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Aspectos legales como consecuencia de Tlatlaya y Ayotzinapa

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Aspectos legales como consecuencia de Tlatlaya y Ayotzinapa

Mensaje por ivan_077 el Febrero 12th 2015, 21:19



Fragata
08 de febrero del 2015

México, 8 de febrero.- Los daños colaterales tras la desaparición de los 43 normalistas de la escuela Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero -ocurrida la madrugada del 26 de septiembre del año pasado-, finalmente alcanzaron a la Marina.
Si el caso Tlatlaya no representaba mayor asunto que el de la simple confirmación de hechos y dichos de los 21 marinos que llegaron a la bodega de San Pedro Limón cuando la ejecución de 22 civiles ya había concluido, lo de Ayotzinapa, pinta para otra cosa.
Aunque a los mandos navales el tema no parece inquietarles gran cosa y están ahora más ocupados en redistribuir el presupuesto para el 2015, que era de poco más de 27 mil 026 millones de pesos, es innegable que el caso Ayotzinapa comienza a meterles ruido.
El tema de Tlatlaya está prácticamente zanjado para el Almirante Vidal Francisco Soberón Sáenz. Solo es cuestión de tiempo para que los marinos que arribaron a la bodega para conocer los hechos tras el enfrentamiento entre los 22 civiles y las tropas del 102 Batallón de Infantería, ratifiquen lo que los soldados les contaron aquella mañana del último día de junio del 2014.
No debe haber mayor problema y seguramente no lo habrá en este tema. Pero lo de Ayotzinapa es un asunto de gravedad que sigue sin resolverse y ahora va a escenarios internacionales, en donde los padres de familia de los normalistas desaparecidos y sus representantes y asesores legales reavivan su activismo en busca de pronunciamientos y de una nueva etapa de lucha que presione al gobierno de Enrique Peña Nieto a dar respuestas verdaderas, no solo consideraciones finales al estilo Murillo Karam.
Los padres de los normalistas buscan y exigen la verdad histórica. Recurren ahora a instancias elevadas en Ginebra, Suiza, en donde hablaron ante el Comité del Examen Periódico Universal de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),ante el cual expresaron todas las irregularidades y manejos opacos del gobierno federal en torno al caso. Nuestros siguen vivos, explicaron.
Los ecos de esta actividad van adquiriendo diversas formas y buscan caminos para que las demandas no se pierdan en el aire. Indagar hasta el cansancio cada párrafo del expediente de Ayotzinapa y encontrar pistas que permitan avanzar hacia la verdad histórica, implica abrir escenarios y tramos oscuros, de duda y posible replanteamiento.
Tal es el caso de nuevos testimonios o versiones en torno a lo declarado por los policías municipales detenidos, cuya credibilidad es, para los padres de los 43 normalistas, poco o nada existente luego de los continuos traspiés que distintas instancias del aparato de justicia mexicano han tenido en los últimos años; desde montajes televisivos sobre plagiarios detenidos en vivo, en horario matutino triple “A”, hasta casos relevantes llevados por la PGR que se han venido abajo por su pésima y facciosa hechura.
Los padres de los 43 normalistas dudan –y con toda la razón– de las versiones de la PGR, porque esta institución ha demostrado su ineficacia, su impreparación o manejo amañado y contumaz de testigos protegidos para enderzarle cualquier tipo de acusación a civiles y militares (recuérdese los casos de los generales Dauahare, Dawe, Escorcia) a partir de testimonios fabricados a placer en interrogatorios viedograbados a placer.
Este es el punto de inflexión en el que hoy la Marina aparece en el ojo de una incipiente depresión tropical que quiere llegar a tormenta. Algunos de los abogados que asesoran a los padres de los normalistas descubrieron pistas sobre posibles torturas y abusos físicos por parte de los Infantes de Marina que participaron en la detención de varios policías municipales de Cocula e Iguala implicados en los hechos.
Las versiones han ido reforzándose tras confrontar las posturas y discursos oficiales con lo que dice el expediente del caso. Las contradicciones y omisiones, las horas, lugares, momentos y fechas incongruentes brincan en cada nueva indagatoria de los asesores legales y de la prensa nacional y extranjera.
En este tramo, destacan contradicciones entre las horas y lugares en donde la Marina coadyuvó con detenciones en Guerrero y en Morelos. Raúl Núñez Salgado, dueño de una carnicería en Iguala, Guerrero, fue detenido en Acapulco, cuando salía de un centro comercial.
En su declaración, admitió formar parte de la estructura de los Guerreros Unidos, repartir dinero entre mandos policiacos y agentes y tener en una lista de pagos al alcalde de Iguala, José Luis Abarca.
Meses más tarde, Núñez Salgado rectificó sus declaraciones y aseguró que todo lo que dijo fue bajo torturas a los que lo sometieron los marinos, quienes ya tenían unas listas de cosas que él tenía que admitir y varios nombres de personas a quienes debía inculpar en aquella primera confesión.
Este es parte del nuevo escenario que enfrenta la Marina y que los padres de los 43 normalistas y sus asesores han ido a plantear a Ginebra. Sin embargo, el tono que han adquirido las cosas no ha significado mayor inquietud para el Almirante Soberón y sus asesores jurídicos.
Lo cierto es hasta el momento no existe ninguna queja o denuncia abierta ante alguna instancia por probables actos de tortura, intimidación, coacción, violación a los derechos humanos o amenazas interpuesta por alguno de los detenidos en el caso Ayotzinapa.
Es aquí en donde radica la confianza de la Marina para sacar adelante el caso: la mayoría de los detenidos y acusados de pertenecer a la delincuencia organizada alegan este tipo de cosas para tratar de revertir las acusaciones en su contra.
En el Estado Mayor General de la Armada de México (EMG) hay plena confianza en que ninguno de estos señalamientos prosperará en las semanas y meses por venir, porque su gente nunca torturó a nadie.

“Violaciones al debido proceso…”
Por cierto, la Marina acaba de hacer historia, pero de la mala, al convertirse en la primera institución con la que se estrena la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) luego de que el Pleno de dicha instancia decidió que el médico veracruzano Oscar Augusto Valle Sánchez, secuestrado y torturado por elementos de la Armada de México, reciba la primera indemnización en la historia de la aplicación de dicho instrumento.
La CEAV, que encabeza Jaime Rochín del Rincón, informó el 28 de enero de este año en su boletín 010/2015 que, “en un hecho sin precedentes en nuestro país”, el Pleno de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) aprobó la primera reparación integral con medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición -tal como mandata la Ley General de Víctimas-, a una víctima directa de violaciones a sus derechos humanos, específicamente por falta al debido proceso y a la libertad personal, así a como a sus padres (víctimas indirectas).
Sin referirse a la Secretaría de Marina-Armada de México por su nombre o siglas y sin mencionar tampoco al doctor Valle Sánchez, la CEAV indicó que “la víctima fue detenida de manera arbitraria por autoridades federales y obligada a confesar que pertenecía a una organización criminal. Por dicha acusación, la víctima pasó 21 meses en prisión antes de que el juez le dictara sentencia absolutoria y determinara que hubo violaciones a sus derechos humanos”.
Los marinos sacaron de su casa al doctor Oscar Valle luego de recibir una denuncia anónima (de su vecino) en la que se le señalaba como médico de los Zetas y propietario de un arsenal en su casa.
Sin mediar órdenes de aprehensión y mucho menos una investigación seria y a fondo, basada en la tan llevada y traída inteligencia militar y naval, los marinos mantuvieron al doctor incomunicado y luego de torturarlo y amenazarlo lo enviaron a un penal en Veracruz en donde estuvo recluido casi dos años sin ser culpable de nada.
De manera unánime los cinco comisionados aprobaron un programa y un cronograma para que el doctor Valle fuera indemnizado por el abuso naval.
Estos hechos, señala el boletín, “afectaron profundamente a la víctima directa en el ámbito laboral, económico e incluso social, pues fue dañada su reputación por haber sido señalada como delincuente; así mismo, sus familiares sufrieron daño moral”.
Y agrega: “En su búsqueda de justicia, se acercaron a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para solicitar asesoría y la reparación del daño. Como mandata la Ley General de Víctimas, la CEAV la reconoció como víctima directa y a sus familiares como víctimas indirectas en 2014”.
De acuerdo con el artículo 27 de la ley de víctimas, la reparación integral debe comprender medidas de: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. En este sentido, a la víctima directa se le brindaron las siguientes medidas de reparación:
a) Restitución: 1. Vinculación con las instituciones idóneas para facilitar su reincorporación al empleo. 2. Solicitar la eliminación de sus datos registrales de identificación relacionados con la causa penal que se seguía en su contra.
b) Rehabilitación: 1. La víctima y sus familiares recibirán atención médica permanente y atención psicológica o psiquiátrica a través de las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Atención a Víctimas. 2. Para la víctima directa: informar a la institución correspondiente la resolución de la CEAV a fin de facilitar su reincorporación a sus estudios.
c) Compensación: Tomando como referencia estándares internacionales marcados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en casos similares, se determinó otorgar una cifra que asciende a 805,582.65 pesos, a fin de compensar los conceptos de: daño moral, lucro cesante, pago de gastos y costas judiciales, así como gastos de transporte, alojamiento, comunicación o alimentación.
d) Satisfacción: 1. Publicación de los resolutivos de la CEAV mediante los cuales se les reconoce su calidad de víctimas directa e indirectas. 2. En aras de conocer la verdad de los hechos de que fue objeto, instruir a la Dirección General de Asesoría Jurídica Federal para dar seguimiento a los procedimientos que lleven a determinar la responsabilidad de los servidores públicos que llevaron a cabo la detención.
e) No repetición: Que las Direcciones Generales de Políticas Públicas y de Vinculación Interinstitucional de la CEAV generen los mecanismos de coordinación con las instituciones idóneas para que, de considerarlo pertinente, se impartan cursos de capacitación dirigidos al personal de la institución involucrada, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de sus capacidades y salvaguardar los derechos humanos.

BITÁCORA.-
Más vale tarde que nunca y con año de retraso el Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV) publicó por fin los cuatro números trimestrales que debieron aparecer en su página de internet durante el 2014.
Sin explicación alguna, la dirección del CESNAV dejó de publicar en línea los cuatro números que debían haber cubierto la difusión del quehacer y pensar en las aulas del centro de estudios.

Jorge Medellín

@JorgeMedellin95


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Re: Aspectos legales como consecuencia de Tlatlaya y Ayotzinapa

Mensaje por phanter el Agosto 1st 2015, 16:32

No habrá justicia en Tlatlaya y Ayotzinapa sin investigar al Ejército, dice director de HRW

Por Shaila Rosagel julio 3, 2015 - 00:05h 38 Comentarios

Ciudad de México, 3 de julio (SinEmbargo).– México está sumido en una “profunda crisis de derechos humanos” y casos como Tlatlaya y Ayotzinapa no estarán claros sin la voluntad y una investigación realmente seria por parte del Gobierno federal al Ejército mexicano y a los miembros de la milicia señalados por participar en ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y tortura, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW).
Vivanco consideró que a un año de la masacre de Tlatlaya, en el Estado de México, el pendiente más importante es la justicia y resultados concretos sobre la posible ejecución extrajudicial de 22 personas que, de acuerdo con el último informe del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), surgió de una orden al Teniente de Infantería Ezequiel Rodríguez Martínez, quien el 30 de junio del año pasado mandó “abatir delincuentes en horas de oscuridad”.

“El caso Tlatlaya es un gravísimo ejemplo de un problema mayor, y lamentablemente no se trata solamente de denuncias de ejecuciones, pues según expertos internacionales las fuerzas de seguridad mexicanas están implicadas también en desapariciones y en casos de tortura. Esta crisis se manifiesta, a su vez, en una preocupante desconfianza en las instituciones judiciales, que no han logrado combatir la impunidad que rodea a estos graves abusos”, expuso en una entrevista con SinEmbargo.
El activista internacional en la defensa de los derechos humanos recordó que aunque hay evidencia de la ejecución de 12 personas, algunos soldados sólo fueron acusados por la muerte de ocho.

“Además, los abusos que sufrieron las tres mujeres que presenciaron los hechos en manos de autoridades del Ministerio Público estatal, para que no contaran lo que vieron también siguen impunes. En el mismo sentido, aunque la CNDH [Comisión Nacional de los Derechos Humanos] sostuvo que hubo encubrimiento por parte de la Sedena [Secretaría de la Defensa Nacional] esa línea de investigación sigue sin llegar a resultados concretos que se hayan hecho públicos”, argumentó.
José Miguel Vivanco dijo que el Gobierno federal y el propio Ejército deben demostrar un “genuino interés” por resolver los casos Tlatlaya y Ayotzinapa, los cuales consideró emblemáticos.

El lunes, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), coadyuvante en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos (Ayotzinapa) reveló durante su cuarto informe de actividades, que luego de tres meses de espera, el Gobierno Federal mantiene el vilo la petición de entrevistarse con integrantes del 27 Batallón de Infantería, con destacamento en Iguala, Guerrero, lugar donde se vio a los jóvenes por última vez.

Ángela Buitrago, experta del GIEI, dijo que el domingo pasado el Estado les informó que “aún analizaban la solicitud”.

“El GEI ve con preocupación esta demora, porque limita los esfuerzos por avanzar en la investigación de los hechos y en la búsqueda”, afirmó.

Vidulfo Rosales Sierra, activista del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y abogado del caso, consideró que la renuencia del gobierno a permitir las entrevistas, sólo genera más sospechas sobre su implicación en la desaparición de los estudiantes.

El abogado indicó que el gobierno pretende “presentar al Ejército como una institución inmaculada, salvadora de la patria y que jamás ha cometido actos violatorios de los derechos humanos”.

“Pero vemos el caso Tlatlaya y la guerra sucia que ilustran otra circunstancia muy distinta. Entre mayor sea la negativa de gobierno de que los padres de los estudiantes revisen los cuarteles y para que los expertos se entrevisten con los militantes, en medio de esta opacidad, arrogancia y autoritarismo, se acrecientan las sospechas de que participaron en la desaparición el 26 de septiembre”, dijo.

TLATLAYA: UNA RED DE ENCUBRIMIENTOS

El director de Human Rights Watch opinó que la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación sobre el Ejército, es investigar la magnitud de su participación en los casos Ayotzinapa y Tlatlaya.

“Evidentemente, la falta de colaboración de las fuerzas implicadas en estos delitos, tanto con los ministerios públicos como con expertos internacionales que investigan el caso, es un problema serio. Preferiría no especular sobre las supuestas intenciones de las autoridades con relación al Ejército, pero no cabe duda que investigar cabalmente su posible participación en delitos es la mejor manera de disipar cualquier duda o especulación”, dijo.

En enero de este año varios expertos consultados por SinEmbargo coincidieron en que en el caso Tlatlaya existía una clara red de complicidades para proteger al Ejército.

Tlatlaya y Ayotzinapa tienen en común el hecho de un esfuerzo acérrimo por proteger a las fuerzas castrenses, dijeron.

“Yo creo que hay una red de encubrimiento que no es de ahora, el sistema de justicia penal, donde muy poca gente puede saber qué hay en el expediente, esa opacidad que bajo lo que estaba construido el sistema, permitía el uso político de la justicia, ahora se espera que cambie con el nuevo sistema. En el caso de Tlatlaya se intervino para encubrir al Ejército, para presentar a las personas ejecutadas como muertos en un enfrentamiento, cuando no era cierto”, dijo Edgar Cortez Morales, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
Erubiel Tirado Cervantes, miembro del Seminario de Investigación y Educación en Estudios de Defensa y Seguridad y especialista en Relaciones Civiles Militares de la Universidad Iberoamericana (UIA), dijo que “hay una consigna de proteger la responsabilidad institucional del Ejército”, cuando se trata de violaciones graves a los derechos humanos, que llevan a un “esquema de impunidad”.

“Hay un manto de protección para el Ejército, y, si hay otros miembros y oficiales que participaron y no se les procesa, juzga y condena, nos dará un problema de impunidad. No basta con los militares que tienen ahorita, pero es el mismo esquema que se observa en el caso Ayotzinapa: hay una intención de cerrar el caso, borrar a los jóvenes de la faz de la tierra y decir que desaparecieron en un basurero y sólo se pudo identificar a uno de ellos”, indicó.

El Gobierno del Estado México ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales debido al caso Tlatlaya. En un principio se trataron de negar los hechos, y el Gobernador priista de Eruviel Ávila Villegas defendió la actuación del Ejército, aunque informes ya hablaban que se trataba de ejecuciones sumarias.

“Podemos ver que el Ejército mexicano actúa con firmeza con acciones concretas y el gobierno del Estado de México le reconoce su participación y le agradece la acción decidida y contundente del día de ayer”, dijo el mandatario priista el 1 de julio del año pasado.
Tres meses después, José Miguel Vivanco advirtió en entrevista con este medio, que el Gobernador Eruviel Ávila, debería ser el primero en exigir que se transparente y resuelva el caso de Tlatlaya, después de que el mandatario fijara su posicionamiento sobre el tema desde el palacio de Gobierno de Toluca, cuando pidió a los periodistas “su comprensión” ante su postura (no hacer más cuestionamientos sobre el tema) y explicó que el gobierno estatal sólo atenderá los requerimientos de las instituciones judiciales que investigan el caso.

“Me sorprende la actitud del Gobernador del Estado de México, él debería estar muy molesto y muy preocupado con lo que ocurrió, porque evidentemente él fue una pieza clave en esta operación para desvirtuar la verdad de lo ocurrido y para engañar a la opinión pública nacional e internacional respecto de esta masacre”, dijo Vivanco en esa ocasión.
El director de HRW opinó que si Eruviel Ávila fue sorprendido por quienes ejecutaron a los 22 civiles ya rendidos en Tlatlaya, debía afrontarlo, decirlo públicamente y exigir una investigación detallada para preservar su prestigio y reputación.

“Porque él fue una figura clave que a las horas de ocurrida la masacre estaba repitiendo literalmente la versión oficial elaborada por el Ejercito en el sentido de que se había tratado de un enfrentamiento por un grupo de delincuentes donde de un lado murieron 22 y del otro ninguno”, recordó.

Vivanco prosiguió: “Esa fue la versión oficial. No tenemos elementos, antecedentes como para acusar al Gobernador de ser encubridor de estos hechos, porque no tenemos la evidencia de quién le comunicó esta información al Gobernador y quién lo llevó a él, al igual que al Procurador, a sostener la misma versión del Ejército. No sabemos simplemente si lo hicieron porque querían quedar bien con el Ejército, porque acostumbran a repetir las versiones oficiales que provienen del Ejército y entienden que esa es su función, lo hicieron porque alguien les informó que esa era la única posibilidad y que no habría una investigación seria y que la posición era cerrar el capítulo y punto”, cuestionó.

http://www.sinembargo.mx/03-07-2015/1400493
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