La violencia que llegó del norte

La violencia que llegó del norte

RAFAEL CRODA
8 DE ABRIL DE 2014
REPORTAJE ESPECIAL


La lucha contra el narcotráfico que desató Felipe Calderón empujó hacia Centroamérica a los grandes cárteles mexicanos. Lo peor de este fenómeno se vive en Honduras, donde hubo 36 mil asesinatos en los últimos seis años y la violencia creció tras la captura de El Chapo. Pese a esta situación, el gobierno mexicano apenas y colabora con las autoridades de seguridad de ese país. A unos días de que Enrique Peña Nieto visite Tegucigalpa, analistas y expertos de aquella nación insisten en una obviedad: La lucha anticrimen sería mucho más efectiva si México colaborara con Centroamérica.


TEGUCIGALPA (Proceso).- Honduras es el país centroamericano que vive con mayor intensidad la violencia generada por las organizaciones criminales mexicanas.

Los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas ejercen un control casi total de las estructuras delictivas en esta nación, por la cual pasa 80% de la cocaína que llegará a México y Estados Unidos, según estimaciones de agencias antidrogas.

“Aquí los principales jefes de los grupos delictivos están al servicio de los cárteles mexicanos. Ningún grupo hondureño tiene la capacidad de perder dos o tres toneladas de droga y pagarla, así que no son socios de los mexicanos en ningún sentido: Son subalternos. Todo lo controlan los mismos cárteles, desde México hasta aquí, de la A a la Z. El principal es el de Sinaloa”, dice a Proceso el director de la Policía Nacional de Honduras, comisionado Ramón Savillón.

En ese contexto, las autoridades judiciales hondureñas consideran que México debería asumir un compromiso mayor en materia de cooperación regional para combatir el crimen organizado, algo que con frecuencia se exige desde diferentes instancias mexicanas al gobierno de Estados Unidos.

La coordinadora nacional de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado de Honduras, Mariela Reyes Canales, sostiene que a final de cuentas el aumento de la violencia en su nación está relacionado con la guerra contra el narcotráfico que desató el anterior presidente mexicano, Felipe Calderón (2006-2012), la cual desplazó hacia Centroamérica parte de las operaciones de los grandes cárteles y produjo una cooptación de las estructuras delictivas locales.

Reyes Canales asevera que, lejos de que este hecho haya motivado una mayor cooperación de México con su país, se originó una mayor lejanía a nivel institucional.

“Hemos visto un poco la barrera con México. Entendemos que es un asunto de seguridad y tal vez de desconfianza por toda la situación que ocurre en México, pero sí, sentimos que necesitamos dar un paso más allá, necesitamos ahondar esos lazos de comunicación”, reflexiona la fiscal.

–¿Existe una barrera por parte de México para establecer un intercambio de comunicación fluido en el combate contra el crimen trasnacional? –se le pregunta.

–Sí, así lo hemos sentido. No sabemos si es desconfianza o qué, pero sí vemos esa barrera –asienta.

–¿Las autoridades mexicanas no les proporcionan información cuando lo requieren sus investigaciones?

–Claro, no fluye la información como debería de fluir.

De acuerdo con la fiscal, el limitado nivel de cooperación judicial entre Honduras y México contrasta con el que tiene este país con Estados Unidos y Colombia.

Detalla que la Unión Americana “ha jugado un papel bastante importante a nivel de cooperación en la lucha contra el narcotráfico, y también nos hemos apoyado bastante en Colombia, en comunicación, en contactos para temas de investigación de delitos”.

A través de una estrategia denominada Diplomacia para la seguridad, Colombia capacita cada año a cientos de policías y funcionarios judiciales hondureños e intercambia información de inteligencia con las autoridades locales.

El presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, estableció el pasado 15 de marzo que su país requiere de más cooperación de los países norteamericanos (México, Estados Unidos y Canadá) para combatir el tráfico de drogas: “Necesitamos más y efectivas ayudas de países que deberían colaborar más con nosotros en la lucha contra el narcotráfico. Principalmente me refiero a países de allá, del norte de América, que son los culpables de los problemas que estamos viviendo”.

El próximo 1 de abril, Hernández recibirá en esta capital a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con quien evaluará la cooperación bilateral en seguridad.

Honduras es un territorio estratégico para los traficantes de droga por sus 671 kilómetros de litoral en el Mar Caribe, por el norte, y su extensa zona selvática en la nororiental región de La Mosquitia, donde según estimaciones de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) aterriza 75% de las avionetas que parten de América del Sur con cocaína. De ahí, los cargamentos son transportados por tierra hacia el occidente hondureño para introducirlos a Guatemala y México.



Efecto dominó



En tres diferentes masacres ocurridas entre el 3 y el 12 de este mes en la noroccidental San Pedro Sula –la segunda ciudad más importante del país– se produjeron 11 muertes, entre ellas la de un mexicano identificado por la policía como Miguel Torres Jiménez.

El ministro hondureño de Seguridad, Arturo Corrales, explica en entrevista con este semanario que desde la captura del jefe del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 22 de febrero en ­Mazatlán, se ha observado un repunte en los ajustes de cuentas entre bandas del crimen organizado en el país centroamericano.

“Ocurrieron tres cosas casi al mismo tiempo que exacerbaron los enfrentamientos entre los grupos delictivos al interior de Honduras. Una de ellas fue la captura del Chapo Guzmán en México. Dos, el rompimiento de una tregua entre las maras (la Salvatrucha y Barrio 18) en El Salvador. Y un tercer factor es que hemos reducido el área de confort y el control territorial a los grupos que delinquen. No podemos decir cuál de los tres factores tiene mayor influencia en estos ajusticiamientos, los tres gravitan sobre esa situación”, indica el ministro.

De acuerdo con Corrales, la caída del Chapo está reacomodando la estructura regional del narcotráfico y los efectos se dejarán sentir desde México hasta Centro y Sudamérica. Cree que, al final, siempre habrá alguna organización delictiva dispuesta a traficar droga por las altas utilidades de esa actividad criminal: Refiere por ejemplo que un kilogramo de cocaína pura tiene un precio de mil 500 dólares en las selvas colombianas y de 20 mil dólares en la frontera de México con Estados Unidos, lo que equivale a una rentabilidad de 1,233 por ciento.

Señala que en Honduras operan “todos los cárteles mexicanos”, en especial el de Sinaloa y Los Zetas. El dominio territorial y de negocios que ejerce cada uno de ellos “es cambiante porque de repente uno logra pasar un barco y el otro logra pasar una avioneta y el otro un submarino”.

Según estadísticas del Observatorio de la Violencia validadas por la Policía Nacional, en 2006 ocurrieron en Honduras 49.9 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2012 la cifra saltó a 85.5 por cada 100 mil, lo que significó un aumento de 85% en seis años. En total, durante ese lapso se cometieron 36 mil 533 homicidios en el país –la tercera parte de los que ocurrieron en México, a pesar de que la nación centroamericana tiene 14 veces menos habitantes.

El ministro de Seguridad indica que entre la guerra antinarco en México y la efectividad de la lucha colombiana contra ese delito “Centroamérica se volvió un sándwich, y más Honduras, porque estratégicamente es el país mejor ubicado. Era la plataforma ideal, y la institucionalidad centroamericana no estaba preparada para ese huracán”.

–¿Cree usted que México debió haber hecho más por ayudar a Centroamérica? –se le inquiere.

–Es muy difícil para nosotros opinar exactamente qué pasó en México. Lo que sí le puedo asegurar es que seríamos mucho más efectivos y tendríamos mayores resultados si México estuviera tan bien coordinado con nosotros en esta lucha como lo están Colombia y los países centroamericanos. Si uno de los elementos falta, los resultados, obviamente, no son los mejores.

Peña Nieto realizará una visita oficial a Honduras el martes 1 de abril. Corrales sostiene que uno de los propósitos de esa visita es sentar las bases para llevar la cooperación entre México y su país al mismo nivel que la de este país con Colombia y Estados Unidos.

–¿Afecta a Honduras el hecho de que la colaboración de México no sea equiparable a la que proporcionan a su país Colombia y Estados Unidos?

–Sin duda alguna sí. No tener con México los mismos niveles de cooperación, de entendimiento, de intercambio de información que se tienen con Colombia y Estados Unidos es desperdiciar una enorme oportunidad y, políticamente, estratégicamente, es un desacierto.

Este semanario solicitó una entrevista sobre el tema con el embajador de México en Honduras, Víctor Hugo Morales, quien no contestó a los llamados.



Dominio estructural



En febrero pasado las autoridades hondureñas, con el apoyo de la DEA, decomisaron propiedades y empresas valuadas en unos 500 millones de dólares a la banda de Los Cachiros, un emporio criminal liderado por los hermanos Javier y Leonel Rivera Maradiaga, a quienes la Policía Nacional vincula con el Cártel de Sinaloa y El Chapo Guzmán en el trasiego de estupefacientes y lavado de dinero. Cada vez que en este país cae una banda vinculada al narco, los partes policiacos suelen precisar a qué cártel mexicano pertenece.

“Aquí los grupos delictivos se categorizan copiando lo de México. Ellos mismos dicen: ‘Este grupo pertenece al Cártel de Sinaloa, a Los Zetas, al Golfo, al Pacífico’. Y es que ningún grupo hondureño tiene la connotación y el dinero de un cártel mexicano. Ellos siempre van a depender de la cadena de mando de los cárteles mexicanos, el de Sinaloa en primer lugar”, revela Savillón, el director de la Policía Nacional de Honduras.

–¿Y usted ha detectado presencia aquí en Honduras de mexicanos del Cártel de Sinaloa?

–Claro. Hay gente que hemos descubierto en procesos investigativos, alguna con documentación falsa. Usted sabe que aquí se puede identificar como “Juan José Abarca”, y usted llama a México a que comprueben eso y no existe ese nombre allá. Alguien de Sinaloa puede pasar aquí como guatemalteco o salvadoreño, pasa fácil.

El director ejecutivo del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (Ciprodeh), Wilfredo Méndez, sostiene que el “efecto cucaracha” desatado por la guerra de Felipe Calderón facilitó que los cárteles mexicanos lograran en poco tiempo una “penetración estructural” en Centroamérica, favorecida por la corrupción que prevalece en las instituciones estatales y los organismos de seguridad:

“Los cárteles mexicanos vinieron a fortalecer estas estructuras criminales internas. Honduras fue más fácil para ellos porque no existe un liderazgo unitario del crimen organizado, sino liderazgos muy dispersos que ellos cooptaron. Además encontraron un ambiente muy favorable en el que militares, policías y políticos corruptos los ayudaron a hacer florecer el negocio.”

El Ciprodeh realiza desde el año anterior un estudio para identificar los liderazgos políticos, económicos y sociales vinculados al crimen organizado.

“Con estos liderazgos el narcotráfico ha logrado un extenso control del occidente del país (en la frontera con Guatemala) y del Caribe, en la costa norte, donde se concentran las principales rutas marítimas, aéreas y terrestres de la droga. Los narcotraficantes se han ido apoderando de poblaciones, de regiones, y pasaron de ser un poder invisible, un poder oculto, a convertirse en un poder visible que, sin miedo alguno, pone alcaldes que son narcoalcaldes. Por eso el afianzamiento de los cárteles mexicanos en Honduras es bastante fuerte. Ellos dominan las estructuras locales del crimen y tienen un alto nivel de articulación con grupos hondureños”, delinea Méndez.

El ministro de Seguridad plantea que existe un compromiso gubernamental para combatir la corrupción. En la Policía Nacional, adscrita a ese ministerio, en los últimos 10 meses han sido dados de baja más de mil efectivos: 8% del total. La depuración, que incluye investigaciones patrimoniales y el uso de polígrafos, alcanza también a los fiscales. Para analistas independientes se trata de un esfuerzo muy incipiente que ha sido empujado por la presión ciudadana.



Blanqueo



Reyes Canales, la coordinadora nacional de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, sostiene que esa institución documentó judicialmente “una fuerte presencia de los cárteles mexicanos en Honduras; el de Sinaloa, de los Nava Valencia (del Milenio) y Los Zetas, aunque éste ahora ha mermado.

“Hemos visto también un crecimiento económico muy importante de estos grupos. Han constituido sociedades mercantiles y a través de esto han generado el lavado de activos, por lo que obviamente estamos tratando de enfocar las investigaciones de forma integral para ir contra los bienes (mal habidos).”

Los Cachiros, recuerda, habían creado una sofisticada red de empresas inmobiliarias, agrícolas, ganaderas, mineras y recreacionales. Los socios de El Chapo contaban hasta con un parque de diversiones y un zoológico en la noroccidental Santa Cruz de Yojoa.

El año anterior, una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos condujo a la captura del acaudalado empresario hondureño José Chepe Handal, quien fue señalado por esa institución como responsable de coordinar embarques de cocaína colombiana para los cárteles de Sinaloa y Los Zetas.

Para la fiscal Reyes Canales, Honduras, un país que no es productor ni gran consumidor de drogas, está pagando un precio muy alto por una guerra que le llegó de afuera.