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Mensaje por ivan_077 el Abril 27th 2014, 19:43


La PGR indemnizó a familiares de una víctima de la violencia de Estado, pero los casos son miles: activistas

Por: Redacción / Sinembargo - abril 27 de 2014 - 0:04


Ciudad de México, 27 de abril (SinEmbargo).- La Procuraduría General de la República (PGR) indemnizó esta semana con más de 9 millones de pesos a la familia de Guillermo Vélez Mendoza, quien fue detenido, acusado de ser secuestrador y asesinado bajo tortura en 2002, por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), sin embargo, el caso de Vélez Mendoza no es el único, en el país existen al menos 8 mil casos de víctimas de las fuerzas del estado, según activistas y distintas investigaciones.

El padre del joven, Guillermo Vélez Pelayo, y su abogado José Antonio Ortega Sánchez hicieron pública una carta de agradecimiento al Procurador Jesús Murillo Karam por haber cumplido con la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Civil del Distrito Federal, a 12 años de los hechos.

“Señor Procurador, reconocemos que usted ha tenido el valor civil de admitir públicamente los excesos y errores en que incurrieron algunos funcionarios de la PGR en administraciones pasadas y que esta decisión que usted tomó de pagar la indemnización correspondiente a la familia Vélez Mendoza confirma su compromiso de cumplir estrictamente con lo ordenado por el Poder Judicial de la Federación”, señala la carta.

La misiva recuerda que Vélez Mendoza, quien tenía 33 años, fue “desprestigiado públicamente, haciéndolo aparecer ante diversos medios de comunicación como el jefe de la banda de secuestradores de Los Ántrax”.

Vélez Mendoza fue detenido el 29 de marzo de 2002 en un operativo de la AFI a cargo del comandante Hugo Armando Muro Arellano y murió asfixiado por agentes federales. En ese entonces la AFI estaba encabezada por Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón.

En junio de 2004, la familia de Vélez Mendoza presentó una demanda de daño moral por 48 millones de pesos contra los ex subprocuradores Gilberto Higuera Bernal y Carlos Vega Memije, así como contra el ex comandante Muro Arellano.

También fueron demandados los agentes Norberto Amezcua, Sergio Martínez, Luis Manuel Villalobos y Alfredo Cruz, y la ex directora de Comunicación Social de la PGR, Manuela de la Rosa Aguilar.

En el 2006, el juzgado federal en materia civil halló responsable de daño moral a la PGR y absolvió a los funcionarios, en un fallo donde le impuso a la institución un pago de 11 millones 968 mil 500 pesos.

El mes pasado los familiares se quejaron del incumplimiento de la indemnización.

El abogado Ortega Sánchez indicó que la PGR garantizó poco más de 9 millones de pesos por daño moral, debido a que en 2008 falleció la madre de Vélez Mendoza y hasta el momento no existe una sucesión, por lo que no hay un albacea o herederos legales para pagarles su parte de la indemnización.

LOS CASOS PENDIENTES


Para algunaos activistas como el ex dirigente estudiantil de 1968, Félix Hernández Gamundi, el problema de fondo de la violencia en el país es la propia acción del Estado contra los movimientos políticos y sociales, generada “por acción, omisión o complicidad”.

El año pasado, en el contexto de la conmemoración del 45 aniversario del movimiento estudiantil de 1968, Hernández Gamundi reveló que una investigación independiente basada en documentos oficiales de seguridad del Estado, periódicos, revistas y organizaciones públicas señala que las víctimas del Estado en México pueden ser al menos ocho mil entre los años 1950 y 2013.

En este grupo se cuentan desde los dirigentes de organizaciones campesinas, los muertos del movimiento estudiantil del 68, las víctimas de feminicidios, los falsos culpables e incluso los 49 niños muertos durante el incendio de la Guardería ABC en junio de 2009.

“Hay, por ejemplo, un apartado de perseguidos políticos con una lista de más de 800 militantes del Partido de la Revolución Democrática, asesinados entre 1989 y 1994″, declaró el 29 de septiembre de 2013 al diario La Jornada.

En noviembre de 2013, el gobierno de México tuvo que acatar una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la que tuvo que abrir subcuentas para el otorgamiento de becas escolares e indemnizaciones para los hijos de las señoras Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega.

El 16 de febrero de 2002, la señora Rosendo, una indígena mephá, fue violada y torturada por militares del 41 Batallón de Infantería que operaba en Cruz Grande, Guerrero. En ese entonces, ella tenía 17 años.

Mientras que Inés Fernández Ortega también fue víctima de violencia sexual por parte de miembros del Ejército. Esta indígena tlapaneca presentó una denuncia el 14 de junio de 2004 ante la CIDH con el apoyo de la organización indígena de pueblos tlapanecos en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”.

En diciembre de 2011, el entonces secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, ofreció disculpas a Valentina Rosendo Cantú y reconoció la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a sus derechos humanos y la negación a la justicia que se enfrentó esta indígena de Guerrero.

De acuerdo con las estadísticas de cada 100 delitos que sufren los integrantes de las familias mexicanas, el 34% son cometidos por alguna autoridad.

En distintas ocasiones, Amnistía Internacional (AI) ha hecho público que México tiene pendiente el dar ante instancias internacionales, como la Organización de las Naciones Unidos (ONU) información “por el centenar de homicidios y las 700 desapariciones forzadas” cometidos durante la guerra sucia, y que tampoco informa que los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos –como tortura, abusos sexuales y homicidios– perpetradas durante los hechos en San Salvador Atenco y Oaxaca, en 2006, no han sido sancionados.

“Según diversas organizaciones, en México sigue sin conocerse el paradero de aproximadamente 3 mil personas secuestradas por bandas delictivas o víctimas de desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad durante la persistente crisis de la seguridad pública”, señalaba un documento de AI emitido en 2012.
http://www.sinembargo.mx/27-04-2014/974446

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