por el Senado de la República, el PRI se oponía y nos aseguraba que después podríamos incluir esta ratificación desde la Constitución, sólo que así como nos han propuesto esta reforma constitucional nos han prometido otras y no nos han cumplido.

Estoy cierto que Emilio Gamboa Patrón sí participaba de la ratificación que proponíamos y por ello lo ofreció públicamente: “Desde finales de la semana pasada estábamos de acuerdo. El PRI aceptó la ratificación del jefe de la policía, entonces si no pudo aprobarse fue porque la Cámara de Diputados ya no estaba sesionando desde el miércoles. Esta semana podemos enviarla a la Cámara para que lo podamos resolver lo más pronto posible”. El 29 de noviembre, en rueda de prensa, Gamboa también dijo: “Y lo que llaman controles democráticos, todos se aprobaron. ¿Cuáles eran sus controles democráticos? Que el comisionado General de la Policía Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, vinieran a la ratificación aquí al Senado de la República, lo aprobamos”.

E insistió: “nosotros no nos negamos a que vinieran aquí a la ratificación el comisionado dela Policía Federal y el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Lo aprobamos. Es una mentira que nosotros nos negamos a esos controles democráticos, completamente mentira”. ¿Entonces? ¿Qué pasó en la bancada del PRI?, ¿Por qué se desdijeron y este jueves votaron en contra de la ratificación? No hay duda de que la inesperada visita de Osorio Chong modificó la visión parlamentaria del nuevo PRI en menos que canta un gallo. Este hecho es muy lamentable porque contamina el ambiente de diálogo y acuerdo político con el que inició el nuevo gobierno federal con la suscripción del Pacto por México. Ensancha las desconfianzas, refuerza los señalamientos de la conducta doble del PRI. No dejan de tener algo de razón, pues es dificil creer que busquen el ejercicio de una Presidencia democrática y el sometimiento de los poderes fácticos, cuando ni siquiera son capaces de someter a la ratificación del Senado a dos funcionarios de policía.

Un político del viejo PRI en la PGR

Por: Redacción / Sinembargo - diciembre 19 de 2012

Político al fin y al cabo, Jesús Murillo Karam está acostumbrado al poder de las palabras. Y si no: El nuevo Procurador General de la República fue varias veces legislador; Gobernador de su natal Hidalgo; y en innumerables ocasiones delegado del PRI y funcionario en distintas entidades del país.

Y allá por 1998 (algo así como 15 años atrás), fue subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación. No duró mucho allí. Se incorporó a la grilla, a la campaña fallida de Francisco Labastida por la Presidencia, en 2000.

Ayer, Murillo Karam salió bravísimo a dar declaraciones. Dijo que la guerra contra el crimen organizado emprendida en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa lo único que provocó fue la fragmentación de los cárteles de la droga.

En entrevista con MVS Noticias reveló que se crearon entre 60 y 80 nuevos cárteles porque “se trató de enfrentar a la delincuencia organizada de forma coyuntural”. Tiene toda la razón. Y durante seis años, muchos advirtieron exactamente lo mismo a Calderón.

En México y en el extranjero. Y Calderón –sabemos– cerró los ojos cuando se le sugirió cambiar la estrategia. Conocemos además el resultado: 90 mil o 100 mil muertos. Lo que no sabemos, y que Murillo Karam debería empezar a explicar, es cómo van a frenar la matanza en el país.

Sí, Calderón hizo todo mal, estamos de acuerdo. Pero, ¿qué sigue? Luis Astorga, catedrático el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor por la Sorbona y un reconocido analista en la materia, dijo a la revista Río Doce que, para empezar, “[Enrique] Peña Nieto tiene una fuerte oportunidad de disminuir la violencia si logra disciplinar a los presidentes municipales y gobernadores del PRI”.

“Le convendría disciplinar a sus propios gobernadores y presidentes municipales y dar un ejemplo de que va en serio –agregó–. Y si va en serio tendrían que salir gobernadores, presidentes municipales y algunos sectores empresariales locales a los cuales se les aplicaría la ley”.

Y Ramiro Ramírez Pérez, presidente del Colegio de Licenciados en Criminología de la República Mexicana, dijo ayer en un foro realizado en Monterrey que el plan debe atender necesidades particulares en cada una de las regiones del país que tienen problemáticas de inseguridad muy particulares, según una reseña de Proceso.

“En cada estado, ciudad, municipio y colonia debe haber un diseño particular de estrategia. En Nuevo León hay dos municipios conurbados vecinos, San Pedro, que es muy rico, y Santa Catarina, que es pobre.

Se necesitan dos estrategias completamente diferentes, no se puede dar una medicina genérica para todos los ciudadanos”. ¿Algo de eso está en los planes del Procurador, un político-político el PRI? Sí, estuvo duro lo de Calderón. Miles y miles de familias lo saben. Pero, oiga, ¿cuándo empezamos a ver el fin del corredero de sangre? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En cinco años y 11 meses? ¿Cuándo?

Porque de discursos, híjole, los mexicanos estamos bastante hartos. Fuera de planes, proyectos, esquemas, grillas, politiquería: ¿Cuándo podemos empezar a vivir en paz?

Da giro a la PGR Murillo Karam

Nunca antes la Procuraduría había liberado a una persona sin que se cumpliera el término de su arraigo. La PGR dejó ayer en libertad bajo reservas de ley a la ex agente del Servicio de Seguridad de la Embajada de EU

Abel Barajas

Ciudad de México (17 diciembre 2012).- Jesús Murillo Karam llegó a la PGR y marcó un nuevo estilo, que incluye no abusar de los arraigos sin tener pruebas sólidas o con testigos "de oídas".

En un hecho inédito, la PGR dejó ayer en libertad bajo reservas de ley a la ex agente del Servicio de Seguridad de la Embajada de Estados Unidos Beatriz Elena Veramendi Martínez tras estimar que la acusación que la vincula con la delincuencia organizada es de oídas y carece de elementos.

Consultada oficialmente por este caso, la PGR informó que el procurador Murillo Karam instruyó a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) solicitar al juez el levantamiento de la medida cautelar y defendió que sólo debe aplicarse “en situaciones excepcionales”.

“Al conocer que la indagatoria contra la indiciada estaba sustentada de manera preponderante en el dicho del testigo protegido ‘Jennifer’, lo cual es insuficiente, considerando que la declaración de un ‘testigo de oídas’ constituye un dato o indicio genérico que no tiene valor convictivo alguno, y no es equiparable a un testimonio presencial de los hechos, Murillo Karam solicitó (...) una opinión jurídica acerca de la integración de la averiguación previa, en cuanto a los hechos y a los procedimientos”, informó la Procuraduría de manera oficial.

Nunca antes la PGR había liberado a una persona sin que se cumpliera el término de su arraigo al reconocer que carece de indicios suficientes sobre su implicación en un delito, como ocurrió con Veramendi, quien ayer a la 1:30 de la madrugada abandonó el Centro de Arraigo.

Veramendi sólo cumplió 10 de los 20 días de arraigo autorizados por el juez Cuarto Federal Penal especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones.